Isidoro Vicario, abogado de las familias, aseveró que existe información clara de que personal del Ejército participó en la desaparición
Ciudad de México, 23 sep (EFE).- Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa lanzó este miércoles bombas caseras contra instalaciones militares en Iguala (Guerrero, sur), en protesta por la falta de respuestas sobre la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida hace casi 12 años, el 26 de septiembre de 2014. Al finalizar un mitin encabezado por los padres y madres de los 43, los estudiantes lanzaron artefactos de fabricación casera hacia el interior del 27 Batallón de Infantería, una instalación militar que ha sido central en el caso por el papel del Ejército durante la desaparición de los jóvenes. El principal reclamo al Ejército es que se permita la apertura de los 800 folios de información sobre lo que sucedió durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no ha cedido a las peticiones, de acuerdo con las investigaciones del caso, integrantes del batallón monitorearon los movimientos de los normalistas y tuvieron conocimiento de los hechos ocurridos aquella noche. El lanzamiento de artefactos ocurrió mientras se mantenía la presencia de personal militar dentro del campo. Los estudiantes arrojaron varios artefactos que detonaron con fuerza dentro de las instalaciones del campo militar, sin que se reportaran personas lesionadas. La movilización forma parte de las actividades que los estudiantes de Ayotzinapa realizan en Iguala en el marco de las acciones por el duodécimo aniversario de la desaparición de sus compañeros. En el mitin, los padres y madres de los 43 reiteraron su exigencia de justicia y de que las autoridades respondan qué pasó esa noche. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse 12 años después, y hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes. EFE (foto)
(Corrige titular) Ciudad de México, 23 sep (EFE).- Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa lanzó este miércoles bombas caseras contra instalaciones militares en Iguala (Guerrero, sur), en protesta por la falta de respuestas sobre la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida hace casi 12 años, el 26 de septiembre de 2014. Al finalizar un mitin encabezado por los padres y madres de los 43, los estudiantes lanzaron artefactos de fabricación casera hacia el interior del 27 Batallón de Infantería, una instalación militar que ha sido central en el caso por el papel del Ejército durante la desaparición de los jóvenes. El principal reclamo al Ejército es que se permita la apertura de los 800 folios de información sobre lo que sucedió durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no ha cedido a las peticiones, de acuerdo con las investigaciones del caso, integrantes del batallón monitorearon los movimientos de los normalistas y tuvieron conocimiento de los hechos ocurridos aquella noche. El lanzamiento de artefactos ocurrió mientras se mantenía la presencia de personal militar dentro del campo. Los estudiantes arrojaron varios artefactos que detonaron con fuerza dentro de las instalaciones del campo militar, sin que se reportaran personas lesionadas. La movilización forma parte de las actividades que los estudiantes de Ayotzinapa realizan en Iguala en el marco de las acciones por el duodécimo aniversario de la desaparición de sus compañeros. En el mitin, los padres y madres de los 43 reiteraron su exigencia de justicia y de que las autoridades respondan qué pasó esa noche. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse 12 años después, y hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes. EFE (foto)
Ciudad de México, 23 sep (EFE).- Organizaciones de Derechos Humanos de México y Alemania pidieron que los 4,21 millones de dólares pagados por el fabricante de armas Heckler & Koch al Estado alemán por la exportación ilegal de fusiles G36 a México contribuya a mecanismos de reparación social para víctimas y comunidades afectadas, entre ellas las del caso Ayotzinapa. La petición, planteada en una carta abierta al ministro presidente del estado alemán de Baden-Württemberg, Cem Özdemir, vincula el procedimiento contra la compañía con el ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes, seis personas fueron asesinadas y más de 40 resultaron heridas. Según el documento, pese a que Alemania prohibía exportar armas a Guerrero por la situación de derechos humanos, 99 fusiles G36 de Heckler & Koch estaban en manos de la policía local y al menos tres fueron disparados aquella noche contra los estudiantes. Entre las personas agredidas estuvo el estudiante Aldo Gutiérrez Solano, quien recibió un disparo en la cabeza y permanece en estado vegetativo, aunque las organizaciones precisan que, debido al deficiente procesamiento de la escena, no se ha podido determinar si el arma que lo hirió era uno de los fusiles de la compañía alemana. La petición llega después de que Heckler & Koch hiciera efectivo en mayo pasado un pago de aproximadamente 4,21 millones de dólares al Estado alemán como sanción penal derivada de la sentencia dictada en 2019 por el Tribunal Regional de Stuttgart por las exportaciones ilegales de fusiles G36 a México. Las organizaciones reconocen que esa sentencia no contempla una indemnización directa a las víctimas mexicanas y, por tanto, no obliga a transferirles los recursos. Sin embargo, piden al Gobierno de Baden-Württemberg analizar las posibilidades jurídicas y políticas para que el dinero contribuya a procesos de reparación social en México. Entre las propuestas figuran financiar atención psicosocial y de salud para comunidades afectadas —especialmente en casos en los que esté documentado el uso de las armas, como Ayotzinapa—, apoyar el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos y promover garantías de no repetición. La carta también plantea abrir un diálogo entre autoridades alemanas y organizaciones civiles mexicanas y alemanas para determinar cómo canalizar los recursos y, si una transferencia directa a las familias no fuera jurídicamente posible, financiar proyectos que beneficien a las comunidades afectadas. Entre los firmantes están el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y varias organizaciones alemanas de derechos humanos y control del comercio de armas. EFE
La Presidenta recordó que la FGR presentará un informe público sobre avances en nuevas líneas de investigación
La titular de la FGR dijo este miércoles que las indagatorias tienen como objetivo esclarecer el paradero de los estudiantes