'Proyecto eliminación': el plan de Israel para destruir las condiciones de vida de los palestinos en Cisjordania
La organización israelí B'Tselem denuncia en un nuevo informe el "proyecto" que busca desmantelar la sociedad palestina en los territorios ocupados, que se ha acelerado desde la formación en 2022 del Gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu Tropas israelíes expulsan de sus casas a familias palestinas tras el asedio de colonos: “Un intento meticuloso de limpieza étnica” Desde ir al trabajo o a la escuela, recibir tratamiento médico u otros servicios, hasta visitar a familiares o amigos y tener una casa y un terreno para cultivar se han convertido en actividades complicadas y peligrosas para los más de 3 millones de palestinos que viven bajo la ocupación israelí en Cisjordania. Aunque esta realidad no es nueva, ha degenerado desde la formación del actual Gobierno a finales de 2022 y, especialmente, a partir del 7 de octubre de 2023 —cuando dio comienzo el genocidio en Gaza, a raíz del ataque del grupo Hamás de ese día—. La ONG israelí B'Tselem ha reunido en un amplio informe todas las violaciones que sufren los palestinos en su día a día, en el marco de los que califica de “ataque combinado” contra los individuos y contra toda la sociedad, con el objetivo de eliminar “las condiciones materiales, sociales y políticas que hacen posible la existencia palestina” en el presente y también en el futuro. “Las acciones de Israel en Cisjordania no son simplemente una serie de violaciones aisladas de derechos individuales y colectivos. Más bien, forman parte de un mecanismo integral de eliminación”, afirma la organización que ha documentado las violaciones desde hace años y ha recogido unos 2.000 testimonios de palestinos en su informe “El proyecto de la eliminación”. Ese proyecto está reconfigurando Cisjordania (ocupada por Israel desde 1967), de modo que “el control y la presencia israelíes se vuelven continuos, arraigados y permanentes, mientras que la existencia palestina se torna fragmentada, vulnerable y dependiente”. Y ese proyecto se lleva a la práctica mediante varios “mecanismos de eliminación” que detalla el informe: violencia e intimidación; restricciones de movimiento; estrangulamiento económico; destrucción social y política, y limpieza étnica y apropiación territorial. Las restricciones de movimiento y el estrangulamiento económico afecta a los vínculos sociales y a la posibilidad de los palestinos de ganarse la vida, lo cual debilita también las instituciones y la vida política, explica el informe. El daño a la vida política y social hace que los palestinos tengan menos recursos para defender sus derechos y mantener sus vínculos con la tierra. Todo ello, facilita el control israelí del territorio y la expulsión de los habitantes palestinos, lo cual destruye las comunidades, sus medios de vida y su memoria colectiva. La violencia está presente en todo el proceso, siendo la principal forma de coerción. B'Tselem destaca que este proyecto no es nuevo, pero “se ha acelerado e intensificado” desde finales de 2022 —cuando se formó el actual Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu, con algunos ministros abiertamente racistas — y aún más desde octubre de 2023. “Se ha otorgado autoridad, financiación estatal y poder político a actores comprometidos con la expansión de los asentamientos, el avance de la anexión y el desplazamiento de los palestinos; los recursos se canalizan hacia los asentamientos, al tiempo que la alianza entre las instituciones estatales, el Ejército, el movimiento de colonos y las milicias de colonos se ha vuelto más estrecha y evidente”. La ONG señala el llamado “Plan decisivo” que el actual ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, presentó en 2017, cuando aún no estaba al frente de esa cartera y de un departamento clave en las decisiones relativas a la colonización de Cisjordania . “El plan ofrece a los palestinos tres opciones: vivir bajo la supremacía judía, renunciando a sus reivindicaciones políticas; marcharse o enfrentarse a una represión violenta si se resisten. Si bien el plan no ha sido adoptado formalmente en su totalidad como decisión gubernamental ni promulgado como ley, elementos centrales de su lógica se han traducido en los últimos años en políticas, asignaciones presupuestarias, delegación de poderes y prácticas implementadas sobre el terreno”, advierte B'Tselem. El informe subraya que no se puede separar lo que ocurre en Cisjordania del genocidio en Gaza, en los pasados casi 3 años. “En Gaza, la lógica de eliminación ha alcanzado su expresión más extrema; en Cisjordania, se manifiesta de otras formas”, que vienen detalladas en el informe. “La normalización de la matanza masiva y la destrucción colosal que Israel ha perpetrado en la Franja de Gaza ha ampliado drásticamente los límites de la violencia que el régimen israelí considera legítima y ejerce contra los palestinos”. Algunos de los métodos empleados en Gaza, que antes eran muy raros en Cisjordania, se están viendo con más frecuencia, como la destrucción de amplias áreas residenciales e infraestructura civil o el desplazamiento masivo de los palestinos. El número de víctimas mortales también ha aumentado en Cisjordania y en Jerusalén Este, ambos ocupados por Israel. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 30 de junio de 2026, Israel ha matado a 1.087 palestinos, de los cuales, 242 eran niños, según datos del informe. En ese periodo, además, “Israel ha ampliado el uso del sistema de encarcelamiento como medio de represión e intimidación dirigido tanto a individuos como al colectivo palestino en su conjunto”, afirma B'Tselem, que ya había denunciado anteriormente que los centros de detención y las prisiones israelíes se han convertido en “una red de campos de tortura” para los palestinos (32 de ellos, de la Cisjordania ocupada, han muerto en los pasados casi 3 años). Asimismo, desde octubre de 2023, Israel ha detenido a cargos electos, activistas, académicos, estudiantes y periodistas; ha realizado incursiones en oficinas de organizaciones palestinas; ha restringido manifestaciones y protestas no violentas y ha ampliado la vigilancia y las detenciones relacionadas con publicaciones en redes sociales. “De este modo, el encarcelamiento no solo sirve para castigar a los individuos, sino también para disuadir a la población y restringir las posibilidades de acción colectiva”.
elDiario.es•Francesca Cicardi14 sept
