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Rubén Rosón, víctima de la agresión fascista de Oviedo: "Un alcalde no puede justificar la violencia como lo ha hecho, no está a la altura"

El alcalde de Oviedo desata la polémica al minusvalorar una agresión fascista realizada a dos personas ocurrida durante las fiestas de San Mateo en una carpa de fiestas populares en un clima de odio del que los apalizados señalan a Vox como responsable El alcalde del PP en Oviedo resta importancia a la agresión fascista durante las fiestas: “No creo que sean tan mala gente” El pasado jueves por la noche ocho personas dieron una paliza a dos miembros de las Fiestes Populares de Oviedo en plena celebración de San Mateo. Los agredidos eran el exconcejal Rubén Rosón y Jorge Fernández, ambos miembros de la asociación AMA Asturies, una de las promotoras de la programación festiva alternativa que intenta mantener unos festejos con base popular y vecinal, restringidos por el gobierno del alcalde Alfredo Canteli desde el año 2021 . Ese mismo alcalde ha desdeñado este domingo la agresión fascista restándole importancia y defendiendo a los presuntos autores (de los que no se conoce públicamente su identificación): “No creo que sean tan mala gente” . Y sus palabras son consideradas por los afectados “de una vileza inhumana, parece que no tiene corazón”. Rubén Rosón atiende a elDiario.es en la vorágine de unos días muy intensos, agradecido por el apoyo recibido tras sufrir la paliza con patadas y puñetazos y llevarse una brecha de varios puntos. Exconcejal de Oviedo por Somos y médico de profesión, Rosón valora que “para lo que pudo ser estamos bastante enteros, con abolladuras y una brecha ahí en la cabeza, pero bien”. “Por suerte, no fue más allá porque podían haberlo matado”. Se refiere a su compañero Jorge Fernández, que recibió golpes en la cabeza, “esas patadas a la cabeza, esa imagen que todos vimos, una patada mal encajada, pues, igual ahora mismo no estaría aquí. Por eso ante la gravedad, al menos por lo menos estamos aquí”. Su móvil ya no da más de sí tras haber recibido cientos de mensajes de solidaridad. “No puedo usar WhatsApp ni Telegram prácticamente porque no paran de llegar mensajes”, explica para mandar un aviso muy contundente sobre todo lo que ha pasado desde la paliza, incluida la polémica política creada por el alcalde ovetense. El apalizado lamenta las palabras del alcalde Canteli, “es una barbaridad lo que dijo, rebaja la agresión a una anécdota. Dijo que los chavales no serán tan malos como si los conociese de algo, no sé si los conoce o no, pero es gravísimo. Luego ya me atacó a mí intentando como embarrar el debate. Yo no dejo de ser un médico que se gana la vida con su trabajo en la sanidad pública”. “Ves el vídeo (de la agresión) y se te encoge el corazón, independientemente de quien sea nosotros condenaríamos si fueran sus nietos o sus hijos. ¿Qué pasa? ¿La agresión cómo tiene que ser? ¿Por qué él no lo hace? ¿Qué pasa en esa cabeza?”, añade. “Si ha sido para ganar unos votos de la extrema derecha es terrible, es que no tiene ni una pizca de corazón”. “El alcalde de Oviedo no puede justificar una violencia como lo hizo, no está a la altura del cargo que ostenta como el mayor representante público de la capital de Asturias”, sentencia. Por eso piden al PP de Oviedo y de Asturias, del que Canteli no es afiliado ya que es independiente, que rechacen sus declaraciones y piden que Feijóo se pronuncie sobre si piensa lo mismo: “Si tiene un poco de humanidad que salga a rechazar las declaraciones de Alfredo Canteli y a solidarizarse con las víctimas, que es lo mínimo. El alcalde tiene que rectificar o que le hagan rectificar”. AMA Asturies y la totalidad de la izquierda asturiana respaldaron una protesta el pasado sábado en el lugar de la agresión, la plaza de la Catedral de Oviedo, seguida de forma multitudinaria por miles de personas que rechazaron la violencia fascista. Rosón no tiene dudas en a quién responsabilizar del clima de odio local y lo hace en varios dirigentes de Vox en el Principado. “Días antes de empezar las fiestas Sonsoles Peralta (portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo) señaló en redes a las casetas de fiestas populares, a nosotros, como lo hace constantemente con otros eventos. Que qué hacemos y además diciendo que estas casetas son una vergüenza, etcétera. Todo un discurso de odio señalando directamente a través de redes sociales”. Rosón relaciona también lo sucedido con otros polémicos llamamientos violentos como el del diputado asturiano de Vox José María Figaredo a “cazar inmigrantes” , “Es esto, es lo de salir a dar palizas la extrema derecha a la gente. Esto ya lo vivimos. Lamentablemente parecía ya olvidado, en los 80 y 90 se vivió muy intensamente, y parece que quieren volvernos a esa época más gris, casi predemocrática en la que estamos”. Rosón relata que los ocho agresores “sabían muy bien lo que estaban haciendo”. “Vinieron a vandalizar una caseta con un faldón con una bandera arcoíris en defensa del movimiento LGBTI, a vandalizar una caseta antirracista y arrancar pancartas antirracistas. Vandalizar todo una serie de movimientos en defensa de los derechos humanos”. “Lo más importante no es si cabe estos ocho energúmenos que al final pues son ocho sinvergüenzas, lo que pasa es que están inyectados y turbo acelerados por el odio que le inculca todo un movimiento mediático y de partidos que están amparando la violencia”. Vox se ha negado a condenar los hechos amparándose en la justificación de condena de “todo tipo de violencia'. ”Que una paliza sea una anécdota es una barbaridad. Les están diciendo a estos energúmenos que no pasa nada, seguid pegando palizas por la calle. Y luego sucede lo que sucede“, señala el agredido. En su opinión, el clima de odio promovido por algunos partidos y medios de ultraderecha lo acaban pagando personas normales y corrientes. ¿Y cómo se puede parar esta espiral? “Primero, condenándolo y poniéndose del lado de los agresores y no puede ser que haya ningún equívoco en las declaraciones públicas que ampare, defienda o blanquee a los violentos o los que generan odio en la sociedad”, incide Rosón. “Y la segunda es lanzar un mensaje de esperanza, porque sabemos que somos más y defendemos mejores valores, como se vio en la protesta del sábado con miles de personas. Compartimos una serie de valores cívicos y sociales que son los que hacen avanzar a la sociedad”. La paliza tuvo lugar en una plaza donde cuelga un cartel gigante del Ayuntamiento de Oviedo con la palabra 'Amabilidá'. Se trata del eslogan escogido por la ciudad ovetense para promover su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. El consistorio aseguraba que esas palabras buscaban “reimaginar cómo nos relacionamos y cómo creamos un nuevo modelo de ciudad y sociedad en Europa, conciliando diferencias y sin voluntad de imponer, generando diálogo social e intergeneracional”. Para Rosón las palabras del alcalde no han podido ir más en contra de lo que promueve su gobierno y cree que incluso “ponen peligro la candidatura y todo el trabajo detrás de la misma” por ser todo lo contrario a lo que promueven estas distinciones europeas. La 'amabilidá' no tiene mucho que ver con la violencia ni con la justificación de la misma. Pero pese a lo sucedido Rosón cree que “tenemos la obligación de ser optimistas, incluso después de una paliza. Incluso después de una agresión, porque Asturias siempre fue una tierra de acogida y una tierra solidaria. Una tierra también de luchas por los derechos humanos y los derechos civiles de las personas y creo que en el resto del Estado también se darán y se dan expresiones de lucha contra esto”.

elDiario.es•Antonio Vega14 sept

El exjefe Antidroga de la Guardia Civil en El Estrecho fracasa en su último recurso y será juzgado por un tribunal del jurado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelve en contra del teniente coronel David Oliva, que responderá ante nueve ciudadanos acusado de haber comprado a un compañero de Asuntos Internos para conocer la investigación que se seguía contra él por sus relaciones con un grupo de narcotraficantes La Fiscalía pide seis años y medio de cárcel para el jefe Antidroga de la Guardia Civil en El Estrecho El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que rechaza los últimos recursos del teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva y dos de sus antiguos colaboradores en la causa que se sigue contra ellos por cohecho y revelación de secretos, hechos acaecidos mientras integraban OCON-Sur, el dispositivo especial para la lucha contra el narcotráfico en El Estrecho que fue desmantelado por Interior en 2022. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella, por lo que aboca a los tres agentes a sentarse en un banquillo ante un tribunal del jurado en fecha aún por determinar. Hace más de un año, en abril de 2025, la Fiscalía presentó su escrito de acusación , en el que pide seis años y medio de cárcel para el teniente coronel Oliva, en otro tiempo aupado mediáticamente como azote de las redes del narcotráfico en el sur de España. El Ministerio Público le acusa de haber comprado la voluntad de otro guardia civil, destinado en Asuntos Internos, para que le facilitara toda la información que había sobre él en el citado servicio. Asuntos Internos sospechaba de los vínculos de Oliva con un clan de narcotraficantes de la provincia de Cádiz. Como pago de Oliva al guardia civil filtrador este fue destinado en el dispositivo comandado por David Oliva. Junto a Oliva y el ex agente de Asuntos Internos se sentará un teniente, colaborador del teniente coronel. Para este teniente, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por los mismos delitos que debe responder el teniente coronel Oliva, cohecho y revelación de secretos, mientras que para el antiguo agente de Asuntos Internos, el Ministerio Público pide tres años y seis meses de prisión únicamente por revelación de secretos. Oliva y el teniente acusado integraron el dispositivo OCON-Sur desde su puesta en marcha, en 2018. OCON-Sur fue la respuesta del actual Gobierno al crecimiento de la vía del narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, su penetración en distintas capas de la sociedad y la violencia utilizada por los miembros de los clanes, que habían empezado a atacar a los agentes de la autoridad. En los apenas cuatro años que estuvo desplegado, el dispositivo sumó más de 10.000 detenciones y la incautación de 1.400 toneladas de droga. En octubre de 2018, con una explicación que no convenció al tejido social de la zona, Interior devolvió la lucha antidroga a las comandancias de la Guardia Civil y disolvió el dispositivo especial, compuesto por 150 agentes que habían tenido una dedicación exclusiva y mayores retribuciones. El motivo de aquella decisión ministerial fue un misterio hasta que trascendió la imputación del teniente coronel Oliva en abril de 2023. El año anterior, el ministro del Interior había sido advertido de la investigación en marcha contra Oliva, por lo que decidió poner fin al dispositivo especial de la Guardia Civil, explican fuentes del instituto armado. Según la investigación, Oliva había averiguado que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil andaba tras él por su relación con un clan asentado en la playa de Bolonia (Cádiz), así que contactó con uno de los agentes del SAI. Acordó con él que le facilitara toda la información obrante en Asuntos Internos a cambio de llevarlo a trabajar con él a OCON-Sur, en Cádiz, destino al que aspiraba el filtrador por motivos familiares. El agente de Asuntos Internos entregó a Oliva un pendrive con toda la información y terminó destinado en OCON-Sur. La filtración de información, obtenida del servidor de Asuntos Internos, constituiría un delito de revelación de secretos, mientras que la concesión del puesto en el lugar donde quería el filtrador, otro de cohecho. La estrategia de defensa de los guardias civil incluyó denunciar un presunto montaje de la Policía Nacional para acusar en falso a Oliva de vínculos con los narcotraficantes. La denuncia de los guardias civiles motivó la imputación de un mando de la Udyco. El TSJ de Madrid rechaza que esa causa abierta contra el policía en un juzgado de Madrid sea motivo para invalidar el procedimiento contra los tres mandos del instituto armado. Los guardias civiles argumentan que el montaje policial respondería al deseo de la Udyco de que desapareciera el exitoso OCON-Sur, dentro de la rivalidad entre Cuerpos Al tiempo, la defensa de los guardias civiles interpuso numerosos recursos que han retrasado la decisión que implica finalmente que vayan a ser juzgados por un tribunal del jurado, competente en los delitos de cohecho que cometen funcionarios públicos. “La nulidad carece de justificación” Los guardias civiles acusados sostienen que toda la investigación está viciada por las supuestas falsedades e ilegalidades cometidas contra ellos por la Udyco de la Policía Nacional, también el trabajo que hizo después el propio Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la propia Guardia Civil y los consiguientes autos judiciales. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior de Madrid resuelven que el informe del SAI “no es tributario” del trabajo de la Udyco y que recoge “hasta trece indicios que fundamentan la oportunidad de la pesquisa”, según se puede leer en el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al que ha tenido acceso elDiario.es. “En suma, la investigación llevada a cabo resultó respetuosa de los derechos fundamentales concernidos y la nulidad pretendida carece de justificación”, añade la resolución. El procedimiento se encuentra ya en el trámite de las cuestiones previas. Los acusados impugnaron la incorporación de distintas pruebas que el TSJM rechaza. “Lo que no cabe es convertir el trámite de cuestiones previas al juicio en una oportunidad sanatoria universal de cualquier acto procesal anterior o una ocasión preventiva de hipotéticas irregularidades futuras. No existe, por tanto, vulneración de derechos fundamentales que propicie la nulidad pretendida”, culmina el auto. Otro de los guardias civiles denuncia las diligencias de escuchas que se acordaron y la invasión injustificada de sus derechos fundamentales. Esta conclusión supone, a juicio del tribunal, “desconocer el valor convictivo de los indicios, cuya valoración conjunta permitió inferir que el susodicho mantenía una relación muy estrecha con persona vinculada al narcotráfico, a pesar de su condición de guardia civil, que en más de una ocasión intermedió para protegerla y que tenía un patrimonio no acorde con sus ingresos”.

elDiario.es•Pedro Águeda14 sept

La bodega de la familia del conselleiro de Empleo, sancionada por explotar a migrantes sin papeles en la vendimia

Los responsables de la empresa aseguran que fue una empresa de trabajo temporal la que llevó sin papeles a sus viñas en Ribadavia (Ourense), afirman que la han denunciado, pero se niegan a mostrar esa denuncia La bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, ha sido sancionada por explotar a migrantes sin papeles para la vendimia del año pasado en la comarca de O Ribeiro (Ourense). La sanción se produce tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles y, por tanto, sin la protección legal que debe amparar a cualquier empleado. La bodega, Casal de Armán, fue fundada por el padre del conselleiro y tanto él como sus hermanos la recibieron en herencia tras la muerte del patriarca de la familia. La sanción propuesta por la inspección se dirige contra Viña Campinas, S.L., una filial del grupo encargada de gestionar las viñas en las que se recolecta la uva con la que se produce Casal de Armán, tal y como han confirmado a esta redacción un portavoz del grupo de empresas. Las sanciones para este tipo de prácticas oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros por cada trabajador irregular localizado en un centro de trabajo. En caso de reincidencia o explotación laboral grave los hechos pueden tener repercusiones penales. La Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, ha evitado hacer valoraciones ni confirmar la cuantía exacta de la multa impuesta a la familia del político del Partido Popular. El conselleiro de Empleo, José González Vázquez, inspector de Hacienda antes de entrar en la política activa de la mano de Alberto Núñez Feijóo en 2016, declaró al Parlamento de Galicia aquel año ser propietario de terrenos y socio de la bodega junto a sus hermanos. Su participación en la empresa la recibió por herencia de su padre y se desprendió de la misma en 2018, coincidiendo con su entrada en el Gobierno gallego, primero como conselleiro de Medio Rural y, después, como titular del departamento de Trabajo. elDiario.es se ha puesto en contacto con los responsables de Casal de Armán que se han desligado de cualquier práctica irregular argumentando que las contrataciones de temporeros sin papeles se realizaron a través de una empresa de trabajo temporal, ajena a su grupo de empresas, y que cuando tuvieron conocimiento de esas irregularidades procedieron a presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta redacción ha solicitado de la empresa una copia de esa denuncia, recibiendo una negativa como respuesta. Además, elDiario.es ha preguntado a los responsables de la bodega cómo es posible que la sanción propuesta por la Inspección de Trabajo se haya dirigido contra una de las empresas de su grupo, Viña Campinas, S.L. y no contra esa supuesta ETT que comerciaba con trabajadores sin papeles. Para esta última cuestión la empresa asegura que “aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”. La Xunta se ha sacudido el asunto como si no tuviera opinión sobre el lío que afecta a la empresa de la familia directa de quien dirige las políticas de empleo y emigración en la comunidad autónoma. En un mensaje por escrito remitido por un portavoz del conselleiro de Empleo abogan por el cumplimiento de la legislación laboral vigente, incluso, dicen, en época de vendimia. Como única reacción, el mensaje que a continuación se reproduce de manera literal: “La Xunta, como no puede ser de otra manera, aboga por el cumplimiento de las condiciones laborales en cualquier actividad que se desarrolle en Galicia y, evidentemente, también durante la vendimia. Cualquier trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación”. Tres millones de facturación, cuatro trabajadores Viña Campiñas, perteneciente a la empresa familiar Bodegas Casal de Arman SL, se constituyó en 2022 y se dedica a “actividades de apoyo a la agricultura”. En 2025, Viña Campiñas facturó 715.463,12 euros y no detallaba el origen de sus ingresos. Declaraba una plantilla media de 10,3 personas, frente a los 12,4 de 2024, según sus cuentas, accesibles a través de Insight View y firmadas por Juan Luis González Vázquez, hermano del conselleiro de Empleo, “en calidad de representante de Rectoral de San Andrés”, la holding familiar. La bodega de la familia del conselleiro de Empleo, Bodegas Casal de Arman SL, facturó algo más de 3 millones en 2025. Su plantilla media no alcanzó en ese ejercicio las 4 personas, según sus últimas cuentas, que indican que “existen operaciones con partes vinculadas”, sin detallarlas, y que “se han recibido subvenciones durante el ejercicio para la financiación del Kit Digital por importe de 3.500 euros y del Igape [Instituto Gallego de Promoción Económica] para la financiación de uvas por importe de 17.407,96 euros”. La propietaria última de estas dos empresas es la holding Rectoral de San Andrés SL, constituida en 2003, perteneciente a la familia del conselleiro y cuyo administrador único es su hermano Juan Luis. En 2025 tenía unos cinco empleados, según las cuentas que acaba de remitir al Registro Mercantil Otras Polémicas No es la primera vez que Casal de Armán se ve envuelta en una polémica relacionada con el cumplimiento de leyes y normativas. En mayo de 2015 la empresa decidió levantar un salón de eventos con estructuras prefabricadas junto a sus viñas y a la Casa de Turismo Rural que explotan a sus pies. La infraestructura carecía de permisos municipales y de la Xunta, por lo que la administración gallega resolvió su “demolición” por el “tremendo impacto” sobre el entorno. Aquella resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura fue objeto de una catarata de recursos y alegaciones que mantienen la polémica dormida en los despachos, mientras el holding de la familia del conselleiro mantiene su salón de eventos en pie al tiempo que buscan permisos para ampliar sus dotaciones de hostelería sobre parte de la finca, calificada como suelo rústico.

elDiario.es•Gonzalo Cortizo14 sept

Fractura en la Junta Electoral: del "despropósito" de la sentencia de la ley de nietos a evitar el pulso con el Supremo

El debate entre consejeros destapa las dudas sobre una suspensión del derecho al voto de 400.000 nacionalizados a los que no se ha permitido alegar La fórmula para dar la nacionalidad que cuestiona el Supremo en la ley de nietos se aplicó sin polémica en 2008 La Junta Electoral Central acordó dividida este lunes no ir al choque con el Tribunal Supremo tras su decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. El órgano se limitó a acatar la decisión del Supremo sobre la Ley de nietos, sin tratar de enmendar el embrollo jurídico generado, según informan elDiario.es varias fuentes conocedoras del contenido de esa reunión, que se alargó durante dos horas. El sector alineado con posiciones progresistas trató de dar la batalla para interponer un recurso contra la decisión que privará del ejercicio de ese derecho a miles de descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Pero su propuesta decayó por un ajustado resultado de siete votos a seis. En paralelo, el órgano electoral rechazó por ocho votos a cinco dar instrucciones concretas sobre cómo ejecutar la decisión del Supremo, un movimiento de parte de los vocales conservadores tras el que otros miembros del órgano ven un intento de “arreglar el desaguisado” generado. En relación con la impugnación ante el Supremo, a los magistrados y catedráticos de orientación conservadora se sumó en esta ocasión el presidente del órgano, Eduardo Calvo, un veterano magistrado del Supremo, que fue afiliado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, y que aspira ahora a presidir la Sala del Alto Tribunal que la semana pasada falló sobre la ley de nietos. De acuerdo a las fuentes consultadas, Calvo expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción. Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de la Junta Electoral, órgano al que llegan tras ser elegidos por sorteo. Los otros cinco miembros de la Junta Electoral son catedráticos elegidos por el Parlamento: dos a propuesta del PP, otros dos a iniciativa del PSOE y una de Sumar. Estos tres últimos secundaron la propuesta de recurrir los autos que alientan la teoría del supuesto pucherazo de Vox y han supuesto el freno de la ley de nietos. A ellos se sumaron los magistrados del Supremo Pilar Teso, Concepción Ureste y Javier Hernández, a los que habitualmente se sitúa en el espectro progresista de ese órgano judicial. Antes de la votación, fueron varios los consejeros que expresaron dudas jurídicas sobre lo que consideran un “salto en el vacío” del Supremo y sobre la indefensión en la que quedan los electores a quienes se les retira cautelarmente un derecho vinculado a su nacionalidad sin ofrecerles trámite de audiencia previa. De acuerdo a las fuentes consultadas, algunos de estos consejeros discrepantes con la decisión del Alto Tribunal calificaron de “despropósito” y “barbaridad” la decisión del Supremo y auguraron un “sinfín de litigiosidad” como consecuencia de la “inseguridad jurídica total” que ha generado en miles de personas a las que se les niega un derecho fundamental sin la posibilidad de presentar alegaciones. De hecho, alguno de los vocales apuntó que entre los afectados hay miles que ya pudieron votar en las autonómicas y generales de 2023. Sin embargo, algunos de estos mismos consejeros asumen que ese hipotético recurso “no tenía ninguna opción de prosperar” y podría añadir más ruido a una situación ya de por sí endemoniada. Por otro lado, los vocales discrepantes con la posibilidad de impugnar la decisión del Supremo consideraron que la vía del recurso no era apropiada y habría supuesto un choque de trenes inédito entre ambas instituciones. En este grupo de vocales están los cuatro que el pasado julio firmaron un voto particular contra la decisión de la Junta Electoral de declararse no competente para frenar los efectos de la ley de nietos. Sus argumentos acabaron, primero, en los escritos en los que Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa llevaron el asunto al Supremo; y, después, en las propias resoluciones del Alto Tribunal. Los firmantes de ese voto particular son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada —elegidos a iniciativa del PP— y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín, a los que este lunes se sumaron sus compañeros del Alto Tribunal Fernando Cerdá y Carmen Lamela y el presidente del órgano, el citado Eduardo Calvo, para evitar el recurso a una decisión que ha vuelto a tensar la situación entre el Gobierno y el Poder Judicial. De hecho, aunque en la Moncloa ponen el foco en la “salvajada” del Supremo, también critican la respuesta de la Junta Electoral. “Nos sorprende mucho que atienda esa decisión del Supremo, sinceramente”, apuntan desde el Ejecutivo, donde meten prisa al alto tribunal para que solvente la cuestión cuanto antes. “Esperábamos que la Junta Electoral cuestionara y reprobara la decisión del Supremo. Y en cualquier caso nos parece imprescindible que se resuelva cuanto antes, porque es muy grave restringir un derecho básico de la condición de ciudadanía como es el derecho al voto”, apuntan fuentes del Gobierno. Pese a acatar la medida cautelar, la Junta Electoral mantendrá su personación en el procedimiento para defender que no tiene competencias para fiscalizar la concesión de la nacionalidad ni la instrucción del Ministerio de Justicia que amplió la aplicación de la ley de nietos y que ahora cuestionan las derechas y el Supremo. “Cumplirse en sus términos” Según la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, solo podrán seguir en el censo aquellos descendientes de españoles que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Su pronunciamiento pone en el foco esa instrucción, de 2022, que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Según los jueces, el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” de que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. En una entrevista en Malas Lenguas de TVE, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y autora de esa instrucción, recordó que se viene aplicando “pacíficamente” desde 2008, también por gobiernos del PP, ya que es calcada a la que se aprobó aquel año para completar la ley de memoria histórica. La Junta Electoral también abordó en su reunión de este lunes como hacer frente al mandato del Supremo. Por ocho votos a cinco, el órgano decidió limitar su actuación a trasladar a los organismos implicados las directrices del Supremo, que deben “cumplirse en sus términos”. Esto es, trasladar a la Oficina del Censo Electoral los autos del tribunal para que se cumplan sus requerimientos, así como instar a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los Registros Consulares el desglose entre los nacionalizados que han “demostrado” su condición de descendientes de exiliados y a los que se les aplicó la presunción de exilio de acuerdo a la citada instrucción. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que se llegaron a eliminar algunos pasajes del borrador inicial elaborado por los letrados para que el acuerdo fuera lo más “escueto” y “apegado” posible al texto de los autos del Supremo. Cuatro de los vocales de orientación conservadora propusieron elaborar una especie de instrucción propia que ordenara notificar la decisión del Supremo individualmente a los afectados, pero la mayoría se mostró en desacuerdo. A su juicio, eso suponía “arreglar los desaguisados del Supremo”, que ha suspendido el derecho fundamental a voto de miles de personas sin darles la opción de presentar alegaciones.

elDiario.es•Elena Herrera, José Enrique Monrosi14 sept

Jesús Esteban y Gerardo Gómez, fusilados en Navarra, ya están con sus familias: "Ha sido recobrar nuestra historia"

Los restos de dos presos fugados del Fuerte de San Cristobal en 1938, que fueron capturados y fusilados ese mismo año, han sido identificados y entregados a sus familias en un acto celebrado en el Rozalejo por el Gobierno de Navarra “¿Mató tu bisabuelo al mío?”: el trauma de los fusilados por el franquismo alcanza a la cuarta generación “La historia de nuestra familia es como la de muchas otras de nuestro país”, ha comenzado su intervención Fernando Zamora, sobrino nieto de Jesús Esteban, fusilado y enterrado en una fosa común tras intentar fugarse del Fuerte de San Cristóbal en mayo de 1938, al igual que Gerardo Gómez Lorenzo, preso fugado y capturado en la misma huida. Ambos han estado perdidos 88 años, 3 meses y 23 días. En total 32.257 jornadas que han estado sepultados sin nombre, “historia” y “dignidad”. Zamora asegura que encontrar los restos de los fusilados no solo alivia a la familia, sino que “es más bien que los huesos, que cada resto, tengan su nombre”. “Es importante también para ellos mismos y por la dignidad humana [de quién fue asesinado]”, expresa. En un acto celebrado este lunes en el recién inaugurado ‘Rozalejo, Espacio de Memoria y Convivencia’ del casco antiguo de la capital navarra, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha entregado a sus familiares los restos de Jesús Esteban Muñoz y de Gerardo Gómez Lorenzo, identificados por el banco de ADN del Ejecutivo foral, tras las exhumaciones llevadas a cabo en 2017 y 2018 en las fosas de Urtasun y de Leranotz respectivamente. Un nutrido grupo de familiares de ambos represaliados, desplazado a Pamplona desde Galicia y Bizkaia, representantes institucionales, asociaciones memorialistas, parte del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Nasertic y del Instituto Navarro de la Memoria han participado en el acto. “Esperamos y deseamos que este hecho [la entrega de los restos a sus familiares], contribuya a cerrar ese círculo que nunca se tuvo que abrir. Ese círculo que de forma terrible ocurrió hace 80 años”, ha declarado en su intervención la consejera Ana Ollo, que a su vez ha querido trasmitir a los asistentes la contribución de esta entrega “a la esperanza de cientos de familias que todavía no han encontrado a sus familiares asesinados”. “Mi madre siempre hablaba de Gerardo porque era de su edad. Se le venían las lágrimas a los ojos porque eran como hermanos. Vivían en la misma finca de sus abuelos a 50 metros el uno del otro”, cuenta Julio Suárez, hijo de la prima de Gerardo Gómez Lorenzo. Frente a los asistentes, ha recordado que “era un niño” de tan solo unos cuatro o cinco años cuando los militares aparecieron en la casa familiar y preguntaron por el primo de su madre. “Su casa ya tenía cocina” y en ella había “una manilla dorada”. “Y yo me acuerdo de estar agarrado ahí mientras se marchaban los agentes”, narra Suárez. Años después, supo que su tío Gerardo intentó escapar “cuando fueron a buscarlo” y finalmente “fue apresado”. A partir de entonces “no supieron nada más de él”. “Ni mi madre, ni mi abuela, ni las primas de Buenos Aires. No supieron ni si estaba muerto o ni si estaba vivo”, describe. Dos presos huidos de San Cristobal y posteriormente fusilados. El marcado como número 1 es Gerardo Gómez La madre de Suárez murió sin saber qué le ocurrió a su primo, apresado con 18 años. El joven carpintero, natural y vecino de Bergondo (A Coruña) ingresó en el Fuerte el 14 de junio de 1937, donde permaneció hasta la fecha de la fuga, 22 de mayo de 1938. Su cuerpo fue exhumado 80 años después de este intento de huida. “Lo enterraron con su pipa y el anillo, que llevaba sus iniciales”, describe Suárez. Jesús Esteban Muñoz, nació el 22 de junio de 1906 en Villaverde de Íscar (Segovia) y era vecino de Portillo (Valladolid). Para Maite Méndez, hija de la sobrina de este, la entrega de sus restos supone “recobrar la historia” de su familia. “Nuestro tío abuelo estaba en el limbo, no sabíamos nada de él. Sabíamos que había participado en la fuga, pero nunca supimos más”, afirma. Su madre, que ahora tiene 99 años y hubiera querido haber asistido, porque a pesar de la edad “la cabeza la tiene muy lúcida” y, sobre todo, “para esta memoria, siempre se acordó de su tío Jesús”. Fue ella, de hecho, quien aportó la mayoría de información sobre el segoviano al saber que había participado en la huida, hecho que conocía por “otros presos que no participaron en la fuga” y que vivían cerca de los abuelos de Méndez, explica ella misma. “Para mi madre ha sido muy emocionante”, explica Méndez. Tras las investigaciones, se supo que Jesús Esteban formaba parte de un grupo de fugados del que tres fueron detenidos en Eugi y otros dos, en el paraje de Bardegi, entre Usetxi y el alto de Egozkue. Después de ser asesinados fueron llevados al cementerio de Urtasun (Esteribar), donde fueron enterrados en una fosa común. En mayo de 2017, se llevó a cabo la exhumación de los cinco cuerpos inhumados en esa fosa del cementerio. “Esas familias que durante muchos años han visto su círculo maldito abierto y hace décadas que no se les ha cerrado, es el momento de darles protagonismo”, ha reivindicado la consejera Ollo. “Reconoceros esa trasmisión de la memoria que ha conseguido que muchos años después estéis aquí, con la intención de reivindicar a vuestros familiares. Porque no eran personas que murieron por nada, por no haber hecho nada. Habían luchado por una sociedad más justa, más libre, más social y con más derechos para todas y todos. Y los mataron por eso”. Con los de Jesús Esteban y Gerardo Gómez son ya 53 los cuerpos devueltos por el Gobierno de Navarra a sus familiares tras su exhumación e identificación. Según el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, hasta la fecha se han abierto 444 expedientes de personas represaliadas. Desde el Instituto Navarro de la Memoria recuerdan que las familias de personas desaparecidas tras el golpe de estado militar de 1936 pueden contactar con el banco público de ADN a través del correo “para que se pueda continuar con nuevas identificaciones y restitución de cuerpos a sus familias, así como con la localización de emplazamientos donde puedan encontrarse nuevas fosas”.

elDiario.es•Fushan Equiza14 sept

Page traslada la "hipótesis" de que las elecciones generales se celebren en marzo

El presidente de Castilla-La Mancha ha participado en Toledo en la presentación del libro ‘Cómo ganar unas elecciones' del politólogo César Calderón, pero no ha confirmado que optará a revalidar la Presidencia regional Patxi López apela a los alcaldes del PSOE en Albacete “para defender lo que hace Pedro y lo que hace Emiliano” El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha deslizado este lunes la idea de que las elecciones generales puedan celebrarse el próximo mes de marzo. “Es una hipótesis”, decía, pero lo ha argumentado. “No se explica el resultado electoral del 23 de julio sin haber sido antes las municipales y autonómicas y sin el desastre de gestión de los pactos del PP con Vox”. Con los comicios generales en marzo, ha especulado, las virtuales negociaciones para formar gobierno en España, “se producirían durante la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales” para “jugar el efecto contrario”. Lo ha dicho en Toledo, durante la presentación del libro ‘Cómo ganar unas elecciones: 11 campañas electorales que han revolucionado la comunicación política’ (Catarata, 2026), publicado por el consultor político César Calderón. Con un año por delante repleto de citas electorales tanto autonómicas como municipales o generales había mucha expectación por las palabras de García-Page, que todavía no ha confirmado su intención de presentarse a las elecciones para revalidar su cargo. Hoy tampoco lo ha hecho. En un acto moderado por la periodista y subdirectora de la Agencia Colpisa, Lourdes Pérez, ha dicho “temer” que “por el lado del PSOE se trabaje en la política de bloques: mucha derecha, mucha izquierda, mucho planteamiento de frente” y que por parte de la derecha se opte por lo “estrictamente personal”, con “un plebiscito” sobre Pedro Sánchez. Ve “rechazable” que el ámbito judicial plantee “batalla política” También ha hablado del ámbito judicial. “A la justicia se la puede criticar, pero no se la puede socavar”. El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido este lunes “respeto a los tribunales de justicia”, recordando que el sistema actual se rige por “la división de poderes”, no sin reconocer como “rechazable” que desde los órganos jurisdiccionales “se quisiera plantear una batalla política”. Emiliano García Page cree que “España no se merece que oficialmente se tire tanto de la cuerda. Quiero decir que es tan sencillo como que tienen que funcionar las instituciones”. El presidente castellanomanchego se mostraba contrario a los extremos, criticando a “los que polarizan” porque en su opinión “lo hacen como recurso, el último recurso, porque no pueden construir”. Ha apostado por un liderazgo en positivo. “El que merece la pena es el que construye, el que cuando gobiernas, gobiernas para todos. Que puede parecer así muy ingenuo, pero sinceramente ese es el que merece la pena”. Desde su punto de vista “solo cuando hay una ausencia del liderazgo positivo, cuando alguien se convence de que no puede sumar más del veintitantos por ciento del voto, entonces lo que hace es dividir. Divide y vencerás, esto es una cosa que está inventada desde el principio de los tiempos”. En este sentido ha insistido en que “hoy hay demasiada gente tirando de la cuerda”, para contraponer que, pese a ello, “afortunadamente la cuerda del país es muy sólida”. Page cree que España “no merece el populismo frentista”.

elDiario.es•Carmen Bachiller14 sept

"Vas a perder la prueba": las presiones a pacientes de la sanidad pública en Cantabria para ser derivados a la privada

Les citan en el hospital privado Santa Clotilde y les advierten que si lo rechazan pierden su puesto en la lista de espera Antecedentes - La Plataforma de la Sanidad Pública pregunta al Gobierno cántabro qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados a Santa Clotilde Varios ciudadanos cántabros han denunciado presiones para realizarse pruebas médicas en el Hospital privado Santa Clotilde con la advertencia de que si lo rechazan, porque prefieren esperar a ser atendidos en la sanidad pública, perderán su puesto en la lista de espera y la demora será mayor. La Consejería de Salud había negado estas prácticas y hasta ahora mantenía que era una opción voluntaria. No obstante, los testimonios de algunos afectados coinciden en lo contrario. “Vas a perder la prueba, te la van a quitar”, le dijeron por teléfono a Laura Colina cuando la llamaron del Hospital de Laredo para darle cita para una resonancia y dijo que prefería hacérsela en Valdecilla. “Me dijeron que si rechazaba ir a Santa Clotilde automáticamente me quedaba sin la prueba”, confirma. En esa misma llamada le aconsejaron no renunciar y hacer un escrito –que ya ha gestionado– pidiendo que la prueba se haga en la sanidad pública y que la mantengan en la lista de espera. “¡A qué punto hemos llegado, coaccionando a un paciente bajo la amenaza de perder la prueba diagnóstica”, denuncia. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública asegura que no es un caso único y que tiene varias reclamaciones de usuarios del Servicio Cántabro de Salud sobre las derivaciones a la sanidad privada. “Se les dice que deben aceptar la derivación a Santa Clotilde porque pertenece a la red del Servicio Cántabro de Salud”, explican desde la entidad. De hecho, según refieren los propios afectados, se les ha explicado que negarse a ello es como negarse a hacerlo en Valdecilla, perdiendo todos sus derechos a ser atendidos. El Gobierno de Cantabria firmó un convenio de privatización de servicios sanitarios para derivar operaciones quirúrgicas y pruebas médicas al hospital privado Santa Clotilde, propiedad de una orden religiosa que recibirá 256 euros de dinero público durante los próximos veinte años, hasta 2046. A raíz de estas circunstancias, la Plataforma cree que se está coaccionando a los pacientes y que, probablemente, si alguno protesta se le atenderá según lo establecido, pero habrá otros muchos que creerán lo que les dicen e irán a Santa Clotilde aunque no quieran, por temor a las consecuencias. En realidad, según explican desde el colectivo el protocolo establece que si un paciente rechaza hacerse la prueba en la sanidad privada sale de la lista “estructural” y pasa a estar en situación de “demora voluntaria”. Supone que se les cita por orden de antigüedad en función de la disponibilidad del centro público. Hace unos meses, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria solicitó a la Consejería de Salud que aclare qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados al hospital privado Santa Clotilde. Si cuando se rechaza operarse allí “se respeta íntegramente su posición en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud para ser intervenido en un hospital público” –preguntaron– “o si, por el contrario, ese rechazo supone algún tipo de perjuicio, retraso o pérdida de su lugar en la lista de espera”. La cuestión afecta directamente a los derechos de los pacientes y a su capacidad para decidir dónde desean ser atendidos. En este sentido, desde la Plataforma insisten en que los ciudadanos tienen derecho a saber “si ejercer su libertad de elegir la sanidad pública puede tener alguna consecuencia sobre su posición en la lista de espera”. “La transparencia también forma parte del derecho a la salud”, subrayan.

elDiario.es•Olga Agüero14 sept

Jesús Luisa Esnaola, el 'dantzari' que en 1936 se mantuvo al lado de los 'gudaris' hasta la caída de Donostia en manos de los sublevados

Fue nombrado secretario general de Gobernación en el Gobierno de Euzkadi y, tras la Guerra Civil, exiliado en México, se afanó en difundir la cultura vasca Puedes leer en este enlace todos los perfiles del especial '90 años del Gobierno de Euzkadi (1936-2026)' Jesús Luisa Esnaola (1904-1972) fue secretario general del Departamento de Gobernación del Gobierno de Euzkadi. Nació en Errenteria, en el seno de una amplia familia, pues su padre, que trabajaba en la explotación de unas canteras, llegaría a tener un total de once hijos de dos matrimonios. Luisa Esnaola vivió sus primeros años en casa de una tía en Donostia. Empleado en el sector textil, llegó a ser gerente de los almacenes Imaz y Samperio. Activo políticamente desde joven, se afilió al PNV con apenas 14 años y, con unos pocos más, a Solidaridad de Obreros Vascos. Presidió la Juventud Vasca de la capital guipuzcoana y fue dirigente también de la Gipuzko Mendigoxale Batza, entidad montañera de adscripción abertzale. Fue detenido en 1931, según el libro “por su supuesta participación en unos incidentes ocurridos con motivo de la entrega de premios en las regatas de San Sebastián”. Habría habido altercados entre republicanos y nacionalistas, al intentar estos últimos difundir su propia propaganda. En 1936 se casó con Irune Saseta, vasquista y militante del PNV. Cándido Saseta, hermano de esta y por tanto cuñado de Luisa Esnaola, llegaría a ser durante la Guerra Civil comandante en jefe de Euzko Gudaroztea, la milicia del partido. El mando militar lo ostentó Saseta, mientras que Luisa Esnaola fue uno de los cinco comandantes que le guardaba las espaldas en la dirección. Estuvo con los 'gudaris' hasta que Donostia fue tomada por los sublevados en septiembre del primer año de contienda. Participó en una entrega ordenada de la ciudad y marchó a Bilbao. Telesforo Monzón, consejero de Gobernación del Gobierno de Euzkadi, lo nombró secretario general del departamento. “Tal vez por su experiencia en el mantenimiento del orden público en los momentos anteriores a la caída de Donostia”, aventura el libro. Poco se sabe sobre el desempeño de sus funciones, pero trabajó para el Gobierno vasco hasta que Bilbao cayó en manos de los sublevados en junio de 1937, cuando huyó a Santander primero y a Francia después. Acabó exiliado en México, donde, según la obra, “pudo subsistir gracias a los subsidios que recibió del SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles) y de la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), por su condición de alto cargo del Gobierno vasco”. 'Dantzari' desde niño, estuvo siempre interesado en la cultura vasca. Ya durante la dictadura de Primo de Rivera había trabajado para difundir el folclore vasco, labor que redobló durante la Guerra Civil y en el exilio, dedicado a la enseñanza en la Euzko Etxea de la capital de México. En tierras americanas siguió trabajando como comerciante. Volvió a suelo vasco y se instaló en la localidad de Kanbo, en la que falleció en 1972, a los 67 años.

elDiario.es•elDiario.es Euzkadi14 sept

La Fiscalía denuncia el giro de 180 grados del instructor de la investigación por la "desaparición" del Irurak Bat de Getxo

Sostiene en un duro recurso que el juez Marcos Amor ha cerrado el caso sin atender a los informes, que apuntaban a "la absoluta necesidad de proteger tal edificio", y quiere que la Audiencia Provincial reabra la causa Triple recurso al cierre de la investigación del Irurak Bat en Getxo: Fiscalía, PP y EH Bildu quieren que se reabra la causa La fiscal María del Pilar Sánchez Donate ha firmado un muy contundente escrito contra la resolución del instructor de Getxo Marcos Amor que cerró la investigación penal por el derribo del palacete Irurak Bat sin tomar declaración a los imputados —entre ellos tres exconcejales del PNV, que ha celebrado la decisión— y a los principales testigos y sin revisar los dispositivos electrónicos decomisados por orden de la anterior instructora, Neus Galobardes. Desde el aplauso a la “gran labor” del juez Amor, la fiscal lamenta el “giro de 180” en la investigación y que se haya optado por cerrarla sin “motivación”, y recuerda que todos los informes que se conocían hasta ahora, incluso los del área de Patrimonio del Gobierno vasco, en manos del PNV, apuntaban a la “irregularidad” de la demolición. El juez Amor, que no fue el que acordó a comienzos de 2026 tanto las imputaciones como los registros y la incautación de documentos y equipos electrónicos, dio por buena la tesis de las defensas de que era aplicable en este caso una sentencia de lo contencioso-administrativo sobre otro edificio de Getxo, La Aldea. Según esa tesis, que un inmueble sea de “custodia municipal” no implica automáticamente una protección y, por lo tanto, no cabe estimar que un derribo pueda ser delictivo. Sin embargo, como adelantó este periódico, se cierne un triple recurso para que la Audiencia de Bizkaia enmiende la plana al instructor . Lo han planteado, por un lado, los dos principales partidos de la oposición, PP y EH Bildu, que están personados; y, por otro, la Fiscalía. El documento del ministerio público, fechado a 11 de septiembre y enviado ya a la Audiencia Provincial, menciona que el propio juez habló de tomar declaración a los imputados después de escuchar a los testigos, cosa que no se ha cumplido, e insiste en que “no se comparte que el edificio no se hallara protegido” y tampoco “que su derribo fuera una actuación admitida sin el cumplimiento de los requisitos legales”. No se puede ventilar el caso del Irurak Bat señalando que “meras infracciones propias del ámbito administrativo” como mucho, afea Sánchez Donate a Amor. Dice la Fiscalía que el arquitecto municipal —Urko Balciscueta, que tampoco llegó a declarar—, que el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro y que “hasta la Dirección Patrimonial Cultural del Gobierno vasco”, organismos que “abarcan todo el espectro de conocimiento de la materia”, “coincidían en la protección que se debía deparar al edificio Irurak Bat y en la irregularidad de la demolición en cuanto edificio sometido a custodia municipal”. “La absoluta necesidad de proteger tal edificio se desprendía de la normativa vigente en tal momento y se contempla incluso ahora en la actualidad, al aparecer como edificio sometido a custodia municipal, debiendo respetar la envolvente del edificio en su integridad, [...] en la modificación del plan general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Getxo, con entrada en vigor el 25 de agosto de 2026”, remarca. Para la Fiscalía, hay indicios de que los imputados “actuaron de una manera orquestada” para saltarse la normativa y poder derribar el Irurak Bat. “Ciertamente todos los juristas intervinientes en la causa somos capaces de comprender lo que subyace en la resolución ahora impugnada, pero la realidad es que se halla huérfana de un relato de hechos que permita conocer a ajenos a la causa la entidad de los hechos y la importancia que se le quiere dar”, sostiene también, sin que quede muy claro a qué se refiere, el escrito de recurso de la fiscal, que en todo caso sí incide en falta de motivación del instructor y recuerda que eran dos los posibles delitos cometidos, la prevaricación —adoptar decisiones administrativas irregulares a sabiendas— y un delito contra el patrimonio histórico. Así, la Fiscalía opta por resumir los indicios e insistir en su plena vigencia. Menciona, por ejemplo, el “apartamiento consciente y deliberado” del arquitecto municipal que había informado contra el derribo “para evitar un informe desfavorable”, la realización de “intervenciones graduales” no permitidas que acabaron con la “desaparición” total del antiguo edificio en 2024, la “omisión” de “todos” los trámites que exigen los edificios protegidos o la “ocultación” de los verdaderos planes de demolición durante el proceso. Dos de los tres del PNV imputados iban a irse a vivir allí, a las nuevas viviendas de lujo que iban a sustituir al Irurak Bat.

elDiario.es•Iker Rioja Andueza14 sept

La Comunidad de Madrid levanta la suspensión cautelar del estadio del Rayo Vallecano

La segunda auditoría constata una mejora "muy significativa", aunque sigue adelante la extinción de la concesión La directiva del Rayo se atrinchera en el Estadio de Vallecas e impide la entrada de la Comunidad de Madrid al campo La Comunidad de Madrid ha levantado este lunes la suspensión cautelar del Estadio de Vallecas después de analizar la segunda auditoría encargada para comprobar el estado de las instalaciones, que concluye que el recinto se encuentra ya en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario, por lo que el Rayo Vallecano podrá volver próximamente a disputar sus partidos en su campo. Según informa la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la nueva auditoría concluye que “ las instalaciones inspeccionadas se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario” y constata “una mejora material y documental muy significativa” respecto a la situación reflejada en el primer informe. La Comunidad ha subrayado que la mayor parte de las actuaciones correctoras se han producido después de las decisiones adoptadas por la Consejería a raíz de la primera auditoría, que detectó una situación que “comprometía la seguridad y operatividad del recinto”. El levantamiento de la suspensión abre así la puerta al regreso del conjunto franjirrojo a Vallecas, después de que haya tenido que disputar fuera de su estadio sus primeros partidos como local de la temporada. Sigue adelante la extinción La decisión de permitir nuevamente el uso del estadio no supone, sin embargo, el cierre del procedimiento administrativo abierto contra el Rayo Vallecano. La Comunidad ha confirmado que seguirá adelante con el expediente de extinción de la concesión al Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva por lo que considera un “incumplimiento grave” de sus obligaciones. El consejero del ramo, Mariano De Paco Serrano, ya había avanzado este mismo lunes que ambas cuestiones discurrían de forma independiente y que, aunque los problemas que afectaban al estadio hubieran sido subsanados, el Ejecutivo regional mantendría el procedimiento de extinción por los incumplimientos previos atribuidos al club. “Es verdad que el club en este último tiempo ha solventado todos los problemas que tenía el estadio, pero esos problemas existían y por eso se tuvo que iniciar este procedimiento”, había señalado el consejero horas antes de conocerse la decisión definitiva. La auditoría llegó el sábado La segunda auditoría fue remitida el pasado sábado a las 17.41 horas a la Consejería por Instalaciones Cedial, la misma empresa encargada de elaborar el primer informe, y había sido firmada ocho minutos antes, a las 17.33 horas. El documento ha sido remitido además al Colegio de Ingenieros. La resolución firmada este lunes por De Paco llega después de que la Dirección General de Deportes haya emitido los informes preceptivos necesarios para adoptar la decisión. La Comunidad había insistido durante las últimas semanas en que no permitiría el regreso del equipo hasta disponer de un documento técnico definitivo que acreditara que los problemas señalados inicialmente habían sido corregidos. Horas antes de conocerse el levantamiento de la suspensión, De Paco había señalado en una entrevista en Telemadrid que veía complicado que el Rayo pudiera regresar ya para el partido de este martes, aunque confiaba en que el siguiente encuentro como local, previsto para octubre, sí pudiera disputarse en Vallecas si la auditoría confirmaba que las deficiencias habían sido subsanadas. Desde julio sin jugar en Vallecas El 'exilio' del Rayo se remonta al mes de julio, cuando la Comunidad dictó una orden para iniciar la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas y acordó como medida cautelar su suspensión inmediata después de que una primera auditoría detectara “graves” deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento. El informe recogía problemas en ámbitos como los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y las condiciones higiénico-sanitarias. La Comunidad atribuyó además al Rayo incumplimientos en sus obligaciones de mantenimiento y en la aportación de documentación requerida. La tensión aumentó cuando técnicos y operarios enviados por el Gobierno regional no pudieron acceder al estadio para iniciar las actuaciones urgentes. La Comunidad llegó a presentar una denuncia ante la Policía Nacional contra el club por impedir la entrada de su personal. Tras varios intentos fallidos y una posterior reunión entre De Paco y el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, los técnicos autonómicos pudieron acceder finalmente a las instalaciones y comenzaron las comprobaciones. El enfrentamiento continuó posteriormente con acusaciones cruzadas. El Rayo llegó a acusar a la Comunidad de mantener “oculto” durante más de siete meses el informe que motivó la suspensión, mientras que De Paco respondió calificando la postura del club como un “intento desesperado de tapar la realidad” y acusándole de actuar con “mala fe”. Dos partidos como local en Butarque La imposibilidad de utilizar Vallecas ha obligado ya al Rayo a disputar partidos como local en el Estadio Ontime Butarque de Leganés. El primero fue frente al Deportivo Alavés en agosto, después de que LaLiga rechazara la petición del club para aplazar el encuentro. El Rayo volvió a ejercer como local en Butarque el pasado 5 de septiembre frente al Racing de Santander, partido que terminó con victoria franjirroja por 3-2. Ese mismo día, cerca de 2.500 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno recogidos por Europa Press, marcharon por Puente de Vallecas para reclamar la salida de Presa y el regreso del equipo a su estadio bajo el lema 'El Rayo es de Vallekas o no será'. También los jugadores han trasladado públicamente su deseo de regresar. El extremo Álvaro García aseguró la pasada semana que la plantilla necesita volver “cuanto antes” a Vallecas y reconoció la dificultad que está suponiendo para el equipo y su afición disputar sus encuentros como local lejos del barrio.

elDiario.es•Europa Press, elDiario.es14 sept

El plan de Illa para climatizar las escuelas catalanas comenzará con un centenar de centros el próximo curso

El Govern destinará 100 millones de euros en el primer año de un programa que promete adaptar más de 2.500 equipamientos a lo largo de cinco años pero que requiere la participación de los ayuntamientos 🔎 BUSCADOR | Los 100 centros educativos prioritarios en climatización El Govern tiene el compromiso de adecuar sus equipamientos a las nuevas condiciones que impone la emergencia climática. El president, Salvador Illa, ha dado este lunes el pistoletazo de salida a un plan con el que promete completar la climatización del conjunto de centros públicos y de buena parte de las residencias de ancianos antes de 2031. Un proyecto que comenzará por unas primeras 100 escuelas, ya seleccionadas, que se climatizarán durante el próximo curso. Así lo ha anunciado Illa en la conferencia que ha pronunciado este lunes para iniciar la segunda parte de su mandato, que cruzó el ecuador el pasado agosto. “Para el curso 2030-2031 habremos climatizado los 2.530 centros públicos del país”, ha anunciado. Una actualización que supondrá movilizar cerca de 2.500 millones de euros en cinco años. El proyecto de climatización llega en un inicio de curso en el que el conflicto laboral entre el Govern y los profesores sigue abierto. Illa se ha referido a la cuestión de los profesores, que se ha convertido en una de las piedras que más molestan en su zapato, para prometer con solemidad que Catalunya llegará a destinar el 6% del PIB catalán a la educación. Un objetivo, el del 6%, que pese a estar recogido en la ley de Educación, es prácticamente imposible cumplir, ya que la Generalitat en su conjunto habitualmente cerca del 14% del PIB. Muy diferente es el plan de climatización de las escuelas, una de las principales demandas de la comunidad educativa que en junio pasado denunciaron las altas temperaturas de las clases , y que es realista desplegar en los próximos años. Estas primeras 100 escuelas se han seleccionado con criterios técnicos y climáticos, por ejemplo por estar especialmente mal adecuados, por razones de equilibrio territorial, y también atendiendo a la concentración de alumnado vulnerable y de riesgos laborales. El mapa de los primeros centros que se climatizarán queda así: El Govern ya lanzó un plan de choque el pasado mes de abril en 392 centros para mejorar de forma inmediata el confort térmico en algunas de las escuelas que más necesidades tenían, lo que supuso la instalación de ventiladores y otras mejoras térmicas, con un presupuesto de 20 millones de euros. La idea ahora va mucho más allá del ventilador y prevé la climatización integral, con aire acondicionado a través de sistemas de aerotermia impulsados por placas solares. Un proyecto que algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, ya habían lanzado por su cuenta. En la capital catalana se han climatizado ya la práctica totalidad de los centros públicos. Pero, para conseguir completar los 2.530 centros y las 51 residencias del conjunto de Catalunya, el Govern espera contar con el apoyo de los ayuntamientos. A la vez que el Govern climatiza las primeras 100 escuelas, Educación reclamará a las administraciones locales un doble impulso: que avancen la financiación de las obras de climatización de las escuelas y que se involucren en la licitación y el conjunto de trámites para llevarlas a cabo. Para lograr ambas cosas, está previsto que este año se abra una convocatoria para los ayuntamientos que deseen asumir la ejecución de las inversiones, lo que agilizaría el proceso. Los consistorios pueden dar este paso bien a través de sus propios fondos o bien yendo a pedirlos al Institut Català de Finances. En cualquiera de los dos casos, el Govern se compromete a devolver los fondos, aunque eso quedaría para la próxima legislatura.

elDiario.es•Arturo Puente14 sept

Tesla presenta por fin el camión eléctrico Semi en Europa

La marca de EEUU impacta en el Salón IAA de Hannover con la presentación de su camión antes del lanzamiento en el mercado europeo tras numerosos retrasos Renault inicia con la Trafic eléctrica una ofensiva de cinco nuevas furgonetas para una “nueva etapa” El camión Tesla Semi ya ha desembarcado oficialmente en Europa. La marca de EEUU ha presentado por fin en el Salón IAA de Hannover el innovador vehículo industrial eléctrico, un modelo que acumula años de retrasos desde su presentación como prototipo en 2017 y que comenzó a operar comercialmente en Estados Unidos en 2022. La marca estadounidense desembarca así en uno de los principales escaparates mundiales del vehículo industrial con un Semi que ha despertado expectación y que llega adaptado al mercado europeo y con unas especificaciones que no coinciden exactamente con las de la versión que ya se fabrica al otro lado del Atlántico. La principal novedad es la autonomía anunciada para Europa: hasta 550 kilómetros con una carga completa y una masa de 40 toneladas. Tesla Europa ha adelantado estas cifras apenas unos días antes de la puesta de largo oficial del vehículo en Hannover, donde la compañía también deberá concretar sus planes de comercialización y el calendario de llegada a los mercados europeos, previsto inicialmente para 2027. La cifra europea queda por debajo de los 805 kilómetros de autonomía que Tesla declara para la versión Long Range estadounidense. En Estados Unidos, el Semi se ofrece actualmente con baterías de 548 y 822 kWh y tres motores eléctricos que desarrollan una potencia combinada de 800 kW, equivalentes a 1.088 CV. La compañía ha comenzado además la producción en serie de una versión renovada del modelo en su fábrica de Nevada, con el objetivo de alcanzar una capacidad de hasta 50.000 unidades anuales cuando la planta funcione a pleno rendimiento. Carga ultrarrápida La recarga será uno de los grandes argumentos del camión eléctrico de Tesla en Europa. La marca ha confirmado una capacidad de hasta 800 kW para la versión europea, una cifra que permitirá recuperar una cantidad importante de energía durante las paradas programadas en las rutas de larga distancia. Esta potencia está asociada a la nueva generación de sistemas de recarga para vehículos industriales, aunque Tesla todavía debe concretar en Hannover la curva de carga y los tiempos necesarios para recuperar la autonomía. El desembarco europeo del Semi se produce además en un momento en el que el mercado de camiones eléctricos ya ha dejado atrás la fase experimental. Fabricantes como Mercedes-Benz, Volvo, MAN o DAF cuentan con modelos de gran tonelaje capaces de cubrir cientos de kilómetros con una sola carga y trabajan en el despliegue de corredores de recarga de alta potencia. El Mercedes-Benz eActros 600, por ejemplo, declara alrededor de 560 kilómetros de autonomía con una batería de 621 kWh. Tesla llega por tanto a Europa con un producto que tendrá que demostrar algo más que sus prestaciones. Para las grandes flotas, la autonomía y la potencia de carga son importantes, pero también lo son el coste total de propiedad, la capacidad de carga útil, los tiempos de parada, la fiabilidad y la disponibilidad de infraestructura. En este último punto, el despliegue del estándar MCS (Megawatt Charging System) será determinante para que los camiones eléctricos puedan cubrir rutas internacionales sin penalizar la productividad. En Estados Unidos, Tesla sitúa el precio de partida de su camión en torno a los 222.000 euros al cambio, mientras que la versión Long Range ronda los 257.000 euros. La equivalencia no permite anticipar directamente el precio europeo, ya que habrá que sumar los efectos de la homologación, los impuestos y la logística de un vehículo fabricado en EEUU.

elDiario.es•Toni Fuentes14 sept

Los grandes empresarios valencianos reclaman al Consell de Pérez Llorca que apoye la nueva financiación propuesta por el Gobierno

La Asocación Valenciana de Emprearios, de la que forman parte Vicente Boluda, Juan Roig o Adolfo Utor, apremian al PP valenciano a votar a favor en e Congreso: "Lo que va delante, va delante" Pérez Llorca se abre a negociar la financiación a través de una ley orgánica y ve insuficientes los 3.669 millones adicionales El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el naviero Vicente Boluda, ha opinado sobre la propuesta de la reforma del sistema de financiación del Gobierno que “lo que va delante, va delante”. Antes de un almuerzo de trabajo de los miembros de AVE con el ministro de Hacienda, Arcadi España, Boluda ha sido preguntado por cómo ve la propuesta del Gobierno central a las comunidades autónomas, antes del trámite en el Congreso, y ha respondido con el dicho valenciano “El que va davant, va davant (lo que va delante, va delante)”. Tras lamentar que se opte por “decir sistemáticamente que no a algo”, ha propuesto “tomarlo, y de ahí como un punto de partida por poder ir a más” antes de añadir que no cree que sus compañeros de AVE, entre los que en el almuerzo de hoy estaba Juan Roig, piensen “muy diferente”. Ha proseguido que si se añaden ahora los más de 3.600 millones de euros al modelo de la Comunitat Valenciana la cifra de infrafinanciación no seguirá aumentando en tanta medida año tras año, y se evitará que lo que “se ha dejado atrás” en ingresos supere los 12.000 millones en cuatro años y siga “haciéndose la cuenta más grande”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido dejar a un lado “el ruido, la furia y la crispación” política para que los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados negocien y aprueben el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que ha calificado de “oportunidad histórica”. En declaraciones a los periodistas antes del almuerzo de trabajo con los miembros de AVE, España ha propuesto a los partidos una reflexión en torno a los datos y cifras, y les ha instado a pensar “en la unidad de nuestro país” para disponer de más recursos cambiando “la decisión del voto”. Junto al presidente de AVE, Vicente Boluda, el ministro de Hacienda ha insistido en que el nuevo modelo llega 17 años después del anterior y que “ninguna comunidad autónoma pierde” porque se trata de “una oferta y propuesta que no tiene parangón en nuestra historia”. Ha añadido, además, que “hay territorios como Murcia y la Comunitat Valenciana que no pueden esperar más y que necesitan la estabilidad para conseguir los recursos necesarios” para sufragar sus políticas de sanidad, educación y servicios sociales. Pese a esta oferta “que mejora con mucho” lo que pedían los presidentes autonómicos, ha expresado su sorpresa de que algunos “no quieran sentarse a negociar y digan no de entrada” y ha apelado al “sentido común porque oportunidades históricas como esta”, ha recalcado, “dudo mucho que se vuelvan a repetir”. Según las cifras del ministro, con el nuevo modelo planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ponen 21.000 millones de euros adicionales a la financiación de las autonomías, que en el caso de la Comunitat Valenciana se cifran en 3.669 millones. “Ni los más optimistas de los optimistas” “Ni los más optimistas de los optimistas podían imaginar una cifra como esa”, ha subrayado España, quien no entiende que “haya comunidades del PP que no han votado a favor. En todo caso, ha señalado que “queda una oportunidad más” en el trámite en el Congreso de los Diputados en torno a una medida que el Ejecutivo “no puede ni quiere imponer”, y ha confiado en que los grupos políticos “no dejen pasar” la oportunidad en la Cámara Baja. Ha insistido en esta idea al comentar que, a excepción de Vox porque cree que está en contra del estado autonómico, existe un “consenso generalizado por encima de ideologías” en la necesidad de mejorar la financiación autonómica, algo que comparten también desde el ámbito de las fuerzas sociales, sindicatos y universidades. “Al final cuando hablamos de financiación autonómica no es una cosa abstracta sino se trata de Educación, Sanidad, los sueldos de los funcionarios, la Educación Pública y la vivienda”, ha argumentado el ministro.

elDiario.es•EFE14 sept

La relación por Tinder de un comandante español con una mujer de origen ruso enciende las alarmas por espionaje en la OTAN

Según ha publicado The Telegraph, el militar ha sido expulsado y ha regresado a España. Ya no mantiene una relación sentimental con la protagonista y ella ha negado que tenga cualquier relación con el Kremlin Un comandante español ha sido suspendido y está siendo investigado por la OTAN por su relación por Tinder con una mujer de origen ruso, según ha publicado el diario británico The Telegraph . El romance ha sido motivo de análisis por parte de la Alianza Atlántica. Se trata de un mando naval español que había comenzado una relación sentimental con Janina White, una ciudadana con doble nacionalidad británica y polaca. Las pesquisas abiertas por la OTAN se han producido por presunto espionaje, acusando a la protagonista de ser una agente del Kremlin. Una situación que, según The Telegraph, se produjo cuando el oficial español se encontraba en el Mando Marítimo Aliado (Marcom), en la sede de Northwood, Herts. Un lugar en el que las tropas vigilan la actividad de los submarinos y buques de guerra que provienen de Rusia y que pasan por aguas británicas. Ambos iniciaron la relación a finales de 2024, pero funcionarios de seguridad españoles y de la OTAN comenzaron a sospechar de ella. El personal británico de Northwood le retiró el acceso a las instalaciones y le prohibió su entrada hasta que la investigación arrojara más luz. Expulsado de la base Meses después, durante el verano de 2025, el militar fue expulsado por completo de la base y se vio obligado a regresar a España. Una investigación que todavía sigue adelante, pero a la que Janina White ha reaccionado, desestimando todas las acusaciones. En declaraciones con el citado medio, asegura que nunca ha sido arrestada y que, de hecho, ya no mantiene una relación sentimental con el comandante español. “Sé con toda seguridad que no soy una espía rusa. La última vez que lo comprobé, no lo era”, ha señalado. Sobre cómo fue su relación con él, ella ha reconocido que nunca hablaban de cosas de trabajo. “Dije que no. En casa teníamos la regla de que él no hablaba de su trabajo. Sabía que estaba tratando con la flota y los submarinos rusos clandestinos. Pero estaba totalmente prohibido hablar de cualquier detalle al respecto en casa”, ha explicado. Una larga investigación La investigación se inició tras ir invitada por el comandante español a la fiesta de Navidad. Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso The Telegraph, se trataba de un evento social en el comedor de suboficiales y sargentos de Northwood. En la primera mitad de 2025, aparecieron “preocupaciones de seguridad en Marcom” relacionadas con el militar. En parte, porque la protagonista era aficionada al tiro. Algo que acrecentó las sospechas. “Se inició una investigación de seguridad de la OTAN, así como una investigación de seguridad española”, consta en el mismo documento. También ha explicado que visitó junto al comandante español el cuartel general de alta preparación y estado mayor marítimo de la OTAN en Oeiras, Portugal. “Entramos en la base y, mientras él tenía acceso a todos esos ordenadores y datos de máxima seguridad, yo estaba sentada en la piscina tomando café y té, disfrutando del momento”, ha contado Janina White. El 29 de julio de 2025, según ha explicado The Telegraph, las autoridades españolas rescindieron la asignación a Marcom. El militar mandó un correo electrónico al vicealmirante Mike Utley, asegurando que había sido “sometido a un proceso gradual y calculado de aislamiento social y profesional”. “Lo que debería haber sido un entorno seguro y de apoyo para las familias de militares se convirtió en un lugar hostil y divisivo. El impacto psicológico de esta crueldad en mi familia, tanto con mi expareja como con mi nueva pareja, fue enorme”, razonó en el escrito.

elDiario.es•elDiario.es14 sept

Macklemore, excluido de la gira de Ed Sheeran tras defender a Palestina sobre el escenario

"Si esas palabras me costaron el escenario, mientras devuelven la conversación a Palestina, entonces fue la gira más exitosa en la que he estado", ha afirmado el rapero en sus redes La música planta cara a Israel: de las desbandadas de artistas en festivales a las presiones a Eurovisión El cantante Macklemore ha sido excluido de las fechas restantes de la gira The Loop de Ed Sheeran en Estados Unidos, donde actuaba como telonero de la estrella británica. El propio rapero lo ha explicado en una larga publicación en sus redes sociales, en la que exculpa a Sheeran y señala como responsable a Robert Kraft, propietario del equipo de los New England Patriots de la NFL. El motivo habría sido que, durante su actuación previa a dos conciertos del tour en el MetLife Stadium de Nueva York , el rapero se manifestó sobre el escenario a favor de una “Palestina libre”, apoyó a los palestinos de Gaza y Cisjordania y mostró la bandera del territorio. “Teníamos programado tocar en el Gillette Stadium más adelante este mes, que es propiedad del Kraft Group. Ed me dijo que Kraft dijo que no se me permitiría actuar en su estadio. Ed también me dijo que Kraft había convencido a algunos de los otros dueños de estadios y colectivamente le dieron un ultimátum: si Macklemore se queda en la gira, no se les permitirá tocar en nuestros recintos”, explica Macklemore en su cuenta de Instagram. Aún tenía previsto participar en otras ocho fechas del cantante británico en Estados Unidos. El rapero explica que Sheeran es su “amigo” y que se conocen desde hace 13 años. “Le dije a Ed varias veces por teléfono que nuestra amistad no puede cambiar mi responsabilidad de decir la verdad sobre lo que pasó [en Gaza]”, relata. “Me dijo que las palabras 'Free Palestine' y la imagen de la bandera palestina eran dolorosas para muchas de las personas con las que hablaba. Le dije que si esas palabras eran más ofensivas que decenas de miles de niños palestinos siendo asesinados por Israel, entonces había una desconexión fundamental entre dónde estaban esas personas y dónde estaba yo”. “Si esas palabras me costaron el escenario, mientras devuelven la conversación a Palestina, entonces fue la gira más exitosa en la que he estado”, concluye Macklemore. Además, en su mensaje sostiene que ni él ni Sheeran son las víctimas de esto, pues al final del día “pueden volverse a casa con sus familias”, sino que las verdaderas víctimas son “los palestinos”, entre quienes “más de 20.000 niños han sido asesinados solo en Gaza”. “Quiero que no se pierda el foco de esto”, insiste. Durante los conciertos que crearon la polémica, el rapero de Seattle proyectó imágenes de la destrucción en Gaza e interpretó su canción de protesta Hind's Hall, que trata sobre los manifestantes pro-palestinos de la Universidad de Columbia, que ocuparon un edificio y lo nombraron en honor a Hind Rajab , la niña palestina de seis años asesinada por el Ejército de Israel.

elDiario.es•Virginia Sarabia14 sept

Zapatero recurre ante la Audiencia Nacional que se investiguen sus ingresos por negocios en Bolivia

La defensa del expresidente del Gobierno advierte al juez Calama de que no tiene "patente de corso" para indagar de forma prospectiva en cualquier actuación personal o profesional de Zapatero La causa contra Zapatero cuestiona sus negocios privados en el extranjero La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de investigar también el cobro de 200.000 euros por parte del expresidente del Gobierno de la empresa Focus Social Research a cambio de su influencia en el gobierno boliviano. Entiende que el hallazgo de ese pago es fruto de una investigación “prospectiva” de todo el material incautado y advierte de que el juez no disfruta de “patente de corso”. En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Víctor Moreno Catena explica que, si bien el objeto de la investigación es de “cristalización progresiva” y que el imputado no tiene un blindaje ante nuevos hechos, el magistrado no puede pretender dirigir la investigación hacia “cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”. Añade que, en el caso de su cliente, lo hallado es fruto de “una entrada y registro en la que se incautó información masiva” que permite trazar “con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”. En este sentido, aclara que el hecho de que esa información masiva esté en la causa “no significa que pueda examinarse en su integridad en búsqueda del descubrimiento de cualquier hecho de apariencia delictiva” porque, en todo caso, el tratamiento y análisis de esa información “debe ir orientada exclusivamente a esclarecer los hechos sobre los que ya existen indicios”. Así, resalta que con la decisión de investigar los pagos de Focus Social Research se extienden las pesquisas “más allá de los hechos sobre los que se consignan indicios de un delito de tráfico de influencias, que se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra”. A su juicio, primero se afirma que hay “una red con fines delictivos” y luego se emprende la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red, algo que tilda de “razonamiento falaz”. Añade, por otro lado, que ese ingreso percibido por Zapatero “es ajeno a la organización que la Udef atribuye al expresidente con Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante y otras mercantiles del empresario”, y por eso “queda fuera del perímetro de la supuesta red de tráfico de influencias”. A esto, suma que tampoco es justificable que esta ampliación de la investigación se hiciera “de espaldas al investigado”, algo que quedó patente cuando el juez Calama preguntó a Zapatero en su declaración judicial el 17 de junio de 2026 “inopinada y sorpresivamente por su intervención profesional y los ingresos recibidos” de esa mercantil. Moreno Catena denuncia, además, que la Udef sin autorización judicial ha hecho uso de información obtenida de inteligencia financiera de la actividad personal y profesional de Rodríguez Zapatero. Indica que se ha analizado de manera completa sus movimientos en la cuenta del Banco Santander detallando 174 transferencias de once pagadores. Advierte de que la gran mayoría de esos movimientos no tiene que ver con Análisis Relevante o Julio Martínez, sino que son ingresos por otras actividades respecto de la que no se reflejan indicios delictivos: “la inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas”. Por ello, y ante “una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado”, el letrado solicita que se anule el auto del juez Calama por el que acordaba indagar también en esa nueva vía ajena al rescate de Plus Ultra. La defensa ha presentado este recurso de apelación después de que Calama acordara rechazar un recurso previo presentado ante el juez en el mismo sentido.

elDiario.es•Javier Lillo14 sept

Red Eléctrica cifra en 783 millones el coste de la operación reforzada tras el apagón

La directora de Operación asegura que acabar con ese sobrecoste depende de un cambio regulatorio y que el importe “se está reduciendo de forma significativa”: este año ha ascendido a 267 millones Gobierno, CNMC y Red Eléctrica suman decenas de medidas para el control de la tensión que falló en el apagón La directora general de Operación de Red Eléctrica de España (REE), Concepción Sánchez, ha cifrado este lunes en el Congreso en 783 millones de euros el coste de la denominada operación reforzada, con más uso del gas natural, que la compañía aplica desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025. En su comparecencia en la comisión de investigación sobre el apagón, Sánchez ha señalado que ese importe, que REE cifraba hasta marzo en 666 millones , “se está reduciendo de forma muy significativa”, con “267 millones” este 2026, pero no ha precisado cuándo va a finalizar porque “el criterio de variabilidad de tensión” todavía “no ha sido trasladado a la normativa nacional”. Este importe, ha explicado, supone “menos del 10% del coste total de los servicios de ajuste del sistema”, las denominadas restricciones técnicas para resolver congestiones puntuales de la ley, cuyo coste ha crecido exponencialmente en los últimos años. Si el año pasado la operación reforzada supuso el 15% del total de esas restricciones técnicas, este año suponen el 8,6% “y creemos que va a seguir reduciéndose”. Sánchez ha recordado que esas restricciones técnicas han pasado de 724 millones de 2021 a 1.104 millones en 2022; en 2023 fueron 1.751 millones; en 2024, 2.057 millones, y 3.347 millones en 2025, como consecuencia del “acompañamiento de la evolución del sistema”. Hasta agosto de este año, según REE, los denominados servicios de ajuste alcanzan ya 3.375 millones, un 34,5% más que en el mismo periodo del año pasado, si bien esta cifra “supone un 2% de los costes totales del sistema en 2026”, ha subrayado Sánchez, que ha recalcado que “no hay ninguna relación” entre las políticas energéticas y la prestación del servicio SRAD (de cortes puntuales pactados con la gran industria), cuyo coste se incluye en las restricciones técnicas, y que se ha activado hasta seis veces este verano, con un coste de 286 millones, según REE. “Inédito” y “no previsible” La directiva de REE ha insistido en que el apagón fue un incidente “inédito” y “no previsible, en el que concurrieron múltiples factores”. “Algunas de las circunstancias que se produjeron probablemente por sí solas no fueran causantes únicas”, pero “se produjeron al mismo tiempo toda una serie de factores que llevaron a ello”. Ha asegurado que REE “ha cumplido siempre toda la normativa que le aplicaba” y “no falló” en ese día. A preguntas del portavoz del PP, Guillermo Mariscal, ha afirmado que la central nuclear de Almaraz tiene una capacidad “limitada” para proporcionar control de tensión y ha recordado que ese día tenía uno de sus dos grupos indisponibles. Sobre el dictamen de los expertos europeos, tras afirmar el popular que es “muy difícil considerar técnico un informe que ustedes firman” y que ese dictamen lo elaboró “la patronal” europea, le ha recordado que el panel lo “define la normativa europea” y no solo lo integraba la asociación europea de transportistas y operadores (TSO), como REE, sino también “prácticamente” todos los reguladores europeos, entre ellos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sánchez ha explicado que 275 plantas que no tenían posibilidad de proporcionar el servicio de control de tensión en el momento del apagón por el retraso en la aprobación de un procedimiento específico de la CNMC ya lo están prestando “ahora mismo”, con un total de 13.380 MW. También lo hacen otras 60 plantas de generación convencional, con 16.312 MW prestando ese servicio de control de tensión con arreglo al nuevo procedimiento que se aprobó en junio del año pasado y que se ha modificado otras dos veces este año. El cumplimiento de las obligaciones de control de tensión está siendo “muy bueno”. Según la directiva de REE, antes del colapso de 2025 en ningún momento en REE detectaron “incumplimientos de la magnitud” ni tan “numerosos” como los que incurrió la generación convencional en el día del apagón. Preguntada por el portavoz socialista por las ventajas del modelo TSO, ha dicho que “no solamente es español”, sino que es “el modelo establecido prácticamente en la totalidad de los sistemas eléctricos de la UE”. “Asegura coordinación en la operación y el mantenimiento de la red de transporte”. Sánchez ha restado importancia a que un grupo de gas natural que inicialmente se había programado no se sustituyera el día del apagón porque las circunstancias fueron cambiando y no fue necesario reprogramarlo. “Y eso se puede demostrar mediante simulaciones”, tanto las de REE como las del panel de expertos “dan ese resultado”. “Que hubiera un grupo más no hubiera cambiado las cosas”. “El número de grupos no es un parámetro que se utilice en la operación”, a diferencia de la frecuencia, las cargas y que las tensiones estén en rangos “admisibles”.

elDiario.es•Antonio M. Vélez14 sept

Puig compra el 50% de Isdin a Esteve por 1.200 millones y asume su control total

La operación, sujeta a la autorización de Competencia, debería completarse antes de finalizar el primer trimestre de 2027 Puig se desploma en Bolsa tras romper la negociación con Estée Lauder para una fusión La compañía de fragancias y cosmética Puig ha suscrito un acuerdo para adquirir el 50 % de la firma dermocosmética Isdin a Esteve por 1.200 millones de euros, asumiendo así el 100 % del capital social. En un comunicado publicado este lunes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Puig ha detallado que el pago se dividirá en 900 millones de euros que se abonarán en efectivo en la fecha de cierre de la operación, y 300 millones de euros como pago diferido fijo sin intereses en el primer trimestre de 2029. La compañía financiará esta adquisición a través de una combinación de recursos propios y deuda financiera y se espera que la operación se consume a finales del primer trimestre de 2027, sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes en materia de competencia.

elDiario.es•EFE14 sept

La Fiscalía de Cantabria pide tres años de cárcel para un policía local por difundir mensajes de odio desde una red social

El propietario de la cuenta en X con 25.100 seguidores y dedicada al fútbol publicó contenido xenófobo especialmente contra las personas magrebíes Antecedentes - Los delitos de odio se disparan en Cantabria: es la cuarta comunidad con más porcentaje de casos La Fiscalía de Cantabria solicita tres años de prisión para un polícia local acusado de un presunto delito de odio por difundir desde su cuenta en la red social X contenido calificado como xenófobo especialmente hacia las personas magrebíes. El perfil, que tiene 25.100 seguidores, estaba teóricamente orientado a contenidos futbolísticos. Asimismo, pide que se borren los mensajes, que se cierre la cuenta y que se inhabilite al acusado para ejercer cualquier profesión en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante un tiempo superior en 7 años al de la pena de cárcel que imponga en la sentencia. Previamente, la titular de la plaza 1 del Tribunal de Instancia e Instrucción de Santander había dictado un auto, el 8 de marzo de este año, que ordenaba la retirada cautelar de los contenidos denunciados por el Ministerio Fiscal. Unos mensajes que se enviaron en julio de 2025. En alusión a un jugador de futbol dice -por ejemplo- “se comporta exactamente como esperaríamos que se comportase un moro promedio”. “A falta de fútbol, ha decidido que su carrera tenga futuro gracias a ser la cheerleader de un moro. Tiene que estar orgullosa su familia”, comenta en relación a una fotografía. La cuenta difundió comentarios sobre ciudadanos de origen magrebí: “En cualquier otra situación serían abatidos de inmediato y aquí no se hace nada (…)”, “manada de moros con machetes (…) que no se les encañone como mínimo con sus armas”, “Votaré al partido político que me asegure (…) que echará hasta el último moro”. Establece además una relación directa entre delincuencia y migración. En otros momentos escribe: “el pueblo español se levante contra todas las agresiones de moros que está habiendo en todas las ciudades (...)” y en el pueblo solo hay problemas con los de siempre, con los moros“. El perfil de X creado por el acusado estaba dedicado a un contexto futbolístico, pero un hilo que escribe el 11 de julio de 2025 cambió “radicalmente el contexto” porque lo dedica a comentar sucesos ocurridos tras una agresión a un hombre de 68 años por parte de unos ciudadanos de origen magrebí en Torrepacheco. Según relata el escrito de la Fiscalía, el acusado hizo reiteradas publicaciones con las que mostraba su rechazo e intolerancia hacía las personas de origen extranjero, así como las personas que profesan el Islam, en las que vincula de manera generalizada delincuencia con inmigración, o que la ridiculizan o injurian para “estigmatizar y una difamar de forma global e injusta a dicho sector de la población, desacreditándolos y contribuyendo a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos contra un colectivo de personas, especialmente vulnerables, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y hostilidad social frente a ellos”. El escrito de calificación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que las publicaciones producen “un gran impacto negativo” entre los miembros del colectivo migrante y las personas magrebíes y que constituyen un atentado a la dignidad de las personas destinatarias de los mismos “por su naturaleza degradante y despreciativa”. De esta forma -estima la Fiscalía- contribuyen a la difusión de prejuicios y estereotipos negativos respecto a ellos. A su vez, añade que el acusado era consciente de que sus mensajes “se incorporaban a redes telemáticas con vocación de perpetuidad” y que, desde ese momento, carecía de control sobre su difusión, con lo cual podían multiplicar su impacto mediante sucesivas transmisiones. Una circunstancia que incrementa “exponencialmente los hechos y los consiguientes ataques a los colectivos de víctimas objeto de sus publicaciones”. En este sentido, precisa que uno de los hilos tuvo 6.5 millones de visualizaciones, 981 comentarios registrados, 39.000 me gusta y fue compartido 39.000 veces. El informe de la Fiscalía señala que, por el contrario, los contenidos sobre fútbol de la cuenta tienen muchas menos visualizaciones, cero marcadores y pocos comentarios y reacciones.

elDiario.es•Olga Agüero14 sept

Una implante cerebral permite a pacientes con parálisis comunicar gestos a través de un avatar

El hallazgo supone un paso adelante hacia las interfaces cerebro-ordenador que permiten una comunicación oral y gestual a las personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares o las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) Dos pacientes sin habla consiguen comunicarse gracias a implantes cerebrales y a la inteligencia artificial Expresarse y conversar es mucho más que palabras: un proceso dinámico en el que participa toda la corteza motora. Hasta ahora se habían desarrollado varias neuroprótesis para que las personas con parálisis pudieran comunicar palabras , hoy la ciencia da un paso más para que también puedan transmitir gestos. Un equipo de investigadores de la Universidad de California San Francisco (UCSF) ha desarrollado un implante cerebral capaz de descodificar simultáneamente el habla y los gestos en personas y reflejarlos en una pantalla. Los hallazgos, recogidos este lunes en la revista Nature Neuroscience , suponen un paso adelante hacia las interfaces cerebro-ordenador que permiten una comunicación oral y gestual a las personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares o las enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Para lograr este hallazgo, los científicos han recurrido a técnicas de aprendizaje automático para registrar la actividad neuronal específica que subyace en el habla y a los gestos físicos simultáneos en tres pacientes con parálisis del tracto vocal y en las extremidades. Los investigadores colocaron implantes cerebrales (denominados matriz de electrocorticografía) en la corteza sensoriomotora a los tres pacientes. Esta región del cerebro combina el control del movimiento corporal y el procesamiento de las sensaciones táctiles. De este modo, vieron que un único implante podía captar señales relacionadas con varios tipos de movimientos, incluidos los de las extremidades superiores y los movimientos de la boca y la cara relacionados con el habla (como encogerse de hombros, levantar el puño o asentir con la cabeza). Los autores utilizaron decodificadores paralelos de habla y gestos para animar un avatar de cuerpo completo con dos de los pacientes. La clave de estos dispositivos decodificadores es que reflejan los pensamientos de los participantes en comandos que dictan las palabras y expresiones de un avatar humano en una pantalla. Para comprobar su efectividad pidieron a los participantes que intentaran realizar gestos específicos, que respondieran a indicaciones conversacionales o ambas cosas a la vez. En las tareas conversacionales, el sistema decodificó con precisión el habla y los gestos en ambos participantes: uno de ellos alcanzó una precisión media del 100% tanto en la decodificación del habla como en la de los gestos a lo largo de tres bloques de temas. Los autores descubrieron que entrenar el sistema utilizando conjuntamente el habla y los gestos mejoraba el rendimiento y reducía los errores. “Aunque será necesario hacer pruebas con más participantes y con conjuntos más amplios de palabras y gestos antes de que la tecnología pueda utilizarse ampliamente, creemos que nuestro dispositivo puede permitir una comunicación multifacética y realista”, señala uno de los autores, Edward Chang, profesor de cirugía neurológica en la UCSF. Según Chang, su trabajo abre la posibilidad de restaurar el dinamismo natural de la comunicación en personas que han perdido sus capacidades verbales y no verbales. Aunque el dispositivo usado en este estudio consiste en un sistema con cables que conecta sensores implantados a unidades de procesamiento externas, Chang ha avanzado en un comunicado que su equipo probará en breve una versión totalmente implantable e inalámbrica con mejores perspectivas de aplicación a largo plazo. “Estos prometedores resultados me dan esperanzas de que, en el futuro, los pacientes con parálisis grave puedan recuperar la naturaleza holística de la comunicación humana”, señala Debara Tucci, directora del Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en el mismo comunicado.

elDiario.es•EFE, elDiario.es14 sept