El testaferro del ex líder del régimen chavista acordó colaborar con el Departamento de Justicia, aportar información sobre hechos que pueden involucrar a altos funcionarios venezolanos y pagar USD 195 millones. El pacto contempla que los fiscales podrán pedir una condena menor si consideran valiosa su cooperación
Washington, 15 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a dos ciudadanos cubanos y uno venezolano de colaborar presuntamente con una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos en una trama internacional de asesinatos y ataques terroristas, incluido un supuesto plan para matar a un disidente ruso en territorio estadounidense. Los acusados son los cubanos Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años, y Yaidel Delgado Suárez, de 35, y el venezolano Angel Eduardo Castro, de 22, además de los rusos Yuri Khrameev, de 63 años y antiguo coronel de los servicios de inteligencia rusos, y su hijo Kirill Khrameev, de 27 años y miembro del Servicio Federal de Seguridad. Los cinco están acusados de conspiración para financiar terrorismo y permanecen en paradero desconocido, de acuerdo con la acusación presentada en Nueva York.. La acusación detalla que Delgado Suárez y Castro reclutaron este verano a una persona residente en Estados Unidos para vigilar a un disidente ruso al que creían instalado en Washington. Los acusados le ofrecieron entre 1.000 y 1.500 dólares por fotografiar y grabar lugares relacionados con el objetivo y posteriormente 40.000 dólares por asesinarlo o hacerlo desaparecer. Los fiscales aseguran que Suárez también buscó a otras personas que pudieran ejecutar el encargo. La Fiscalía acusa además a Yuri y Kirill Khrameev de haber intentado reclutar en 2025 a un ciudadano estadounidense para asesinar a otra persona en Lituania a la que señalaban por difundir información negativa sobre Rusia. Tras rechazar el encargo, el ciudadano recibió una propuesta para incendiar un almacén o atacar una subestación eléctrica, según la acusación. Durruthy, por su parte, está acusado de coordinar viajes y logística para ataques en la República Checa y Lituania en 2024. Los fiscales describen la organización como una red de los servicios de inteligencia rusos dedicada a perseguir a disidentes y realizar ataques contra países considerados aliados de Ucrania. Yuri Khrameev, Delgado Suárez y Castro afrontan además un cargo de conspiración para cometer asesinato por encargo, que contempla una pena máxima de diez años. EFE
Washington, 15 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó este martes la petición de Paramount Skydance para que los estados que buscan bloquear su fusión con Warner Bros. Discovery paguen una fianza de 1.880 millones de dólares para cubrir los posibles costes derivados del retraso de la operación. El Gobierno presentó ante un tribunal un escrito en el que sostiene que los estados o particulares que impugnan una fusión y obtienen una medida cautelar deben aportar una "fianza adecuada" para cubrir las pérdidas que pueda ocasionar el bloqueo de la operación, según medios locales. La demanda contra la fusión fue presentada por los fiscales generales de doce estados, que buscan impedir la operación por considerar que reduciría la competencia en distintos segmentos de la industria audiovisual. El juicio está previsto para marzo de 2027, mientras Paramount ha acordado retrasar el cierre de la operación hasta cinco días después del fallo o hasta el 1 de junio de 2027, lo que ocurra antes. El Departamento de Justicia señaló además que su investigación sobre la operación, en la que revisó más de dos millones de documentos y recibió información de más de 80 partes, concluyó que la fusión no era susceptible de perjudicar la competencia en el 'streaming', la televisión tradicional o la producción y distribución cinematográfica. EFE
Washington, 15 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó este martes la petición de Paramount Skydance para que los estados que buscan bloquear su fusión con Warner Bros. Discovery paguen una fianza de 1.880 millones de dólares para cubrir los posibles costes derivados del retraso de la operación. El Gobierno presentó ante un tribunal un escrito en el que sostiene que los estados o particulares que impugnan una fusión y obtienen una medida cautelar deben aportar una "fianza adecuada" para cubrir las pérdidas que pueda ocasionar el bloqueo de la operación, según medios locales. La demanda contra la fusión fue presentada por los fiscales generales de doce estados, que buscan impedir la operación por considerar que reduciría la competencia en distintos segmentos de la industria audiovisual. El juicio está previsto para marzo de 2027, mientras Paramount ha acordado retrasar el cierre de la operación hasta cinco días después del fallo o hasta el 1 de junio de 2027, lo que ocurra antes. El Departamento de Justicia señaló además que su investigación sobre la operación, en la que revisó más de dos millones de documentos y recibió información de más de 80 partes, concluyó que la fusión no era susceptible de perjudicar la competencia en el 'streaming', la televisión tradicional o la producción y distribución cinematográfica. EFE
Pedro Pablo Cortés Miami (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La decisión del exministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, de declararse culpable este martes de lavado de dinero en EE.UU. y alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía abre interrogantes sobre el posible impacto de su testimonio en el caso contra el exgobernante, aunque el acuerdo no lo menciona. Estas son las claves del acuerdo de Saab, exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), con el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) de Estados Unidos, que no nombra a Maduro, recluido en Nueva York acusado de narcotráfico, pero sí a "altos funcionarios del Gobierno venezolano" en 2015, cuando era presidente del país suramericano. El empresario de 54 años, nacido en Colombia, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde primero se había presentado como "no culpable" el 24 de julio tras haber sido deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida. El exministro menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Pero también señala a 'co-acusado 1' y 'co-acusado 3', dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública, además de asegurar que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela". A cambio, Saab accedió a "cooperar plenamente" con el DOJ con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno. "Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto. Además, el empresario aceptó entregar 195 millones de dólares, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de catorce días para que revele todos los activos relacionados con los delitos. Por estas condiciones, el Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro venezolano, quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de 500.000 dólares, según el acuerdo de 12 páginas. Pero el DOJ advirtió de que se "reserva el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado", así como la "calidad e importancia" de la información para las investigaciones pertinentes. Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por 'narcoterrorismo', narcotráfico y posesión de armas. Aunque el acuerdo divulgado no menciona al gobernante depuesto por EE.UU., el opositor venezolano Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente del partido Primero Justicia considera que "la importancia de esto es abrir el proceso de colaboración de Alex Saab con las autoridades" estadounidenses. "Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EE.UU. y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos", dijo a EFE tras acudir a la audiencia. EFE (foto)(video)
Pedro Pablo Cortés Miami (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La decisión del exministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto Nicolás Maduro, de declararse culpable este martes de lavado de dinero en EE.UU. y alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía da esperanzas a la oposición de que su testimonio pueda fortalecer el caso contra el exgobernante, aunque el acuerdo no lo menciona. Estas son las claves del acuerdo de Saab, exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), con el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) de Estados Unidos, que no nombra a Maduro, recluido en Nueva York acusado de narcotráfico, pero sí a "altos funcionarios del Gobierno venezolano" en 2015, cuando era presidente del país suramericano. El empresario de 54 años, nacido en Colombia, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde primero se había presentado como "no culpable" el 24 de julio tras haber sido deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. En su declaratoria, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida. El exministro menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Pero también señala a "co-acusado 1" y co-acusado 3", dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública, además de asegurar que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela". A cambio, Saab accedió a "cooperar plenamente" con el DOJ con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno. "Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto. Además, el empresario aceptó entregar 195 millones de dólares, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de 14 días para que revele todos los activos relacionados con los delitos. Por estas condiciones, el Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro venezolano, quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de 500.000 dólares, según el acuerdo de 12 páginas. Pero el DOJ advirtió de que se "reserva el derecho de evaluar la naturaleza y el alcance de la cooperación del procesado", así como la "calidad e importancia" de la información para las investigaciones pertinentes. Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por 'narcoterrorismo', narcotráfico y posesión de armas. Aunque el acuerdo divulgado no menciona al gobernante depuesto por EE.UU., el opositor venezolano Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente del partido Primero Justicia considera que "la importancia de esto es abrir el proceso de colaboración de Alex Saab con las autoridades" estadounidenses. "Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EE.UU. y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos", respondió a preguntas de EFE tras acudir a la audiencia. EFE (foto)(video)
Fiscales federales querían llevar la causa a juicio, pero la conducción del Departamento de Justicia frenó el proceso y aceptó un acuerdo que el Senado ya comenzó a cuestionar
Miami (EE.UU.), 14 sep (EFE).- El Reino Unido solicitó formalmente la extradición de los hermanos Andrew y Tristan Tate, quienes están acusados de violación y trata de personas en el país británico y permanecen en prisión preventiva desde el mes pasado en una cárcel de Miami. "Estados Unidos notifica por la presente que el Reino Unido presentó oportunamente sus solicitudes formales de extradición ante el Departamento de Estado el 9 de septiembre de 2026", revelaron documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida, encargada del caso que involucra a la pareja de hermanos. El Departamento de Estado de EE.UU. "está revisando las solicitudes", tras lo que las remitirá al Departamento de Justicia", según los documentos. Andrew y Tristan Tate, dos figuras controvertidas en redes sociales por sus discursos a favor de la "hipermasculinidad", fueron arrestados el pasado 18 de agosto en Miami, después de que el Reino Unido decidiera procesarlos por varios cargos vinculados a violación, agresión sexual o trata con fines de explotación sexual. La Justicia británica tenía hasta este miércoles de plazo para remitir a la corte de Florida toda la información del caso para solicitar la extradición de los hermanos, que poseen doble nacionalidad británica y estadounidense. Una jueza de EE.UU. rechazó la semana pasada concederles la libertad bajo fianza hasta que se resolviera su extradición, al entender que representan un riesgo de fuga. Andrew, de 39 años, fue acusado de siete cargos adicionales de violación, tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión causante de lesiones corporales y 19 cargos adicionales por delitos relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema. Por su parte, Tristan, de 38 años, enfrenta un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual. Los dos hermanos también están acusados en Rumanía por trata de menores, abuso sexual de una menor, blanqueo de capitales e influenciar a testigos. Además de sus discursos misóginos, que generan millones de visualizaciones en internet, otra de sus características es la ostentación de la riqueza, aunque durante una audiencia en Miami argumentaron que se trataba de "exageraciones humorísticas" para ganar dinero. El más popular de los hermanos es Andrew Tate, quien suma casi once millones de seguidores en X, pero ha sido vetado de plataformas como YouTube, Facebook o TikTok por discurso de odio. EFE
El Departamento de Justicia está pendiente de ganar 256 camas en Tarragona en 2028, pero el tiempo acucia porque hay 9.583 reclusos y una capacidad de 10.014