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Premeditación y pruebas: las claves de la decisión de mantener la condena a Daniel Sancho
Koh Samui (Tailandia), 25 sep (EFE).- La Justicia tailandesa ha decidido mantener la sentencia de cadena perpetua impuesta en 2024 al español Daniel Sancho, tras considerar que hay pruebas suficientes para demostrar que es culpable del asesinato premeditado y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta en 2023. En una vista este viernes a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui, se leyó la resolución del Tribunal de Apelaciones de Phuket, que desestimó antagónicos recursos presentados por la familia de la víctima y la defensa que pedían aumentar el castigo a la pena de muerte y un nuevo juicio, respectivamente. La Justicia tailandesa confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia, que declaró al español culpable de tres delitos: asesinato premeditado; ocultar, trasladar o destruir un cadáver o partes de este; y dañar o hacer desaparecer un documento, por haber destruido el pasaporte de Arrieta. La decisión se basa en los siguientes argumentos: El Tribunal de Apelación de la Región 8 recordó que Sancho, antes de su encuentro con Arrieta en la isla tailandesa de Phangan en agosto de 2023, había "comprado y preparado previamente cuchillos, una sierra, un machete o cuchillo de carnicero, bolsas de basura, guantes de goma y productos de limpieza", subraya un comunicado divulgado por la Oficina de la Judicatura de Tailandia en Bangkok. Esto, expone la corte, sustenta la premeditación del caso, frente a los argumentos esgrimidos por la defensa, según los cuales Arrieta intentó estrangular a Sancho dentro de una habitación de hotel, lo que habría llevado al español a empujar al colombiano, que cayó encima del lavabo. La resolución dice que en sus primeras declaraciones Sancho no mencionó ningún intento de estrangulamiento por parte de la víctima, sino que hizo esta denuncia en el juicio, un año más tarde. Esas primeras declaraciones fueron recogidas por la Policía en 2023, cuando "no había tenido tiempo suficiente para modificar o elaborar una versión diferente de los hechos", apunta el fallo de las apelaciones. El Tribunal Provincial de Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua a Sancho el 29 de agosto de 2024, tras hallarle culpable del asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta en un hotel de la vecina isla de Phangan un año antes, el 2 de agosto de 2023. Asimismo, el tribunal señaló hoy que, si el procesado no hubiera querido acabar con la vida de la víctima, habría podido trasladarla a un hospital o pedir ayuda al personal del hotel. "Por el contrario, permaneció aproximadamente una hora en la habitación y posteriormente descuartizó el cadáver", subraya el texto, al que tuvo acceso EFE. Para la Justicia tailandesa, "no existía ninguna necesidad de pruebas adicionales", como había solicitado la defensa, que también había pedido citar a varios testigos "directamente relacionados" con nuevas pruebas, entre ellos el coronel de policía Paisan Sangthep, presente en la primera declaración de Sancho en Phangan. Paisan, que no fue llamado a declarar en el juicio por ninguna de las partes, fue entrevistado en el documental 'El caso Sancho' de la plataforma Max, y dijo entonces que en la primera confesión del español, el 6 de agosto de 2023, este "no admitió premeditación", aunque confesó haber matado a la víctima. Según el fallo, "no era una persona que hubiera presenciado directamente hechos capaces de demostrar la inocencia del procesado". Además, el juez avaló que la detención y la investigación del caso "fueron conforme a la ley", por lo que desestimó los alegatos de la defensa de que Sancho había sido detenido sin orden judicial y que le habían asignado al principio un abogado de oficio que actuó contra sus intereses. "Las pruebas aportadas por las partes eran suficientes para resolver el caso", insistió el magistrado. Aunque la parte que representa a la familia de Arrieta alegó en su recurso que no había motivos para reducir la pena de muerte, prevista como único castigo para el asesinato premeditado en Tailandia, la Justicia reiteró que la confesión de Sancho atenúa la sentencia porque ayudó a resolver un caso que no tiene testigos presenciales. En esa misma línea, el tribunal mantuvo la indemnización a la familia de la víctima -fijada en 4,42 millones de bat (unos 117.000 euros, 133.500 dólares) en la sentencia de primera instancia- y rechazó aumentar el monto, como había pedido la coacusación. EFE (foto)(vídeo)
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