El Consejo de Transparencia pide más medios ante el aumento en un 60% de las reclamaciones
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El Consejo de Transparencia pide más medios ante el aumento en un 60% de las reclamaciones
Madrid, 15 sep (EFE).- La presidenta del Consejo de Transparencia, Concepción Campos Acuña, ha reclamado este martes en el Congreso más medios materiales y personales ante el incremento en un 60% de las reclamaciones ciudadanas y la atribución de capacidad sancionadora. En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Campos Acuña ha aconsejado el uso de la publicidad activa en portales de transparencia para hacer innecesarias algunas de las peticiones ciudadanas y reducir el número de reclamaciones, aunque ha aclarado que "la demanda de transparencia está bien. No se trata de contenerla, sino de incrementar los medios para atenderla". En el acumulado de los años desde su creación el trabajo que recae sobre el Consejo se ha hecho un 60% mayor, ha explicado. "Las administraciones deben responder, también el Consejo. Pero ante la falta de medios, es de temer que no pueda hacerlo en el plazo de tres meses regulados. Es una realidad que no podemos ignorar", ha explicado. Campos Acuña ha destacado, además, la importancia de dar capacidad coercitiva al Consejo para hacer cumplir a las administraciones sus resoluciones favorables al ciudadano, la mayoría. Para ello, sería necesario reformar la normativa, que es de 2013. La presidenta del Consejo de Transparencia ha denunciado el uso excesivo del silencio administrativo, especialmente en el ámbito local: "Hay un gran número de reclamaciones a la Administración Pública que se resuelven por silencio, es decir, no se resuelven. Y luego, esas administraciones, tampoco responden al Consejo". "Ese doble silencio, somos conscientes, se debe en gran medida a la falta de medios, más aún en municipios de cerca o menos de 1.000 habitantes, porque los ayuntamientos son los que reciben más solicitudes de información", ha señalado. En este sentido, ha propuesto acudir a la ayuda de las diputaciones y entidades similares. "También hay que trabajar en la publicidad activa, publicar información en los portales de transparencia" y hacer uso de la automatización en la publicación de la información, ha explicado. Sobre la mejora de las facultades del Consejo, ha recordado que desde 2024 y hasta la actualidad sigue siendo necesaria la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. "En particular esa atribución de facultades coercitivas, la facultad sancionadora, y un reglamento de desarrollo de la norma, que son instrumentos jurídicos fundamentales para seguir consolidando la posición del Consejo". Pero no solo faltan instrumentos jurídicos para seguir avanzando, sino también presupuestos, ha dicho. "El incremento de la actividad que ha recibido el Consejo es muy sustancial" y recae en las mismas 30 personas que trabajan en él. "Como ustedes pueden imaginarse, cualquier empresa, cualquier institución, si duplica su trabajo necesitará más medios y recursos, porque no se puede hacer" más trabajo en el mismo tiempo y con el mismo presupuesto. "En todo caso, es bueno que los ciudadanos acudan a nosotros", ha añadido, antes de explicar que en 2024 la institución que preside resolvió 2.231 reclamaciones, de las cuales la mayoría (un 64%) fueron estimatorias. EFE
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Cea mai nouăacum 18 hEl Consejo de Transparencia exige más medios ante el aumento de reclamaciones, que este año pueden llegar al 70%
La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Concepción Campos Acuña, ha exigido este martes al Ejecutivo que dote de más medios y recursos al órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia ante el aumento exponencial de las reclamaciones que presentan los particulares cuando no reciben la información que reclaman a la administración y que este año puede llegar al 70%. Durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para dar cuenta de su actividad, Campos Acuña ha vuelto a reclamar también una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que acumula ya 13 años de vigencia, y que, a su juicio, debe ser actualizada para dotar a este organismo de capacidad coercitiva y sancionadora. Pero ha hecho especial hincapié en que necesitan más medios y personas para poder hacer su trabajo con eficacia. En este contexto, ha destacado que entre 2024 y 2025 las reclamaciones se incrementaron en un 40% y que este año se puede cerrar con una subida de entre el 60 y el 70%, y todo sin que aumente ni el presupuesto ni el personal del Consejo, que cuenta con una plantilla de unas 30 personas que en ocasiones caen en el "agotamiento". "Difícilmente podremos atender a nuestra función garante si no tenemos más medios", ha enfatizado la presidenta, destacando, no obstante que de las 2.808 reclamaciones recibidas en 2025 lograron resolver 2.274 en ese ejercicio. CUESTIONES CADA VEZ MÁS COMPLEJAS POR LA IA Este incremento se debe, según su análisis, a que la ciudadanía cada vez es más consciente de su derecho de acceso a la información y plantea, posiblemente con ayuda de la Inteligencia Artificial, preguntas cada vez más complejas. "Eso no debería ser un problema. El problema es que no se les da la información o no se hace de forma satisfactoria y acaban reclamando al Consejo que no siempre puede resolver en los tres meses que tiene de plazo para hacerlo", ha resumido. Por eso ha insistido en que el objetivo es trabajar para tener menos reclamaciones a través de la mejora de la actividad activa y ha animado a las entidades públicas y privadas que reciben financiación pública a "publicar información de forma indiscriminada" para evitar que sigan incrementándose las reclamaciones ciudadanas que, según ha apuntado, han pasado por ejemplo de 189 solo en julio de 2025 a un total de 400 en julio de este año. Respecto a la resolución de estas reclamaciones, Campos Acuña ha explicado que el 64% son estimatorias y que en su mayoría se refieren al ámbito ministerial. A VECES NO CONTESTAN NI AL CONSEJO Además, ha vuelto a denunciar como un "problema endémico de la administración" el silencio administrativo, es decir, la utilizado de lo que considera un "atajo" para no contestar a las peticiones de información de particulares y ni siquiera al Consejo cuando tramita las reclamaciones. Campos Acuña ha señalado que esta situación es especialmente grave en el ámbito local y ha dicho ser consciente de que en ocasiones tiene que ver con el desconocimiento de las obligaciones de transparencia o con la falta de medios, por eso el Consejo ha firmado un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para orientarles en esta tarea. "No queremos sancionar ni poner multas, sino ayudar a cumplir", ha resumido la compareciente, quien ha explicado que en muchas ocasiones la entidad correspondiente sí da la información sin problema alguno tras la intervención del Consejo. Por eso ha pedido que se intente contestar siempre a las solicitudes ciudadanas y valorar la posibilidad de dar un acceso parcial a la información reclamada. En este contexto, ha destacado su trabajo en el ámbito de la cooperación tanto internacional como nacional con la firma de convenios por ejemplo con la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y la Autoridad Independiente de Protección al Informante, "para generar instrumentos que ayuden a cumplir". Sobre el cumplimiento de las resoluciones, en el ámbito estatal alcanzó el 78% en 2024 y a 30 de junio de este año se sitúa ya en el 87,7%, mientras que en el ámbito autonómico y local ha pasado del 63 al 75%. En lo que va de 2026 el Consejo ha presentado 50 recursos contencioso administrativos, una cifra similar a la del año anterior.