Primera noticia14 sept, 20:09
La bodega de la familia del conselleiro de Empleo, sancionada por explotar a migrantes sin papeles en la vendimia
Los responsables de la empresa aseguran que fue una empresa de trabajo temporal la que llevó sin papeles a sus viñas en Ribadavia (Ourense), afirman que la han denunciado, pero se niegan a mostrar esa denuncia La bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, ha sido sancionada por explotar a migrantes sin papeles para la vendimia del año pasado en la comarca de O Ribeiro (Ourense). La sanción se produce tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles y, por tanto, sin la protección legal que debe amparar a cualquier empleado. La bodega, Casal de Armán, fue fundada por el padre del conselleiro y tanto él como sus hermanos la recibieron en herencia tras la muerte del patriarca de la familia. La sanción propuesta por la inspección se dirige contra Viña Campinas, S.L., una filial del grupo encargada de gestionar las viñas en las que se recolecta la uva con la que se produce Casal de Armán, tal y como han confirmado a esta redacción un portavoz del grupo de empresas. Las sanciones para este tipo de prácticas oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros por cada trabajador irregular localizado en un centro de trabajo. En caso de reincidencia o explotación laboral grave los hechos pueden tener repercusiones penales. La Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, ha evitado hacer valoraciones ni confirmar la cuantía exacta de la multa impuesta a la familia del político del Partido Popular. El conselleiro de Empleo, José González Vázquez, inspector de Hacienda antes de entrar en la política activa de la mano de Alberto Núñez Feijóo en 2016, declaró al Parlamento de Galicia aquel año ser propietario de terrenos y socio de la bodega junto a sus hermanos. Su participación en la empresa la recibió por herencia de su padre y se desprendió de la misma en 2018, coincidiendo con su entrada en el Gobierno gallego, primero como conselleiro de Medio Rural y, después, como titular del departamento de Trabajo. elDiario.es se ha puesto en contacto con los responsables de Casal de Armán que se han desligado de cualquier práctica irregular argumentando que las contrataciones de temporeros sin papeles se realizaron a través de una empresa de trabajo temporal, ajena a su grupo de empresas, y que cuando tuvieron conocimiento de esas irregularidades procedieron a presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta redacción ha solicitado de la empresa una copia de esa denuncia, recibiendo una negativa como respuesta. Además, elDiario.es ha preguntado a los responsables de la bodega cómo es posible que la sanción propuesta por la Inspección de Trabajo se haya dirigido contra una de las empresas de su grupo, Viña Campinas, S.L. y no contra esa supuesta ETT que comerciaba con trabajadores sin papeles. Para esta última cuestión la empresa asegura que “aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”. La Xunta se ha sacudido el asunto como si no tuviera opinión sobre el lío que afecta a la empresa de la familia directa de quien dirige las políticas de empleo y emigración en la comunidad autónoma. En un mensaje por escrito remitido por un portavoz del conselleiro de Empleo abogan por el cumplimiento de la legislación laboral vigente, incluso, dicen, en época de vendimia. Como única reacción, el mensaje que a continuación se reproduce de manera literal: “La Xunta, como no puede ser de otra manera, aboga por el cumplimiento de las condiciones laborales en cualquier actividad que se desarrolle en Galicia y, evidentemente, también durante la vendimia. Cualquier trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación”. Tres millones de facturación, cuatro trabajadores Viña Campiñas, perteneciente a la empresa familiar Bodegas Casal de Arman SL, se constituyó en 2022 y se dedica a “actividades de apoyo a la agricultura”. En 2025, Viña Campiñas facturó 715.463,12 euros y no detallaba el origen de sus ingresos. Declaraba una plantilla media de 10,3 personas, frente a los 12,4 de 2024, según sus cuentas, accesibles a través de Insight View y firmadas por Juan Luis González Vázquez, hermano del conselleiro de Empleo, “en calidad de representante de Rectoral de San Andrés”, la holding familiar. La bodega de la familia del conselleiro de Empleo, Bodegas Casal de Arman SL, facturó algo más de 3 millones en 2025. Su plantilla media no alcanzó en ese ejercicio las 4 personas, según sus últimas cuentas, que indican que “existen operaciones con partes vinculadas”, sin detallarlas, y que “se han recibido subvenciones durante el ejercicio para la financiación del Kit Digital por importe de 3.500 euros y del Igape [Instituto Gallego de Promoción Económica] para la financiación de uvas por importe de 17.407,96 euros”. La propietaria última de estas dos empresas es la holding Rectoral de San Andrés SL, constituida en 2003, perteneciente a la familia del conselleiro y cuyo administrador único es su hermano Juan Luis. En 2025 tenía unos cinco empleados, según las cuentas que acaba de remitir al Registro Mercantil Otras Polémicas No es la primera vez que Casal de Armán se ve envuelta en una polémica relacionada con el cumplimiento de leyes y normativas. En mayo de 2015 la empresa decidió levantar un salón de eventos con estructuras prefabricadas junto a sus viñas y a la Casa de Turismo Rural que explotan a sus pies. La infraestructura carecía de permisos municipales y de la Xunta, por lo que la administración gallega resolvió su “demolición” por el “tremendo impacto” sobre el entorno. Aquella resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura fue objeto de una catarata de recursos y alegaciones que mantienen la polémica dormida en los despachos, mientras el holding de la familia del conselleiro mantiene su salón de eventos en pie al tiempo que buscan permisos para ampliar sus dotaciones de hostelería sobre parte de la finca, calificada como suelo rústico.
elDiario.es•Gonzalo Cortizo