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Informe de la ONU responsabiliza a régimen de Ortega de 8 muertes bajo custodia desde 2018

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    Grupo de Expertos de la ONU: "En algún momento el régimen nicaragüense rendirá cuentas"

    Ginebra, 22 sep (EFE).- La rendición de cuentas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por sus violaciones de derechos humanos llegará un día ya sea dentro o fuera de Nicaragua, vaticinó este martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para este país, que presentó un informe sobre desapariciones y muertes bajo custodia. "Un régimen como el que opera en Nicaragua, y en la zona en la que opera, no es sostenible. En algún momento va a haber rendición de cuentas, si no dentro, fuera del país", aseguró a EFE el jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos establecido en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "Es un régimen basado en muy pocas cabezas, muy débil en su línea de mando, y esto normalmente no sobrevive por mucho tiempo", auguró. Ante el mismo Consejo de Derechos Humanos, que Nicaragua abandonó en 2025, Simon presentó un informe que, bajo el título "Anatomía de la crueldad estatal", denuncia y detalla ocho muertes bajo custodia en Nicaragua desde el inicio de la crisis política de 2018, de las que responsabiliza al régimen de Ortega y Murillo. Entre esas muertes figura la de Humberto Ortega, hermano del copresidente y fallecido en 2024, o la del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, según un informe que también denuncia la desaparición forzada de 161 personas desde 2018, de las que 29 siguen en paradero desconocido. "Hemos encontrado a partir de 2023 un patrón en materia de desaparición forzada que demuestra que este método ya no busca castigar a las personas, o a sus familiares cercanos, sino que más bien se utiliza como un instrumento para aterrorizar a familias, incluso comunidades enteras", señaló Simon a EFE. Además, aumenta el tiempo durante el que estas personas permanecen detenidas en paradero desconocido: antes solía ser de horas, días o semanas, pero ahora es frecuente que se convierta en meses o incluso años. El presidente del grupo de expertos expresó el temor por la vida de los 29 desaparecidos en la actualidad, dados antecedentes como el de Rivera, cuya muerte fue notificada el pasado mes de mayo por las autoridades nicaragüenses tras más de dos años de detención arbitraria del líder político, gran parte del tiempo en paradero desconocido. "La muerte de Rivera debería servir de llamada de atención a la comunidad internacional para que actúe", señaló en rueda de prensa el húngaro Reed Brody, también miembro del grupo de expertos, quien recalcó que "hasta que Nicaragua disponga de instituciones capaces de responder, la rendición de cuentas tendrá que venir de fuera". Brody recordó que ocho familiares y allegados de Rivera también están en situación de desaparición forzada después de intentar reclamar el cuerpo del líder indígena. "La desaparición de personas ya no es simplemente una consecuencia de la represión, se ha convertido en uno de sus instrumentos y, en particular desde 2023, la muerte bajo custodia es su consecuencia más irreversible", advirtió Simon en la misma rueda de prensa. EFE (vídeo)

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    Primera noticia22 sept, 07:16

    Informe de la ONU responsabiliza a régimen de Ortega de 8 muertes bajo custodia desde 2018

    Ginebra, 22 sep (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, es responsable de la muerte bajo custodia estatal desde 2018 de ocho personas detenidas por motivos políticos, entre ellas la de su hermano Humberto Ortega y la del líder indígena Brooklyn Rivera, concluye un informe de expertos de Naciones Unidas. El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala que los abusos que detalla podrían constituir crímenes de lesa humanidad tales como encarcelamiento, tortura, desaparición forzada o persecución por motivos políticos. "Un Estado que recurre a las desapariciones forzadas y permite que las personas mueran bajo custodia no cumple las normas mínimas de derechos humanos exigidas para una gobernanza democrática creíble", señaló el presidente del grupo de expertos, el alemán Jan-Michael Simon. El informe dedica un amplio capítulo a la muerte de Rivera, líder indígena miskito y fundador del partido político Yatama, quien permaneció detenido de forma arbitraria durante casi tres años, hasta que las autoridades declararon su fallecimiento el pasado 31 de mayo. "El Gobierno de Nicaragua quitó a Rivera su libertad, luego su salud, y por último la vida", afirmó el húngaro Reed Brody, también miembro del grupo de expertos, quien señaló que las explicaciones dadas por el régimen sobre el fallecimiento del líder indígena están plagadas de inconsistencias. Además, esas explicaciones "se ven empañadas por su negativa a permitir una autopsia independiente y por la prisa en enterrarlo antes incluso de que su familia pudiera despedirse de él", afirmó. Respecto al caso de Humberto Ortega, fallecido bajo custodia en un hospital militar en septiembre de 2024, el grupo de expertos subrayó que no pudo verificar las circunstancias de esta muerte pero señaló que hay "serias preocupaciones" en torno a si recibió atención sanitaria oportuna y adecuada. También recordó que el exministro de Defensa y antiguo jefe del Estado mayor nicaragüense, que en sus últimos años fue crítico con el Gobierno de su hermano, permaneció detenido en régimen de incomunicación, algo que puede ser considerado trato cruel, inhumano o tortura. Otros fallecidos bajo custodia citados en el informe son Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Cárdenas. Sus muertes "son el resultado previsible de una serie de actos sistemáticos, deliberados y coordinados, ejecutados por la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior y el poder judicial", concluye el informe. También señala que existen motivos razonables para creer que este aparato institucional opera bajo el control centralizado de los copresidentes de Nicaragua, en referencia a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. El informe, titulado "Anatomía de la crueldad estatal", también subraya que al menos 161 personas han sufrido desaparición forzada a manos del régimen desde 2018, y señala que al menos 29 siguen en paradero desconocido. Los expertos exhortaron al Gobierno de Nicaragua a revelar el paradero de esos 29 desaparecidos, a liberar a todos los detenidos por motivos políticos y a investigar las muertes bajo custodia. También instó a devolver los restos de Rivera a su familia y a la comunidad miskita, y urgió a la comunidad internacional a tomar acciones para que haya una rendición de cuentas por los abusos denunciados, usando si es preciso la jurisdicción penal universal. EFE

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