Sumar advierte al PSOE que se opondrá a reformar la ley de ExtranjerÍa para restringir derechos

Sumar avisa a PSOE que no apoyará cambiar la ley para limitar derechos de migrantes, pero se abre a reforzar fronteras

El portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha avisado este sábado al PSOE de que su formación no apoyará una reforma de la Ley de Extranjería para agilizar las llamadas 'devoluciones en caliente' si supone restringir o eliminar derechos fundamentales, aunque está de acuerdo en reforzar la seguridad exterior del Estado y las fronteras. Así se ha pronunciado Santiago en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que este miércoles el diputado socialista Vicente Montávez propusiera verbalmente al PP una posible modificación normativa para legalizar las 'devoluciones en caliente' en la frontera. "Es verdad, hay un vacío legal abierto por el Supremo que solo se cierra reformando la ley. ¿Contamos con sus votos? ¿Van a hacerlo?", lanzó a la bancada 'popular', que precisamente tiene registrada desde julio una refoma legal en ese sentido. En un auto firmado el pasado 8 de julio, el Alto Tribunal estableció que el régimen de rechazo en frontera ('devolución en caliente') previsto en la Ley de Extranjería no puede aplicarse a los inmigrantes que intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla cuando son interceptados en el mar, a quienes debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución. La sentencia precisó que el rechazo sí está previsto para quienes intentan acceder superando los elementos de contención fronterizos. En la entrevista, Santiago ha recordado la intervención de Montávez y ha explicado que actualmente se encuentra en marcha la transposición del Pacto Europeo de Migración y Asilo, por lo que considera que una modificación legislativa para endurecer las entradas irregulares en frontera sería "técnicamente viable". "NO A COSTA DE LOS DERECHOS HUMANOS" Frente a esa posibilidad, el parlamentario ha recalcado que la posición de Sumar es "muy clara". "Por supuesto que estamos de acuerdo con reforzar la seguridad exterior del Estado y las fronteras, pero no a costa de los derechos humanos", ha afirmado. En concreto, Santiago ha rechazado que ese refuerzo se haga dificultando el acceso a la frontera a personas que sufren persecución y que, según ha señalado, tienen derecho a llegar a ella conforme a la legislación y los convenios internacionales, citando expresamente el Convenio de 1951 sobre el derecho de asilo y refugio. "España hasta ahora ha garantizado este derecho y nosotros estamos dispuestos a examinar cualquier reforma, modificación, siempre y cuando no se restrinjan y eliminen los derechos fundamentales de la persona", ha resumido. CRÍTICAS A LA ACTUACIÓN DE MILITARES Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL Por otro lado, el dirigente de IU ha recordado que en la comparecencia extraordinaria del presidente el pasado 3 de septiembre comenzó su intervención agradeciendo el comportamiento "profesional y ejemplar" de Policía Nacional y Guardia Civil durante los días 30 y 31 de julio, asegurando que su actuación evitó "un desastre humanitario" y que ambos cuerpos siguen comportándose de esa manera. Según Santiago, no existen "grandes críticas" a sus actuaciones, pero sí se están generalizando denuncias sobre un "uso excesivo de la fuerza y malos tratos" por parte de miembros de algunos cuerpos del Ejército, que ha señalado que no se producen de forma generalizada sino "muy localizada" contra inmigrantes y también ceutíes de origen magrebí. El diputado ha afirmado que su formación ha rechazado además que los militares sean destinados a funciones de seguridad ciudadana, como pide el PP, algo que ha calificado de "inaceptable" en una democracia. El portavoz adjunto de Sumar también se ha referido al dispositivo temporal de acogida de inmigrantes instalado en el Puerto de Ceuta y ha calificado de "intromisión política" y una "atrocidad" la decisión inicial --luego rectificada-- de la Audiencia Nacional de impedir temporalmente su puesta en marcha mientras estudiaba la petición cautelar presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Un tribunal no es quién para decir dónde debe establecerse o no un centro de acogida", ha apostillado.

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