El Departamento de Justicia pidió a un juez federal que no bloquee la decisión de Donald Trump de prohibir el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, al argumentar que el presidente actuó por motivos de seguridad nacional. Los medios demandantes sostienen que la medida responde a una discriminación por punto de vista, mientras el tribunal se prepara para escuchar los argumentos de ambas partes.
El Departamento de Justicia y los abogados de los medios comparecen este miércoles en una vista para exponer sus argumentos
El gobierno de EE.UU. defiende el derecho de Trump a restringir el ingreso de ciertos medios a la Casa Blanca, alegando seguridad nacional. CNN, MS NOW y Politico demandan, argumentando que el veto infringe la libertad de prensa, en una disputa que se examinará judicialmente.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha defendido el veto a periodistas de los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico en ciertas zonas de la Casa Blanca, tal y como ha ordenado el presidente del país, Donald Trump, argumentando que la cobertura dada a la guerra con Irán y las obras en la sede de la Presidencia podrían suponer un riesgo para la seguridad nacional que justifica este paso. El documento presentado por la cartera ante un tribunal recoge que «el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho», antes de reseñar que el edificio «es la casa y el lugar de trabajo del comandante en jefe de la nación». «El presidente determinó que... Ver Más
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha defendido el veto a periodistas de los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico en ciertas zonas de la Casa Blanca, tal y como ha ordenado el presidente del país, Donald Trump, argumentando que la cobertura dada a la guerra con Irán y las obras en la sede de la Presidencia podrían suponer un riesgo para la seguridad nacional que justifica este paso. El documento presentado por la cartera ante un tribunal recoge que "el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", antes de reseñar que el edificio "es la casa y el lugar de trabajo del comandante en jefe de la nación". "El presidente determinó que no cumplieron los estándares mínimos de profesionalidad y decoro que se espera a los que reciben permiso a entrar al compeljo, incluida la 'publicación de información sensible o clasificada'", ha explicado, algo que, a su juicio, supercedería la Primera Enmienda en materia de libertad de prensa. Así, destaca que "como mínimo, el Gobierno podría controlar el acceso de los periodistas a zonas presidenciales restringidas, tales como el Despacho Oval, incluso por motivos discriminatorios basados en la opinión pública", al tiempo que subraya que "las acciones del presidente no fueron vengativas, ya que el Gobierno habría dado el mismo paso de todos modos". El Departamento de Justicia estadounidense recuerda además que esto es independiente de las críticas vertidas por los medios a Trump, dado que "el presidente no ha revocado el acceso a otros medios que también le han criticado", antes de insistir en que los demandantes "participaron en varios incidentes relacionados con la información que han puesto en peligro la seguridad nacional". El documento ha sido presentado en respuesta a la demanda interpuesta por los citados medios contra el mandatario y altos cargos de la Administración por el citado veto. Las cadenas CBS, FOX News, NBC y ABC suspendieron horas después sus actividades de cobertura de las actividades de la Casa Blanca en apoyo a CNN, parte del grupo de medios encargados de la cobertura de la Presidencia estadounidense. En este contexto, Trump ha continuado con sus críticas contra medios y periodistas, en esta ocasión cargando contra la periodista Kaitlan Collins, de "noticias falsas CNN". "Todos esos tipos despreciables, como la 'reportera' de tercera categoría Kaitlan Collins, de la CNN de las noticias falsas, una persona verdaderamente amargada, dijeron que no iban a cubrir mis actividades", ha señalado. "Si es así, ¿por qué despotricaban y gritaban como locos en la zona de prensa de Naciones Unidas? ¿Por qué estaba ella allí? Tiene una obsesión con Trump, al igual que la CNN y MSDNC. ¡Están todos enfermos, son unos traidores y están dementes!", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, donde ha tildado de "desleal" al juez federal asignado para el caso, Timothy Kelly, nombrado por el propio mandatario y quien ya falló en 2018 en contra de Trump en un caso similar.
El presidente de EE. UU. podría limitar el acceso de ciertos medios a la Casa Blanca por motivos de seguridad, según el Departamento de Justicia. La administración defiende que el control sobre el acceso es un privilegio, no un derecho, en medio de una disputa legal por la libertad de prensa.
Clarín•Clarin.com - Homehace 18 hCiudad de Guatemala, 22 sep (EFE).- Una delegación de alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos, integrada por fiscales federales de nueve distritos, visitó Guatemala para cooperar con autoridades locales en la lucha contra el crimen transnacional. El encuentro entre fiscales de ambas naciones contó con la participación de jefes de fiscalías como las de Nueva York, Florida, California, Arizona, Nuevo México y Texas, además del liderazgo de unidades como la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y Vulcan, según confirmaron en conferencia de prensa este martes. Los funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones directas con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, el fiscal general, Gabriel García Luna, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. A través de sus canales oficiales, el mandatario Arévalo de León valoró el encuentro como una "histórica reunión de trabajo" que fortalece la persecución penal internacional y las acciones contra el crimen organizado, subrayando que la prioridad de su Gobierno es "proteger a las comunidades y a las familias guatemaltecas". "Nuestra alianza bilateral les ha cerrado rutas (al crimen organizado), ha desmantelado sus redes financieras y ha llevado a sus líderes ante la justicia. No son ellos quienes van un paso adelante; somos nosotros, trabajando de manera coordinada", declaró el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews. El diplomático estadounidense resaltó que la colaboración en materia de justicia con el país centroamericano atraviesa un momento de alta operatividad, al tiempo que enfatizó el incremento registrado en la entrega de fugitivos a los tribunales norteamericanos. "El año pasado alcanzamos un récord histórico de 34 extradiciones entre Guatemala y Estados Unidos. Este año ya casi lo sobrepasamos", detalló. Por parte del Gobierno guatemalteco, el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, justificó la cooperación al señalar que "los intereses de nuestros dos países confluyen en este momento hacia los mismos objetivos: lucha contra las pandillas terroristas, el narcotráfico, las estructuras criminales que se dedican al tráfico de personas y una lucha directa contra las finanzas criminales". Asimismo, el fiscal general guatemalteco, Gabriel García Luna, remarcó la urgencia de atajar la corrupción en la función pública. "El preocupante fenómeno de la narcopolítica constituye un riesgo activo que será atendido con responsabilidad, capacidad institucional y absoluto apego a la ley. En Guatemala ya no queremos impunidad, no queremos ningún tipo de corrupción y no queremos narcotraficantes", concluyó García Luna. EFE (foto) (video)
El magistrado mantiene vigente una medida de supervisión dictada en 2019, mientras el gigante tecnológico busca cerrar un entendimiento con el Departamento de Justicia por presuntas infracciones a la legislación de protección de menores
Donald Trump afirmó que el Departamento de Justicia y otros organismos policiales de Estados Unidos intervendrán para contener los riesgos de la inteligencia artificial si resulta necesario, aunque al mismo tiempo defendió una expansión acelerada de esta tecnología y advirtió que no permitirá frenar su crecimiento.
La disputa entre el Departamento de Justicia y los fiscales generales estatales de Estados Unidos podría redefinir quién lidera la revisión de las grandes fusiones, con el caso Paramount como una prueba decisiva.
Un juez federal de Los Ángeles evalúa mantener la orden de privacidad impuesta a Musical.ly en 2019, una decisión que podría impedir que TikTok active USD $100 millones de un acuerdo de USD $400 millones con el Departamento de Justicia.
Nueva York, 18 sep (EFE).- Una coalición de nueve organizaciones presentó este viernes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para detener las amenazas de intervención de agentes armados en los centros de votación de las elecciones de mitad de mandato en noviembre. La querella, presentada en una corte federal del distrito de Columbia (Washington), incluye al Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Justicia y sus respectivos directores. Con esta acción legal, las organizaciones buscan proteger y fortalecer la libertad de voto, "contribuyendo a garantizar que todas las comunidades puedan participar plenamente en nuestra democracia con confianza", señala un comunicado conjunto de los grupos. Indican además que en la demanda documentan cómo el gobierno federal se ha atribuido autoridad para que agentes armados operen en las inmediaciones de los centros de votación, "ha desmantelado las salvaguardias internas de las agencias contra la interferencia electoral y ha realizado intentos sin precedentes para imponer el poder ejecutivo sobre la administración de las elecciones". Aseguran que con esas acciones el resultado "es predecible": los votantes de todo el país, especialmente los afroamericanos, latinos, asiático-americanos e isleños del Pacífico, los inmigrantes y los ciudadanos naturalizados, así como los votantes de familias con estatus migratorio mixto, tendrán temor a ser interrogados, arrestados, vigilados o sufrir el uso de la fuerza. Aunque el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha dicho que no habrá presencia de agentes en los centros de votación -lo que está prohibido por ley federal- tampoco los descartó si fuera necesario ejecutar una orden de arresto o hubiera una amenaza contra un lugar de votación. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, también dejó abierta la posibilidad de enviar agentes federales durante una audiencia este mes en el Senado para asegurar "la integridad del proceso electoral". Esas amenazas, aseguran, socavan la confianza pública y disuaden a los electores de ejercer su derecho al voto, por lo que piden al tribunal la prohibición de usar las fuerzas del orden en los centros de votación o sus alrededores. Los demandantes recordaron que en el último año el gobierno federal también "ha eludido o ignorado" repetidamente la ley al llevar a cabo arrestos, investigaciones y acciones de control migratorio. La acción legal fue presentada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), Mi Familia en Acción, Asian Pacific American Advocates, la Liga Urbana Nacional, Minnesota 8, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, la Federación Estadounidense de Maestro, el Sindicato Internacional de Pintores y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio. EFE
El Departamento de Justicia informó que la resolución cubre artículos elaborados entre 2018 y 2022 en las plantas de Sturgis y Casa Grande, vinculados con compras de programas públicos de Estados Unidos
Barcelona, 18 sep (EFE).- El Departamento de Justicia ha requerido a la empresa del servicio de interpretación por los fallos de las intérpretes designadas para traducir del catalán en el juicio por las lesiones a Roger Español, votante del 1-O, que aclare de "manera inmediata" los incumplimientos que se hayan podido producir. Los fallos ayer en la traducción durante el juicio complicaron los interrogatorios hasta el punto de forzar a los abogados de las acusaciones, entre ellas ANC y Òmnium Cultural, a expresarse en castellano. La deficiente interpretación del catalán marcó ayer la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Barcelona contra cuatro policías nacionales acusados de reventar el ojo a Roger Español con una pelota de goma en las cargas para impedir el referéndum independentista de 2017 en Barcelona. Los problemas de la traducción afloraron ya con el interrogatorio al primer testigo, un mando de la Policía Nacional que abría la ronda de declaraciones, cuando han sido citados ante el tribunal medio centenar de agentes desplegados en Cataluña con motivo del 1-O. La primera intérprete encargada de traducir al castellano las preguntas de los abogados de las acusaciones particular y populares, que solicitaron ese servicio para ejercer su derecho a hablar en catalán, ni siquiera llegó a desempeñar su labor: a la primera cuestión, se hicieron evidentes sus carencias para expresarse y el tribunal ha ordenado suspender la vista hasta encontrar a otra persona más "capacitada". Hasta tres veces pidió a la letrada Laia Serra, representante de Òmnium Cultural, que repitiera su primera consulta al mando policial, a quien preguntó si participó en el diseño del operativo del 1 de octubre, cuestión que la intérprete acabó reduciendo a: "¿Ha participado en el 1 de octubre?". Con la voluntad de facilitar y agilizar el proceso, Serra decidió traducirse a sí misma hasta encontrar una solución, pero la segunda intérprete designada no demostró un mejor dominio del catalán. Ante ello, el departamento de Justicia ha hecho un requerimiento a la empresa para "aclarar de manera inmediata los incumplimientos que se hayan podido producir en el servicio de traducción al catalán prestados a los tribunales para garantizar" que este se ajuste a las "condiciones contratadas". La conselleria subraya que el Govern trabaja intensamente para promover el uso del catalán en el ámbito judicial y en defensa de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía. EFE
El fiscal general de Estados Unidos rechazó que su organismo asuma funciones regulatorias sobre la tecnología y sostuvo que las normas penales vigentes son suficientes para actuar contra quienes la usen para cometer crímenes
El fiscal general Gabriel García Luna se reunió con autoridades del Departamento de Justicia para impulsar investigaciones conjuntas y acelerar procesos contra redes de coyotaje
Los Ángeles (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por su sigla en inglés) presentó este miércoles una demanda contra la ciudad de San José (California) y su Policía por supuestamente violar la Segunda Enmienda al cobrar tarifas de casi 1.6000 dólares para obtener una licencia de porte de armas. En la demanda, el DOJ sostiene que el cobro de 1.600 dólares por licencia es el más alto de la nación, superando la tarifa de ciudades más grandes del país como Nueva York, Washington D. C., Boston y Chicago. La querella legal sostiene que la Corte Suprema ha determinado que las "tarifas exorbitantes", como consideran la establecida por el gobierno de San José, violan la Segunda Enmienda porque niegan a los ciudadanos comunes su derecho a portar armas de fuego para su defensa personal. La Fiscal Adjunta Harmeet K. Dhillon dijo en un comunicado que el derecho constitucional a portar armas no es un lujo reservado para unos pocos privilegiados. "No hace falta ser abogado para reconocer que cobrar una tarifa varias veces superior al costo del arma misma es ilógico y constituye un intento inconstitucional de obstaculizar los derechos de los estadounidenses consagrados en la Segunda Enmienda", agregó. Dhillon envió una carta la semana pasada al alcalde de San José, Matt Mahan; al jefe de policía de San José, Paul Joseph; y a la fiscal municipal, Susana Alcala Wood, ofreciéndoles la oportunidad de resolver el asunto sin recurrir a litigios. Pero este miércoles ha demandado a la ciudad ubicada en el norte del estado. La demanda de hoy se suma a otras presentadas por el DOJ contra gobiernos locales por supuestas violaciones a la Segunda Enmienda, como la presentada el mes pasado contra el condado de Montgomery, en Maryland, debido a una ley que prohibía portar armas de fuego en un radio de casi 100 metros de ciertos lugares públicos, incluidas las iglesias. EFE
Washington, 16 sep (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles por unanimidad recomendar que el multimillonario Leon Black sea declarado en desacato por negarse a cumplir con las citaciones relacionadas con una investigación del Congreso sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La votación llega un día después de que el Comité de Supervisión de la Cámara votara 41 a 0 recomendando que la Cámara en pleno tomara medidas contra Black por negarse a cooperar. El caso se puede remitir ahora al Departamento de Justicia para que evalúe si lleva el asunto ante un gran jurado y busca cargos penales por desacato al Congreso, un delito que puede acarrear hasta un año de cárcel. La resolución afirma que "la negativa deliberada del señor Black a cumplir con las citaciones del Comité de Supervisión constituye desacato al Congreso y justifica su remisión al Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia para su enjuiciamiento conforme a lo dispuesto por la ley”. El presidente del Comité y representante republicano James Comer declaró este miércoles que la medida adoptada demuestra que "nadie está por encima de la ley". "Leon Black desobedeció dos citaciones judiciales, y la Cámara de Representantes de Estados Unidos actuó con rapidez para declararlo en desacato al Congreso", añadió. El principal demócrata del comité, el representante Robert Garcia, calificó la votación como "un paso importante hacia la justicia" y afirmó que es necesario conocer por qué Black "le dio a Jeffrey Epstein 180 millones de dólares". Black, que mantuvo una larga relación comercial con Epstein, ha declarado que no cometió ningún delito y ha lamentado su relación con el delincuente sexual que falleció en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Las autoridades no han acusado a Black de ningún delito, pero su nombre apareció repetidamente en los archivos Epstein y, según informó The New York Times, el empresario pagó al delincuente sexual un total de 170 millones de dólares por lo que describió como servicios de planificación fiscal y patrimonial entre 2013 y 2017. EFE acd/asb
Washington, 16 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado cargos contra cinco personas prófugas, entre ellos dos cubanos y un venezolano, vinculadas a los servicio de Inteligencia de Rusia por pertenencia a una red que reclutaba y planificaba asesinatos selectivos en todo el mundo. La red estaba dirigida por Rusia, objeto de la acusación formal desclasificada el martes, que pagó o intentó pagar a individuos para operaciones de vigilancia y ejecución de asesinatos selectivos, además de encargar "actos terroristas contra infraestructuras civiles y militares" en países alineados con Ucrania. Dos de los acusados son de nacionalidad cubana: Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años y miembro influyente de la diáspora cubana residente en Rusia y Yaidel Delgado Suárez, de 35 años también conocido como 'Viking', reclutador, según el comunicado. También fue imputado Angel Eduardo Castro, de 22 años y nacionalidad venezolana, "quien participó junto con Suárez en el reclutamiento de personas radicadas en Estados Unidos para vigilar e intentar asesinar a un destacado disidente ruso". Los otros dos miembros son de nacionalidad rusa: Yuri Khrameev de 63 años y excoronel de los servicios de inteligencia rusos; Kirill Khrameev, de 27 años, oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) e hijo de Yuri Khrameev. "Estos acusados presuntamente operaban como parte de una red mundial de asesinatos con ramificaciones en Estados Unidos, intentando reclutar a ciudadanos estadounidenses y extranjeros para perpetrar homicidios por orden del Kremlin", declaró el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg. La nota indicó que la red operada al menos desde 2024 y sus operaciones se centraron "en disidentes y desertores rusos y, más recientemente, en naciones consideradas aliadas de Ucrania". "Últimamente, miembros de la Red RIS han intentado reclutar a varias personas dentro de los Estados Unidos para llevar a cabo labores de vigilancia previa a operaciones y asesinatos en el país. EFE
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Según la investigación del Departamento de Justicia, la red rusa se especializaba en coordinar asesinatos por encargo y atentados. Sus objetivos incluían a disidentes y desertores rusos, así como a países que respaldan a Ucrania
El Confidencial•A. S.16 sept