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Audiencia Nacional — página 12

Organización · 227 artículos
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Cobertura, página 12

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La Fiscalía Antidroga se centra en el estrangulamiento financiero del narcotráfico

La fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán Martínez, ha señalado este lunes, en Gijón, que, en estos momentos, están focalizados en el "estrangulamiento financiero" del narcotraficante. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de la celebración, en Laboral Ciudad de la Cultura, de la Junta de Fiscales Delegados de la Fiscalía Especial Antidroga (FEAD), que se celebrará hasta el próximo miércoles, y que ha contado con la participación, en el acto inaugural, del consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez. Morán ha explicado que esta reunión que celebra la Fiscalía Especial Antidroga todos los años una reunión tiene una doble dimensión, una dimensión centralizada, ya que son Fiscalía Especial en la Audiencia Nacional, pero también, descentralizada, ya que tienen un despliegue territorial con 31 delegados, también en Asturias con una delegada. La reunión sirve, además, para discutir, reflexionar, toma de conclusiones, adoptar programas y estrategias de cara al año que viene. En esta línea, es donde ha insistido en que están intentando focalizarse mucho en la persecución del blanqueo, "porque al final estrangular económicamente las redes es la forma más eficaz", ha considerado. Dicho esto, ha apuntado que eso no quita para seguir con las incautaciones de las redes de narcotráfico. También ha visto importante el tener en cuenta las nuevas técnicas que utilizan estas redes, fundamentalmente, por ejemplo, para comunicarse o para transportar la droga. "El Estado tiene que armarse también de todos los medios técnicos para responder a esa amenaza", ha remarcado Morán Martínez, relacionado con la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Por otra parte, ha apuntado que, si bien, en general, ha bajado algo la incautación de drogas, ha aclarado que estas cifras de incautaciones dependen un poco del año y a lo mejor de la operación que se lleva a cabo. "Lo cierto es que cada vez hay más cocaína disponible en España y está entrando por todo el territorio y en Asturias también", ha recalcado. En cuanto a las razones para este incremento, ha señalado que hay más consumo, aunque ha matizado que también depende del lugar. Sobre ello, ha indicado que en Asturias probablemente no, pero por la situación geográfica de España, es un lugar de paso de la cocaína que viene por mar para llegar después a otros lugares de Europa. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Junto a ella ha hablado el consejero, quien ha destacado el hecho de que se haya escogido Asturias para celebrar esta reunión, en la que va a haber tres días de "intenso" trabajo y en la que se va a abordar todos los delitos "tremendamente complejos" relacionados con la salud pública, con la drogadicción y con esas organizaciones criminales transnacionales. Peláez ha remarcado que estos son delitos, además, que inducen a otros delitos. A esto ha sumado la "enorme gravedad" que supone todo lo relacionado con la droga, que prevalece por encima de necesidades personales y sociales, además de agravarlas. Por todo ello, ha considerado importante combatir el tráfico de drogas desde diversos ámbitos, a través de la colaboración institucional. A este respecto, ha asegurado que el Gobierno del Principado de Asturias está a disposición, en este caso de los fiscales antidroga, para colaborar en combatir unos delitos "especialmente graves" como son estos y que tienen, además, una incidencia social "muy elevada". El consejero ha recordado que en la Memoria de la Fiscalía presentada la semana pasada se advertía de que se había producido un incremento en los delitos relacionados con salud pública, por lo que es más importante si cabe que se celebre en Gijón esta Junta y que puedan discutir y abordar desde distintos prismas cómo combatir esta delincuencia organizada.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae14 sept

La Guardia Civil suspende seis meses al teniente coronel investigado por la trama del prostíbulo Vive Madrid

El teniente coronel está destinado en la Jefatura de Extranjería y Fronteras y la Audiencia Nacional le retiró el pasaporte tras ser investigado por el blanqueo de capitales procedente de la organización de explotación sexual dirigida presuntamente por su pareja La Audiencia Nacional investiga a un mando de la Guardia Civil en un caso contra el prostíbulo Vive Madrid El teniente coronel de la Guardia Civil que permanece investigado en una causa por trata de seres humanos vinculada a la prostitución ha sido suspendido de sus funciones por un plazo máximo de seis meses, según ha publicado el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. J. L. G. M. acababa de ser destinado a la Jefatura de Fiscal y Fronteras, en la Dirección General del Cuerpo, cuando fue citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo. Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron a cuatro personas, ninguno de ellos integrantes de la Guardia Civil. Uno de los arrestados fue el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes. Entre los detenidos también estaba una ciudadana búlgara, igualmente dueña de otros prostíbulos y pareja del teniente coronel imputado por blanqueo de capitales. Tanto Crispín como la mujer del mando de la Guardia Civil continúan en prisión provisional. La causa, que permanece secreta, se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próximas al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja. Los registros y las detenciones se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana. Los agentes de Asuntos Internos detectaron consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También quedó en libertad con cargos y sin pasaporte. La suspensión de funciones para el teniente coronel es una medida cautelar que se enmarca en la apertura por parte de la Dirección de la Guardia Civil de un expediente disciplinario por falta muy grave, decisión adoptada a raíz de su imputación. Como marca el Reglamento del instituto armado, el expediente disciplinario se detiene a la espera de una decisión judicial firme, momento en el que se retomará la investigación interna y el instructor de la misma propondrá para una sanción o el archivo. La suspensión cautelar de seis meses ha sido adoptada por el Ministerio de Defensa a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil. Una decisión como esta puede ser tomada a partir del procesamiento o la “inculpación” del guardia civil, pero también si la imputación está acompañada de una medida cautelar. En este caso, el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional impuso al teniente coronel la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España tras prestar declaración ante el magistrado Francisco de Jorge. Con la suspensión de funciones, el guardia civil no acude a su puesto de trabajo, pero recibe el 100% de las retribuciones básicas. Vive Madrid y la Operación Pompeya El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya , desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda. El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental. En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas. Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

elDiario.eselDiario.es•Pedro Águeda11 sept

Los empresarios del caso Mascarillas niegan pagos de mordidas por las adjudicaciones de Transportes

Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche han sostenido ante la Audiencia Nacional que solo atendieron una posibilidad de negocio pero han defendido que no conocieron irregularidad en la adjudicación DOCUMENTO | Consulta íntegra la sentencia del caso Ábalos El empresario Juan Carlos Cueto, imputado en el caso Mascarillas y al que Anticorrupción ubicaba en un inicio como la persona que estaba detrás de la empresa a la que se adjudicaron los contratos investigados -Soluciones de Gestión-, ha declarado este viernes ante la Audiencia Nacional de manera voluntaria. Ante el juez Ismael Moreno ha explicado que en ningún momento fue consciente de que por esas adjudicaciones se abonaran comisiones ilegales y que sólo atendió a una posibilidad de negocio que se le ofreció en plena pandemia. Íñigo Rotaeche, quien fuera administrador de Soluciones de Gestión, ha mantenido idéntica línea de defensa en unas declaraciones que, para las fuentes consultadas presentes en la comparecencia, estaba coordinada. Durante la declaración de Cueto, la Fiscalía se ha interesado por un dato que aparece en los hechos probados de la sentencia del caso Mascarillas por la que se condenó al exministro José Luis Ábalos: que hubo un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para el suministro de mascarillas entre Soluciones y Grupo Cueto el 16 de marzo de 2020, cinco días antes de que se firmara la orden ministerial por la que Ábalos aprobaba que Puertos del Estado realizaría esa compra de 8 millones de mascarillas. Las fuentes consultadas indican que Cueto, este viernes, ha sostenido que la fecha de ese contrato de colaboración fue un error de José Ángel Escorial, otro de los investigados por estar vinculado a Soluciones de Gestión. Ha apostillado que en realidad debía haber aparecido la fecha del 19 de marzo, que es cuando él supo tras reunirse con Víctor de Aldama en la calle, a los pies del Ministerio de Transportes, que se preparaba esa compra. De hecho, la defensa de Cueto, dirigida por el abogado Alfonso Trallero, ha adelantado que prepara un informe pericial con el que busca “fijar la fecha de inicio de comunicaciones entre los distintos socios que se encargaron de suministrar las mascarillas al Ministerio de Transportes”. En su declaración como investigado de febrero de 2024, cuando estalló el caso, Cueto sostuvo ante el juez del caso que trató de ayudar a los españoles con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario porque en ese momento el país atravesaba lo más duro de la pandemia de coronavirus. Además, sostuvo que existía un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021 que concluía que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado y que el margen de beneficio era reducido. El Ministerio Público situaba en un inicio a Cueto como la “persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto” aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros. Este viernes, el fiscal Luis Pastor le ha vuelto a preguntar por la conexión entre el Grupo Cueto y Soluciones de Gestión. Cueto se ha puesto de perfil: compartían misma sede porque se trataba de un 'coworking', ha defendido. Por su parte, Rotaeche ha defendido este viernes ante el juez, en una comparecencia que se ha extendido más de una hora, la legalidad de los contratos firmados para la adquisición de mascarillas y ha negado que se pagaran comisiones ilegales a la trama para la adjudicación de los mismos. Cabe recordar que al inicio de la causa se acogió a su derecho a no declarar alegando que desconocía los hechos por los que estaba imputado. El caso Mascarillas ya fue juzgado por el Tribunal Supremo pero solo para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. La sentencia condenó a Ábalos a 24 años de prisión mientras que el comisionista, que en noviembre de 2024 apostó por colaborar con la Justicia, fue condenado pero evitó la cárcel.

elDiario.eselDiario.es•Javier Lillo11 sept