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Imputados dos cargos de Vox por "falsificar" la firma de Antelo para poder cesarlo como portavoz

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  1. 18 September
  2. Infobae
    Latest18 Sept, 09:32

    Dos cargos de Vox Murcia, investigados por usar la firma de Antelo para forzar su relevo

    Cartagena (EFE), 18 sep (EFE).- Un juzgado de Cartagena ha llamado a declarar como investigados a dos miembros de Vox por su presunta implicación en el uso no autorizado de la firma digital del diputado José Ángel Antelo para solicitar su relevo al frente del grupo parlamentario en la Asamblea Regional, a raíz de su destitución como presidente provincial del partido. Se trata de un asesor y de la coordinadora del grupo parlamentario Vox en el Parlamento murciano, ambos con acceso a la firma digital de Antelo. En declaraciones a EFE, Antelo ha confirmado este viernes que la investigación llevada a cabo por el juzgado parte de la denuncia que presentó en julio por haberse usado presuntamente su firma digital sin su permiso. La comparecencia de ambos investigados se producirá en enero, fecha en la que también ha sido citada como testigo Virginia Martínez, exdiputada de Vox, actualmente en el grupo mixto junto a Antelo, y que se negó a firmar el escrito inicial con el que se pretendía pedir el relevo de éste al frente del grupo parlamentario. Antelo ha pedido "dejar que la justicia haga su trabajo" y que investigue los hechos que en su día denunció porque "son extremadamente graves”. El Código Penal recoge penas de 3 años de cárcel para este tipo de delitos, aunque el diputado regional ha incidido en que no pide en su denuncia ni cárcel ni indemnización. “Yo no pido nada; solo denuncio los hechos”, ha añadido. A su vez, ha lamentado “que se haya tenido que llegar a esto”. “Ellos dicen que simplemente actuaban siguiendo órdenes de la cúpula”, ha comentado Antelo, para quien “nadie entiende por qué actúan así”. “Siento que paguen justos por pecadores, pero está pasando en muchas partes de España y es una tristeza”, ha aseverado. En su opinión, lo sucedido “no es opinable”, pues “nadie se cree que usara mi firma para pedir mi propio cese -ha dicho-”. “La mentira tiene las patas muy cortas”, ha remarcado. Los hechos se remontan al pasado mes de febrero cuando el Comité Ejecutivo Provincial de Vox dimitió en bloque para forzar la dimisión de Antelo. Días después, el grupo parlamentario Vox presentó un escrito en la Asamblea Regional pidiendo el relevo de Antelo como portavoz del grupo. Ese escrito iba firmado por el propio Antelo, quien advirtió a los servicios jurídicos de la Cámara que no era el autor del documento y se había usado su firma sin su consentimiento. Los servicios jurídicos no tramitaron aquel escrito por no cumplir los requisitos, por lo que el grupo Vox presentó otro, que esta vez sí fue aceptado, adjuntando un acta nombrando a Rubén Martínez Alpañez nuevo portavoz. Antelo fue expulsado por Vox pasando al grupo Mixto. EFE cgv/cc

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  3. Follow-up18 Sept, 09:16

    Citan a dos cargos de Vox en Murcia como investigados tras la denuncia de Antelo por presunta falsificación de su firma

    El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha acordado la citación en calidad de investigados de dos cargos de Vox en Murcia, en el marco de la investigación iniciada por un presunto delito de falsificación de documentos privados en el seno del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia. La causa penal se abrió a raíz de las diligencias previas iniciadas tras la denuncia del diputado del Grupo Mixto y exlíder autonómico de Vox, José Ángel Antelo, un procedimiento en el que también está personado el Ministerio Fiscal, según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press. El parlamentario acudió el pasado julio a la sede judicial de Cartagena para ratificar la denuncia interpuesta por la supuesta falsificación de su firma digital, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad, con la que presuntamente se habría tramitado su propio cese en el grupo parlamentario. Durante su comparecencia en los juzgados, Antelo calificó estos hechos de "extraordinariamente graves" y afirmó que este tipo de hechos "no tienen cabida en una democracia ni en una organización que aspire a gobernar". En la providencia, con fecha de 21 de agosto de 2026, el magistrado-juez determina la apertura de la fase de declaraciones para tomar testimonio. Además de citar a los investigados, el juez ha llamado a declarar a Virginia Martínez, exdiputada de Vox y compañera de Antelo en el Grupo Mixto, en calidad de testigo. Tras la notificación, Antelo ha lamentado haber tenido que recurrir a la vía judicial. "Nadie entiende por qué actúan así. Ellos dicen que simplemente actuaban siguiendo órdenes de la cúpula", ha manifestado el diputado, quien ha añadido que siente que "paguen justos por pecadores", una situación que, a su juicio, "está pasando en muchas partes de España y es una tristeza". Las comparecencias judiciales han sido programadas para los días 11, 12 y 13 de enero de 2027, a las 9.30 horas. Contra la resolución dictada por el instructor cabe interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo órgano judicial.

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  4. Follow-up18 Sept, 08:50

    Dos cargos de Vox en la Región de Murcia investigados por falsificar la firma de Antelo y cesarle como portavoz

    El 16 de julio el exlíder de Vox acudió a los juzgados de Cartagena para ratificar la denuncia por la presunta falsificación de su firma, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad Antelo denuncia a Vox por suplantación de identidad y falsedad documental Lo que arrancó en marzo como una disputa interna para controlar el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia ha terminado en una investigación judicial por la posible comisión de un delito de falsificación documental. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha citado como investigados a dos personas vinculadas al grupo parlamentario de Vox, un asesor y la coordinadora, en relación con la documentación presentada para formalizar el relevo de José Ángel Antelo como portavoz. También ha sido llamada a declarar como testigo la diputada Virginia Martínez, que se desmarcó de aquella decisión. El artículo 390 del Código Penal contempla para este delito penas de entre tres y seis años de prisión, multas de seis a 24 meses y la inhabilitación especial durante un periodo de dos a seis años. “Siento que se haya tenido que llegar a esto; y siento que paguen justos por pecadores, ellos dicen que simplemente actuaban siguiendo órdenes de la cúpula pero está pasando en muchas partes de España y es una tristeza”, ha señalado José Ángel Antelo. “Ahora, que la justicia siga investigando y tome las decisiones que tenga que tomar, los hechos son incontestables”, ha valorado en declaraciones a este periódico. “Creo firmemente en la justicia, que separa la tiranía de la democracia y todos debemos estar bajo ese paraguas”, ha dicho. Estas citaciones suponen un nuevo paso en un conflicto que se remonta al pasado mes de marzo, cuando Vox decidió sustituir a Antelo por Rubén Martínez Alpañez al frente del grupo parlamentario. El problema surgió al trasladar aquella decisión a la Mesa de la Asamblea. El escrito formulado por Vox incorporaba el certificado digital del grupo parlamentario, cuya representación ante los órganos de la Cámara estaba vinculada a Antelo . El entonces portavoz denunció que su certificado había sido utilizado sin su autorización para tramitar su propia sustitución. La Mesa decidió inicialmente no dar curso al escrito. Según explicó posteriormente, le había generado dudas sobre la utilización del certificado electrónico y tampoco quedaba acreditado suficientemente que los acuerdos internos del grupo hubieran sido adoptados con las formalidades exigibles. La controversia no terminó con la decisión de la Mesa. Días después, el Parlamento acabó aceptando el traslado de Antelo al Grupo Mixto y reclamó a Vox que formalizara la nueva portavocía. Rubén Martínez Alpañez pasó a ocupar ese puesto. De la denuncia política a los juzgados Antelo decidió llevar el asunto a la Justicia. El 16 de julio acudió a los juzgados de Cartagena para ratificar la denuncia por la presunta falsificación de su firma, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad. El exdirigente de Vox sostuvo entonces que la utilización de su firma electrónica había permitido presentar un documento mediante el cual se solicitaba su propio cese. También señaló que había sido la letrada de la Asamblea Regional quien había advertido inicialmente de las irregularidades y había dejado constancia de ellas en un informe. La investigación deberá determinar, entre otras cuestiones, quién realizó materialmente la presentación electrónica, qué certificado se utilizó, quién tenía autorización para emplearlo y bajo qué instrucciones se actuó.

    elDiario.eselDiario.esErena Calvo
  5. 17 September