Vertidos industriales contaminan el litoral de Telde desde hace casi diez años a través de un emisario no autorizado
El Gobierno de Canarias detectó la irregularidad en 2017 y el Ayuntamiento pidió legalizarla, pero nunca entregó la documentación requerida. El caudal supera con creces la capacidad de la depuradora y vierte contaminantes al mar cerca de jaulas marinas y zonas de baño La Fiscalía entrega al Juzgado su investigación sobre los vertidos en Telde, que revela ''numerosas irregularidades'' Un emisario municipal de Telde (Gran Canaria) lleva casi diez años expulsando aguas residuales de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas que no reciben el tratamiento de depuración adecuado , trasladando al mar cargas contaminantes elevadas cerca de jaulas marinas y zonas de baño, según documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora a través de la Ley de Transparencia. Se trata del emisario 222, que cuenta con licencia desde 2007. La autorización solo permite evacuar aguas residuales urbanas procedentes de la planta depuradora de Ojos de Garza. Sin embargo, el Gobierno de Canarias detectó en 2017 que por él también se estaban evacuando las aguas residuales de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas, tratadas en la depuradora de Silva, una instalación en la que la Fiscalía ha hallado recientemente “numerosas irregularidades”. El expediente del emisario analizado por este periódico, con más de 300 documentos, recoge una medición realizada en 2019 que cifró en 46.252 habitantes-equivalentes (h-e) la carga contaminante que llegaba a la depuradora de Silva, frente a los 4.583 h-e para los que fue diseñada. Es decir, la carga superaba en más de diez veces la capacidad de la planta. En otro análisis, realizado en 2023, el dato se situó en 11.437 h-e. La depuradora recibe el flujo de dos polígonos en los que se concentran empresas vinculadas a la elaboración de productos alimenticios, carpinterías, almacenes de diversa índole, compañías de pintura y de plástico, así como gasolineras, industrias de almacenamiento de combustible y vidrieras. Pero no fue diseñada para tratar la enorme cantidad de residuos que generan esas actividades, según recoge literalmente un informe de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias del año 2024. El tratamiento de la planta solo logra reducir un 15% la DQO (demanda química de oxígeno) del agua que recibe de los colectores. En cambio, aumenta un 36% la concentración de DBO5 (demanda biológica de oxígeno a los cinco días) y un 12,6% la de los sólidos en suspensión. El primer parámetro supera el límite de emisión permitido en un 1.484%; el segundo, en un 4.000%, y el tercero, en un 1.483%. Boca del emisario 222, en en Telde. Emite aguas residuales urbanas e industriales, pese a no tener autorización para estas últimas Contado así, parece una cuestión muy técnica. Pero expertos consultados explican que el vertido prolongado de aguas con elevadas cargas contaminantes de este tipo degrada el ecosistema litoral y reduce su capacidad de recuperación, además de favorecer la aparición de enfermedades asociadas a determinados patógenos. “Afectas al ecosistema, lo cambias. Porque puede haber problemas de oxígeno, de contaminación fecal e incluso de componentes metálicos. Puede haber 20.000 cosas . Porque eso, dicho de otra manera, es un punto negro”, resume Jaime Sadhwani, catedrático del Área de Tecnología de Medio Ambiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La planta emplea un tratamiento físico-químico que añade reactivos para agrupar las partículas de suciedad y hacer que aumenten de tamaño, de modo que puedan separarse del agua mediante rejas, desarenadores y tanques de decantación. Pero de esa manera solo retiene los residuos sólidos y otras partículas en suspensión. No elimina aquello que puede estar disuelto en el agua, explica Julio Muñiz, profesor jubilado de Química Ambiental y experto en depuración de aguas residuales. Para eso haría falta lo que se conoce como tratamiento secundario o biológico, en el que las bacterias degradan la materia orgánica presente en el agua. En depuradoras con una carga de entrada de 10.000 h-e, este tipo de tratamiento es obligatorio . La de Silva no lo tiene. “Cuando estás constantemente echando agua con una carga tóxica importante, te cargas los ecosistemas. Porque estás arrastrando una cantidad de productos químicos que son, entre otras cosas, los causantes de que estemos acabando con los sebadales de todas las Islas… Todos los fondos están esquilmados”, añade Muñiz. El Ayuntamiento de Telde, gobernado por Juan Antonio Peña (CIUCA), no ha respondido a un cuestionario de nueve preguntas enviado por Canarias Ahora. En su lugar, se ha limitado a señalar que “ordena la confidencialidad del expediente y sus actuaciones al respecto, manteniendo el respeto a las acciones de investigación” y añade que “ha mostrado su reiterada colaboración con la misma”. El Gobierno de Canarias tampoco ha respondido a otras preguntas planteadas por esta redacción. Los informes anuales de seguimiento del emisario muestran que parámetros como el pH, la salinidad o los nitratos cumplen por lo general con los estándares de calidad. Sin embargo, las muestras de sedimentos sí detectan acumulaciones elevadas de metales pesados. Las mediciones de DQO y DBO5 se realizan en el efluente de la depuradora de Ojos de Garza, que cumple con los límites, sin tener en cuenta el de Silva ni la mezcla final. El caudal horario, por otra parte, sí supera en varias ocasiones (y hasta duplica) el límite exigido de 22,92 metros cúbicos por hora (m3/h). Depuradora de Silva, en 2008 Vista general del pretratamiento en la instalación Un conducto señalado El emisario 222 está ubicado frente al muelle de Salinetas, a unos 446 metros del puerto. Es uno de los 403 puntos de vertido de tierra al mar registrados en Canarias y uno de los 187 que cuentan con autorización para su funcionamiento. Hace poco menos de un año saltó a la palestra por la crisis de contaminación marina que se produjo en la costa de Telde tras la muerte de 2.500 toneladas de lubinas de acuicultura de la empresa Aquanaria, que explota dos piscifactorías en el municipio. La compañía denunció que la aparición de un aparente vertido tóxico procedente de ese emisario coincidió con la mortandad masiva de sus peces. La boca del vertido se encuentra a menos de medio kilómetro de la piscifactoría donde estalló la crisis, la denominada Melenara II, y a poco más de 1,2 kilómetros de la segunda, llamada Origen, donde también murieron ejemplares. La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas investigó los hechos y remitió a principios de julio sus pesquisas a los juzgados de Telde. El Ministerio Público no confirmó ni descartó ninguna de las hipótesis sobre cómo se había desencadenado el desastre ambiental. Tan solo informó que había apreciado “numerosas irregularidades” en la gestión de la depuradora de Silva, cuyas aguas residuales, procedentes de los polígonos industriales de El Goro y Salinetas, se vierten al mar a través del emisario 222. La Fiscalía añadió que está a la espera del resultado de una toma de muestras encargada al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para evaluar el impacto ambiental y determinar si esos vertidos pueden ser constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Playa de Salinetas, en Telde, cerrada a finales de 2025 por contaminación marina Esa investigación ha puesto ahora el foco sobre un emisario que, según la documentación entregada por la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, lleva al menos desde 2017 evacuando de manera irregular vertidos industriales sin que ninguna Administración haya resuelto el problema. Ese año, la ahora conocida como Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) detectó durante una inspección la conexión ilegal de la depuradora de Silva e incoó un procedimiento para revocar el vertido. El Ayuntamiento de Telde alegó. Presentó un escrito en el que solicitó modificar las condiciones de la licencia para incluir las aguas procedentes de esa planta y del Aeropuerto de Gando. AENA había firmado un acuerdo con el Consistorio para que este asumiera la depuración de sus aguas a cambio de financiar una nueva instalación en el municipio, la EDAR Telde-Sur, valorada en 3,2 millones de euros y cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para 2025. La Corporación teldense apuntó que la modificación tendría carácter “transitorio” hasta que comenzara a operar esa nueva depuradora, que sustituiría a la de Ojos de Garza y actuaría como tratamiento adicional del efluente procedente de la depuradora de Silva. Pero la EDAR Telde-Sur sigue sin estar. Y el Ayuntamiento nunca llegó a responder a todos los requerimientos que le hizo el Gobierno de Canarias para modificar la licencia, pese a que la Administración autonómica había visto con buenos ojos la propuesta de regularización. El Ejecutivo autonómico archivó el procedimiento siete años después, en 2024, al concluir que “resulta imposible” integrar las aguas residuales de la depuradora de Silva en la autorización del emisario 222 “debido a numerosos incumplimientos”. El Consistorio, entre otras cosas, no detalló el volumen anual del vertido ni el grado de depuración para el que están diseñadas las plantas de Ojos de Garza y Silva en los parámetros de DBO5, DQO y sólidos en suspensión. Tampoco aclaró a qué se debían los “elevados valores de carga contaminante” que salían de la depuradora de Silva ni cuáles eran las propuestas para mejorar el tratamiento. Además, no presentó analíticas representativas del efluente de salida de la instalación, ni facilitó su plan de operación y mantenimiento o los planos de la conducción del desagüe. Y quizá lo más relevante: el Ayuntamiento no especificó qué industrias de los polígonos de El Goro y Salinetas generan aguas residuales “no asimilables a urbanas” , ni qué “seguimiento y control” realiza el Consistorio o su empresa gestora, Aguas de Telde, para comprobar qué compañías cuentan con sistemas de tratamiento previo en sus instalaciones, como exige la ley desde hace treinta años . El documento recoge una confesión del propio Ayuntamiento en este sentido: esa información “supera” su “capacidad de control” y la de su empresa concesionaria. Parque Empresarial de El Goro Tanques de combustible en el polígono industrial de Salinetas. En uno de ellos se produjo una explosión este verano que mató a una persona El presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial El Goro, Francisco Pérez, defiende, por su parte, que “muchas empresas”, sin precisar cuántas, sí cuentan con sistemas de pretratamiento de aguas, y atribuye la sobrecarga mencionada a las industrias del polígono de Salinetas. “Pienso que los problemas vienen por Salinetas, no por El Goro”, señala Pérez. El Ente de Conservación Ecosalinetas sostiene que “no sabe nada” sobre las “irregularidades” detectadas por la Fiscalía en la depuradora de Silva. Ante la falta de respuestas del Ayuntamiento de Telde, el Ejecutivo canario abrió en junio de 2024 un procedimiento de revisión de oficio para anular la autorización del vertido a través del emisario 222 y requirió al Consistorio que aportara la documentación técnica que había quedado pendiente. En octubre de 2025, esa información seguía sin entregarse. Por lo que el Gobierno regional acabó declarando también la caducidad de este segundo procedimiento, dejando en un limbo la situación de la autorización del vertido. Así lo puso de manifiesto el Consejo Insular de Aguas (CIAGC), que reclamó información sobre el “estado procedimental” de la licencia del vertido “a fin de evitar indefensión e inseguridad jurídica”. Fuentes de ese organismo, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, aclaran que el CIAGC está “colaborando con la Fiscalía y el Seprona, aportando toda la documentación disponible”. También señalan que han solicitado al Ayuntamiento de Telde “aclaraciones” sobre la procedencia de las aguas residuales tratadas en la depuradora de Silva y sobre el volumen total, que sería “superior al autorizado en torno a un 20%”. El Consejo Insular de Aguas dice que ha pedido asimismo al Consistorio que detalle qué medidas prevé adoptar al respecto. Desde que se detectó el vertido irregular, la gestión municipal ha estado en manos de Carmen Hernández (Nueva Canarias), Héctor Suárez (Coalición Canaria) y Juan Antonio Peña (CIUCA). Conducción del emisario submarino 222, en Telde Vista desde la superficie de la conducción del emisario, a mitad de camino Primero aguas industriales, después urbanas y ahora, ambas El emisario 222 fue ideado inicialmente para evacuar las aguas residuales de los polígonos de Salinetas y El Goro, que hasta entonces vertían directamente al cauce del barranco de Silva. La memoria del proyecto, de 2001, deja constancia de que la tubería fue diseñada para dar servicio a la futura depuradora de Silva, que no entraría en funcionamiento hasta febrero de 2008. Hasta entonces, las aguas residuales de ambos polígonos se verterían directamente y sin tratar a través del emisario. Las anotaciones incluidas en el propio documento lo dejan bien claro. Pero el Gobierno de Canarias rechazó autorizar el vertido de esas aguas. “Toda la documentación” presentada se basaba en la existencia de una futura EDARI (depuradora de aguas industriales) que todavía no se había construido. Además, la normativa ambiental impedía autorizar al mar el vertido de efluentes industriales sin un tratamiento adecuado. La autorización quedó limitada a las aguas residuales urbanas ya depuradas de Ojos de Garza. En 2004, el Ayuntamiento de Telde planteó bombearlas hasta el emisario de Silva ante la imposibilidad de construir uno nuevo en la playa de esa localidad. La idea era que la misma conducción pudiera recibir “varios vertidos”, el de los polígonos y el de Ojos de Garza. Pero solo se autorizó este último. En 2008, tres meses después de que la depuradora de Silva comenzara a operar, el Consistorio teldense solicitó una modificación de la autorización del emisario 222, al igual que volvería a hacer en 2017, para incluir el caudal procedente de esa planta. El resultado fue el mismo que en el segundo intento de regularizar los vertidos de El Goro y Salinetas (el que finalizó sin éxito en 2024): la Corporación no detalló qué tipos de aguas residuales llegarían a la instalación desde ambos polígonos ni acreditó que las empresas contaran con sistemas de pretratamiento. Así que el procedimiento también caducó, esta vez en marzo de 2009. El presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM), Juan Romeu, cree que lo ocurrido en Telde es el resultado de “las chapuzas que se llevan haciendo desde hace treinta años”. “Van haciendo conexiones, metiendo todo… Como si no hubiese una ley, como si no hubiese nada. Es un desastre. El mar puede aguantar una parte, pero no todo. Y quienes tampoco pueden aguantarlo son las personas”, concluye Romeu.
elDiario.es•Toni Ferrera20 sept
