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Radiografía del robo de agua en España: cómo se vacían acuíferos para regar

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  1. 17 de septiembre
  2. Infobae
    Seguimiento17 sept, 09:18

    WWF denuncia el robo de agua y la sobreexplotación en seis acuíferos en España

    Madrid, 17 sep (EFE).- La ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), ha elaborado un informe en el que, tras una investigación de un año y medio, denuncia el robo de agua y la sobreexplotación en media docena de acuíferos en España. Las zonas afectadas por los seis acuíferos son Alto Guadiana (Castilla-La Mancha), Almonte-Marismas (Andalucía), Los Arenales (Castilla y León), Baza (Granada), Campo de Cartagena (Murcia) y la zona Sureste (Albacete, Alicante, Almería). Entre las seis zonas, WWF apunta a que se han regado más de 80.000 hectáreas de superficie de cultivo con agua extraída con "claros indicios de ilegalidad". La organización reclama a las administraciones públicas medidas contundentes para poner fin al robo así como una gestión sostenible y justa del agua. El caso más grave se da en la región de La Mancha, donde más de 39.000 hectáreas de superficie de cultivo, según WWF, estarían regándose con aguas subterráneas con "claros indicios de ilegalidad", lo que convierte esta zona de Alto Guadiana en el "epicentro" del robo del agua en España. El volumen de agua extraída con indicios de ilegalidad se situaría en torno a 69 hm3 en el tiempo de la investigación, suficiente para llenar 27.600 piscinas olímpicas: de acuerdo con WWF, se estaría extrayendo un 86 % más del volumen de agua permitido por el Plan Hidrológico del Guadiana. En Baza, más de 4.000 hectáreas de superficie se estarían regando con agua extraída con indicios claros de ilegalidad, lo que supone casi un 62 % del total de superficie regada, con un volumen de agua ilegal estimado de 8,34 hm3. El estudio señala que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estaría subestimando el índice de explotación real de las masas de agua: en particular el de la Sierra de las Estancias, que WWF cifra en un 208 %. El parque natural de Doñana, aunque el informe señala una mejoría, figura aún como "amenazado" por la sobreexplotación y el robo del agua. En torno al 20 % de la superficie total que se riega con recursos de las masas de agua subterráneas del acuífero de Almonte-Marismas presenta indicios claros de ilegalidad y WWF cifra en 13,34 hm3 el agua extraída de manera irregular. Además, entre las tres zonas que forman la Demarcación Hidrográfica del Segura (Albacete, Almería y Alicante), se habrían regado unas 15.230 hectáreas con agua extraída con claros indicios de ilegalidad. "Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado de uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España", comenta Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF. La investigación, especifica Gil, revela y alerta también sobre los "desplazamientos de cultivos" que se están dando en los territorios con nuevas plantaciones con "claros indicios de ilegalidad". Todas las zonas afectadas, explica el informe, tienen en común que, en los últimos años, han asistido a una transformación de unos cultivos tradicionales de secano a una agricultura industrializada de regadío superintensivo. Algo que, destaca WWF, ha sido promovido con ayudas públicas, lo que ha conllevado un aumento de la superficie en regadío y un mayor uso de los recursos hídricos, así como un "efecto llamada" para los recursos extraídos con claros indicios de ilegalidad. "Quien utilice agua ilegalmente no puede recibir fondos públicos. La planificación del agua y de la agricultura debe adaptarse a los recursos que realmente tenemos. No podemos seguir concediendo derechos que agraven la sobreexplotación", ha sentenciado Gil. EFE

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  3. Seguimiento17 sept, 09:12

    El mapa del “robo de agua” en España: seis zonas críticas y más de 80.000 hectáreas de regadío bajo sospecha

    Mientras disminuye el agua almacenada en embalses y acuíferos —la reserva hídrica española se sitúa en el 61,8% de su capacidad—, las extracciones irregulares persisten en España. La organización WWF denuncia en una nueva investigación, publicada este jueves, que más de 80.000 hectáreas de cultivo se riegan con agua obtenida de forma presuntamente ilegal en seis zonas de España afectadas por una grave sobreexplotación de los acuíferos , una situación que amenaza espacios naturales como Doñana y las Tablas de Daimiel y que coincide con la elaboración de una nueva planificación hidrológica para un escenario de menor disponibilidad de recursos. La investigación , elaborada durante más de año y medio con datos oficiales de 2023 y 2024 sobre parcelas con derechos de riego , sitúa los principales focos en Alto Guadiana (provincia de Ciudad Real), Almonte-Marismas (Huelva), Los Arenales (Castilla y León), Baza (Granada) y Campo de Cartagena (Murcia), además de zonas del sureste peninsular en Albacete, Alicante y Almería. “Estos casos no son ejemplos aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado de uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España ”, ha explicado este jueves Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF. El informe advierte sobre la situación de las Tablas de Daimiel y Doñana, dos parques nacionales afectados por la sobreexplotación de los acuíferos y las extracciones ilegales de agua , además de que ha detectado un desplazamiento de cultivos hacia territorios con nuevas plantaciones que presentan indicios de ilegalidad. “En Doñana, por ejemplo, ha habido avances contra los cultivos ilegales de frutos rojos en La Rocina, pero al mismo tiempo creció el olivar superintensivo”. En este espacio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, WWF ha identificado más de 3.300 hectáreas de cultivos en posible situación de ilegalidad. Sin embargo, el epicentro del robo de agua en España se sitúa en el acuífero de la Mancha Occidental , en la cuenca del Alto Guadiana, indica la organización, que estima que más de 39.000 hectáreas se regarían con aguas subterráneas extraídas con indicios de irregularidad. WWF explica que existen permisos concedidos hace años que autorizan a extraer más agua de la que el sistema puede recuperar, según el Plan Hidrológico de la demarcación del Guadiana, y a ello se suman las limitaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para vigilar y sancionar el uso de aguas subterráneas, además de prácticas que se arrastran desde la normativa anterior. Menos presión en el Mar Menor, más regadío bajo sospecha en el sureste El Campo de Cartagena ha reducido de forma marcada las superficies y extracciones de agua bajo sospecha de ilegalidad: el área analizada pasó de unas 11.000 hectáreas en 2019 a 3.271 en 2024, mientras que el volumen de agua subterránea extraída cayó un 65%. WWF vincula esta evolución con la Ley del Mar Menor, la declaración de acuíferos en riesgo y el plan estatal de recuperación aprobado en 2022. Pero la mejora contrasta con el avance del problema en el sureste de la cuenca del Segura: en Albacete, Alicante y Almería, unas 15.230 hectáreas se regarían con agua de extracciones bajo sospecha de ilegalidad . Casi tres de cada cuatro se concentran en Albacete, con más de 11.500 hectáreas. Baza agrava la presión sobre el acuífero, mientras Los Arenales muestra una leve mejora Baza es uno de los focos más delicados: más de 4.000 hectáreas, el 62% de su regadío, usarían agua procedente de extracciones irregulares, según WWF. La organización alerta de que el acuífero Sierra de las Estancias podría soportar una presión equivalente al 208% de su capacidad , con manantiales ya secos y riesgo para el suministro de las poblaciones. Los Arenales, entre Segovia, Valladolid y Ávila, muestra una evolución distinta. La superficie bajo sospecha descendió de 17.000 hectáreas en 2019 a 16.481 en 2023, tras acuerdos entre la Confederación Hidrográfica del Duero y los usuarios de aguas subterráneas. Ante este panorama, WWF reclama a las administraciones estatales, autonómicas y locales “una actuación urgente y coordinada para acabar con el robo del agua”. Para ello, aseguran, es imprescindible reforzar los medios de los organismos de cuenca con el fin de clausurar las captaciones de regadíos ilegales y mejorar la vigilancia con contadores y teledetección. “También deben cruzarse estos datos con el catastro y las ayudas agrarias. Quien utilice agua ilegalmente no puede recibir fondos públicos . La planificación del agua y de la agricultura debe adaptarse a los recursos que realmente tenemos. No podemos seguir concediendo derechos que agraven la sobreexplotación: necesitamos impulsar una transición justa hacia modelos productivos menos dependientes del regadío intensivo”, concluye Gil.

    InfobaeInfobaeMaría García Arenales
  4. Primera noticia17 sept, 09:00

    Radiografía del robo de agua en España: cómo se vacían acuíferos para regar

    WWF analiza cómo la sobreexplotación para alimentar el regadío intensivo esquilma las masas subterráneas: "Es un problema generalizado y un delito impune", denuncia la organización Robar el agua de todos, un delito 'barato' en la España de la sequía: “Hay una sensación de impunidad brutal” Uno de los principales problemas en la gestión de los escasos recursos hídricos en España es la sobreexplotación de los acuíferos . Resumidamente: extraer de estos almacenes subterráneos más líquido del que reponen. Hay una parte de ese uso intensivo que se hace legalmente, pero otra porción se realiza a base de bombear agua sin permiso. Un robo del agua. La organización WWF ha estudiado seis puntos agudos donde se extrae agua “con indicios de ilegalidad” para regar parcelas “potencialmente” irregulares. Se trata de los acuíferos de Almonte-Marismas —los que alimentan Doñana—, el Alto Guadiana que surte a Daimiel, Los Arenales en Castilla y León, Campo de Cartagena al lado del Mar Menor, Baza en Granada y el eje sureste del Segura. Todos tienen en común que, en los últimos años, “han asistido a una transformación de unos cultivos tradicionales de secano a una agricultura industrializada de regadío superintensivo”, dice WWF. “No son ejemplos aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado”, explica la responsable del programa de aguas de WWF, Teresa Gil Un posible delito ambiental “ extendido e impune ” añade Gil. Sirve de ilustración sobre lo complicado de la situación, el reciente sobreseimiento del caso de la e xtracción ilegal de agua mediante pozos en fincas de la Casa de Alba. El juez argumentó que no se ha acreditado que ese bombeo sin permiso haya perjudicado al acuífero o el medio ambiente. La presión del regadío sobre los acuíferos españoles (datos 2024) Cultivos en parcelas con indicios de ilegalidad (ha) Extracciones de agua en posible ilegalidad (hm3) ACUÍFERO Alto Guadiana (Daimiel) Los Arenales Sureste (Segura) Baza Almonte-Marismas (Doñana) Campo de Cartagena (Mar Menor) 39.244 16.481 15.229 4.100 3.379 3.271 69,71 67,42 48,85 8,34 13,34 14,63 1 2 3 4 5 6 Bilbao A Coruña El Acuífero de los Arenales (Castilla y León) Barcelona 2 Madrid El Alto Guadiana Valencia El Sureste (Albacete, Almería y Alicante) 3 1 Campo de Cartagena (Mar Menor) Baza (Granada) 6 4 Málaga Almonte-Marismas (Huelva) 5 GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: WWF. La presión del regadío sobre los acuíferos españoles (datos 2024) Cultivos en parcelas con indicios de ilegalidad (ha) Extracciones de agua en posible ilegalidad (hm3) ACUÍFERO 1 2 3 4 5 6 Alto Guadiana (Daimiel) Los Arenales Sureste (Segura) Baza Almonte-Marismas (Doñana) Campo de Cartagena (Mar Menor) 39.244 16.481 15.229 4.100 3.379 3.271 69,71 67,42 48,85 8,34 13,34 14,63 2 El Alto Guadiana 1 3 6 4 5 GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: WWF. Aun así, los datos de este análisis demuestran que, cuando hay voluntad y se hace algo, la situación se modifica (para mejor). En Doñana y el Mar Menor, sus planes de acción (que suman 1.300 millones de euros de presupuesto) han derivado en una disminución del problema. En el Alto Guadiana, del que viven Las Tablas de Daimiel, el plan de actuaciones anunciado por el Ministerio de Transición Ecológica continúa estancado. “Es el epicentro”, avanzan los de WWF. Almonte-Marismas La situación: el trabajo admite que ha habido un “descenso significativo de la superficie de cultivos de frutos rojos en posible situación de ilegalidad”. A su juicio esto demuestra un “esfuerzo” de las Administraciones y las fuerzas de seguridad para rebajar los cultivos ilegales. Al mismo tiempo alertan de que lo que ha crecido son los cultivos leñosos, muchos de ellos olivos en régimen intensivo (que necesitan riego continuado). “En Doñana se han producido progresos en el control” sin embargo, apuntan, el “problema del uso ilegal del agua persiste en la zona de estudio”, ya que en torno al 20 % de la superficie regada con recursos de las masas de agua subterráneas del acuífero de Almonte-Marismas presenta indicios de estar en situación de ilegalidad. El robo : los cálculos de WWF dicen que en el entorno de Doñana —plantados sobre las masas de agua subterránea de las que depende el parque nacional— hay unas 3.330 hectáreas de cultivos con visos de irregularidad. Para alimentar esas explotaciones, analizan, se sacan sin permiso de los acuíferos más de 13 hectómetros cúbicos. El impacto ambiental: la organización advierte de que, según su análisis, hay un grado de incertidumbre sobre la situación real de Doñana que provoca que cualquier previsión sea de “baja aplicabilidad en el terreno práctico”. Con todo recuerda que la Estación Biológica de Doñana ha certificado la desecación de las lagunas temporales que se han visto ocupadas por vegetación “típicas de suelos alejados del nivel freático”, es decir del nivel del acuífero y que la laguna de Santa Olalla se ha secado completamente tres años seguidos por la sequía. Cultivos en el entorno de Doñana. Campo de Cartagena La situación: tras el shock de la sopa verde que alertaba del colapso ecológico el Mar Menor, el diagnóstico estaba claro: había una explotación insostenible del territorio por el uso intensivo del agua para el regadío. En los últimos cuatro años, pues, “ha habido una mejora significativa” gracias al un “control más estricto de las administraciones” y “una mejor gestión de los usuarios”, dice este informe. Con todo, todavía hace falta “mantener y consolidar las medidas de control”, concluyen, porque sigue sacándose agua irregularmente allí. El robo: la teledetección de parcelas fuera de los mapas con derechos de uso del agua muestra una superficie de cultivos con indicios de estar al margen de la norma de 3.271 hectáreas. La cantidad de agua bombeada desde el subsuelo sin permiso llega a los 14,63 hm³, según el trabajo de WWF. La identificación de parcelas corresponde a explotaciones de cultivos hortícolas de temporada, cítricos, cultivos leñosos tipo almendro u olivos e invernaderos. El impacto ambiental: es uno de los más célebres. El uso intensivo de agua sobre cultivos cargada de fertilizantes termina por desaguarse en la laguna costera del Mar Menor. Esa entrada masiva de nutrientes —los restos del fertilizante— provoca un estallido de microalgas Esa es la sopa verde . La proliferación de fitoplancton bloquea la entrada de la luz del sol al fondo de la laguna y causa muertes masivas de las praderas marinas. Esa biomasa muerta en descomposición consume el oxígeno disuelto en el agua (anoxia). Sin ese oxígeno ocurren grandes mortandades de peces y otra fauna acuática. Alto Guadiana La situación: WWF lo llama el “epicentro” del robo del agua y califica la situación de “al borde del suicidio hídrico”. Sobre esas masas de agua subterránea se ha creado una estructura ambientalmente insostenible: de entrada, la Confederación Hidrográfica del Guadiana calcula que la extracción legal de agua para permitir que los acuíferos se recuperen debería toparse en 199 hm³ al año. Las extracciones para el regadío suman 370 hm³. Un déficit estructural de más de 170 hm³. El robo: las parcelas presuntamente ilegales llegan a las 39.000 ha. “Es un 22% de la superficie total regada”, pondera el estudio. El riego asociado a esas explotaciones llega a los 69 hm³ en 2024. “La existencia de riegos con indicios de ilegalidad es uno de los factores principales que explican el déficit”, argumenta WWF. Cultivos en el entorno de las Tablas de Daimiel. Una gran parte de los que se explota son cultivos leñosos que, para que sobrevivan en Castilla-La Mancha necesitan riegos. “Especialmente las vides en espaldera y los almendros en régimen intensivo”, aclara el análisis. La gran superficie dedicada a estos cultivos conlleva la sobreexplotación del acuífero. El impacto ambiental: los humedales de La Mancha necesitan el agua subterránea. Las fuertes precipitaciones han cubierto una buena parte de las Tablas de Daimiel en 2025 y 2026 después de que, sin lluvia, el parque estuviera al borde de secarse por completo —tanto que necesitó trasvases de urgencia desde el Tajo y bombeo extra desde pozos en 2023 y 2024—. La cuestión es que las aguas superficiales de las Tablas y las subterráneas de los acuíferos están desconectadas debido a la bajada del nivel bajo tierra. Sin esa conexión, el líquido no brota, es decir, no alimenta al humedal. Los Arenales La situación: aunque ha disminuido un poco respecto a 2019 (un 5% menos de superficie), el regadío “en posible situación de ilegalidad” todavía es “relevante” y supone un “impacto directo sobre el balance hídrico y el estado de las masas de agua subterráneas”, diagnostica el informe de WWF. En esta zona de Castilla y León puede observarse, por un lado, cómo se concentra el problema en la masa de agua Tierras de Medina y La Moraña mientras allí donde se han creado comunidades de usuarios de aguas subterráneas se ha constatado “una disminución significativa del uso ilegal”. Cultivos en Los Arenales El robo: las cifras muestran 16.400 hectáreas (un 21% del total) de cultivos con sospecha de ser irregulares y un volumen de extracciones igualmente fuera de norma de 67 hm³. Como el índice de explotación de este sistema de acuíferos compuesto por tres masas diferenciadas está en 1,24, si se le resta el volumen sacado sin permiso ese índice se quedaría en 1,0, es decir, se extraería lo que reciben los acuíferos al año. “La posible ilegalidad es un factor material que contribuye a la situación de desequilibrio del sistema”. El impacto ambiental: actualmente, en Tierras de Me­dina y La Moraña, “se identifican más de 30 zonas húmedas en estado de desconexión”, recuentan los ecologistas. Y en la zona de Tierra de Pinares más de 20 zonas podrían beneficiarse de una recuperación de niveles “si disminuyeran las extracciones”. Sureste La situación: el objetivo era estudiar áreas de la Cuenca del Segura que habían quedado fuera del radar ante la urgencia de la situación en Campo de Cartagena y el Mar Menor. Se han delimitado tres zonas: Albacete, Alicante y Almería. El estudio subraya que hay un “crecimiento insostenible” del regadío presumiblemente ilegal en la provincia de Albacete. El robo: se considera que hay unas 15.200 hectáreas con indicios de ilegalidad. La mayoría, como se decía, en Albacete donde suman 11.000 ha fuera de la cartografía regulada. Después está Almería con 3.700 hectáreas. En Alicante aparecen 226 ha. En total son un 20% del total regado en esas tres provincias. El principal cultivo es el viñedo. Respecto al agua que se extrae para esas parcelas, la estimación es que se beben unos 48,8 hm³, supuestamente, sin permiso. El impacto ambiental: WWF informa de que se han detectado parcelas con indicios de ilegalidad dentro de zonas de especial protección. Y señalan explotaciones al norte de la Laguna de Petrola que es un de importancia para las aves. Baza La situación : “desconocido y preocupante” robo del agua, lo califica este trabajo. El estudio se fija en siete masas de agua subterránea en la comarca de Baza (Granada). De hecho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha desplegado un plan específico de inspección para esta comarca. Con todo, WWF señala que sus análisis difieren mucho de algunos de los presentados por Confederación para ciertos acuíferos: en el de Sierra de las Estancias, la Confederación considera que hay un índice de explotación de 0,6 y la organización estima que llega al 2.0, es decir, un 200%. “Es un indicio de una altísima sobreexplotación”. El robo: casi el 62% de la superficie regada presenta indicios de estar en situación irregular, en tolal 4.100 ha de las 6.600 irrigadas en la comarca. Los cultivos afectados van desde los olivares a los frutos secos pasando por los invernaderos y los hortícolas. El agua captada para estas explotaciones llega a los 8,3 hm³. El impacto ambiental: una sobreexplotación como la que apunta el trabajo de WWF “podría llevar al agotamiento de los recursos en un plazo de tiempo relativamente corto”.

    elDiario.eselDiario.esRaúl Rejón