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Madrid consuma su eventificación con la Fórmula 1 y deja a los vecinos como ruido de fondo

Mientras el debate en redes se centra en los errores logísticos, una carrera anodina o el ruido, el Gran Premio escenifica un modelo de ciudad tensionada y precarizante cada vez menos habitable. Un Madrid alejado de sus habitantes y su idiosincrasia, por mucho que el recinto recurra al chotis o a Manuela Malasaña El ruido de los motores no aplaca los gritos contra la Fórmula 1 en Madrid: “Puede suceder lo que ocurrió en Valencia” Las palabras de Ana Botella durante la presentación de la candidatura de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos de 2020 quedaron inmortalizadas (y ridiculizadas) en el imaginario colectivo por varias razones. El tono del discurso, como si estuviera ante una audiencia de párvulos, o la afectada gestualidad contribuyeron sin duda al meme. Pero también el contenido, que reducía la ciudad a una estampa idílica de turista, aquel para el que la urbe se limita a un lugar característico como la Plaza Mayor donde tomar algo antes de pasar a otro monumento. Han pasado 13 años desde aquella intervención y muchas cosas han cambiado, pero otras no tanto. En Madrid, los dirigentes políticos han refinado la forma de apelar al tópico, de utilizarlo para vender una ciudad que en su realidad va mucho más allá. Los Juegos Olímpicos nunca llegaron, pero el Gran Premio de Fórmula 1 que se ha disputado en torno a Ifema del 11 al 13 de septiembre (y que se repetirá al menos hasta 2036) ha servido para escenificar esa reducción de Madrid al absurdo. Ganó Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial; Fernando Alonso terminó decimoséptimo y Carlos Sainz abandonó por una avería. El rey Felipe VI entregó el trofeo al vencedor e Isabel Díaz Ayuso a Max Verstappen, segundo clasificado en un podio que completó Lando Norris. El monarca, por cierto, capeó un “viva la República” desde el estrado después de que la grada coreara vivas a su figura y a España. En el público también se escucharon insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero más allá de una carrera anodina con escasos adelantamientos, queda un acontecimiento consagrado a los vips (que han pagado entradas de hasta 16.000 euros por persona) en un escenario de cartón piedra. Mientras por el paddock se pasean Plácido Domingo, Rafa Nadal o Zinedine Zidane, la capital se rebaja de nuevo a decorado de macroeventos, con los que va perdiendo su identidad por la progresiva expulsión de unos vecinos que no se resignan y se manifiestan en contra, como ha ocurrido este domingo. Para compensar esa imagen desdibujada, estos proyectos ofrecen un madrileñismo o españolismo impostado a base de actuaciones de chulapas y flamencas, bares con guiños a Manuela Malasaña o food trucks que ofrecen tapas típicas de la región ( previo contrato publicitario ). De la NFL o los frustrados conciertos en el Bernabéu hasta la residencia de Shakira en el Iberdrola Music, ya hasta las liturgias papales se entienden como un espectáculo donde los intereses privados cuentan con la colaboración ( y el gasto ) de las administraciones públicas. Como punta de lanza de esta estrategia, la mayor bandera española jamás izada ocupa el horizonte en la principal recta de Madring, circuito nombrado echando mano de un anglicismo. Contando el mástil la enseña alcanza los 54 metros, un guiño a los 5,4 kilómetros del trazado. También son un récord sus 16,6 metros de ancho y 25 de largo, para un total de 416,5 metros cuadrados. El contrato para su adjudicación, que detalla el consiguiente coste, todavía no se ha hecho público. Todo para que lo verdaderamente representativo de la ciudad haya sido el calor extremo y la falta de sombra. Varias personas, entre ellas una mujer vestida de chulapa, observan en primera línea la parada del piloto japonés Yuki Tsunoda en boxes con la gran bandera de España al fondo de la pista. Curiosamente, el izado de la bandera y su correspondiente interpretación del himno nacional fueron los momentos en los que la indignación vecinal se dejó notar durante la presentación del Gran Premio el pasado junio. Este hartazgo ha ido a más mientras avanzaban las obras, los cortes de tráfico, el ruido, la contaminación ambiental, las talas o las dudas sobre la tramitación de la licencia. Zonas residenciales como Las Cárcavas o Valdebebas, en los distritos de Hortaleza y Barajas, han visto como de la noche a la mañana se erigía una enorme infraestructura de la mano de Ifema (un consorcio cuyos fondos proceden mayoritariamente del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid). Mientras, sus habitantes llevan años reclamando la construcción de centros de salud, institutos, bibliotecas o estaciones de Metro. Es lo que lamentaba Pablo, el vecino que invitó a Somos Madrid a su casa durante una sesión de entrenamientos. Lo que han manifestado los asistentes a las dos concentraciones vecinales contra la cita automovilística, apoyadas por partidos de la oposición como Más Madrid. Todos ellos trataron de frenar el evento en los juzgados, que han rechazado cualquier medida cautelar y preventiva, aunque sin entrar a valorar a fondo las denuncias. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, alertan, ha contribuido incluso a dilatar estos procesos . Tampoco hay resolución hasta el momento a los recursos de asociaciones ecologistas. Quizá por ello Greenpeace se propuso pasar a la acción, tratando de colgar una lona desde una grúa junto al circuito, aunque la policía frustró esa imagen . Otras imágenes, en cambio, sí han corrido como la pólvora en redes sociales para ilustrar los aspectos menos lucidos de Madring (por mucho que a la presidenta Isabel Díaz Ayuso no le guste que RTVE se haga eco de ellas ). La más representativa atañe a la falta de césped en la pelouse , la zona más económica del circuito (entendiendo esto por un precio alrededor de 300 euros, prohibitivo para gran parte de la población). Pero también han proliferado quejas de asistentes sobre la escasa o nula visibilidad en algunos asientos, así como la imposibilidad de moverse libremente entre las diferentes zonas del recinto. Estos aspectos han alimentado un debate en las redes sobre si el Gran Premio ha sido un fracaso o un éxito logístico. Pero quizá comprar este marco para hablar de triunfo o decepción es hacer el juego a sus promotores y defensores. El abogado Víctor Soriano apuntaba en su cuenta de X que se trata de un problema de partida, de modelo urbano . Por algo esta última palabra se ha utilizado para describir al trazado, a veces tildado de “semiurbano”. Discurre por la propia ciudad, a diferencia de Montmeló y otras muchas sedes, y por ello influye mucho más en ella. “Madrid no necesita la Fórmula 1 y, sinceramente, me parece que la degrada. Una ciudad que aspira a competir con París y Londres no puede comportarse como Singapur o Yeda. Son ligas distintas”, opina Soriano. Un problema de modelo de ciudad que excede las dudas sobre el resultado Claro que este enfoque, aunque a priori más civilizado y ordenado, apunta igualmente a una idea de competición y crecimiento constantes. Esa misma concepción que desdeña cualquier crítica a la Fórmula 1 porque creará puestos de trabajo y generará ingresos (por mucho que sus impulsores sigan sin informar de cómo han obtenido sus datos y previsiones ). De nuevo, como en el funcionamiento operativo, tan importante como desentrañar los números de ese supuesto retorno económico es ir más allá. Analizar a qué y cuántas manos van esos ingresos, o si compensan las tensiones que generan en una ciudad donde el turismo ya se ha convertido en un arma de doble filo para la habitabilidad y el acceso a la vivienda. Donde la contaminación se cobra vidas. Donde el gasto público, en esos mismos barrios, no se dirige a crear dotaciones para sus habitantes. O estudiar qué empleo se crea y en qué condiciones. Solo hace falta darse una vuelta por quienes sacan adelante los servicios del paddock o por las entrañas del circuito, por esos pabellones que no salen en la televisión, para comprobar que el proyecto no sería posible sin miles de empleados que se dejan la piel con condiciones precarias. La mayoría de las conversaciones de quienes llevan una acreditación de staff al cuello repiten expresiones como “no puedo más” o “a ver si llega ya el lunes”. Personal asistente, de limpieza, catering, seguridad y emergencias, mercancías, transporte por el recinto (es increíble la cantidad de furgonetas y buggies que circulan, como si hubiera cientos de carreras en paralelo a las oficiales)... Bar Malasaña, con un retrato de la heroína del 2 de mayo Manuela Malasaña y un breve comentario sobre su vida, en uno de los pabellones del 'paddock' de Madring. Una plantilla que regresa a casa quemada, pero que en muchos casos defenderá el Gran Premio por darle una oportunidad laboral. El mismo esquema que cimentó el éxito de Ayuso en la pandemia: los servicios públicos están al límite, pero con todo abierto no faltará el empleo. De ahí la necesidad de plantear alternativas que presenten un porvenir donde la sostenibilidad sea compatible con el progreso, frente a megaeventos que duran pocos días pero transforman radicalmente el entorno y cuyos hipotéticos beneficios económicos se concentran en unas pocas manos. Estos trabajadores imprescindibles son en una alta proporción migrantes. Algunos, que hablan con este periódico pero piden no revelar ningún detalle sobre su identidad, en una situación irregular que esperan solucionar con la regularización en marcha. Esa misma que tanto han criticado Ayuso y Almeida ha servido para dar esperanza a quienes, con sus manos y su sudor, han hecho posible el gran sueño de los gobernantes de la ciudad y la región. Porque quizás estas personas venidas de África, Latinoamérica o el este de Europa hacen tanta España y tanto Madrid como la enorme bandera, como Sainz y Alonso, como los vecinos del circuito o como un chotis. Y desde luego más que un evento artificial, frío, gris, elitista y rimbombante. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. 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elDiario.es•Guillermo Hormigo13 sept

El hijo de la periodista Daphne Caruana, tras la absolución del acusado de su asesinato: “Malta es un Estado mafioso”

El veredicto que dejó libre al magnate señalado como cerebro intelectual del crimen contra la periodista hunde la confianza en la Justicia maltesa y reaviva las denuncias de impunidad, mientras la Fiscalía prevé apelar y pedir que se repita el juicio Un jurado absuelve al empresario acusado de ordenar el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en Malta En cuestión de un mes se cumplen nueve años del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Este caso sacudió la historia reciente de Malta y, para muchos, estos últimos días el país ha vuelto a la casilla de salida tras la absolución del acusado de ordenar su asesinato, el magnate Yorgen Fenech . Tras 55 días de un juicio que centró la atención del país, y pese a la multitud de elementos presentados que apuntaban a lo que para muchos observadores era su clara culpabilidad, este multimillonario maltés salió por las puertas de los juzgados de La Valletta sin cargos y en libertad el pasado 2 de septiembre. Todo ello, ante la consternación de los familiares de la reportera asesinada y de gran parte de la opinión pública maltesa, que vieron con estupor cómo el jurado popular se decantó por la absolución de Fenech por ocho votos a favor y sólo uno en contra. La situación desató un nuevo terremoto político, y casi una década después del ataque bomba que hizo estallar el coche de la periodista el 16 de octubre de 2017, la Justicia sigue sin ser capaz de dictaminar quién fue el autor intelectual del atentado de la periodista para emitir una condena definitoria. Ahora, la Fiscalía General busca presentar un recurso para anular el fallo y pedir la repetición del juicio, una posición que apoya la familia de la reportera y su hijo Matthew Caruana Galizia, la primera persona que llegó a la escena del crimen cuando el coche de su madre explotó, y una de las voces que se movilizó de forma más activa estos años para pedir que se hiciera justicia y se persiguiera hasta el último responsable de orquestar el asesinato de su progenitora. El malestar se elevó unos días después de la absolución, cuando el diario Times of Malta publicó más de tres horas de grabaciones de los interrogatorios policiales a Fenech en 2019, reproducidas también en el juicio. En estas, el magnate afirmó que dio luz verde al plan de asesinato a la periodista , un complot que intentó parar al cabo de tres días. Sus revelaciones muestran su implicación directa, creen observadores y críticos, lo que hace más incomprensible la absolución del jurado, que no dijo por qué tomó tal decisión al no estar obligado a ello. Según Matthew Caruana, otro elemento que prueba la responsabilidad de Fenech fue que él mismo solicitó el indulto presidencial tras su arresto en 2019. “Lo pidió tres veces”, una información que es pública, destaca. Para Corinne Vella, hermana de Daphne Caruana, la culpabilidad del magnate es clara: “Daphne fue asesinada en un clima de impunidad vigente. Si el recurso de la Fiscalía prospera, reavivará la esperanza de acabar con la impunidad de su asesinato”, concluye Vella, expectante ante la apelación para reabrir el proceso judicial. Yorgen Fenech sale del tribunal tras ser declarado no culpable del asesinato de la periodista. El veredicto, “un fracaso deliberado” “Este fallo es pura maldad. El jurado vio las pruebas, escuchó la confesión de Fenech sobre su complicidad y aun así no lo condenó. Fue un fracaso deliberado”, dice el hijo de la reportera en una entrevista con elDiario.es, mientras espera que se consiga repetir el juicio como única vía para lograr justicia para su madre. Con este juicio estaba en juego el futuro del país. En los últimos años rescatamos a nuestra nación del abismo en que cayó. Hubo reformas y se logró que el Estado asumiera responsabilidad para enjuiciar los responsables del asesinato de mi madre. Fue un gran logro, pero este fallo volvió a hundir a Malta en el vacío Matthew Caruana Galizia — hijo de la periodista asesinada Aún en shock por el fallo reciente, y tras estar todo el verano asistiendo día tras día al proceso judicial contra Fenech, Matthew Caruana sigue trabajando para que el caso no quede en un callejón sin salida. En los últimos años, se condenó a tres sicarios que perpetraron el asesinato, y a dos proveedores de la bomba del atentado. Ya este verano, cuando la familia veía cerca la posibilidad de condenar a Fenech como la persona que ordenó el crimen en un juicio que esperaba de hace años, la absolución sorpresiva del jurado popular fue un revés inesperado. “Cuando asesinaron a mi madre, Malta era un Estado mafioso. Tras pasar una década, incluso después de varias oportunidades de cambiar, sigue siéndolo. Un Estado creado para garantizar impunidad a los asesinos no tiene otra definición”, alega Matthew Caruana. “La defensa hizo todo lo posible para manipular al jurado y garantizar un juicio injusto”, remarca el hijo de la reportera sobre este órgano formado por nueve integrantes, todos ciudadanos comunes elegidos por sorteo, quiénes tuvieron la última palabra para determinar la absolución como parte de un modelo propio del sistema maltés usado para delitos graves en el Tribunal de lo Penal. Una pesadilla que no acaba Desde el asesinato de su madre, la vida de Matthew cambió para siempre. “Me despierto cada día en una pesadilla, y cada día espero que se acabe. Siempre fui una persona reservada, sólo asumí un papel público por mi madre. Quiero justicia para volver a mi vida de antes”, remarca el mayor de los tres hijos de la periodista. Para él, el proceso judicial de este verano, conocido como El juicio del siglo , “fue una experiencia horrible de principio a fin”, no solo por el resultado final, sino por toda la revisión de los hechos en torno al crimen que le llevó “a revivir el trauma” en los 55 días de audiencias, donde compareció a su vez como testigo clave del caso. “Con este juicio estaba en juego el futuro del país. En los últimos años, rescatamos a nuestra nación del abismo en que cayó. Hubo reformas y se logró que el Estado asumiera responsabilidad para enjuiciar los responsables del asesinato de mi madre. Fue un gran logro, pero este fallo volvió a hundir a Malta en el vacío”, lamenta el hijo de la reportera, nacida en 1964 y asesinada a los 53 años. Ahora, los ojos de la familia están puestos en los próximos pasos de la Fiscalía General. “Esperamos que el recurso del fiscal lleve a un nuevo juicio, aunque queda mucho por arreglar en el sistema judicial. Está totalmente destrozado y es ineficaz”, lamenta Caruana. Pese a las numerosas pruebas, Fenech no sólo fue declarado inocente de ser el autor intelectual del asesinato, sino que ni siquiera fue declarado culpable de complicidad en el complot de asesinato Karl Azzopardi — Malta Today Él lleva años de lucha para esclarecer quién tuvo responsabilidades en el ataque a su madre. También hizo una larga defensa de la libertad de prensa en el país y presionó para que hubiera una investigación que en 2021 culpabilizó al Estado maltés por no prevenir la muerte de la reportera, al concluir que en Malta había “un ambiente de impunidad” que llevó al “colapso del Estado de derecho”. Tras procesos previos como la condena de los sicarios, se esperaba que este fuera el último paso contra el principal acusado de perpetrar el crimen, pero la absolución lo ha cambiado todo: “Es como si se volviera al punto de partida”, denuncia su hijo. “Si no se hace justicia en este caso, será muy difícil que la haya en otros”, dice, indicando cómo el precedente de esta absolución puede llevar a otros reporteros a ser más vulnerables en Malta. En un país acechado por múltiples tramas de corrupción estos últimos años, sus periodistas navegan a menudo por aguas pantanosas. Otra señal peligrosa para el periodismo La absolución a Fenech “supone un duro golpe no sólo para la familia de la víctima, sino también para grupos de periodistas, ONG de libertad de prensa y activistas anticorrupción, quiénes consideran este caso como decisivo en la lucha para defender la libertad de prensa y la Justicia en Europa y el resto del mundo”, alertaron la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y la Federación Europea de Periodistas (EFJ) en un comunicado . “La sentencia equivale a denegar justicia no sólo a la familia de Daphne, sino también a cientos de miles de periodistas de todo el mundo que sufren las consecuencias de la impunidad generalizada”. Tras la absolución, el ambiente en Malta se tensionó. “Hay rabia y confusión, pero también resignación, como si ya se esperara que esto pudiera pasar. No creía que Fenech pudiera salir libre, pero en Malta todo el mundo se conoce. En mi opinión, los miembros del jurado fueron corruptos o tuvieron miedo de represalias”, comenta a elDiario.es Nick, un ciudadano maltés de mediana de edad que prefiere que no se publique su identidad real. El primer ministro maltés, el laborista Robert Abela, quedó “atónito” tras conocer el veredicto, cancelando su asistencia a la inauguración de un hotel en la turística isla para reunirse de urgencia con sus asesores, ya que nunca imaginó la situación en la que se encuentra Malta, relató el diario local Malta Today. El exjefe de Gobierno Joseph Muscat, también del Partido Laborista, se expresó abiertamente en esta línea el martes. Aseguró estar “perplejo” por el veredicto, e instó a realizar investigaciones inmediatas si deben hacerse. Muscat, quién era primer ministro cuando la reportera fue asesinada, dimitió en 2020 por los lazos con el complot de asesinato de su jefe de gabinete, Keith Schembri. En el juicio, la defensa de Fenech acusó al que fue hombre de confianza del exmandatario como mandante real del crimen, aunque Schembri lo niega y la Policía no tiene pruebas que apunten a que él diera la orden. Cautela en el Gobierno Según la prensa local, ante el escenario de incertidumbre actual, el Gobierno maltés pretende actuar con cautela, consciente de que cualquier reacción apresurada podría dificultarle una situación ya de por sí muy compleja, debido a los viejos y estrechos vínculos de Schembri con el laborismo maltés, hasta hoy la fuerza gobernante. “Pese a las numerosas pruebas, Fenech no sólo fue declarado inocente de ser el autor intelectual del asesinato, sino que ni siquiera fue declarado culpable de complicidad en el complot de asesinato”, escribe Karl Azzopardi, editor de la sección digital de Malta Today, que cuenta cómo la absolución añade presión al Ejecutivo de Abela. Según agrega, las consecuencias de la decisión del jurado pueden ser el “mayor desafío” para el mandatario.

elDiario.es•Joan Mas Autonell13 sept

La vuelta al cole en Madrid con plantillas incompletas: "Faltan ocho o nueve profesores por centro"

Los directores, familias y Comisiones Obreras denuncian la ausencia de profesorado y la saturación de las plataformas para solicitarlo; según los afectados, la Administración pide "paciencia" Las educadoras infantiles de Madrid acampan en la Puerta del Sol en señal de protesta: “La vocación no paga el alquiler” El curso escolar arranca con dificultades en la Comunidad de Madrid . El 61% de los centros educativos comienza con las plantillas incompletas y el 40% de ellos no ha recibido el cupo docente establecido en el acuerdo firmado en mayo de 2025, según Comisiones Obreras. Los directores de los centros denuncian esta situación, que lleva produciéndose “desde hace tiempo”. “Todos los años tenemos problemas, empezamos con dificultades por este motivo”, explica Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad). En esta ocasión, muchos institutos están sufriendo la ausencia de profesorado: “Nos faltan todavía ocho o nueve profesores por centro”. Desde el sindicato y directorio de los centros de secundaria señalan a la Administración. “No sabemos cuál es el problema, lo estamos intentando averiguar, pero este año los profesores a los que habían nombrado en julio no se han incorporado a los centros”, indica Rocha y matiza: “El problema ahora es que las plataformas están saturadas y, en muchos caso, el profesorado no está llegando”. En los colegios también se está produciendo está situación. “Siempre ocurre”, señala Óscar Centeno, presidente del Consejo de Directores de Madrid, aunque admite que este año “se está notando más en secundaria y FP”. En los centros de Primaria e Infantil el problema reside en que los docentes de las especialidades “se agotan el día 1”, es decir, antes de comenzar el curso “hay especialidades que ya no cuentan con profesorado”. Ejemplifica con un caso particular de su centro: “Además de los habituales de FP, que ya se habían agotado antes de empezar, tampoco había docentes para Música”. Ante la falta de profesorado, los equipos directivos se ven obligados a reorganizar el funcionamiento de los centros antes incluso de empezar. “A los niños les cuidan otros profesores, si tenemos suficientes, o salen al patio. Si es a última hora, los más mayores se van a su casa”, relata Rocha. Los que sí están asumen el trabajo de las ausencias: “Los equipos directos hacen un trabajo excelente y nos cargamos de horas para que todo funcione, a pesar de muchos casos de mal funcionamiento de las plataformas y de la Administración”. Aún con la sobrecarga de trabajo, están “haciendo lo posible para que todo funcione y dé la sensación de normalidad”, insiste Rocha. Lo más importante es que las familias “estén tranquilas”, puesto que los niños “están atendidos y cuidados”, pero admite que “lo ideal es que la situación se subsane cuanto antes”. Respuesta de la Administración Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid aseguran que el procedimiento “se está desarrollando con normalidad”. A preguntas de este medio, indican que “las posibles incidencias puntuales en la aplicación PADI —la Plataforma de Asignación de Docentes Interinos—, se solucionan de manera inmediata”. Una posición que contrasta con el relato de los directores, que defienden que este proceso no está siendo tan ágil como aseguran desde la Consejería. La respuesta que se les da a ellos desde la administración, cuenta su presidenta, es “paciencia”, que “lo está mirando” y que “poco a poco se irá solucionando” y “los sistemas dejarán de saturarse e irá llegando el personal”. El problema parece radicar en el sistema que utilizan los centros para comunicar sus necesidades de personal. Aida San Millán, secretaria general de Educación de CCOO de Madrid, denuncia que la “Administración todavía no ha dado respuesta a las incidencias del PDDOC”, la plataforma y el documento a través de los que los equipos directivos registran las vacantes, las sustituciones y las necesidades del personal de cada centro. “Ya casi van 15 días del mes de septiembre sin arreglarse”, insiste, y matiza la dificultad: “No está cubriendo ninguna de las vacantes de los centros, es una barbaridad”. Datos y otros problemas En una nota de prensa , Comisiones Obreras cifra la problemática e indica otras que afectan al inicio del curso. Según los datos recopilados, el 27% de los centros públicos mantenían obras de construcción, reforma o ampliación sin terminar a pocos días del comienzo de las clases. Los trabajos afectan a la organización de los espacios y, según el sindicato, pueden llegar a condicionar la seguridad del alumnado. La falta de personal se distribuye por toda la comunidad, pero con diferente impacto. La zona Sura presenta el porcentaje más alto de centros con plantilla incompleta, con un 65%, seguida de la zona este (64%), la capital (61%) y la zona oeste (50%). Estas cifras, para Comisiones Obreras, contradicen el “inicio de curso modélico” defendido por la Consejería de Educación.

elDiario.es•Gemma Barra13 sept

Los deberes pendientes del Gobierno en Educación: cuatro grandes reformas y poco tiempo para ejecutarlas

Educación debe aprobar antes del fin de la legislatura la mejora de las ratios de todo el sistema, las horas lectivas que imparte el profesorado, establecer por ley la climatización de los centros y modificar el sistema de oposiciones, además de aprobar una normativa antichiringuitos de FP Un conflicto que no cesa: el último curso de “la legislatura del profesorado” arranca entre huelgas y protestas docentes Empieza el curso el Ministerio de Educación con muchos deberes autoimpuestos y poco tiempo para hacerlos. Ratios de alumnado por clase, horas lectivas semanales, límites a los “ chiringuitos ” —en palabras del presidente, Pedro Sánchez— de Formación Profesional (FP), establecer por ley la adecuada climatización de los centros o incluso el sistema de acceso (las oposiciones) esperan turno en el Congreso o en la mesa de negociación. Pero pasan las semanas, los meses y las reformas no se acaban de concretar. Y todo lo que no esté hecho antes de las elecciones, como muy tarde en julio, quedará en un cajón. Las organizaciones sindicales creen que puede ser tarde ya, al menos para sacarlas todas, y le reprochan al Gobierno que haya esperado tanto para abordarlas —Pedro Sánchez lleva en Moncloa desde 2018— pese a haber denominado estos últimos cuatro años como “la legislatura del profesorado”. Algunas de esas reformas solo dependen del Ejecutivo y en su mano está aprobarlas vía Real Decreto. Para otras, en forma de ley, necesita el apoyo de un Congreso hostil en este momento con la coalición. “Esperamos que se aprueben como mínimo cuatro de estas reformas”, expresó este jueves Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO. La responsable sindical explicó que se daría por satisfecha si para cuando los españoles acudan a votar se han reformado las ratios de alumnado por clase , las horas lectivas, el Real Decreto de requisitos mínimos de los centros y la normativa que limite los centros privados de FP. El sector necesita las reformas, sostienen los sindicatos. “La insatisfacción en la comunidad docente es evidente”, recoge un informe recién publicado de la Fundación 1º de Mayo sobre la mercantilización de la educación en España. “El empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, la falta de adaptación de los centros a las emergencias provocadas por el cambio climático, la falta de apoyo de las administraciones educativas a la enseñanza pública, la no recuperación de las condiciones laborales anteriores a la crisis de 2008, la falta de medios para poder tratar la diversidad en las aulas , el incremento de la burocracia y la pérdida de la democracia en los centros, han transformado a los claustros en órganos de escasa utilidad y a los y las docentes en meros tecnócratas, alejados de su función educativa”, describe. El curso escolar ha empezado exactamente en el mismo punto en el que acabó el anterior, entre movilizaciones, protestas y huelgas: Catalunya celebró un paro el pasado martes, y Andalucía y Madrid tienen convocados los suyos . Otras seis comunidades también arrancan el curso con conflictos. Cuatro años de espera A unos primeros años de Gobierno socialista de intensa actividad legislativa, en los que se reformó el sistema educativo de arriba abajo —ley de Educación, ley de Formación Profesional y ley de Enseñanzas Artísticas— y se puso el énfasis en mejorar el sistema de becas y la provisión de plazas públicas en Infantil y FP, siguió una etapa de relativa calma, al menos de cara al público. El 27 de enero de 2022, Educación presentó un documento con 24 medidas relativas al acceso a los grados de Infantil y Primaria, al máster de formación del profesorado, las prácticas del futuro profesorado y evaluación de los docentes. Han pasado cuatro años y medio desde que el departamento que entonces dirigía Pilar Alegría realizara este primer anuncio de una futura negociación para mejorar las condiciones laborales del profesorado. Aquel texto abría, en teoría, la negociación de lo que tendría que ser el estatuto docente, la norma que regule todos los aspectos de la profesión y que los sindicatos exigen desde hace décadas. Pero el movimiento de Educación tenía trampa, como sospechaban las organizaciones sindicales y se confirmó con el discurrir de los meses: el Ministerio publicó ese texto para cumplir el mandato que imponía la Lomloe, que daba dos años desde su aprobación para abordar el estatuto. Satisfecha la exigencia legal, el estatuto quedó en el olvido. Hasta que, en enero de 2025, Educación retomó la tarea en pleno estadillo de las protestas docentes por las condiciones en que ejercen su labor y la degradación de la escuela pública. Desde entonces, se ha avanzado a base de pequeños pasos. La sucesora de Alegría, Milagros Tolón, llevó al Consejo de Ministros una ley para mejorar las ratios de alumnado por clase en Primaria y Secundaria y bajar las horas lectivas de docencia semanal que imparte el profesorado en ambas etapas. Ese texto está ya en el Congreso y el próximo 17 se cierra el plazo para presentar enmiendas. A partir de ahí, se empezará a ver los apoyos que tiene la reforma. Ese texto reduce el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). Además, el documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas (en este momento la normativa de mínimos está en 25 y 20, respectivamente, aunque la mayoría de las comunidades autónomas ya las han bajado por su cuenta). Más ratios y climatización de centros La otra negociación que más avanzada va es la modificación del Real Decreto 132/2010 de requisitos mínimos de los centros educativos. Esta reforma es en algunos aspectos complementaria a la ley que se tramita en el Congreso y contempla la reducción de las ratios de Infantil y Bachillerato. La propuesta del Gobierno baja las ratios a la mitad de las actuales : cuatro bebés de cero años por educadora, seis de uno y ocho de dos, recogiendo las demandas de las trabajadoras del sector, que el curso pasado realizó la primera huelga general y que en Madrid llevan de huelga indefinida desde abril. En el segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) establece un máximo de 20 niños y niñas por aula y para el Bachillerato lo deja en 30 (son 35 actualmente). Este real decreto incluirá también que todos los centros educativos deberán atender “al bienestar del alumnado y el personal del centro mediante la adecuación de la climatización”. Aunque la formulación pueda resultar algo ambigua, será la primera vez que quede fijado en una normativa estatal la obligación de atender al confort térmico de alumnado y profesorado en colegios e institutos, uno de los grandes caballos de batalla de la comunidad educativa en los últimos años . En este caso, el Gobierno cuenta con la ventaja de que al ser un real decreto no necesita del Congreso para sacarlo adelante. El texto, que ya ha pasado por los grupos de trabajo con los sindicatos y ahora tiene que ir a la mesa sectorial, pasará por el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado, que emitirán sendos informes preceptivos, pero no vinculantes. A partir de ahí, el Ejecutivo solo tiene que aprobarlo en el Consejo de Ministros y entrará en vigor en cuanto lo publique el BOE. Más retrasado va el real decreto que el presidente Sánchez anunció el pasado mes de febrero para “poner límites a la apertura de centros privados [de Formación Profesional] que no ofrezcan garantías” ante la eclosión de los últimos años. El Ejecutivo sacó a consulta previa la norma (un trámite para que las partes interesadas aporten propuestas) en abril, pero los sindicatos no han vuelto a saber del texto. De nuevo, al tener forma de real decreto el Gobierno cuenta con la ventaja de que, dictámenes del Consejo Escolar y del Consejo de Estado aparte, solo depende de sus propios ritmos. Por último están las oposiciones. El pasado 30 de julio, Educación anunció que constituía un grupo de trabajo para abordar la reforma del sistema de ingreso a la función docente. Por el momento hay poca información sobre este movimiento. Los sindicatos esperan ser convocados para tratar el tema este mismo mes. Cuatro reformas para mejorar las condiciones en que se ejerce la docencia —y, por tanto, el sistema en general– y una quinta dirigida a poner coto a la privatización del sector, que aumenta año tras año, y menos de un curso para sacarlas adelante. Como hacen muchos estudiantes, Educación ha dejado los deberes para última hora. El tiempo dirá si no es demasiado tarde.

elDiario.es•Daniel Sánchez Caballero13 sept

El único juicio a policías por las cargas del 1-O arranca nueve años después y la Fiscalía pide su absolución

Los cuatro agentes no amnistiados se sientan en el banquillo por reventar el ojo a Roger Español con el espaldarazo a su actuación del Ministerio Público y una petición de 13 años de cárcel de las acusaciones Los Mossos certifican al juez que el policía que reventó un ojo a un joven el 1-O le disparó dos veces A la espera del expresident Carles Puigdemont, la amnistía ha beneficiado a más de 300 personas . De ellas, 129 son agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que cargaron contra los votantes del 1-O. Solo cuatro policías no fueron amnistiados y se sentarán en el banquillo al estar acusados de la lesión más grave de la jornada: reventar el ojo a Roger Español con una bala de goma. El juicio arranca este miércoles en la Audiencia de Barcelona y lo hace de forma favorable para los intereses de los procesados: la Fiscalía no acusa a los agentes y pide su absolución al considerar que estuvo amparada por su deber de cumplir con la orden judicial de requisar urnas y papeletas del 1-O. En otras palabras, la acusación pública rema a favor de las defensas. En nueve años se han ocupado del caso distintos fiscales, pero el papel del Ministerio Público siempre ha tendido a respaldar la actuación policial . En su primer escrito, la Fiscalía avaló las cargas contra el 1-O porque los heridos solo fueron el 0,037% de los votantes . Con la instrucción más avanzada, pidió tan solo procesar a seis agentes y exculpó al resto. En el caso del herido más grave, solicita absolver a los cuatro uniformados al considerar que las balas de goma estaban justificadas. En cambio, Español, al que representa el centro de derechos humanos Irídia , y la acusación popular de Òmnium Cultural reclaman hasta 13 años de cárcel para los agentes por un delito de torturas. La clave del caso será si los jueces de la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona consideran proporcionada la actuación policial y si estaba justificado el disparo de balas de goma, un arma prohibida por el Parlament para los Mossos desde 2013 pero que la Policía utilizó el 1-O en Catalunya. El escrito fiscal se esmera en convencer al tribunal de la proporcionalidad y la necesidad de los disparos. Dedica varios párrafos a remarcar que las balas de goma fueron el último recurso de los agentes para dispersar a centenares de votantes, entre los que se encontraba Español, que impedían el paso a los furgones a 300 metros del colegio Ramon Llull, donde los policías se habían incautado de urnas y papeletas. Primer disparo del agente hacia Español, antes del tiro que le hirió en el ojo Destaca la fiscal que los agentes pasaron hasta 45 minutos sin poder salir de las furgonetas tras intervenir el material electoral debido al “bloqueo” de los manifestantes en la calle aledaña al colegio. Lo intentaron primero por megafonía, luego por mediación con un bombero y con periodistas y después a golpe de porra (esto es, con un uso progresivo de la fuerza) y salvas (disparos sin proyectil), pero no lograron dispersar a “la masa”, que además les lanzaba objetos, remarca el Ministerio Público. “Ante la escalada de violencia de la multitud, el inspector procesado dio orden de disparar pelotas de goma”, agrega la fiscal, que insiste en que la bala de goma, antes de impactar en el ojo de Español, rebotó contra el suelo. El agente que disparó “no podía desobedecer la orden al no tratarse de una directriz manifiestamente ilegal”, concluye el escrito fiscal. Más allá de coincidir en que el disparo lo realizó un policía, el relato de la acusación particular y popular es muy distinto. Para Irídia, la actuación policial “se efectuó como represalia por participar” en el 1-O y “tenía intención clara de castigar” a Español. Según la defensa de Español, que ejerce el penalista Benet Salellas, los cuatro agentes “eran perfectamente conocedores de que no existía una situación de peligro” y que la proximidad de los manifestantes “hacía altamente probable que las balas de caucho produjeran lesiones de gravedad”. El agente que le disparó, además, lo hizo dos veces. En esta línea incide la abogada de Òmnium Cultural, Laia Serra, que destaca en su escrito que el disparo “no fue accidental ni justificado, sino antirreglamentario, dirigido contra Roger Español en clave de represalia y amparado por una cadena de mando”. La víctima declarará en la primera jornada de juicio, junto con otros votantes del 1-O. El jueves será el turno de los testigos policiales. El 30 de septiembre declararán los peritos (con especial interés en los expertos de los Mossos que analizaron los vídeos de los hechos ), y el 1 de octubre, en el noveno aniversario de los hechos, será el turno de los uniformados acusados y los informes finales. A lo largo de estos nueve años, Español (que llegó a encabezar la lista de Junts al Senado en 2019) ha sido uno de los portavoces de los heridos del 1-O. Ahora afronta el juicio con sabor agridulce por todos los policías acusados de lesiones que se han salvado del banquillo por la amnistía. “La ley de amnistía en el Estado español ha sido más sinónimo de impunidad que de justicia y reparación”, lamentó Español en una de sus últimas apariciones públicas antes de la vista, en la que confesó que se le hacía duro “estar solo queriendo hacer justicia ante 10.000 policías”. La tardanza en llegar a juicio no se debe a la habitual estrategia de las defensas en retrasar la vista lo máximo posible para intentar conseguir una pena más baja en caso de condena. En este caso, se explica por los intentos de las acusaciones de encausar a más y más mandos policiales (que retrasaron la instrucción de una causa que estaba ya terminada a mediados de 2020 y que supuso una indagación inédita en las cadenas de mando de un operativo por parte del juez Francisco Miralles) y el estudio de si la causa de Español se incluía en la amnistía. La ley, pensada para olvidar todas las causas penales del procés, incluyó a la cincuentena de agentes encausados por empujones, tirones de pelo o lesiones leves a votantes en la jornada del referéndum. “No podemos aceptar que una ley como la de amnistía solo se aplique a unos y no a todos los que de una manera u otra llevaron a cabo acciones específicamente recogidas en la ley”, advirtieron los jueces , que consideraron que exclusión de la norma de los agentes que pretendían los heridos “contradeciría la voluntad del legislador de superar la grave crisis que sufrió la sociedad catalana y española”. No ocurrió lo mismo con el escopetero, los dos subinspectores y el inspector del operativo en el colegio donde lesionaron a Españo l. Los jueces rechazaron aplicarles la amnistía al considerar “obvio” que el caso es uno de los excluidos de la norma al tratarse de unas lesiones que provocaron la pérdida de un órgano. En cambio, sí amnistiaron a Español, procesado por lanzar vallas a los agentes, ya que este supuesto sí estaba contemplado en la ley.

elDiario.es•Oriol Solé Altimira13 sept

Una traición entre narcos y casi 4.000 muertos: la guerra interna del Cártel de Sinaloa desangra México

La guerra interna del cartel mexicano cumple dos años y deja casi 4.000 muertos mientras Estados Unidos presiona a Claudia Sheinbaum con órdenes de captura contra políticos a los que vincula con el narcotráfico México, el día después de “El Mencho”: por qué la caída del capo puede tener el efecto contrario Fernando Alan Chaidez tenía 24 años, había terminado sus estudios de Derecho y era un hijo ejemplar. “No salía, no había probado una gota de alcohol”, dice su padre, Bryan Humberto Chaidez Osuna. El 13 de enero de 2026, el joven fue acribillado a balazos cuando regresaba del gimnasio en Culiacán, la capital de Sinaloa, en el noroeste de México. Junto a él, su novia Rosa Guadalupe, también veinteañera, recibió diversos impactos de bala, pero se salvó de milagro. La versión oficial es que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Viajaban en un Honda blanco que fue tiroteado desde un blindado militar. Supuestamente, los uniformados se confundieron. Perseguían a unos presuntos delincuentes que escapaban, también, en un Honda blanco y que les habían lanzado unos ponchallantas (unos hierros puntiagudos que sirven para reventar ruedas e impedir el paso de los vehículos). Fue una casualidad fatal. En medio de la carrera y la adrenalina, los militares empezaron a disparar y, para cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado, ya era tarde. Fernando Alan Chaidez, el chico musculoso y atento, el orgullo de sus padres, había sido asesinado. Se cumplen dos años de la guerra en el interior de facciones del crimen organizado en Sinaloa y el Estado sigue marcado por la violencia. El cartel de Sinaloa, considerado uno de los grupos delictivos más poderosos del mundo, se rompió en dos facciones irreconciliables. Por un lado, los Chapitos, liderados por Iván y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante que actualmente paga una cadena perpetua en EEUU. Por otro, la Mayiza, los herederos de Ismael Zambada El Mayo , con Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco , al frente. En medio, una constelación de grupos armados dedicados al tráfico de drogas y cuyas lealtades varían según el contexto. La situación en Culiacán es superprecaria, porque se combinó el ingrediente del conflicto criminal con la falta de orden político, cruzada con la falta de legitimidad del gobierno, y atravesada por una fuerte crisis económica Carlos Pérez Ricart — Académico experto en crimen organizado En estos dos años, Culiacán ha pasado de ser una capital en auge económico a languidecer como escenario de una guerra fratricida. Esta es la ciudad en la que un joven abogado puede salir a ejercitarse y regresar en una bolsa de plástico. O donde el Ejército mata a tiros a dos niñas que viajan en la parte de atrás de una camioneta. O el lugar en el que un youtuber es asesinado, también a tiros, durante una emisión en directo porque una facción del crimen organizado lo vincula con sus rivales. O la capital en la que varios cuerpos desmembrados aparecen en una camioneta decorada con un mensaje siniestro: “Bienvenidos a Culiacán”. El conflicto interno del cartel de Sinaloa ha regado el estado de cadáveres ( más de 3.800, según datos del diario Noroeste , lo que supone una media de cinco muertes violentas al día durante los últimos dos años), desaparecidos (una cifra similar, según colectivos de búsqueda como Sabuesos Guerreras) negocios cerrados (unos 3.000 bajaron la persiana, según la patronal local) y que ha terminado por salpicar la política nacional, ante las acusaciones de vínculos de políticos locales con el crimen organizado. “La situación en Culiacán es superprecaria porque se combinó el ingrediente del conflicto criminal con la falta de orden político, cruzada con la falta de legitimidad del gobierno y atravesada por una fuerte crisis económica”, dice a elDiario.es el académico y experto en crimen organizado Carlos Pérez Ricart. Imagen de archivo de un coche tiroteado en Sinaloa. Historia de una traición La guerra comenzó después de una traición. Ocurrió el 25 de julio de 2024. Aquel día, Ismael Zambada, El Mayo, el narcotraficante más longevo y que contaba con la leyenda de no haber sido nunca detenido, fue citado en un rancho en las afueras de Culiacán. Supuestamente, tenía una reunión en la que debían participar el entonces gobernador, Rubén Rocha Moya; uno de sus rivales políticos, Héctor Cuen; e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y otro de los grandes capos del cartel de Sinaloa. Aquella reunión era una trampa. Apenas el Mayo puso un pie en una de las salas del rancho Huertos del Pedregal, unos sicarios bajo las órdenes de los Chapitos lo secuestraron. Héctor Cuen fue asesinado (la Fiscalía local trató de hacer pasar su muerte como un robo, pero fue descubierta) y los policías que ejercían de escoltas desaparecieron. Horas después, el Mayo Zambada aterrizaba en EEUU, atado, y acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y ahijado del propio narcotraficante. Parece difícil creer que el operativo se llevó a cabo sin el conocimiento del gobierno de EEUU. En junio de 2026, Zambada fue condenado a cadena perpetua en un tribunal de Nueva York. Desde el 9 de septiembre de 2024 no ha habido un día tranquilo en Culiacán. Sus calles son testigo de la violencia. No hay colonia en la que no se observen edificios quemados o tiroteados. No hay día sin un homicidio, un secuestro o un ataque armado Dos meses después de la traición, comenzó la guerra. El 9 de septiembre de 2024, la facción liderada por el hijo del Mayo Zambada atacó a sus antiguos socios. Conocían todos sus secretos: rutas, puntos de venta, negocios dedicados al blanqueo de dinero. Desde entonces no ha habido un día tranquilo en Culiacán. Sus calles son testigo de la violencia. No hay colonia en la que no se observen edificios quemados o tiroteados. No hay día sin un homicidio, un secuestro o un ataque armado. “Estos meses han dejado una huella; todavía no vemos la luz al final del túnel”, dice Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. Antiguo activista, el funcionario lanza una especie de “mea culpa” colectivo. “Nos acostumbramos al tráfico, a la siembra. La sociedad también tiene que asumir: ¿qué hemos hecho?, ¿qué hemos omitido?”, argumenta. Asegura que es difícil lograr que las familias denuncien las vulneraciones a los Derechos Humanos que se perpetran en la guerra. México está demasiado acostumbrado a la violencia. En diciembre se cumplirán dos décadas desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la denominada “guerra contra el narco” que sembró el país de cadáveres. En estos últimos 20 años las cifras son demoledoras: más de medio millón de asesinatos y más de 130.000 desaparecidos. Una mujer protesta ante unos soldados en marzo tras un operativo del ejército en Sinaloa (México). La política y la delincuencia organizada El conflicto interno tiene otra vertiente que ha convertido a Sinaloa en el epicentro de una disputa con EEUU: el papel del poder político en el dominio del crimen organizado. Aquí aparece una figura que ha generado controversia en las últimas semanas: el exgobernador Rubén Rocha Moya, adscrito a Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. En primer lugar, se desconoce cuál fue su papel en la operación desarrollada por los Chapitos para capturar al Mayo Zambada y que dio origen a este ciclo de violencia. Aunque el vínculo del funcionario con el crimen organizado es anterior: investigaciones periodísticas revelaron decenas de secuestros a opositores perpetrados por el cartel de Sinaloa durante las elecciones de 2021, las que le dieron la victoria a Rocha Moya. Lo anterior fue aprovechado por las autoridades de EEUU, que en abril de este año anunciaron una orden de captura contra el gobernador y otros nueve funcionarios, acusados de colaborar con el cartel de Sinaloa. Esto obligó a Rocha Moya a dejar el cargo y, aunque todavía no se ha enfrentado a la Justicia, su situación es de una gran fragilidad. “Rocha Moya está en una posición muy vulnerable. Veo su futuro en la cárcel”, dice Pérez Ricart, quien cree que Donald Trump está utilizando estos casos para influir en la política mexicana. Se puede hablar del fin del cartel de Sinaloa, pero le puede ocurrir lo que sucedió con los Zetas o con la Familia Michoacana, que surjan cuatro o cinco organizaciones David Saucedo — Analista especialista en seguridad pública El futuro de Sinaloa es incierto. “Se aprecia que quien va ganando la guerra es la facción del Mayo Zambada”, asegura el analista David Saucedo, especialista en seguridad pública. En su opinión, sin embargo, esto no implica que la violencia vaya a desaparecer. Además, recuerda que las crisis internas de los grupos criminales pueden derivar en una diversificación de la delincuencia. “Se puede hablar del fin del cartel de Sinaloa, pero le puede ocurrir lo que sucedió con los Zetas (grupo de exmilitares que operó a principios del siglo XXI) o con la Familia Michoacana, que surjan cuatro o cinco organizaciones”, afirma. Pérez Ricart, por su parte, entiende que el gobierno federal ha conseguido algunos logros, como disminuir ciertas tasas de homicidios o meter en prisión a algunos generadores de violencia. Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Las heridas en Sinaloa y las presiones de EEUU no facilitarán la pacificación. Más allá de las grandes cifras, están las víctimas. Para Bryan Humerto Chaidez la guerra más importante es la que libra contra el estado que debió protegerle. “No vamos a dejar de buscar justicia”, insiste.

elDiario.es•Alberto Pradilla13 sept

Por qué la subida del salario mínimo se está centrando en la reforma pendiente sobre la absorción de pluses

Los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla con este prometido cambio, que ampliaría notablemente el alcance de trabajadores afectados por los aumentos del SMI España se sitúa entre los países europeos con el salario mínimo más amenazado por el auge de la inflación Con la inflación de nuevo al alza, en el 4,3% en agosto , la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ha vuelto al debate público. Y, entre todos, el salario mínimo interprofesional (1.221 euros brutos al mes), el más bajo legal y el que aprueba el Gobierno, al que los sindicatos mayoritarios exigen un nuevo incremento . Este año, más allá de la cifra de subida, hay un elemento que está protagonizando el debate: la prometida –y pendiente– reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales . Se trata de un cambio normativo que pretende evitar una práctica de las empresas ( avalada por el Tribunal Supremo ) por la que los empleadores “absorben” la subida del salario mínimo –y la pactada en convenios colectivos– a través de los complementos salariales que perciben los trabajadores. Un ejemplo: pensemos en Patricia, una trabajadora que cobra 1.250 euros brutos al mes (1.150 euros de salario base y 100 euros de plus de nocturnidad). Cuando el SMI subió a 1.221 euros este 2026 , su sueldo no aumentó, porque en total cobra más del mínimo legal. CCOO y UGT denuncian que esta práctica supone que los trabajadores cobran menos por los pluses que venían percibiendo (por causas como peligrosidad, nocturnidad o productividad, por ejemplo) y que, además, genera agravios comparativos dentro de las empresas. De nuevo, imaginemos el caso de Sandra, compañera de Patricia, que cobraba solo los 1.150 euros brutos al mes de salario base, ya que no realizaba turnos de noche. A ella sí le subiría el sueldo gracias al alza del SMI, hasta los 1.221 euros. El Gobierno pactó el cambio, pero aún no lo ha aprobado Los sindicatos mayoritarios llevan años defendiendo un cambio legal de esta situación, de las llamadas reglas de “compensación o absorción” de los pluses salariales. Porque esto blindaría el valor de los complementos salariales, y de paso multiplica los trabajadores afectados por las subidas salariales. En el caso del SMI, en estos momentos cubre a unas 2,5 millones de personas. Como España es todavía un país de salarios bajos y las sucesivas subidas del SMI de los últimos años no han ido acompañadas de incrementos similares en muchos convenios, el salario mínimo ha ido 'comiéndose' el suelo salarial de numerosos sectores, como recoge un reciente estudio de Eurofound . Esta reforma de los pluses salariales elevaría aún más la cobertura del SMI, empujando al alza los salarios más bajos de muchas actividades, algo a lo que se niega con rotundidad la patronal CEOE, que afirma que invade las competencias de la negociación colectiva. Finalmente, el Gobierno se comprometió con CCOO y UGT a esta reforma en el acuerdo de subida del SMI de 2026, que contó en la firma con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Trabajo dio el primer paso para regular este decreto el pasado febrero , cuando colgó un borrador a Audiencia Pública, pero seis meses después aún no lo ha llevado al Consejo de Ministros para su aprobación, lo que está impacientando a los sindicatos. A principios de mes, el secretario de Estado de Trabajo afirmó que aún faltaban algunos informes preceptivos de otros ministerios para poder enviar el texto al Consejo de Estado, pero fuentes del departamento de Yolanda Díaz responden a este medio que ya solo falta el dictamen de este órgano consultivo. El plazo de respuesta del Consejo de Estado es de hasta dos meses (15 días en los casos más urgentes). Amenaza del primer rechazo sindical en ocho años Con la negociación de la subida del salario mínimo de 2027 a la vuelta de la esquina, en la que se pretende abordar la pérdida de poder adquisitivo fruto de la inflación , los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han reclamado al Gobierno que cumpla de inmediato con esta reforma de los pluses salariales comprometida. De lo contrario, los sindicatos han situado dos escenarios sobre la mesa. Unai Sordo ha advertido de que no firmará un nuevo acuerdo de salario mínimo con el Gobierno sin que esto “se resuelva”, lo que supondría la primera subida del SMI sin respaldo sindical en ocho años. Desde 2019, cuando Pedro Sánchez pactó el alza a 900 euros con Pablo Iglesias , entonces líder de Podemos. Por su parte, Pepe Álvarez ha afirmado que UGT aún se debate entre esta opción o exigir al Ejecutivo un mayor aumento del SMI. Ambas organizaciones prevén cerrar una posición conjunta en los próximos días, indicaron los líderes sindicales. El alza, en cualquier caso, tiene que ser superior a lo que están subiendo los salarios de media, afirmó Sordo, lo que apunta a un incremento del SMI por encima del 5% , explicó. Se abre así ahora un periodo clave hasta final de año para la reforma de la compensación de pluses, que condicionará la negociación del SMI. Como cita en el horizonte, destaca el futuro dictamen del Consejo de Estado. Habrá que ver si el órgano respalda el cambio legal vía real decreto que defienden Trabajo y los sindicatos, o si por el contrario vuelve a oponerse y a coincidir con el criterio patronal, como ocurrió con el del registro horario .

elDiario.es•Laura Olías13 sept

Minority report en el Supremo

La principal novedad aportada por la versión de nuestro alto tribunal reside en que la mayoría de sus señorías se arrogan también el papel de las “precogs” que anticipaban los delitos. No solo los evitan, sino que también los anticipan; juez y parte, dos por uno, máxima eficiencia Aquella inquietante doctrina del precrimem que sustentaba la manipulable acción de la justicia en la clásica película de Steven Spielberg va camino de hacerse realidad en nuestro Tribunal Supremo; firme y aparentemente convencido de que su misión se parece a aquella que guiaba a la unidad dirigida por un atormentado Tom Cruise: evitar los crímenes antes de que sucedan. La principal novedad aportada por la versión de nuestro alto tribunal reside en que la mayoría de sus señorías se arrogan también el papel de las “precogs” que anticipaban los delitos. No solo los evitan, sino que también los anticipan; juez y parte, dos por uno, máxima eficiencia. Enfrentado al dilema de limitar un derecho reconocido para evitar un supuesto crimen que todavía no se ha cometido o garantizar ante una mera sospecha un derecho que ya existe unido a la nacionalidad reconocida legalmente, sin evidencia sólida y otra base que la conspiranoia antisanchista, el Supremo ha optado por castigar preventivamente a los miles de hijos y nietos de españoles que se vieron obligados a marcharse de su país. Si ya no están aquí, qué más les da esperar unos meses más; habrán pensado. Primero se les expulsó del España por lo que pudieran pensar. Ahora, décadas después, se les expulsa del censo por lo que pudieran votar. Derecho o sospecha; difícil elección en estos tiempos para un jurista de reconocido prestigio. Entre prevenir que vote quien no debe y evitar que se quede sin votar quien puede, el Supremo ha elegido la sospecha y ha suspendido un derecho. Prefiere infligir un daño real y presente para eludir un daño futuro e hipotético. Por no hablar del desdoro ya provocado a nuestro sistema electoral sin más razones jurídicas que el recelo o la premonición. El precrimen como nuevo concepto central de nuestra arquitectura jurídica en ese camino constante hacia la innovación jurídica permanente. El Supremo lo hace, además, para resolver una cuestión que no se había planteado, pues no es ni la ley de nietos ni la famosa instrucción lo que está recurrido, sino una resolución de la Junta Electoral Central sobre su competencia para resolver cuestiones de nacionalidad. Lo que haga falta para garantizar el “resultado querido” por los verdaderos españoles.

elDiario.es•Antón Losada13 sept

Médicos, jueces o profesores: cuánto cobran los empleados públicos en España

En España hay más de 3,6 millones de empleados públicos, con diferentes funciones, responsabilidades, sueldos, complementos y a cargo de diferentes administraciones. Hacemos una radiografía salarial de estos trabajadores, de los que menos a los que más cobran El Gobierno desbloquea la jubilación parcial del personal laboral público de todas las Administraciones En España trabajan más de 3,6 millones de empleados públicos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora semestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Son uno de cada 10 asalariados —el 11%—, que sostienen los pilares del Estado del Bienestar. Hay más de 780.000 profesionales en el sistema sanitario público; cerca de 600.000 profesores y profesoras en centros públicos; 40.000 funcionarios de universidad; o más de 5.000 jueces y cerca de 3.000 fiscales; entre muchos otros. En los últimos años, se han realizado en España grandes procesos de oposiciones, con el objetivo de estabilizar unas plantillas que, en muchos casos, sufrían altas tasas de temporalidad —Europa impuso rebajarla, como máximo, al 8%— y rejuvenecer los equipos —solo la administración central afronta la jubilación de 95.000 funcionarios en la próxima década—. Y, en noviembre, el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO acordaron una subida de sueldo del 11% , entre 2026, 2027 y 2028. Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y otros de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad... A partir de aquí encontrarás las retribuciones brutas anuales de los empleados públicos españoles en su nivel de entrada —es decir, sin antigüedad—. Todos ellos han sido obtenidos de fuentes oficiales de cada comunidad, pero cada una utiliza formatos distintos que desde elDiario.es hemos homogeneizado para poder hacer una comparación. Puedes consultar la metodología completa aquí . Así se distribuyen los salarios de los funcionarios en España En el siguiente gráfico, cada círculo representa un puesto específico en cada comunidad. Su posición en el eje horizontal (o vertical si lees esto desde un móvil) muestra su salario bruto —sin antigüedad— y su color, el sector al que pertenece. El sueldo más bajo es el de un ordenanza en Castilla y León —14.600 euros al año—, mientras los más altos son los de magistrados y fiscales , por encima de los 88.000 euros al año, sin complementos. También puede verse que el grueso de los salarios se concentra entre los 30.000 y los 50.000 euros —donde se acumulan más círculos, principalmente de docentes —. O el gran salto que se produce entre los médicos : los residentes (MIR), empiezan por debajo de los 20.000 euros brutos anuales —sin guardias— y los jefes de servicio o de sección, alcanzan los 70.000. También los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los militares se distribuyen por toda la gráfica. En otras palabras, en estos sectores las retribuciones pueden variar mucho dependiendo del puesto concreto. Todos los sueldos públicos, de un vistazo Cada punto es un puesto concreto (una categoría en una comunidad), coloreado por sector. En el eje horizontal, el salario bruto anual (sin tener en cuenta antigüedad). Si seleccionas un sector, puedes ver sólo los salarios de los puestos que engloba. *En Ceuta y Melilla el sueldo de los sanitarios incluye la indemnización por residencia del INGESA, una compensación por residir allí que hace que los sueldos sean más altos. Fuente: elaboración propia a partir de las tablas retributivas oficiales de 2026. Salario bruto anual de nuevo ingreso (0 trienios, quinquenios ni sexenios). Los puntos del siguiente gráfico muestras el tamaño de cada grupo y su sueldo mediano —colocadas todas las cuantías (y no el número de trabajadores) de menor a mayor, es la que se sitúa en la posición central—. Los sueldos más altos, los de jueces y fiscales, son también los menos habituales. Los más repetidos son los profesores no universitarios, 577.000, que suponen el 41,7% del personal analizado. Precisamente, los profesores de Primaria y Secundaria comienzan el curso con protestas en varias partes del país y una convocatoria de huelga en Madrid, Catalunya y Andalucía. Aunque la reivindicación salarial late de fondo, estos profesionales reclaman principalmente mejores condiciones en las que ejercer su trabajo, como plantillas reforzadas, menos horas lectivas o reducción de ratios. De hecho, en Catalunya llegaron a rechazar un incremento salarial de 600 euros al mes , porque no iba acompañado de otras medidas. ¿Cuánto gana de media un empleado público? Salario representativo de cada colectivo; el tamaño del punto es proporcional al número de trabajadores públicos. Fuente: elaboración propia a partir de las tablas retributivas oficiales de 2026. Salario bruto anual de nuevo ingreso (0 trienios, quinquenios ni sexenios). Jueces y fiscales, los que más cobran Los funcionarios que más cobran son los jueces y fiscales. Sin complementos ni antigüedad, su primer año ya cobran unos 60.300 euros brutos, que pueden llegar hasta los 88.800 si trabajan en localidades grandes, como Madrid o Barcelona. Con antigüedades, complementos y en puestos específicos, esta cantidad puede dispararse fácilmente por encima de los 100.000 euros al año. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló , percibe anualmente 162.795 euros; sus vocales, más de 140.000; y el secretario general, 137.000. Todos ellos, sin antigüedad. Son cifras bastante alejadas de las que perciben, por ejemplo, los ministros. La mayoría cobra entre 84.000 y 90.000 euros al año, aunque algunas, como la de Defensa, Margarita Robles, superan los 100.000. Su secretaria de Estado, María Amparo Valcarce, está en 149.000. De hecho, las secretarías y subsecretarías de Estado llevan aparejadas mayores retribuciones que los titulares de los departamentos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibió en 2025 cerca de 96.000 euros, 40.000 euros menos que su director de Gabinete, Diego Rubio. La nómina de un juez o un fiscal no depende tanto de la comunidad, sino del tamaño de la localidad donde ejerce. En Madrid o Barcelona, cobran unos 88.000 euros, un 47% más que en un partido judicial pequeño (60.300 euros). Jueces y fiscales: cuánto pesa el tamaño de la población El salario es idéntico para jueces y fiscales: depende del tamaño de la población del destino, de una localidad pequeña a Madrid o Barcelona (donde además sube la categoría, de juez a magistrado / de abogado fiscal a fiscal). Salario bruto anual de nuevo ingreso. Fuente: elaboración propia a partir de las tablas retributivas oficiales de 2026. Salario bruto anual de nuevo ingreso (0 trienios, quinquenios ni sexenios). El salario mediano de jueces y fiscales fue de 75.000 euros en 2026. Ningún otro colectivo superó los 60.000 brutos ese ejercicio. El más cercano fue el de los médicos, con 57.000 euros —sin tener en cuenta guardias, considerando que tienen dedicación exclusiva y no trabajan en la privada y teniendo en cuenta a los MIR—. El siguiente gráfico muestra el salario mediano de cada grupo en España. Utilizamos este cálculo para evitar las distorsiones de los valores poco habituales, pero inusualmente altos o bajos, aunque también se puede consultar la media en cada desplegable. La línea de puntos indica el salario mediano nacional de los casi 32 millones de asalariados españoles: 24.497 euros. Solo tres grupos de funcionarios están por debajo de este umbral: auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería — TCAE — y subalternos. ¿Qué profesión pública está mejor pagada? Salario bruto anual mediano de un funcionario de nuevo ingreso (sin antigüedad) Cada profesión resume todos sus niveles a nivel nacional: el punto marca la mediana y el tooltip añade la media. Ejemplo: "Médico" agrupa de residente a jefe de servicio; "Policía Nacional" / "Guardia Civil", de la escala básica a los altos mandos. Fuente: elaboración propia a partir de las tablas retributivas oficiales de 2026. Salario bruto anual de nuevo ingreso (0 trienios, quinquenios ni sexenios). Diferencias por comunidades Las grandes diferencias salariales entre profesionales del mismo rango se encuentran entre comunidades. El grueso del empleo público —profesores, sanitarios y administración— depende de los gobiernos autonómicos, que pueden definir sus propios sueldos y complementos. En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre la comunidad que menos paga de base a sus trabajadores y la que más. Se incluyen también policías y guardias civiles, porque cuentan con un complemento de destino importante, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en áreas como la sanidad, dependen del Ministerio. Según los datos extraídos de fuentes oficiales por elDiario.es, un técnico superior puede cobrar hasta 21.000 euros más de Balears a Euskadi; un médico especialista gana 18.000 más al año en Ceuta que en Navarra; y un maestro de primaria, 8.000 más en Castilla-La Mancha que en Murcia. ¿Qué profesiones varían más según la comunidad? Salario más bajo y más alto entre territorios para cada profesión (juntando todos sus niveles). Amarillo = mínimo, azul = máximo; la franja une ambos. Cuanto más corta, más homogénea es la profesión. Cada profesión se resume con un solo nivel representativo —el trabajador estándar, sin cargos de gestión ni personal en formación— y se compara la comunidad que menos paga con la que más. Se usa: facultativo especialista (médico), profesor (secundaria), maestro (primaria), técnico base (A1), administrativo (C1), gestión base (A2) y escala básica en policía y Guardia Civil, donde el "territorio" es el destino, no la comunidad. Fuente: elaboración propia a partir de las tablas retributivas oficiales de 2026. Salario bruto anual de nuevo ingreso (0 trienios, quinquenios ni sexenios). Cuánto se puede progresar salarialmente Los datos mostrados hasta ahora tienen en cuenta el salario de entrada, pero ¿cuánto puede progresar salarialmente un empleado público que llega al nivel más alto? La mayor diferencia se da entre los médicos. Hay más de 50.000 euros entre los 19.700 que cobra un residente de primer año y los 71.100 de un jefe de servicio. Los médicos son los que más escalan, pero no son los únicos. Del militar de más bajo rango, al más alto hay más de 40.000 euros al año; en la Guardia Civil, 28.600; y en la carrera judicial, 28.500. Al otro lado están los maestros, que ganan apenas 7.400 euros más si llegan a directores; 9.800 más en el caso de secundaria; y 3.200 euros más para un administrativo que salta a jefe de negociado. ¿Qué profesiones tienen más recorrido de entrada a jefe? Diferencia salarial entre el nivel de entrada y el más alto de cada profesión, por ascensos (no por antigüedad). Mediana entre comunidades autónomas. Fuente: elaboración propia a partir de las tablas retributivas oficiales de 2026. Salario bruto anual de nuevo ingreso (0 trienios, quinquenios ni sexenios). La longitud de ese salto entre el sueldo de entrada y la jefatura, también depende de la las comunidades. En medicina, por ejemplo, el sueldo de entrada es bastante similar en todo el territorio —entre el MIR que más cobra y el que menos hay 3.700 euros de diferencia—, pero en el nivel máximo, la diferencia puede multiplicarse por seis —hasta los 23.500—. De hecho, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —por la indemnización por residencia—, Murcia es la que mejor paga de base a sus médicos y Asturias, la que menos. En profesores y administrativos pasa lo contrario: el recorrido es pequeño y similar en todas las comunidades. Llegar a director de instituto vale 12.300 euros más en Catalunya pero solo 8.400 en Extremadura. Pasar a jefe de negociado como administrativo vale 8.000 euros en Murcia y apenas 1.200 en Aragón. En el siguiente gráfico pueden consultarse esos saltos, pero también cuanto cobran otros profesionales del mismo rango. Y comparar cuáles son los trabajadores mejor pagados en cada comunidad. Por ejemplo, Navarra es una de las comunidades que peor paga de base a sus sanitarios —aunque tiene complementos forales, infraestimados en la metodología—, pero de las que más retribuye a sus docentes en la pública. Euskadi tiene la administración general mejor pagada del país, a todos los niveles. Un ordenanza vasco cobra casi el doble que uno de Castilla y León. Y en los policías, la geografía marca la diferencia más notable, incluso más que el rango. Un policía de base en Melilla (37.365 euros) cobra prácticamente lo mismo que un inspector en la península (37.631 euros): el plus de residencia e insularidad de Ceuta, Melilla, Canarias o Euskadi, por el antiguo complemento por peligrosidad, vale casi lo mismo que dos ascensos. ¿Dónde se cobra más? El mismo puesto, comunidad a comunidad Para cada ámbito con variación territorial, el salario de varios niveles en cada comunidad (en policía, por destino). Sigue una misma profesión de arriba a abajo para ver dónde paga más. *En Ceuta y Melilla el sueldo de los sanitarios incluye la indemnización por residencia del INGESA, una compensación por residir allí que hace que los sueldos sean más altos. Fuente: elaboración propia a partir de las tablas retributivas oficiales de 2026. Salario bruto anual de nuevo ingreso (0 trienios, quinquenios ni sexenios). Las guardias médicas, en el punto de mira Las guardias que realizan los médicos han estado en los últimos meses en el punto de mira de los profesionales. El nuevo Estatuto Marco, pactado entre Sanidad y los sindicatos UGT, CFIS, CCOO y Satse, ha soliviantado a las organizaciones sindicales del ramo, que no están presentes en la mesa de negociación. El texto, que enfila su trámite parlamentario, reduce las horas de guardia máximas obligatorias de 17 a 24 horas —incluyendo la jornada ordinaria— e incluye la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales. Sin embargo, al margen de otras demandadas —como un estatuto propio—, los sindicatos médicos reclaman una jornada semanal de 35 horas, como ocurre con el resto de empleados públicos, y que las horas de guardia se paguen por encima —y no más baratas, como ocurre ahora— de la hora ordinaria. Estas jornadas extra permiten compensar sueldos exiguos en el caso de los médicos residentes y complementar salarios más elevados para los facultativos. Las comunidades autónomas son las que determinan cómo se organiza la jornada y a cuánto pagan cada guardia médica. Por ejemplo, en Balears, Castilla-La Mancha y Murcia, cuatro guardias al mes inflan la nómina anual en unos 38.000 euros. En Andalucía, son 27.000 euros más y en Madrid, casi 29.000. Un especialista en Murcia con esas guardias llega a 100.158 euros —el único que supera los seis dígitos—; en Madrid, con el mismo esfuerzo, se queda en 81.225. Pesan más donde el salario base es más bajo: en Asturias y Navarra las guardias suman un +71%, es decir, casi igualan el sueldo. En enfermería la historia es distinta: siete noches al mes suman de media 3.900 euros (un 12%). La comunidad que mejor paga las noches es Andalucía con una diferencia de 5.376 euros más si una enfermera realizase siete noches cada mes durante un año. Muy lejos de los 27.348 euros extra de un médico con las guardias, aunque Andalucía sea la comunidad que mejor paga las noches de enfermería y la que peor paga las guardias de los médicos. Medicina: cuánto pesan las guardias y la nocturnidad Efecto de añadir 4 guardias al mes (médico facultativo) y 7 noches al mes (enfermería) sobre el sueldo, por comunidad En Canarias no hay datos para lo que cobra un médico por guardia. En Canarias, Cataluña, Ceuta y Melilla no se especifíca el complemento de enfermería por nocturnidad *En Ceuta y Melilla el sueldo de los sanitarios incluye la indemnización por residencia del INGESA, una compensación por residir allí que hace que los sueldos sean más altos. Fuente: elaboración propia a partir de las tablas retributivas oficiales de 2026. Salario bruto anual de nuevo ingreso (0 trienios, quinquenios ni sexenios). De nuevo, estas cifras no tienen en cuenta la antigüedad. Según datos en poder de la OCDE, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la retribución media anual de un médico en España —con guardias, antigüedad y complementos, sin contar a los MIR— oscila entre los 88.000 anuales de un especialista en medicina familiar y comunitaria, hasta los 107.000 de un radiólogo; los 108.000 de un cirujano general y de aparato digestivo; o los 109.000 de un anestesista. Un pediatra cobraría, de media, 93.000 euros al año y un obstetra, 95.000. Los psiquiatras públicos percibirían 86.000 euros al año. En cuanto al resto de profesionales sanitarios, una enfermera de atención primaria tiene un salario medio de 53.000 euros y en especializada, 48.000. Las auxiliares de enfermería reciben, de media, 31.000, según estás fuentes.

elDiario.es•Ainhoa Díez, David Noriega13 sept

Vivas adjudica dos contratos millonarios para la gestión de la acogida de menores a familiares directos de cargos de confianza

El gobierno de Ceuta recurre a la vía de emergencia por la crisis migratoria y no publicita la licitación de dos contratos de tres y dos millones de euros, respectivamente, que acaban adjudicados al hermano de un asesor personal de Vivas y al primo hermano del presidente del Puerto 24 horas con el mando único en Ceuta: “En pocos días habrá 2.600 plazas más para aliviar El Príncipe y El Trampolín” Dos adjudicaciones millonarias en plena crisis migratoria que la Ciudad Autónoma de Ceuta acaba de formalizar sin publicidad previa y que, casualmente, han ido a parar a familiares directos de cargos de la máxima confianza del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas . Tal y como puede comprobarse en el perfil oficial de Contratación Pública, los dos contratos tienen fecha de 27 agosto, una de las jornadas más duras vividas en la ciudad desde la entrada fronteriza masiva del 30 de julio. Ese jueves tuvo lugar el brote de violencia explícita más grave hasta la fecha. A las manifestaciones masivas que se convocaron bajo el lema “invasores, expulsión”, y que fueron secundadas por el propio Vivas y por el Partido Popular, les siguieron después ataques a la prensa y fuertes disturbios que incluyeron el bloqueo de ayuda humanitaria y el incendio de los asentamientos de migrantes en la playa de Benítez. Ese mismo día, dos viejos conocidos de Juan Jesús Vivas se garantizaron ingresos de varios millones de euros del presupuesto público. El contrato más cuantioso de los que hasta ahora ha adjudicado durante la crisis migratoria el gobierno ceutí ha ido a parar a la empresa Absercon. En concreto, 3.267.698,08 euros para “obras de adecuación y habitabilidad de los espacios de acogida de menores motivada por la situación generada tras la entrada masiva de inmigrantes provenientes del Reino de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio de 2026”. Según el boletín oficial del registro mercantil, el propietario y administrador único de Absercon es Bartolomé Sánchez-París Contreras, un hombre que forma parte incluso de un círculo personal cercano a Juan Jesús Vivas. Porque su hermano, Javier Sánchez-París Contreras, es un hombre de la máxima confianza del presidente y ostenta actualmente un puesto de asesor en el gobierno autónomo, donde desempeña el cargo de secretario administrativo de presidencia con un sueldo público de 35.635 euros. Ingresos que compagina con los de su trabajo en la federación ceutí de fútbol. Pero ese vínculo personal tan directo no se entiende sin la figura del padre de Bartolomé y Javier, Francisco Sánchez París, exjefe de gabinete de Vivas en la Asamblea de Ceuta entre 2006 y 2011 y amigo íntimo desde la infancia. Hay un segundo contrato, de 2.483.175 euros, que también ha ido a parar a la empresa de otro familiar directo de un cargo de confianza de Juan Jesús Vivas. El mismo 27 de agosto, y también sin anuncio de licitación en el portal de contratación, se formalizó la adjudicación de un encargo de “mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza” para los espacios de acogida de menores. Y fue a parar a la Ferretería Doncel, un comercio local que, según el registro mercantil, dirige Manuel Jesús Doncel de Luna, primo hermano de Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta y otro de los hombres de máxima confianza de Vivas. La trayectoria de Doncel está ligada estrechamente a la carrera política de Vivas. El presidente ceutí lo llegó a nombrar consejero de fomento de su gobierno en 2008 y, años después, su propio jefe de gabinete, dando cuenta de la máxima cercanía y confianza entre ambos. También Vivas fue quien lo nombró en 2019 presidente del Puerto de Ceuta, cargo que desempeña hoy día. Contactados por este periódico, desde el gobierno ceutí admiten que se trata de dos contratos adjudicados sin publicidad y sin que otras empresas, locales o de fuera de Ceuta, tuvieran posibilidad de acceder a esas adjudicaciones. Pero niegan que el motivo tenga que ver con los vínculos familiares de los cargos de confianza del presidente. “Los contratos se han tramitado al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite recurrir a la contratación de emergencia cuando una situación excepcional exige una actuación inmediata por parte de la Administración. Los días 30 y 31 de julio se produjo una situación extraordinaria que hizo necesario actuar con carácter inmediato para habilitar espacios de acogida, adecuar instalaciones y disponer de suministros y equipamientos en el ámbito de menores no acompañados. En estas circunstancias, la ley permite no acudir al procedimiento ordinario de licitación, precisamente para que los plazos administrativos no impidan dar una respuesta inmediata”, argumentan desde la ciudad autónoma. Defiende el gobierno de Vivas que “la contratación de emergencia no supone ausencia de control ni de expediente administrativo” y que, en cualquier caso, está “respaldada por los informes técnicos y jurídicos del Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma, que justifica la necesidad de actuar por la vía de emergencia”. “Hay que distinguir entre la contratación ordinaria, que está sometida a los procedimientos de publicidad y concurrencia correspondientes, y la contratación de emergencia, que tiene un régimen jurídico específico. Esperar a una licitación ordinaria habría sido incompatible con la necesidad de respuesta inmediata que planteaba la situación”, concluyen. El Gobierno central aprobó a finales de agosto una inyección de emergencia de 65 millones de euros y posteriormente anunció un plan de choque integral de 309 millones para responder de forma directa a la crisis migratoria. Un paquete económico, presentado a principios de septiembre de 2026 por el Consejo de Ministros, que representa aproximadamente el 16% del PIB de la ciudad autónoma y engloba tanto las medidas de emergencia iniciales como los planes de recuperación.

elDiario.es•José Enrique Monrosi13 sept

Asuntos Internos "verifica" que existe la red de corrupción policial denunciada por el inspector de los millones emparedados

El exjefe de la UDEF advirtió al juez que le investiga de que la unidad antidrogas ha dejado sin analizar un teléfono encriptado en el que aparecen las referencias a funcionarios que participan en la introducción de cocaína por el puerto de Algeciras El ex jefe de la UDEF describe ante el juez el “sistema” de la Policía para falsear el origen de grandes operaciones antidroga El inspector jefe Óscar Sánchez Gil, antiguo responsable de la UDEF en Madrid al que se le incautaron más de 20 millones de euros emparedados, reveló el pasado mayo ante el juez que le investiga la existencia de una red de corrupción desconocida y compuesta por funcionarios para introducir cocaína por el puerto de Algeciras. En un reciente informe, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía “verifica” ante el magistrado la “posible existencia” de esta trama corrupta. El magistrado ordenó a la Unidad de Asuntos Internos que indagara en algunos extremos de la declaración del inspector jefe encarcelado. En su comparecencia del 19 de mayo, Sánchez Gil había explicado al magistrado que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udyco) dejó sin analizar un teléfono encriptado dentro de la causa que le mantiene a él y otras personas en prisión desde noviembre del pasado año. En ese teléfono se encuentran los indicios de la red de corrupción desconocida hasta ahora. Asuntos Internos recoge ahora en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es: “Se ha realizado por parte de esta Unidad un análisis superficial del contenido de las mismas evidencias que ha permitido verificar, efectivamente, la posible existencia de otra trama de posible corrupción de la que tendría conocimiento el usuario del pin T8CKH6”. Los agentes de Asuntos Internos han analizado las conversaciones de ese pin de Sky FCC, un sistema telefónico de encriptación cuyo servidor fue asaltado por la Gendarmería francesa con una orden judicial y cuyo contenido es considerado por las policías europeas el mayor tesoro hasta la fecha en la lucha contra el narcotráfico. En las conversaciones de ese usuario de Sky FCC, Asuntos Internos ha encontrado alusiones a “actividades de tráfico de drogas, pagos a intermediarios, referencias en ese contexto a la aduana y funcionarios de Guardia Civil y UAR [en probable alusión a la Unidad de Análisis de Riesgos (de la Aduana de Algeciras)], cifras sobre posibles pagos que planean efectuar….”. A continuación, los policías de Asuntos Internos advierten al juez de que los datos encontrados en el citado teléfono “no permiten identificar indubitadamente al receptor de los mismos” y que se trata de “referencias” a una trama distinta a la investigación que se sigue contra Sánchez Gil. Fuentes de la Fiscalía Antidroga consultadas por elDiario.es aseguran que aún no han analizado el informe de Asuntos Internos para decidir sobre una posible investigación de los hechos. Sánchez Gil llegó a hacer las afirmaciones sobre la trama de corrupción a partir de su defensa de que él no es el “Aduana” que identificaba a uno de los usuarios de Sky FCC, el sistema encriptado. El policía argumentó en su declaración: “No aparece nada de un jefe de la UDEF, ni un inspector jefe de Madrid, ni nada que tenga que ver conmigo. Pero sí aparecen cosas como, por ejemplo, mensajes que hablan de cuadrantes, que dicen ‘contenedores’, dicen normalmente la palabra ‘latas’ cuando se refieren a contenedores y que las ‘latas’ tienen que llegar en tal fecha, porque es la fecha que nos han dado los ‘cuadrantes’ de los agentes”. El relato del policía continuaba así: “Hay mensajes que hablan por ejemplo de pagos, de 100.000, de pagos de 200.000, hablando de 50.000… Hablan de comunicaciones con estos agentes, de manera directa, comunicaciones vía WhatsApp, vía Sky… Se habla de que tienen el control de todo el personal del puerto, de la Unidad de Análisis de Riesgos Aduanas y Guardia Civil, incluso hablan de presiones, que sufren presiones por parte de los agentes que dicen cuándo introducir los contenedores”. Sánchez Gil, la pieza más preciada del 'narco' El inspector jefe Óscar Sánchez Gil representaba la figura del colaborador más preciado por una gran organización de narcotraficantes. Su principal misión consistía en introducir en las bases policiales datos como las matrículas de contenedores que entran por los puertos españoles, haciendo creer que los había obtenido en el transcurso de sus investigaciones. Cuando otro investigador sospechaba realmente de ese contenedor que iba a llegar con cocaína oculta, introducía sus datos en las bases de cooperación y saltaba una coincidencia que alertaba a Sánchez Gil. De esta forma, la organización a la que pertenecía el inspector jefe había logrado evitar las “caídas” o interceptaciones de droga, hasta conseguir una posición muy ventajosa en el mercado ilegal de tráfico de cocaína. Asuntos Internos ha revisado el trabajo de la Udyco y coincide en que, “de forma indubitada”, el apelativo ‘Aduana’ era adjudicado por los miembros de la organización a Sánchez Gil, en contra de lo que defiende el policía. Sin embargo, su exposición ha servido para aflorar la implicación de otros funcionarios públicos en la entrada de droga por Algeciras, unos agentes que no han sido descubiertos aún. El 19 de mayo, su abogado le preguntó si había alguna “mención específica”, como por ejemplo alguna mención a un funcionario de Vigilancia Aduanera que pudieran encajar mejor con el sobrenombre de Aduana. En ese punto, Sánchez Gil responde que hay alusiones a la Unidad de Análisis y Riesgos de la Guardia Civil o menciones por su nombre a agentes del desaparecido dispositivo especial OCON-Sur para combatir el narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, integrado por guardias civiles. En concreto, Sánchez Gil mencionó tres de esos nombres en su declaración. El otro punto más destacado de su comparecencia, de mayor profundidad si cabe, fue la denuncia de que la unidad especializada antidrogas de la Policía Nacional, a la que perteneció en el pasado, utiliza un sistema para ‘blanquear’ el verdadero origen de sus investigaciones y ocultársela a jueces y fiscales. Consiste en atribuir a una policía extranjera el origen de una información que en realidad procedería de teléfonos encriptados para sortear posibles nulidades de la causa. Sánchez Gil mencionó por sus nombres y apellidos a los principales responsables de la Udyco Central en esta práctica, que también incluiría el borrado de los datos que aluden a confidentes si aparecen en Sky FCC u otros sistemas de encriptación. Si aparece un policía implicado, añadió, sus compañeros maniobran para que no se le investigue. Con posterioridad a su declaración, uno de los policías señalados, jefe de sección en la Udyco, declaró ante el juez y negó las acusaciones de Sánchez Gil. Fuentes policiales consideran que el inspector jefe encarcelado miente para intentar tumbar la causa contra él, sabedor de que una estrategia habitual de la defensa de los investigados es “atacar” el origen de las operaciones para que la justicia las anule en su totalidad. La organización a la que pertenecía Sánchez Gil es de las más poderosas en el campo del narcotráfico. El acusado de ser su responsable en España, Ignacio Torán, permanece en prisión provisional. Y el presunto jefe a escala internacional, Alejandro Salgado, ‘El Tigre’, ha huido de Dubái, donde se refugiaba, y se encuentra en paradero desconocido.

elDiario.es•Pedro Águeda13 sept

Aires de Tánger

Ya lo dijo y escribió George Orwell allá por los treinta cuando estuvo en España: el socialismo de derechas le teme más a la revolución (hoy no existe) que al fascismo (hoy vivito y coleando) Opinión - Operación Mulhacén Recién la victoria socialista de 1982, inapelable e ilusionante, un grupo transnacional de ricos muy poderosos y muy alegres se convocó a un gran sarao en una bodega postinera de Jerez de la Frontera. Entre vinos y danzarinas de Cádiz, dos atractivos muy queridos en el Imperio romano, los asistentes, una fuerza multinacional, se regodearon y festejaron el éxito del nuevo poder en el Estado español. Un hombre francés muy influyente entonces, de la política y el deporte, cuyo nombre omitiré pero tal vez ustedes averigüen, interpeló a otro, andaluz pero criado en Francia y allí crecido personal y profesionalmente, del mundo del toro, que asistía más por francés que por taurino: ¿tú no te has afiliado aún al PSOE? El interpelado, muy de derechas pero en igual medida honesto, contestó: no, soy muy de derechas, no es mi sitio. A lo que el francés de nacimiento respondió: eso da igual, en España unas veces ganará la derecha y ahora, como ves, la izquierda, hay que estar en uno de los dos lados, ahora toca este, te irá bien. Angustiado pensé, esto es como en Córcega, un gobierno y una oposición reversible y simétrica, de suma cero. Siempre dos, u partitu y u contrapartitu, por turnos, solo definidos por su lugar en el poder. Es una pesadilla que me persigue. Es una historia real de la que fui testigo indirecto. Y no solo una historia, una premonición de lo que iba a ocurrir a partir de ese momento. Era el diseño de 1977, que llegaba quizá antes de la cuenta; lo único posible, la derecha de siempre y una izquierda domesticada. Los años siguientes a 1982, lo pusieron claro. La posición sobre la OTAN fue significativa, la izquierda antifranquista se rompió irreparablemente, los que llegaron, a pesar de sus pantalones acampanados y patillas, tenían claro quiénes sobraban, con una poca izquierda era bastante. Cuando le preguntaron a González por Ceuta, algo que no creo que le gustara, salió como pudo, con una leve crítica a Pedro Sánchez, pero sin apenas reproches a Marruecos En Ceuta se ha hecho notar José María Aznar , uno de dos. En realidad no ha dicho nada, solo ha pedido firmeza, quién no, algo que vale para un roto y un descosido. Y una evocación en su haber del islote de Perejil, una acción militar consentida en un territorio ridículamente minúsculo y deshabitado, porque ni siquiera el cabrero que con buena mar lleva allí sus cabras estaba por aquel día. Felipe González, el otro de la dupla, no ha estado en Ceuta, y no se sabe el porqué, ellos que comparten agendas y apariciones estelares de pago. Uno pensaba que llegaría, es su turno. Tal vez, González siga preso de los aires y vapores de los altos de Tánger, en las vecindades del Cabo Espartel o quizá pasee mentalmente por el caserío de Arcila, con una paraíta en Casa Pepe; Arcila, un pueblo marroquí del Protectorado muy de Cádiz, créanme. Cuando le preguntaron a González por Ceuta , algo que no creo que le gustara, salió como pudo, con una leve crítica a Pedro Sánchez, pero sin apenas reproches a Marruecos. No importa la ideología, como en Córcega, solo importa quién esté en el poder o no y si es de los tuyos. La grey socialista, además, siempre ha sido muy de Marruecos y hasta muy de Israel, cuando su dirigencia hoy plateada veraneaba en las playas de Tel Aviv o se ingresaba en retiros espirituales en ciertos kibutz. Una izquierda de la que nunca se fio el PSOE, no son mucho de revoluciones y menos de relaciones internacionales ajetreadas Es verdad que la política exterior socialista es menos imperial y militarista que la de derechas de toda la vida con Marruecos: han leído a Arturo Barea y el Expediente Picasso. Con todo, siempre han sido promarroquíes y lo que eso conlleva, incluida su proximidad a la enorme influencia del cabildo sefardí en el majzén marroquí. La poca izquierda activa que queda siempre les perturbó, pero así y poca, sin ella, el cambio de posición sobre el Sáhara hubiera llegado incluso antes, con González o Rodríguez Zapatero. Una izquierda de la que nunca se fio el PSOE, no son mucho de revoluciones y menos de relaciones internacionales ajetreadas, de ahí la convulsión interna de los filipinos contra Pedro Sánchez y lo que consideran desvaríos exteriores por salirse del guion corso. Felipe, en la misma comparecencia callejera previa a una comida con sus propios y un cura, ha afirmado que no le teme a la extrema derecha española, por otra parte, confesa de fascismo y franquismo. Ni siquiera parece perturbarle ni responder ante el fracaso de su predicada Gran Coalición alemana, con una socialdemocracia arruinada ya antes y ahora herida de muerte tras el éxito de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt . Ya lo dijo y escribió George Orwell allá por los treinta cuando estuvo en España: el socialismo de derechas le teme más a la revolución (hoy no existe) que al fascismo (hoy vivito y coleando).

elDiario.es•Javier Aroca13 sept

Las alegaciones de Andalucía al nuevo modelo de financiación desnudan el choque de intereses con otros barones del PP

El Gobierno de Moreno entra en el debate "técnico" de la reforma del sistema de financiación y presenta las primeras contrapropuestas a la fórmula del Ministerio de Hacienda, en detrimento de Castilla y León, Galicia o Aragón. Una de ellas —acercar lo máximo población real y ajustada— ya era una reivindicación de Montero, que cifró en 200.000 los andaluces que se quedaban fuera del reparto con el actual modelo Hacienda saca adelante la reforma de la financiación autonómica con Catalunya y Canarias y la ausencia de Madrid El Partido Popular era reticente a entrar de lleno en el debate “técnico” de la reforma del sistema de financiación autonómica , pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, porque suponía evidenciar la falta de consenso entre sus once gobiernos autonómicos sobre una propuesta de modelo alternativo. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trató la semana pasada de impedir que el debate territorial saltara de pantalla, arengando al resto de presidentes autonómicos del PP a dar plantón al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde iba a votarse la reforma, forzando así al Ministerio de Hacienda a suspender el encuentro e impedir que la tramitación de la propuesta avanzara por el camino pedregoso hacia el Congreso. El llamamiento al boicot de Ayuso no fue escuchado por sus compañeros. En el Gobierno de Juanma Moreno afean a la presidenta madrileña que, con este bandazo “ineficaz”, desviara el foco de la “derrota política” del Gobierno ese día, que logró sacar adelante su reforma con el voto en contra del 87% de las comunidades, solo con el apoyo de Cataluña y Canarias. Andalucía comparte la estrategia de confrontación de Díaz Ayuso contra el Gobierno de Sánchez —mandato unívoco de Génova— pero el estilo de Juanma Moreno no es la “deslealtad institucional”, mascullan en su entorno. La consejera andaluza de Hacienda y vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, acudió al encuentro con el ministro Arcadi España para trasladarle su 'no' rotundo a la propuesta de reforma, insistiendo en que “es un traje a medida para el independentismo catalán, pactado bilateralmente con ERC de espaldas al resto de comunidades”. De los 21.000 millones adicionales que Hacienda prevé añadir a la caja común, Andalucía recibiría 4.846 millones más de los que ahora ingresa (23% del total), una cifra sensiblemente superior a la destinada a Cataluña (4.686 millones), y superior a la reclamación aprobada por el Parlamento andaluz en 2018 con los votos de PSOE y PP. La Junta rechaza el nuevo modelo porque, según sus cálculos, bajaría varios escalones en financiación por habitante (siendo la comunidad más poblada) y siempre por debajo de la media nacional. “Andalucía recibiría 244 euros menos por habitante ajustado que Cataluña, una diferencia que se eleva a 418 euros respecto a Cantabria, 248 euros frente a Madrid y 223 euros respecto a Baleares”, advierten desde la consejería. Pero antes de entrar en la reunión, la Junta de Andalucía había dejado por escrito sus alegaciones técnicas a la propuesta de reforma del modelo de financiación, y esas primeras alegaciones son interesantes porque dan un paso adelante en el debate: trascienden el discurso machacón esgrimido hasta ahora por Juanma Moreno, más allá del “pecado original” del pacto preferente para Cataluña, y desnudan que Andalucía sí tiene una propuesta alternativa. Una de esas contrapropuestas del Gobierno de Moreno entronca precisamente con las reivindicaciones que María Jesús Montero, la exministra de Hacienda responsable de la reforma del modelo, hizo como consejera andaluza del ramo en 2018, cuando llevó al Parlamento el primer rediseño formal del modelo de financiación autonómica, aprobado por la Cámara con el voto sorpresivo y sorprendente de Juanma Moreno, entonces líder de la oposición y líder del PP andaluz con poco predicamento en su propio partido. Decía entonces la exministra —y luego vino a reafirmarlo Moreno ya como primer presidente andaluz del PP— que Andalucía necesitaba urgentemente estrechar el desfase existente entre su población de derecho (la real, la empadronada) y la población ajustada (recalculada a partir de elementos de corrección, como el número de personas mayores o de nacidos; la dispersión poblacional, etc. que influyen en el gasto de los servicios). En Andalucía, como en la Comunidad Valenciana, el problema actual de infrafinanciación no emana solo del actual modelo, sino de esa brecha entre la población real y la ajustada. En el caso andaluz, en 2018, Montero puso cifra a ese desfase: 220.000 andaluces que no computaban para el Estado en términos de reparto financiero, es decir 220.000 andaluces “que contribuyen al Estado con sus impuestos sin recibir nada a cambio”, dijo entonces. El primer consejero de Hacienda de Moreno, Juan Bravo, hoy vicesecretario general del PP y portavoz de Hacienda en el Congreso, hizo suya esa misma premisa y actualizó la cifra en 2021: 197.879 andaluces, calculando que serían necesarios 556 millones de euros para corregir ese desequilibrio entre la población real y la ajustada. Esto, que siempre se ha dicho en voz alta en Andalucía, encontraba la complicidad de otros territorios infrafinanciados, como Valencia, Murcia y Castilla La Mancha, con cuyos presidentes Moreno firmó sendos acuerdos bilaterales para pedir al Gobierno una reforma del modelo. En esos acuerdos, firmados entonces por barones del PSOE y del PP, se anticipaban las contrapropuestas que la Junta ha trasladado por escrito al Ministerio de Hacienda, casi seis años después. Esas propuestas ya chocaban de frente con las reivindicaciones dispares de otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Aragón o Extremadura, que tienen su agujero financiero localizado en otros factores, como la despoblación o la dispersión de sus habitantes. Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta, abanderó en el norte de España otro frente común de estas comunidades con singularidades comunes, y una propuesta de reforma del modelo contraria a los intereses de Andalucía. Moreno también firmaría un pacto con Feijóo para exigir al Gobierno la reforma del modelo, pero el documento no pasaría de ahí, sin ahondar en reclamaciones específicas sobre la población ajustada. Las alegaciones que Andalucía envió al Ministerio de Hacienda hace unos días insisten en sus reivindicaciones pero, por primera vez, introducen por escrito un planteamiento que confronta con los intereses de esas otras comunidades hoy gobernadas por el PP: “en ningún caso se debe de aceptar una propuesta de población ajustada que implique una desviación de más del 1% respecto a su población de derecho”, ha trasladado la Consejería andaluza de Hacienda al Ministerio, descubriendo por primera vez una alternativa concreta. El ministro España se congratula de que la Junta de Andalucía haya entrado, al fin, en un debate de números, y anticipa que esta propuesta golpea de frente las expectativas de una mejor financiación para Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura, todas en manos del PP. El 1% de la población real de Andalucía, según los datos del INE actualizados a 1 de julio de 2026, son 87.780 personas, un desvío notablemente inferior al que calculó Bravo en 2021, y que admitiría implícitamente un recorte del 50% de los recursos adicionales que se reclamaron entonces (esos 556 millones de euros). El informe de la Cámara de Cuentas Las alegaciones de la Junta tienen importancia política, primero porque meten al Gobierno de Moreno de lleno en un debate de cifras y cálculos sobre población y sobre el coste de sus servicios públicos, es decir, sobre la arquitectura misma del Estado. De esto va la película. Y la Junta ha entrado en esta película —que hoy dirige el Gobierno de Sánchez— porque arrastra desde hace años un problemón gordo que no tiene Ayuso en Madrid: una “infrafinanciación” que deja a la comunidad más poblada de España entre 4.000 y 5.000 millones por debajo de lo que le correspondería para costear eficientemente sus servicios públicos: sanidad, educación, dependencia... La “infrafinanciación” de Andalucía con el actual modelo de reparto de fondos, caduco desde 2014, es un consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento, suscrito así en un documento aprobado en 2018, poco antes de que el PSOE perdiese el poder tras 37 años ininterrumpidos gobernando. Esta semana, la Cámara de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización sobre los resultados para Andalucía del sistema de financiación de las comunidades de régimen común, insistiendo en que “los recursos del Fondo de Garantía” de servicios públicos fundamentales “solo cubrieron el 78,48% del gasto liquidado, generando una insuficiencia de 4.333,15 millones de euros anuales” en esta comunidad. “En términos per cápita, el déficit de financiación de los servicios esenciales para Andalucía se mantuvo de forma estructural a lo largo de toda la serie, aunque con una tendencia descendente: desde 971,07 euros por habitante en 2009 hasta 560,73 euros en 2023, con una media anual de 514,53 euros por habitante”, se puede leer también en el documento. El órgano de fiscalización de la Junta de Andalucía denuncia que ese déficit de recursos tiene que ver con una mala ponderación de variables de la población ajustada, que hace que el cálculo de gasto en sanidad, educación y servicios sociales no sea correcto. Es decir, que hay un desajuste notorio entre el número de habitantes que necesitan y demandan esos servicios públicos y la capacidad de estos para dar respuesta a todos. La Cámara de Cuentas también censura, en consonancia con la tesis del Gobierno de Moreno, “el diseño y reparto” de los mecanismos complementarios de financiación: Fondo de Suficiencia Global y Fondos de Convergencia, que considera “limitados”. Pero también cuestiona la política fiscal de Moreno —esa bajada masiva de impuestos, bandera del PP en las últimas tres elecciones andaluzas— que ha mermado los ingresos de la Junta para sostener los servicios públicos por debajo de la media nacional. “La capacidad tributaria normativa de Andalucía se sitúa por debajo de la media de las comunidades de régimen común durante todo el período analizado, con un índice medio per cápita de 82 sobre una media de referencia de 100”. “Todas las comunidades autónomas de régimen común, con una única excepción, presentan un índice de capacidad superior al de Andalucía, que ocupa así la penúltima posición del conjunto”, reza el documento. A Moreno le interesa hablar seriamente de la reforma del modelo de financiación, más allá de discutir que el marco inicial de debate lo ha construido el PSOE a imagen y semejanza de Cataluña, a partir de un pacto bilateral con sus socios de ERC. Y en ese debate técnico, Andalucía ha empezado a concretar sus contrapropuestas al modelo originalmente diseñado por Montero, hoy jefa de la oposición en el Parlamento regional.

elDiario.es•Daniel Cela13 sept

Viajes del Imserso 2026-2027: cómo solicitar desde este lunes la tarifa plana de 50 euros

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 revela que en la pasada temporada de viajes, más de 5.200 pensioneistas pudieron beneficiarse del precio reducido De escapada, en las islas o la costa peninsular: los tres tipos de viajes que ofrece el Imserso para la temporada 2026 - 2027 La pasada temporada del Imserso 2025-2026 trajo consigo un par de novedades: estancias donde el pensionista podía traer a su animal de compañía y viajes a 50 euros . Esta última medida, que sigue vigente para la temporada 2026-2027 , nació con el objetivo de evitar que las personas pensionistas con menor renta se vieran excluidas de estos viajes. En total, 5.221 pensionistas con rentas bajas pudieron beneficiarse de este descuento. Unos datos que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 consideran todo un éxito, superando con creces al de la anterior rebaja, de un 50% sobre precio total del viaje: entonces solo se disfrutaron 523 plazas. “Poder viajar no es un privilegio del que solo pueden gozar unos pocos. Todos y todas tenemos derecho al descanso, a conocer nuevos lugares, a coincidir y compartir con gente diferente”, ha subrayado este jueves el ministro Pablo Bustinduy durante la presentación de la temporada de viajes del Imserso en León. La medida, ha explicado el ministro, tuvo una “amplia” implantación en todo el territorio nacional, con beneficiarios distribuidos en todas las provincias españolas. Pero las que concentran un mayor número de viajeros que han gozado este descuento han sido Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga. Los destinos más populares para la tarifa plana de 50 euros fueron Andalucía y diferentes circuitos culturales, con 1.267 y 1.189 usuarios respectivamente. El siguiente destino más solicitado fue Catalunya, con 845 viajeros. Los datos del año pasado también arrojan un cambio en las preferencias de los pensionistas. Tal y como ha descrito el ministro Bustinduy, “las encuestas de satisfacción realizadas reflejan cada vez más interés en los viajes del turismo de escapada, siendo los circuitos culturales y los viajes a las capitales de provincia los que tienen más interés”. Poco a poco, el turismo de sol y playa empieza así a perder popularidad entre los beneficiarios del Imserso, que cada vez más se decantan por destinos de carácter cultural y de naturaleza. Respecto a la otra novedad que trajo la temporada 2025-2026, la opción de viajar con animales de compañía para los viajes de costa peninsular y costa insular, se han podido beneficiar un total de 1.066 usuarios. Quién puede acceder a la tarifa de 50 euros No todos los pensionsitas que deseen reservar un viaje con el Imserso pueden acceder a esta tarifa reducida. Según el ministerio, es necesario cumplir unas condiciones económicas concretas, además de estar correctamente acreditado para participar en estos viajes. En concreto, el Imserso establece que solo podrán acceder aquellas personas “con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad”. Además, se asignarán las plazas a los solicitantes por orden de puntuación, de mayor a menor. Con esta tarifa plana, presente también esta temporada 2026-2027, los pensionistas pueden acceder a cualquier destino por solo 50 euros, con independencia del destino original. El pensionista solo tendrá que costear esa cuantía, mientras que el Imserso sufraga el resto. El Imserso añade que esta información “figurará en la carta de acreditación que reciba la persona usuaria y será válida para un sólo viaje a la zona de destino que aparece en la carta”. 7.447 plazas a 50 euros Los viajes del Imserso de este año tienen fecha. A partir del 14 de septiembre se abrirán las reservas, y el primer viaje se realizará a partir del 1 de octubre, con destino a Oropesa. Se trata de una temporada que oferta 879.213 plazas , una oportunidad para democratizar el ocio al mayor número de pensionistas posible. Este año viene también con los viajes a 50 euros para los pensionistas con menores rentas. En total, este año se han ofertado 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y que obtengan la puntuación necesaria en el sistema de valoración. También se mantendrá la opción de que los pensionistas puedan viajar con sus animales de compañía. A partir del 14 de septiembre, los pensionistas podrán reservar su viaje para destinos de costa peninsular, costa insular o turismo de escapada bien a través de las páginas web de Turismo Social y en Mundi Color con su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI. Desde esta temporada, ya no es posible reservar el viaje a través de los consistorios locales. Este año, los destinos están distribuidos de la siguiente manera: Costa peninsular: el 50,1%, un total de 440.284 plazas Costa insular: el 25,9%, un total de 228.142 plazas Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea: el 23,9% , unas 210.787 plazas Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma. Del 14 al 18 de septiembre, las personas solicitantes de los viajes solo podrán reservar aquellos correspondientes a su cupo por provincia. Desde el Ministerio explican que esta medida tiene como fin escalonar la venta para evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar así su correcto funcionamiento. Más tarde, a partir del 19 de septiembre, se abrirá la cartera de viajes a todos aquellos que se hayan quedado sin comercializar en cualquier provincia. Después, el proceso de comercialización permanecerá abierto durante toda la temporada. Además, con el fin de desestacionalizar el turismo y mantener la actividad y empleo en los destinos del Imserso a lo largo de todo el año, el programa distribuirá el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante todos los meses de la campaña.

elDiario.es•Elena Segura13 sept

Los sondeos dan la victoria a la oposición socialdemócrata en Suecia

Los partidos de centroizquierda salen reforzados de unos comicios con una gran participación, lo que podría facilitar la vuelta del Partido Socialdemócrata al gobierno del país nórdico. La extrema derecha quedaría en tercera posición por debajo de los Moderados Análisis - Cómo Suecia perdió su esencia… y dejó de ser Suecia Al cierre de los colegios electorales, las encuestas a pie de urna sitúan al Partido Socialdemócrata (S) como ganador de las elecciones generales en Suecia, con el 28,4% de los votos. Según la encuesta de la cadena pública SVT en segunda posición quedarían los Moderados (conservadores), del primer ministro, Ulf Kristersson, con el 18,1% de los votos, mientras que la formación ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), con el 17,2%, quedaría en tercera posición. Si se confirma el resultado de esta encuesta, los partidos del bloque conservador sumarían una mayoría de escaños suficiente para formar Gobierno con el 51,3% de los votos, en unas elecciones marcadas por el estado de los servicios públicos, la inmigración, la economía y, sobre todo, por la posibilidad de que la ultraderecha entrara por primera vez en el Ejecutivo. Los socialdemócratas de Magdalena Andersson han planteado las elecciones como una defensa frente a la posible entrada de la ultraderecha en el Gobierno del país nórdico, con el lema de campaña “Vota por alguien que no tenga ideas extremistas”. Tras cuatro años de Gobierno de una coalición conservadora en Suecia, los partidos del bloque de izquierda-verde han liderado las encuestas durante buena parte de la legislatura, llegando a disfrutar de una ventaja de 12,6 puntos porcentuales la pasada primavera. Sin embargo, en las últimas semanas, los sondeos han apuntado a un retroceso de la formación de Andersson, hasta reducir a apenas dos o tres puntos la ventaja del bloque progresista, lo que ha dado alas a los conservadores y alimentado sus expectativas de reeditar el Gobierno. El cordón sanitario que los partidos en Suecia habían mantenido en anteriores elecciones frente al auge de la ultraderecha se ha roto por completo y hoy la formación Demócratas de Suecia ya es aceptada por todas las formaciones del bloque conservador para formar un gobierno en caso de que obtenga la mayoría en las elecciones. Hace cuatro años, SD consiguió por primera vez más votos que los conservadores tradicionales (Moderados), situándose como segunda fuerza en el Parlamento. En estas elecciones, el líder ultra Jimmie Åkesson expresó que el objetivo era obtener un número de cargos ministeriales “proporcional” a sus resultados en las votaciones. SD, considerado como un partido populista, nacionalista y xenófobo, ya ha tenido un peso muy importante en la política sueca en los últimos cuatro años, ya que su apoyo ha sostenido el Gobierno de Kristersson, formado por Moderados, Demócrata Cristianos y Liberales. La huella de SD se ha hecho especialmente visible en el endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad, dos de los principales frentes del giro conservador que ha experimentado Suecia en los últimos años.

elDiario.es•Òscar Gelis Pons13 sept

Dónde es festivo el 15 de septiembre y qué se celebra

La jornada dará descanso tanto en Cantabria como en Lanzarote junto a La Graciosa, aunque cada territorio mantiene una tradición propia El último baño del verano: siete playas donde septiembre es mejor que agosto El calendario laboral de septiembre de 2026 deja una nueva jornada señalada a mitad de mes. El martes 15 será festivo en varios puntos de España, aunque no se trata de un descanso de carácter general para todo el país. Su aplicación depende del territorio y del calendario laboral correspondiente, algo habitual en un mes en el que pueden coincidir celebraciones autonómicas o locales sin que tengan efecto en el resto. Por este motivo, una misma fecha puede aparecer como no laborable para unos trabajadores y mantenerse como una jornada ordinaria para otros. En este caso, el descanso afectará a Cantabria y también a Lanzarote y La Graciosa. Fuera de estos territorios, habrá que consultar el calendario que corresponda para comprobar qué consideración tiene ese día, ya que su presencia como festivo en determinados lugares no implica que se extienda automáticamente al resto de España. Además, en 2026 el día 15 cae en martes, justo después del lunes 14 y antes del miércoles 16. La propia posición dentro de la semana hace que el descanso quede separado del fin de semana, puesto que el lunes seguirá siendo laborable con carácter general. Por tanto, cualquier posibilidad de enlazar varias jornadas libres dependerá de las circunstancias de cada trabajador. A partir de ahí, cada uno de los territorios donde aparece marcado mantiene su propia celebración y un origen diferente. Cantabria: festividad por la Virgen de la Bien Aparecida En Cantabria, el descanso está relacionado con la Virgen de la Bien Aparecida. La festividad figura en el calendario laboral oficial de 2026 y tiene alcance para toda la comunidad, por lo que no queda limitada al municipio en el que se sitúa el origen de esta tradición. La advocación cuenta con varios siglos de historia y terminó convirtiéndose en una referencia para el territorio cántabro. Su origen se sitúa en 1605, en el municipio de Ampuero. Según la tradición, unos niños que ejercían como pastores encontraron una figura de la Virgen en una ventana de una ermita de la zona. A partir de aquel hallazgo comenzó a utilizarse el nombre de Bien Aparecida para referirse a la imagen. El episodio dio inicio a una devoción que se fue manteniendo durante las generaciones posteriores y extendiéndose entre la población. Con el paso del tiempo, la relación entre esta advocación y Cantabria fue ganando importancia. La tradición dejó de estar vinculada únicamente al lugar en el que se había producido el hallazgo y fue adquiriendo un alcance cada vez mayor dentro de la comunidad. Esa evolución ayuda a explicar que actualmente la celebración aparezca recogida en el calendario laboral cántabro y tenga efectos en todo el territorio. El reconocimiento oficial llegó en 1905, cuando la Bien Aparecida fue declarada patrona de Cantabria. Habían pasado tres siglos desde el episodio de 1605 y para entonces la devoción ya contaba con una larga trayectoria entre la población. Desde aquella declaración ha transcurrido más de un siglo, pero la festividad continúa manteniendo su presencia dentro del calendario autonómico. De esta manera, el descanso del 15 de septiembre tiene en Cantabria un origen ligado directamente a esta tradición. No se trata de una celebración limitada a Ampuero ni únicamente al entorno donde se encuentra la imagen, sino de una jornada que afecta al conjunto de la comunidad. En 2026 volverá a tener consideración de festivo, esta vez coincidiendo con un martes dentro de la semana laboral. Lanzarote y La Graciosa: festividad de Nuestra Señora de Los Volcanes En Lanzarote y La Graciosa, el motivo del descanso es Nuestra Señora de Los Volcanes. Ambas islas comparten esta celebración dentro de su calendario, de manera que los trabajadores afectados tendrán también una jornada no laborable. En este caso, la festividad tiene un ámbito concreto dentro de Canarias y no debe confundirse con una celebración que se extienda a todo el archipiélago. Nuestra Señora de Los Volcanes es, por tanto, la celebración que explica que esa jornada figure como festiva en ambas islas. Su inclusión en el calendario tiene efectos laborales para quienes se encuentren dentro de ese ámbito, mientras que fuera de Lanzarote y La Graciosa la situación puede ser distinta. Para conocer si corresponde o no descanso en otros puntos del archipiélago, es necesario consultar el calendario aplicable en cada caso. La situación permite ver cómo funcionan este tipo de festividades territoriales dentro del calendario laboral. Aunque compartan comunidad autónoma con otras islas, Lanzarote y La Graciosa mantienen este día señalado por una celebración propia. Su alcance queda así claramente delimitado y no se extiende de forma automática más allá de esos territorios. El martes 15 de septiembre quedará, de este modo, marcado por dos celebraciones diferentes en lugares también distintos. En Cantabria estará vinculado a la Virgen de la Bien Aparecida, mientras que en Lanzarote y La Graciosa corresponderá a Nuestra Señora de Los Volcanes. La coincidencia se produce dentro del calendario, pero cada festividad mantiene su propio ámbito y sus efectos dependen del territorio en el que se aplique.

elDiario.es•Edu Molina13 sept

“Más naturaleza” y menos macroproyectos para la Sierra Norte de Guadalajara tras el gran incendio de La Mierla

La Plataforma ciudadana para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa propone al Gobierno de Castilla-La Mancha un gran acuerdo para el futuro de esta zona junto con las Parameras de Molina y el Alto Tajo: “El abandono de las actividades tradicionales ganaderas ha provocado una situación que involucra más riesgo de incendios”. Mientras, las administraciones siguen perfilando el plan de recuperación de las más 33.000 hectáreas afectadas Extinguido el incendio de La Mierla tras más de 50 días: evacuó más de 30 municipios y quemó 32.000 hectáreas El próximo 16 de septiembre se cumplen dos meses del inicio del gran incendio de La Mierla , en Guadalajara. El pasado 5 de septiembre, más de 50 días después, quedo extinguido , tras haber arrasado más de 32.000 hectáreas y convertirse en el más devastador de la comunidad autónoma . Ahora toca hacer balance, restaurar, recuperar. Es una tarea compleja en cualquier monte, en cualquier zona forestal, pero aún más complicado si afecta zonas protegidas, como en este caso ha sido el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Coincidiendo con la puesta en marcha por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de las primeras tareas para abordar este enorme reto, desde la ciudadanía afectada también han hecho valer su voz. Y no solo en relación al incendio, sino a toda una zona de la provincia, más allá del industrializado Corredor del Henares, que quiere decidir sobre el futuro patrimonial y natural de sus pueblos. La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa nació en 2025 en Maranchón debido a la preocupación de sus vecinos y vecinas por el impacto ecológico que determinados proyectos asociados a la ganadería intensiva industrial, al biometano o similares pueden tener sobre el territorio. Hasta hoy, el colectivo ha ido creciendo agrupando a otras comarcas, incluida la Sierra Norte de Guadalajara, que comparten esas inquietudes, mediante redes de colaboración, charlas y conferencias. Ahora ha decidido realizar conjuntamente una propuesta conjunta que ha dirigido a la Consejería de Desarrollo Sostenible. Quiere abrir un diálogo para debatir el modelo de desarrollo futuro para todas estas zonas, que abarcan más de 7.600 kilómetros cuadrados. “Hay un déficit de organización del territorio que viene propiciado por proyectos de ganadería industrial que no son la vía de desarrollo económico por la que queremos ni debemos ir en una zona de tanto valor ecológico, y con un patrimonio histórico y natural tan grande”, explica Pedro García, representante de esta plataforma. Valle del Mesa Habla de un conjunto de comarcas que hasta ahora han estado libres de ganadería industrial y de proyectos que ahora proliferan como los de biometano y de otras iniciativas similares. Eso, argumenta, no encaja con el “verdadero valor patrimonial” del territorio, que es “la naturaleza y la biodiversidad”. Precisamente, esos valores también conforman un “potencial económico alternativo de desarrollo económico sostenible”. Esa es la idea inicial y así se lo han trasladado en un escrito al Gobierno regional. Pero no es su único objetivo. También quieren involucrar a todos los ayuntamientos, agentes sociales y empresas dedicadas al turismo que estén interesadas en el fomento y conservación de la naturaleza. Conferencia y encuentro con vecinos y vecinas en Maranchón el pasado mes de agosto No olvidan tampoco que estas comarcas están en riesgo extremo de despoblación. La propuesta también incluye una tesis que consideran de gran relevancia a este respecto. Los grandes proyectos de ganadería, de biometano y similares no fijan población. “Los datos son tozudos y nos dicen que no se genera más empleo en la zona”, recalca Pedro García. Y, sobre todo, saben que cuando se intenta proponer este tipo de desarrollos en zonas donde no hay una tradición industrial previa, el efecto final “nada tiene que ver con el desarrollo”. “Solo son cantos de sirena. Las consecuencias al final son nefastas. En estas zonas se valora más el patrimonio natural, el disfrute de la naturaleza y un paisaje no modificado por el hombre. Los vecinos y vecinas rechazan los macroproyectos, porque saben que al final la gente termina por irse”. La ganadería extensiva es un medio de mantenimiento del paisaje, de la biodiversidad y de la prevención de incendios Frente a ello, desde este colectivo defienden ventajas como el enorme valor que las zonas del Alto Tajo y de la Sierra Norte han adquirido para el astroturismo. Son reservas starlight . Pero además, no rechazan las actividades ganaderas, sino que abogan por una actividad extensiva como “un medio de mantenimiento del paisaje, de la biodiversidad y de la prevención de incendios”, esto último “muy importante teniendo en cuenta lo que ha ocurrido este verano”. “Con estas actividades se mantienen los bosques y el suelo. No somos expertos, pero es obvio que el abandono de las actividades tradicionales ganaderas y de todo tipo que llevaban a cabo en otras épocas nuestros padres y abuelos, ha provocado una situación que involucra más riesgo de incendios”, alerta. Añade asimismo cómo la ganadería extensiva tiene un importante papel en el desarrollo de especies que están en peligro de extinción. El ejemplo más claro en la zona es la alondra ricotí, que requiere un paisaje estepario . Esta característica la propicia el pastoreo de ovejas y cabras, y además, en sus excrementos habita un escarabajo que es el principal alimento de esa ave. A todo ello une el importante papel de las colmenas y de la apicultura en general. “Tenemos un paraíso en Guadalajara y somos unos privilegiados. No podemos permitir la degradación del paisaje. Tan solo hace falta una administración responsable que sepa ordenar el territorio”, concluye, apelando de nuevo al Ejecutivo regional. Precisamente, el Gobierno autonómico sigue perfilando el Plan de Recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio de La Mierla . Hace tan solo unos días aprobó el decreto que define el perímetro geográfico afectado, el cual abarca diversos municipios, pedanías y espacios naturales protegidos que sufrieron daños ecológicos y socioeconómicos. Apoyo a ayuntamientos, empresas y explotaciones agropecuarias La estrategia se estructura en varios ejes fundamentales que incluyen la restauración ambiental, la reparación de infraestructuras públicas y el apoyo financiero a sectores clave como la agricultura y el turismo. Las medidas también se centran en la recuperación y reactivación económica y social: apoyo para las entidades locales, autónomos, empresas, explotaciones agrarias, ganaderas, apícolas y forestales, así como actividades comerciales, turísticas y de servicios. Y añade asimismo la prevención de futuros incendios mediante “la mejora de la capacidad del propio territorio para adaptarse y recuperarse”. Este Plan de Recuperación define un ámbito territorial específico integrado por 38 municipios, además de varias entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) y pedanías. Los pueblos son Albendiego, Angón, Arbancón, Arroyo de las Fraguas, Atienza, Bañuelos, Bustares, Campisábalos, Cogolludo, Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, Congostrina, El Ordial, Galve de Sorbe, Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, Hijes, La Bodera, La Huerce, La Mierla, La Miñosa, La Toba, Las Navas de Jadraque, Miedes de Atienza, Monasterio, Prádena de Atienza, Rebollosa de Jadraque, Riofrío del Llano, Robledo de Corpes, Romanillos de Atienza, San Andrés del Congosto, Santiuste, Semillas, Somolinos, Tamajón, Ujados, Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadraque. En cuanto a las EATIM y pedanías, incorpora a Aldeanueva de Atienza, Bochones, Cañamares, Naharros, Tordelloso, Valdepinillos, Almiruete, Alpedroches, Cardeñosa, Muriel, Palancares, Umbralejo y Veguillas. Incendio de La Mierla el pasado 20 de julio La Junta explica en el decreto que las medidas del plan podrían llegar a extenderse a municipios colindantes si fuera necesario para “asegurar la continuidad y eficacia de las medidas”. Por otra parte, el informe técnico de la zona afectada menciona que el arrastre de cenizas del incendio amenaza “gravemente” a embalses clave como los de Beleña y Alcorlo, para los que establece una planificación específica en torno a la protección de los suelos y de los recursos hídricos afectados por el fuego. Así, ante el “riesgo inminente de erosión” y el arrastre de cenizas hacia la red de ríos y, de forma crítica, hacia los dos embalses mencionados, el plan exige la adopción coordinada y urgente de medidas específicas de protección y restauración ambiental. No obstante, dado que este documento es la resolución oficial del marco y ámbito del plan, no detalla las acciones técnicas concretas en el terreno, como la instalación de diques de contención, fajinas o técnicas de siembra rápida para fijar el suelo. Pero la cuestión de afección al agua y a estos dos embalses no ha pasado desapercibida. En el incendio de La Mierla, además de la superficie afectada del Parque Natural de la Sierra Norte, también se vio afectada la Reserva Natural Fluvial (RNF) del río Pelagallinas. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha priorizado actuaciones de prevención y remediación en las cuencas de aportación de las captaciones superficiales de los embalses de Beleña, Alcorlo (los dos mencionados en el decreto autonómico) y también el de Pozo de los Ramos. Las actuaciones propuestas se han centrado en la construcción principalmente de albarradas, pudiendo realizarse también diques o fajinas si se estima necesario con el fin de impedir el deslizamiento de los suelos desprovistos de vegetación, así como la incorporación de cenizas a las masas de agua existentes. Albarradas y reducción de escorrentías A fecha de hoy, la CHT ha ejecutado 600 albarradas en 10 arroyos (arroyo de la Fuente, arroyo de los Cogorros, arroyo de la Hoz, arroyo Madroñal, arroyo de las Quintillas, arroyo Sacedoncillo, barranco Valdelapuente y tres arroyos innominados) ubicados en la cuenca del embalse de Beleña. Próximamente, ejecutará también albarradas en el embalse de Alcorlo y en la zona del incendio de Selas . Tras ello, la Confederación va a trabajar de forma prioritaria en la reducción de escorrentías y retirada de vegetación quemada en aquellas cuencas de aportación, con especial atención a zonas con riesgo de inundación, así como la retirada de tapones y troncos en tramos situados aguas arriba de poblaciones. La Diputación provincial de Guadalajara también se ha arremangado. Su presidente, José Luis Vega, ya ha avanzado que las ayudas destinadas a los municipios afectados por el incendio de La Mierla tendrán prioridad. Si fuera necesario, ha explicado, esta situación incluso podría repercutir en las partidas destinadas al resto de ayuntamientos de la provincia, aunque ha apelado a la “solidaridad” de los alcaldes. “No va a haber ningún alcalde, estoy seguro, que ponga ninguna pega”, ha señalado, porque “cuando otros tienen necesidades, la provincia de Guadalajara es muy solidaria y van a estar ahí dispuestos a echar una mano entre todos”. La Diputación cifra en cerca de tres millones de euros las partidas presupuestarias destinadas hasta ahora a las consecuencias del incendio, incluyendo el abastecimiento a ganaderos, ayudas a los ayuntamientos, maquinaria y otros servicios. Camiones con pienso para el ganado con motivo del incendio de La Mierla Vega ha recordado además que los centros comarcales trabajaron durante la emergencia y que se contrataron cuatro bulldozers de empresas de la provincia, mientras que los bomberos tuvieron que “doblar incluso triplicar guardias”. “Esto no va de dinero, va de que los problemas que tengan hay que solventarlos”, ha resumido. Ahora, la institución provincial está a la espera de los certificados de los secretarios municipales para determinar las pérdidas de ingresos que hayan sufrido los ayuntamientos. En materia ganadera, la Diputación comenzó desde el primer momento a suministrar grano y forraje y ahora se pasará de un reparto lineal a otro “ajustado” al daño real sufrido por cada explotación en sus pastos. También se han preparado cubas para el abastecimiento de agua y abrevaderos para las explotaciones. Además, ha indicado que se compensará a los ayuntamientos por los ingresos que los ganaderos dejen de generar por el pago de pastos y que el Gobierno regional prepara una convocatoria de ayudas para las explotaciones ganaderas afectadas. Alimentación para la fauna silvestre en zonas quemadas José Luis Vega también destaca los daños sufridos por la flora y la fauna. En aquellos municipios donde ha ardido hasta el 90% del término municipal, los efectos sobre el entorno natural son importantes. La Diputación ya coordinó la retirada de cadáveres de animales y, junto a ATICA y entidades del sector cinegético, está desarrollando una alimentación suplementaria de la fauna silvestre en las zonas quemadas. “Los animales por su instinto suelen regresar al entorno donde nacieron, pero el entorno evidentemente está quemado”, ha explicado. Por ello, se está realizando esta “alimentación forzada” para evitar la desnutrición y está previsto un nuevo suministro de grano en los próximos días. Ha avanzado asimismo que se pondrán en marcha nuevas líneas específicas para los municipios afectados por los incendios de la Sierra Norte y de Selas, en la comarca de Molina de Aragón. El objetivo, ha añadido, es que estas convocatorias específicas sean más sencillas de justificar y gestionar para los ayuntamientos afectados.

elDiario.es•Alicia Avilés Pozo13 sept

Los cuatro gigantes de la IA piden frenar desarrollos y Trump desprecia el riesgo

“Estamos a la cabeza de China en inteligencia artificial. Somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane en IA, gana”, afirma el presiente estadounidense OpenAI aplaza su salida a bolsa ante el miedo al descontrol de la IA y se suma al plan de frenar desarrollos Las alarmantes advertencias de Anthropic sobre las consecuencias para la humanidad del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) han suscitado una rara muestra de unidad entre los desarrolladores rivales. Los otros tres gigantes del sector (OpenAI, SpaceX y Google) no han tardado ni un día en respaldar el llamamiento del fundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para retrasar el desarrollo de la IA , petición que se produjo tras una serie de advertencias de investigadores de IA la semana pasada. Pero el presidente Donald Trump resta importancia a la creciente alarma sobre los riesgos de la inteligencia artificial. “Estamos a la cabeza de China en inteligencia artificial. Somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane en IA, gana”, declaró Trump el domingo a los periodistas en el Irish Open de golf. “Podemos establecer límites. Podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema a colación cuando no deberían hacerlo”. Amodei advirtió este sábado, en un extenso ensayo publicado en su página web : “Dada la aceleración en el desarrollo de capacidades de IA, me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias”. Al cabo de una hora, el dueño de SpaceXAI, Elon Musk, sorprendió al citar el ensayo de su rival en X y afirmar: “Dario tiene razón”. Musk se había abstenido deliberadamente de sumarse a los anteriores llamamientos de todo el sector a favor de cualquier tipo de ralentización. El CEO de OpenAI, Sam Altman, se sumó al cabo de poco: “Estoy de acuerdo con Dario en que debemos avanzar con cautela en esta frontera”, tuiteó. Y, en una entrevista publicada en Fortune, daba un paso más allá, al anunciar que la tecnológica creadora de ChatGPT aplaza su salida a bolsa —una de las operaciones más esperadas del año junto a la de Anthropic—, ante los riesgos de seguridad que presentan los modelos avanzados de IA. “Sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil”. Afirmó que OpenAI tiene mucho trabajo por delante en materia de seguridad y que sería mejor hacerlo como empresa privada. Faltaba Google, que se añadió por la tarde, según relata Axios. Demis Hassabis —ganador del Premio Nobel, cofundador y presidente de Google DeepMind, y científico jefe de Alphabet— tuiteaba: “El ensayo de Dario señala el camino correcto a seguir. Hay que pulir los detalles, pero la dirección es la adecuada para afrontar este momento crítico”. “La industria mintió” Amodei ha dado un pasó más allá este domingo y, en una entrevista en el programa Sunday Morning de CBS, afirmó que “la industria mintió” sobre el peligro de la inteligencia artificial IA por lo que el Gobierno y los ciudadanos deben intervenir. No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo Dario Amodei — CEO de Anthropic “No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo”, declaró Amodei. Sin embargo, el líder de Anthropic no ha dicho nada —por ahora— sobre si cancela o sigue adelante con sus preparativos para debutar en el mercado bursátil estadounidense, en lo que se prevé que sea la mayor oferta pública inicial de la historia, superior a la reciente protagonizada por SpaceX. Según los planes, se espera que este otoño comience la comercialización de su OPV, que superará los 2 billones de dólares. Surgen dudas sobre hasta qué punto los líderes de la IA se tomarán en serio la tarea de moderar el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados —y más lucrativos—. Quizás hay demasiado dinero en juego como para dejar de avanzar. Según Axios, anunciar públicamente que se da prioridad a la seguridad frente al crecimiento tecnológico o financiero podría ser la única vía que tiene el sector para evitar una intervención por parte de las autoridades de Estados Unidos que no se ajuste a sus condiciones. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró este domingo que la propuesta de Amodei para añadir salvaguardias a la IA podría servir de modelo para el sector privado, incluso permitiendo el acceso de observadores independientes a los modelos. Los legisladores están suplicando al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que mantenga la sesión abierta y haga algo al respecto de la “amenaza” de la IA, después de conocerse casos de agentes de IA que actuaron por su cuenta atacando a sistemas externos. Este domingo, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió al Congreso “actuar con urgencia”. La alternativa más extrema es algo parecido a la iniciativa del senador demócrata Bernie Sanders de forzar una pausa y declarar ilegal la IA más avanzada. Pero Johnson, como Trump, tampoco quiere darse prisa. “Si quieren desacelerar eso, me parece bien. Pero, al mismo tiempo, también tenemos que resistirnos a que el Congreso intervenga e imponga una especie de moratoria de emergencia. Tiene que hacerse de manera correcta, segura y sensata”, expresó Johnson en una entrevista con CNN. La amenaza china El presidente de la cámara pidió una reunión con los gigantes del sector, que podría celebrarse a principios de esta semana (lunes o martes). Pero por ahora descartó una legislación que pause el desarrollo de la IA al argumentar que es un asunto de seguridad nacional en el que Estados Unidos debe mantener el liderazgo ante China. Tienen [los líderes tecnológicos] que reunirse con nosotros, sentarse y determinar cuál es el equilibrio adecuado. No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar. Y ese es el reto Mike Johnson — Presidente de la Cámara de Representantes “Tienen [los líderes tecnológicos] que reunirse con nosotros, sentarse y determinar cuál es el equilibrio adecuado. No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar. Y ese es el reto. Es el equilibrio entre la seguridad nacional y la seguridad inmediata de garantizar que los modelos sean seguros”, remarcó. Varias voces influyentes del sector tecnológico de Silicon Valley, entre ellas el exfuncionario de Trump David Sacks , dedicaron el fin de semana a destacar el contraargumento de que reducir el ritmo solo permite que los adversarios —que no tienen esos escrúpulos en materia de seguridad— nos alcancen. En una publicación de la madrugada del sábado, Sacks retó de hecho a OpenAI y Anthropic a marcar voluntariamente el ritmo en la frontera de la IA sin esperar al Gobierno. “Si no lo hacéis, sabremos que esto no ha sido más que otro intento de captura regulatoria —o una operación psicológica en plena campaña electoral”. Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunirán a finales de este mes, y la seguridad de la IA será uno de los temas principales de la agenda. Mientras tanto, el principal comité internacional de expertos en IA, reunido por la ONU, ha alertado de que la posibilidad de que la IA se salga de control es real y de “consecuencias catastróficas”.

elDiario.es•Serafí del Arco13 sept

Los dos acusados del crimen de Francisca Cadenas regresan a Hornachos para la reconstrucción del caso

La inspección de la casa donde se halló el cuerpo casi nueve años después de la desaparición, el rastreo de itinerarios y el recorrido del hijo menor centran este lunes una diligencia clave para el futuro del caso La Guardia Civil confirma que los restos hallados en Hornachos son de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 Seis meses después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desenterrara sus restos óseos bajo el suelo enlosado de un patio, el caso de Francisca Cadenas afronta un paso crucial en la instrucción judicial. Los dos hermanos investigados por el crimen, Julián y Manuel González, regresan este lunes a Hornachos (Badajoz) trasladados desde la prisión provisional de Morón de la Frontera (Sevilla) para participar en la reconstrucción de los hechos ordenada por el juzgado de instrucción. La diligencia judicial no se limitará a la reconstrucción dentro del inmueble donde residían los acusados. La comitiva judicial también grabará el recorrido que realizó el hijo menor de Francisca, José Antonio, la noche que desapareció el 9 de mayo de 2017, una inspección pormenorizada de la vivienda y el trazado de los itinerarios que realizaron los dos hermanos antes y después de que se le perdiera la pista a la mujer de 59 años. El regreso de los acusados a la pequeña localidad pacense vuelve a poner sobre la mesa la conmoción sufrida durante casi nueve años de incertidumbre, pero también evidencia el abierto choque de estrategias entre la representación legal de la familia de la víctima y la defensa de los encarcelados. Prisión permanente revisable La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha avanzado que solicitará la pena de prisión permanente revisable para los dos investigados. Esta petición se fundamenta en la posibilidad de que se cometiera una agresión sexual previa al asesinato, un móvil que la letrada subraya que no es una hipótesis aislada, sino una de las líneas maestras recogidas expresamente en los informes elaborados por la UCO. Guerrero ha descartado además dar credibilidad a las declaraciones de Julián en las que intentaba exculpar a su hermano Manuel. En el extremo opuesto, la representación letrada de los detenidos, ejercida por el abogado José Duarte, ha buscado restar trascendencia al resultado de la diligencia programada para este lunes. La defensa argumenta que el margen de seis meses transcurrido desde el hallazgo del cuerpo, sumado a la abrumadora exposición mediática y las múltiples declaraciones recogidas a lo largo de los años, diluye la validez probatoria de este paso sobre el terreno. “Cuando este trámite se realiza muy próximo a los hechos posee un gran valor, pero cuando se hace después de tanto tiempo y con tantas diligencias previas, testimonios y contaminación pública, todo ello tiene una relevancia relativa”, sostiene el letrado Duarte en declaraciones a EFE, quien no obstante ha aconsejado a sus defendidos colaborar en la sesión. La defensa insiste además en que no existen indicios objetivos incriminatorios contra Manuel y apunta a que las inspecciones oculares realizadas hasta la fecha no han arrojado datos en su contra. Un hallazgo que resolvió un enigma de casi nueve años El hallazgo de los restos el pasado 11 de marzo puso fin a casi nueve años de infructuosa búsqueda e incansables movilizaciones vecinales en Hornachos. La localización del cadáver fue el resultado de un minucioso operativo de la UCO y la Comandancia de Badajoz, respaldados por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Apenas dos días antes del hallazgo bajo las losas del patio, la Guardia Civil ya había tomado declaración como investigados a ambos hermanos tras rehacer paso a paso las últimas horas en las que se vio con vida a la vecina. Desde el descubrimiento de los restos, la causa ha sumado las declaraciones de los dos acusados, de los tres hijos y el marido de la víctima, de un agente de la Guardia Civil que accedió al domicilio en las horas posteriores a la desaparición, de varios vecinos y de un compañero de trabajo de uno de los encarcelados.

elDiario.es•elDiarioex13 sept

Ester Muñoz acusa al Gobierno de alentar "invasiones" en Ceuta y desliza que "pudo promover" la entrada masiva de migrantes

La portavoz del PP en el Congreso ha insistido en que se trata de "un ataque de guerra híbrida destinado a desestabilizar Ceuta y, por tanto, a desestabilizar España y la Unión Europea" Jueces y fiscales progresistas ven desproporcionado suspender el derecho a voto de nacionalizados por la 'ley de nietos' La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno “tener información” sobre el riesgo de crisis migratoria en Ceuta antes de que se produjera y no hacer “absolutamente nada” al respecto. “Tenemos un Gobierno que no sólo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó”, ha insistido la portavoz, que también ha acusado al Ejecutivo de “alentar próximas invasiones”. “Si después de una invasión de 80.000 personas los inmigrantes irregulares que quedan en Ceuta son repartidos en la Península, pasado mañana tienes una invasión de 200.000 y dentro de un mes de 500.000, porque lo que estás demostrando es que entrar irregularmente tiene premio”, ha advertido Muñoz, al tiempo que ha afirmado que hay que “seguir protegiendo la frontera y no alentar a próximas invasiones, que es lo que está haciendo el Gobierno de España con este tipo de mensajes”. Asimismo, ha explicado que, según los informes conocidos, la Guardia Civil ya alertó a principios de julio de que se podía producir una entrada masiva, y ha recordado que el PP registró a mediados de ese mes una proposición de ley para modificar la Ley de Extranjería que, a su juicio, “el Gobierno metió en un cajón”. “Toda la información que estamos conociendo, incluso información oficial que él mismo y su gobierno ha desclasificado, apunta a que el Gobierno de España sabía perfectamente que podía haber una invasión y no hizo absolutamente nada”, ha afirmado Muñoz este domingo en declaraciones a medios de comunicación en Sevilla la Nueva (Madrid). En este sentido, ha insistido en que “es evidente que tenían la información y no quisieron proteger nuestra frontera”, ha remachado, en referencia también a informaciones que apuntan a que el jefe de Gabinete trasladó datos del CNI al delegado del Gobierno la noche anterior a la entrada masiva y a que hubo una orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “no hacer nada”, como ha explicado la portavoz. Preguntada por si el CNI advirtió o no de la dimensión de la entrada de migrantes, Muñoz ha matizado que “no lo dice el CNI”, sino que “el Gobierno dice que el CNI dice”, al considerar que no existe “un papel o una instrucción oficial” del organismo que confirme que no avisó de la magnitud de la entrada. “Le damos la credibilidad justa teniendo en cuenta que tenemos un Gobierno que lleva mintiéndonos cuatro años”, ha añadido. Por otra parte, al ser cuestionada por la acogida de menores migrantes en comunidades autónomas, Muñoz ha insistido en que “esto no se trata de un problema de refugiados”, sino de “una invasión” y “un ataque de guerra híbrida destinado a desestabilizar Ceuta y, por tanto, a desestabilizar España y a desestabilizar la Unión Europea”. En este sentido, ha defendido que todos los migrantes que entraron de forma irregular, “sean menores o sean adultos”, deben ser retornados “por donde entraron”, y que, en el caso de los menores, debe primar su interés superior estando “con sus familias” o, en su defecto, protegidos por los servicios sociales marroquíes. Critica a Bolaños por “presionar” al Tribunal Supremo La portavoz del PP ha aprovechado su comparecencia para criticar con dureza un mensaje publicado el día anterior por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que ha acusado de “atacar y presionar” a los magistrados del Tribunal Supremo para que dicten una sentencia “escrita a gusto del Gobierno de España” respecto a la denominada 'ley de nietos', algo que ha calificado de “enorme irresponsabilidad y gravedad”. “En una democracia liberal el Ejecutivo no se enfrenta contra el Judicial. En una democracia liberal el imperio de la ley nos afecta a todos, a los tres poderes del Estado y también al Gobierno de España”, ha defendido Muñoz, quien ha sostenido que con ese mensaje el ministro dejó entrever la intención del Gobierno de utilizar la ley “fuera de la ley que aprobaron a posteriori” para ampliar el voto de los españoles en el exterior. En este sentido, ha alertado de que, según su análisis, habrá municipios de Madrid, Castilla y León, Asturias, Galicia o Andalucía con más personas censadas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) votando desde fuera de España que habitantes residentes en ellos. Finalmente, preguntada por si el PP condena las agresiones a periodistas en el ejercicio de su trabajo tras los ataques a profesionales de la información en Ceuta, Muñoz ha respondido que su partido “siempre” las ha condenado, “de cualquier naturaleza, de cualquier tipo y venga de quien venga”.

elDiario.es•Europa Press13 sept