La ONU ratifica que, a pesar de los cambios limitados tras la caída de Nicolás Maduro, la opresión y crímenes de lesa humanidad continúan intactos en Venezuela bajo la cúpula de Diosdado Cabello Leer
El Mundo•Daniel Lozano16 sept
Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que han "fallado demostrablemente" en la lucha contra el narcotráfico a lo largo del último año, un nuevo espaldarazo al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez . "Gracias a la detención y remoción, por parte de mi administración, del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro , ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles ", explica el presidente Donald Trump en esta evaluación que cada año publica la Casa Blanca. Te puede interesar: Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero; exministro de Maduro acuerda "dar información" que implica a "altos funcionarios venezolanos" Reino Unido anuncia que nombrará embajador en Venezuela; acuerdan elevar vínculos bilaterales Trump anuncia acuerdo petrolero con Venezuela; trato asciende a 65 mil millones de barriles Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. mcc
El presunto testaferro de Nicolás Maduro admitió en Estados Unidos haber lavado al menos USD 195 millones obtenidos mediante contratos venezolanos de alimentos y medicinas
Asunción, 16 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajará a Venezuela antes de trasladarse a EE.UU. para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, en un acercamiento de alto nivel entre ambos países después de más de 20 meses de ruptura de relaciones diplomáticas. El Senado autorizó este miércoles el viaje de Peña, quien en enero de 2025 reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones venezolanas de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, proclamó vencedor a Nicolás Maduro. La Presidencia no ha informado por el momento la fecha ni la agenda de Peña en Venezuela. Su visita se produciría después de la realizada en abril por el entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, la primera de un mandatario latinoamericano a Caracas desde que Delcy Rodríguez asumió el poder, tras la captura de Maduro en enero Caracas por parte de fuerzas estadounidenses. El viaje de Santiago Peña supone un nuevo contacto con el Gobierno venezolano en un momento en que Asunción y Caracas mantienen pendientes asuntos bilaterales, entre ellos una deuda paraguaya cercana a los 300 millones de dólares por compras de petróleo venezolano. A finales de enero pasado, el titular de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, afirmó que "la situación político y legal del régimen" venezolano impedía a Paraguay el pago de la deuda. Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025, cuando Peña reconoció a González Urrutia como "ganador" de las presidenciales. A la ruptura diplomática se sumó posteriormente la decisión del Gobierno paraguayo de derogar, por "razones de seguridad", el decreto que permitía el ingreso sin visado de los ciudadanos venezolanos al país, tras la captura de Maduro. La Cancillería paraguaya indicó el 9 de enero que "todo eventual ingreso de venezolanos" estará sujeto a "una verificación previa" de documentos y antecedentes penales como parte del trámite de una solicitud de visado. Los venezolanos podían ingresar a Paraguay sin necesidad de visa en virtud de un decreto de septiembre de 1996, siempre para períodos no superiores a 60 días cada vez. Peña viajará posteriormente a EE.UU., donde participará en los debates de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrollarán entre el 19 y el 29 de septiembre. EFE
Surge de un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU, realizado por una misión internacional independiente. Se destacó la liberación presos políticos y la disminución de los tiempos de detención.
Clarín•Clarin.com - Home16 septGinebra, 16 sep (EFE).- A pesar de mejoras "limitadas", el aparato represivo del Estado venezolano, responsable de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, permanece "intacto", alertó este miércoles la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela. En su nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad. "La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles", resumió al presentarse el documento la nueva presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher. Leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los "colectivos", fuente permanente de intimidación y violencia, alerta la misión de tres expertos. Periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana, y al menos 19 funcionarios que la misión identificó en informes previos como responsables de graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando puestos clave en el régimen. En la parte positiva, la misión observó este año una disminución significativa de las detenciones de larga duración y desapariciones forzadas, además de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, así como "un margen algo mayor" para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil. En cambio, la misión ha seguido documentando patrones de tortura y malos tratos contra detenidos por motivos políticos, citando casos de intubación forzada y confinamiento prolongado en cisternas subterráneas (un método apodado "la máquina del tiempo") en la prisión de máxima seguridad El Rodeo I. En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, la misión denunció el confinamiento de personas en celdas similares a fosas subterráneas, así como privación de alimentos, exposición al frío y otras condiciones degradantes. En total la misión recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero, mientras cientos de personas siguen expuestas a "condiciones de detención deplorables", que en algunos casos han tenido como consecuencia la muerte bajo custodia de presos por malos tratos o falta de atención médica. Pese a la reducción en el número de presos políticos por las excarcelaciones, la misión señaló que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por motivaciones ideológicas, según datos de organizaciones no gubernamentales. Aunque unas 200 de las 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos denunciadas en los últimos 12 meses se produjeron antes de la captura de Maduro, tras el 3 de enero la misión ha identificado un patrón recurrente de arrestos de corta duración para intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros actores. "Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible", advirtió la presidenta de la misión. El canadiense Alex Neve, quien junto a Macher y a la mexicana-argentina María Eloísa Quintero completa la misión, pidió a la luz del informe que Estados Unidos y otros "actores influyentes" intensifiquen sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela. No obstante, esos actores deben asegurarse de que sus acciones "no contribuyan a más violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales", agregó. Junto al informe sobre 2026, la misión presentará este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU otro centrado en el funcionamiento de los grupos civiles armados conocidos como "colectivos", donde concluye que no son organizaciones marginales o periféricas, sino "parte central del aparato represivo estatal". Su consolidación y expansión durante los gobiernos de Maduro y Hugo Chávez "no fue fortuita, sino que respondió a una estrategia política orientada a fortalecer las bases de apoyo para su proyecto político, también a través de la violencia y la coacción", indicó este informe. La relación con instituciones del Estado, añade, está probada con la incorporación de integrantes de esos colectivos en la Policía Nacional Bolivariana, o, a la inversa, con la llegada a esos grupos civiles de miembros retirados o en activo de las fuerzas armadas y de seguridad.
El testaferro del ex líder del régimen chavista acordó colaborar con el Departamento de Justicia, aportar información sobre hechos que pueden involucrar a altos funcionarios venezolanos y pagar USD 195 millones. El pacto contempla que los fiscales podrán pedir una condena menor si consideran valiosa su cooperación
El empresario colombiano, a quien Maduro llegó a nombrar ministro de Industria, se declaró culpable ante una corte federal de Florida en un caso que implica millones de dólares de fondos públicos venezolanos.
Pedro Pablo Cortés Miami (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La decisión del exministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, de declararse culpable este martes de lavado de dinero en EE.UU. y alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía abre interrogantes sobre el posible impacto de su testimonio en el caso contra el exgobernante, aunque el acuerdo no lo menciona. Estas son las claves del acuerdo de Saab, exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), con el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) de Estados Unidos, que no nombra a Maduro, recluido en Nueva York acusado de narcotráfico, pero sí a "altos funcionarios del Gobierno venezolano" en 2015, cuando era presidente del país suramericano. El empresario de 54 años, nacido en Colombia, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde primero se había presentado como "no culpable" el 24 de julio tras haber sido deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida. El exministro menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Pero también señala a 'co-acusado 1' y 'co-acusado 3', dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública, además de asegurar que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela". A cambio, Saab accedió a "cooperar plenamente" con el DOJ con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno. "Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto. Además, el empresario aceptó entregar 195 millones de dólares, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de catorce días para que revele todos los activos relacionados con los delitos. Por estas condiciones, el Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro venezolano, quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de 500.000 dólares, según el acuerdo de 12 páginas. Pero el DOJ advirtió de que se "reserva el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado", así como la "calidad e importancia" de la información para las investigaciones pertinentes. Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por 'narcoterrorismo', narcotráfico y posesión de armas. Aunque el acuerdo divulgado no menciona al gobernante depuesto por EE.UU., el opositor venezolano Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente del partido Primero Justicia considera que "la importancia de esto es abrir el proceso de colaboración de Alex Saab con las autoridades" estadounidenses. "Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EE.UU. y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos", dijo a EFE tras acudir a la audiencia. EFE (foto)(video)
El exministro venezolano Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acepta cooperar con la justicia, lo que podría afectar a altos funcionarios. Saab se compromete a entregar bienes y pruebas, mientras EE.UU. promete una sentencia menor. El caso genera especulación sobre su impacto en investigaciones contra el exgobernante.
Clarín•Clarin.com - Home15 septPedro Pablo Cortés Miami (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La decisión del exministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto Nicolás Maduro, de declararse culpable este martes de lavado de dinero en EE.UU. y alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía da esperanzas a la oposición de que su testimonio pueda fortalecer el caso contra el exgobernante, aunque el acuerdo no lo menciona. Estas son las claves del acuerdo de Saab, exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), con el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) de Estados Unidos, que no nombra a Maduro, recluido en Nueva York acusado de narcotráfico, pero sí a "altos funcionarios del Gobierno venezolano" en 2015, cuando era presidente del país suramericano. El empresario de 54 años, nacido en Colombia, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde primero se había presentado como "no culpable" el 24 de julio tras haber sido deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida. El exministro menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Pero también señala a "co-acusado 1" y co-acusado 3", dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública, además de asegurar que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela". A cambio, Saab accedió a "cooperar plenamente" con el DOJ con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno. "Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto. Además, el empresario aceptó entregar 195 millones de dólares, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de 14 días para que revele todos los activos relacionados con los delitos. Por estas condiciones, el Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro venezolano, quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de 500.000 dólares, según el acuerdo de 12 páginas. Pero el DOJ advirtió de que se "reserva el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado", así como la "calidad e importancia" de la información para las investigaciones pertinentes. Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por 'narcoterrorismo', narcotráfico y posesión de armas. Aunque el acuerdo divulgado no menciona al gobernante depuesto por EE.UU., el opositor venezolano Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente del partido Primero Justicia considera que "la importancia de esto es abrir el proceso de colaboración de Alex Saab con las autoridades" estadounidenses. "Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EE.UU. y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos", respondió a preguntas de EFE tras acudir a la audiencia. EFE (foto)(video)
La confesión final de Alex Saab ante la Justicia de Estados Unidos pone al descubierto una amplia trama internacional de corrupción y blanqueo que durante años movió dinero procedente de Venezuela mediante empresas pantalla, testaferros y cuentas bancarias en numerosos países. Pero los documentos presentados en Miami tienen un alcance mayor que los delitos que ahora reconoce el antiguo operador financiero del chavismo: Saab entrega a los fiscales un mapa de sociedades, bancos, intermediarios y movimientos de fondos y, a cambio de una posible reducción de condena, se compromete a cooperar plenamente en otras investigaciones criminales. Esa información puede resultar especialmente valiosa allí por donde pasó el dinero. En EE.UU. siguen abiertas distintas investigaciones sobre la corrupción del régimen de... Ver Más
Washington, 15 sep (EFE).- El republicano Thomas Massie, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., presentó este martes cargos contra el secretario de Guerra, Peter Hegseth, para promover un juicio político contra éste por sus acciones relacionadas con la guerra de Irán y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Massie acusó a Hegseth de ordenar hostilidades contra Irán sin la autorización del Congreso y de participar en la captura y extradición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin autoridad constitucional ni legal, entre otros cargos. El republicano leyó un total de ocho artículos de destitución que incluyen "ataques militares letales no autorizados contra presuntos narcotraficantes, lo que resultó en al menos 221 muertes" en Latinomérica y el Caribe. La Cámara de Representantes debe votar ahora artículos que, en caso de ser aprobados por mayoría simple, permitirían al Senado abrir un juicio político sobre la posible destitución del secretario de Defensa. "Al participar en hostilidades en Irán durante más de 90 días sin autorización del Congreso, el secretario Hegseth está infringiendo la ley y debe rendir cuentas", declaró el republicano por Kentucky, que le acusa de "presunta violación" de la Resolución de los Poderes de Guerra de 1973. El congresista, considerado un antagonista de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al secretario de Guerra de "violaciones constitucionales" que "van más allá de la guerra ilegal en Irán". "Está abusando del poder de su cargo para ignorar las resoluciones del Congreso sobre facultades de guerra, secuestrar a líderes extranjeros e intimidar a los críticos de la Administración Trump, tomando represalias contra ellos por ejercer su libertad de expresión", añadió. Durante la exposición de los delitos de destitución hoy ante la Cámara de Representantes, Massie pidió al Congreso "no hacer la vista gorda ante las acciones inconstitucionales e ilegales del secretario Hegseth". Entre los ochos cargos que leyó, se incluye incumplir normas orientadas a limitar bajas civiles, mantener acciones militares pese a exigencias legislativas para ponerles fin, tomar represalias ilegales contra el senador demócrata Mark Kelly y respaldar una intervención militar en Yemen sin base legal suficiente. EFE
La DGCIM bautizó como “ Caso Azul Celeste 3 de Enero ” una presunta operación relacionada con la Operación Resolución Absoluta que extrajo a Nicolás Maduro y Cilia Flores desde Fuerte Tiuna. El caso lo enmarcan con una presunta organización denominada Equipo de Trabajo Multidisciplinario (ETM) que reclutaba militares y funcionarios con acceso a información estratégica para obtener datos sensibles, ejecutar actos de sabotaje y planes de desestabilización. Por esta causa permanecen detenidas ocho personas que, según sus familiares, ni siquiera se conocían entre sí. Entre ellas figuran dos oficiales, uno retirado y otro en servicio activo, acusados de traición a la patria y conspiración. Los allegados aseguran que los procesados no han tenido acceso al expediente judicial que sustenta las imputaciones. En conversación con Infobae , Alida Hernández, hermana del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas, y Yuri Burgos, esposa del teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, denunciaron que ambos militares han sido víctimas de torturas, desaparición forzada y tratos crueles durante su detención. Asimismo, señalaron que existen órdenes de captura contra otras personas vinculadas al caso, entre ellas el general Rodolfo José Camacho Rincones. Según los testimonios, luego de que los detenidos rechazaran ser representados por defensores públicos, en julio se autorizó el ingreso de abogados privados al penal de El Rodeo I. Esto permitió que Hernández Rojas y Oria Arteaga formalizaran su representación legal. Sin embargo, pese a la aceptación de los nombramientos, los abogados aún no han sido juramentados y continúan sin acceso al expediente. En un proceso totgalmente irregular, el juez 2° de Control contra la Corrupción y el Terrorismo, Carlos Enrique Liendo Acosta les dijo a los detenidos que los enviaría a juicio porque tiene 14 pruebas en su contra. Por lo que el juez dijo, los militares se dan cuenta que les han imputado otros delitos: “orquestar contra el Alto Mando Militar, un ataque financiado por Simonovis y fuga de información para el ejército de los EEUU”. Entre la serie de irregularidades ocurridas se suma que fueron cambiadas las fechas de la audiencia de presentación que fue el 9 de febrero. “El jueves 10 de septiembre pretendieron hacerles una nueva preliminar a escondidas de los abogados privados y cambiaron la fecha de la presentación colocándola como si fue en marzo y con otro argumento, un bombardeo contra el Alto Mando Militar”. Mantienen a los abogados privados engañados con la juramentación ya que en junio les aceptaron el nombramiento pero no los juramentan, así tampoco les permiten tener acceso al expediente y modificaron incluso cambiando fechas y delitos”. A estas acusaciones se suma la confiscación de bienes de algunos de los detenidos. En el caso del coronel Hernández, sus familiares denuncian que funcionarios de la DGCIM ocuparon el apartamento donde residían tanto él como su madre y su hermana . También aseguran que la audiencia preliminar ha sido suspendida en 19 oportunidades. La detención de Oria Yuri Burgos relató que su esposo, el teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, fue detenido el 21 de enero de 2026 por una comisión integrada por 30 funcionarios armados y encapuchados. De acuerdo con su testimonio, los agentes informaron que el militar debía acudir a una entrevista, sin exhibir una orden de aprehensión. Aunque inicialmente le indicaron que sería trasladado a una sede de la Policía Nacional Bolivariana, terminó siendo llevado a instalaciones utilizadas por la DGCIM dentro de la Base Aérea La Carlota, donde presuntamente fue sometido a torturas. Luego de meses en que los familiares y los otros detenidos del caso han tenido trato, saben por narración de ellos que David Figueredo, Hector Martínez y Leonardo Gómez Brito tenían nueve ańos fuera del CICPC, se habían ido del país y regresaron a principios de diciembre 2025. Ese dia en que los detienen solo estaba David y Hector comiendo en un restaurante. Los funcionarios les dijeron que le enviaran un mensaje a Leonardo Gómez para que fuera a reunirse y cuando va saliendo de la estación del metro lo detienen”. El caso del coronel Hernández Del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas, detenido el 24 de enero 2026, su hermana Alida Hernández dice que “siempre fue el número uno en los ascensos, estuvo tres años destacado en Rusia, habla inglés y en agosto del 2025 pasa a retiro por tiempo cumplido en la fuerza”. Aseguró que su hermano, fue detenido el 24 de enero de 2026 en las inmediaciones de su residencia por una comisión de la DGCIM que no presentó orden judicial ni identificación visible. La versión familiar señala que la acusación surgió a partir de la declaración de un supuesto testigo anónimo que lo vinculó con un eventual gobierno de transición encabezado por Edmundo González y con la denominada operación Azul Celeste. Relata que ese 24 de enero, a las 7 de la noche, su hermano fue interceptado en el estacionamiento de su vivienda por una comisión de la DGCIM que no llevaban orden de aprehensión, ni identificación visible y se trasladaban en vehículo particular. “Le quitaron el carro a mi hermano y lo trasladaron a la DGCIM boleíta” donde estuvo en desaparición forzada y luego recluido en la cárcel del Rodeo I. Tras su captura, Hernández habría permanecido desaparecido durante varios días antes de ser recluido en la cárcel de El Rodeo I. Su hermana sostiene además que el militar ha recibido amenazas contra sus familiares para evitar que el caso sea denunciado públicamente. Los allegados cuestionan igualmente los allanamientos y la confiscación de propiedades atribuidas al oficial retirado, argumentando que las medidas se ejecutaron cuando la investigación aún se encuentra en fase preliminar y sin una decisión judicial definitiva. Aunque reconocen que Hernández mantenía conversaciones con el general en el exilio Rodolfo Camacho Rincones, sostienen que ese hecho ha sido utilizado como elemento incriminatorio sin que existan pruebas que sustenten los delitos imputados. La versión policial La investigación MP-17139-2026 comenzó el 20 de enero de 2026 a partir de una denuncia presentada por una fuente identificada únicamente como “DGCIM-DEIPC-PVT-009-1-26”. Según los documentos del caso, el informante alertó ante la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sobre la existencia de una supuesta organización denominada Equipo de Trabajo Multidisciplinario (ETM). De acuerdo con la versión expuesta por los organismos de seguridad, la estructura estaría bajo la influencia de servicios extranjeros considerados enemigos por el Estado venezolano y tendría financiamiento estadounidense. La investigación señala al excomisario Iván Antonio Simonovis Aranguren como supuesto articulador de la red. Las actas de la DGCIM describen a la ETM como una organización dedicada a captar y reclutar personal militar activo, retirado y desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como funcionarios policiales en condiciones similares. El objetivo, según la hipótesis oficial, sería obtener acceso a información sensible relacionada con altos funcionarios del Estado y con áreas estratégicas de la seguridad nacional. Entre los datos que presuntamente buscaba recopilar la organización figuran información táctica sobre aeronaves, sistemas de armas, planes de vuelo, programas de mantenimiento, pilotos asignados, sistemas de defensa antiaérea, radares, ubicación de unidades militares, planes de defensa, organismos de inteligencia y estructuras comunales. El acta policial dice que una vez reclutados, los integrantes de la red recibirían tareas vinculadas con sabotaje, sustracción de piezas, inutilización de equipos y posibles atentados contra altos funcionarios civiles y militares. El propósito atribuido a estas acciones sería reducir las capacidades operativas de la FANB y generar condiciones de desestabilización en el país. Reuniones, pagos y planes La DGCIM afirma que buena parte de los presuntos integrantes de la ETM son exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y sostienen que durante diciembre 2025 y enero 2026 se habrían realizado reuniones en Caracas para captar colaboradores y ofrecer pagos en dólares a cambio de información confidencial destinada a organismos de inteligencia estadounidenses. ¿El objetivo? planificación de supuestos actos destinados a provocar conmoción social y afectar la estabilidad interna del país. El expediente señala que funcionarios de la DGCIM realizaron labores de patrullaje en el sector El Paraíso, en Caracas, en cumplimiento de una orden de búsqueda emanada por sus superiores. Durante una inspección en las cercanías de una tienda comercial ubicada en la avenida Las Fuentes, los agentes observaron a tres hombres reunidos, quienes, según el reporte oficial, habrían mostrado una actitud considerada sospechosa al notar la presencia de la comisión. La investigación identifica a David Figueredo Sandoval como presunto responsable de captar y reclutar funcionarios. Asimismo, Héctor José Martínez Yánez como pieza clave en la captación de efectivos militares y receptor de información suministrada por el teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga. El tercer señalado fue Jesús Leonardo Gómez Brito, a quien la DGCIM atribuye contactos directos con Simonovis y la responsabilidad de procesar la información recopilada, además de distribuir fondos destinados a actividades operativas. Posteriormente, los investigadores aseguraron haber hallado en poder de Figueredo Sandoval una carpeta amarilla con documentos contentivos de información sensible relacionada con puntos estratégicos de Caracas. Según el acta, el material incluiría informes de inteligencia, documentos operativos y registros administrativos vinculados a una supuesta operación denominada “Día D”. Aunque el expediente no detalla el método utilizado para obtener la información, la DGCIM asegura haber reconstruido parte de la estructura organizativa y de mando atribuida a la ETM, en la que figura el coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, a quien se le atribuye el suministro de cartografía e información técnica. También, funcionarios activos y retirados, supuestamente coordinados por excomisarios y exfuncionarios policiales identificados por la DGCIM. Las actas sostienen además que una denominada “ficha de captación” contenía información personal y profesional del teniente coronel Oria Arteaga y del coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas. El testigo estrella Uno de los elementos centrales del expediente es la declaración del denunciante, convertido en testigo clave para la investigación, argumentandque mantenía contacto laboral con Oria Arteaga debido a que ambos trabajaban en telecomunicaciones. El testigo relató que el oficial acudió a revisar un servidor que prestaba servicios de voz IP y que se encontraba fuera de funcionamiento tras la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero 2026. De acuerdo con la declaración, al inspeccionar el equipo observó que no contaba con sistema operativo instalado y concluyó que el disco había sido borrado. Oria Arteaga habría atribuido la situación a un ataque informático ejecutado por estadounidenses. Sin embargo, el denunciante manifestó a los investigadores que, desde su percepción, el problema podía corresponder más a un formateo realizado con acceso autorizado que a una acción externa. El mismo testigo aseguró haber detectado días antes un ataque al servidor y afirmó que, al consultar al militar sobre si había compartido las claves de acceso, este respondió que se las había entregado a una persona identificada únicamente como “el viejo”. Diez acusados Tras varios meses de pesquisas, caracterizadas por el hermetismo oficial, la DGCIM incorporó a otros presuntos integrantes del Equipo de Trabajo Multidisciplinario. Entre los nombres mencionados en el expediente, además de los dos oficiales, figuran José Gregorio Rivas Sifontes, Joharlin Enrique Luzardo Noria, Álvaro Roger Valladares Eslava, Serbio Alexander Hernández Contreras, Juan Luis Rivero Nelo y Carlos Ulises Hernández Rojas. La lista se completa con Héctor José Martínez Yánez, David Figueredo Sandoval, Jesús Leonardo Gómez Brito y Manuel Alejandro Oria Arteaga. Respecto a Hernández Rojas, los investigadores sostienen que mantenía comunicaciones con el general de división retirado Rodolfo Camacho Rincones, quien se encuentra fuera del país. Los diez señalados fueron finalmente presentados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en materia de terrorismo, instancia que les atribuyó los delitos de traición a la patria y conspiración.
El testaferro del ex dictador Nicolás Maduro reconoció ante una jueza federal que desde 2015 participó junto con integrantes del régimen chavista en un esquema de sobornos y pagos ilegales vinculado al programa de alimentos CLAP, con transferencias de fondos hacia el sur de la Florida
Miami (EE.UU.), 15 sep (EFE).- El exministro venezolano Alex Saab, quien se declaró este martes culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, accedió a "dar información completa" a las autoridades estadounidenses en la que implica a "altos funcionarios de Venezuela", según revela el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. El pacto suscrito por Saab, presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, no menciona sin embargo al exmandatario chavista, quien permanece preso en Nueva York acusado de narcotráfico. En el arreglo, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela", incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas por la Fiscalía de Estados Unidos. EFE
Saab, quien llegó a ser ministro del gobierno de Maduro, cambió su declaración anterior de "no culpable" a "culpable" en un tribunal de Miami, tras un acuerdo con la Fiscalía.
Caracas, 15 sep (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este martes dar atención rápida a los amputados que dejó el doble terremoto del pasado 24 de junio, así como a los afectados por los ataques de Estados Unidos en Caracas del 3 de enero, una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. "Ya estamos atendiendo a las víctimas del duplete (doblete) sísmico, también a las víctimas del 3 de enero, en la recuperación de sus miembros superiores con tecnología biónica", aseguró Rodríguez en un recorrido por un laboratorio de órtesis y prótesis de Caracas, durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. Asimismo, afirmó que el Gobierno tiene un censo de amputados -aunque no reveló la cifra- y anticipó que Venezuela suscribirá un acuerdo con la empresa japonesa Kawatek, que desarrolla tecnologías biónicas inteligentes. Este convenio permitirá, en una primera fase, atender a quienes hayan sufrido la pérdida de sus extremidades superiores y, posteriormente, a aquellos con amputaciones inferiores, apuntó Rodríguez. A su lado, el director de Kawatek, Álvaro Ríos, señaló que la empresa prepara una alianza con el Gobierno de Venezuela para, en primera instancia, atender los amputados y luego iniciar una segunda fase para la "transferencia de tecnología". De esta manera, añadió Ríos, Venezuela contará "en un futuro con un laboratorio de biónica" y pueda "realizar desarrollo, rehabilitación y fabricación" a partir de esta tecnología. Tras el doble terremoto, varias organizaciones han establecido alianzas para dotar a los amputados de prótesis, piezas que cuestan entre 3.500 y 25.000 dólares, dependiendo de su complejidad, según dijo recientemente a EFE el taller Ortoprotécnica de Caracas. Las fundaciones CIREC de Colombia y las venezolanas Juan Pablo Dos Santos y Hospital Ortopédico Infantil se unieron para crear Fondo Humanitario 77, a través del cual quieren recaudar dos millones de dólares para atender a los amputados que dejó el terremoto en Venezuela.EFE (vídeo)
Un cercano colaborador del exmandatario venezolano admitió lavado de dinero en un esquema de sobornos por contratos estatales. El acuerdo incluye colaboración con investigaciones y la entrega de millones en ganancias ilícitas.
Clarín•Clarin.com - Home15 sept
El exministro Alex Saab, considerado el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, se ha declarado culpable de blanqueo de capitales, entre otros delitos, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos durante una audiencia celebrada este martes ante un tribunal federal en Miami. El colombiano, deportado a Estados Unidos el pasado mayo, ha reconocido, asimismo, su culpabilidad por un cargo de transacciones financieras ilícitas ante la jueza de distrito Kathleen Williams, informan el portal de noticias Efecto Coyuco y la cadena de televisión VPI. El también empresario ha cambiado así su declaración del pasado 24 de julio, si bien los términos de su acuerdo con las autoridades estadounidenses no han trascendido hasta el momento. Su traslado al país norteamericano fue autorizado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien decidió relevarlo de sus distintos cargos apenas semanas después de la captura de Maduro en enero de este año. El acuerdo de Saab, hombre de confianza de Maduro, y Washington se produce mientras el mandatario permanece en una prisión de Nueva York, acusado de cargos federales vinculados al narcotráfico. Saab ya estuvo en prisión durante más tres de años en el país norteamericano por presunto blanqueo de capitales. Fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 tras una solicitud de Estados Unidos y extraditado en octubre de 2021. Posteriormente, fue excarcelado tras un acuerdo entre Washington y Caracas, que incluía también la puesta en libertad de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.