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Aragón recurre ante el TS el decreto que aumenta a 476 su capacidad de acogida de menores migrantes: "Es inadmisible"
El Gobierno de Aragón recurrirá ante la sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas, y que fija el nuevo techo de Aragón en 476, "una cifra totalmente inadmisible y fijada de forma arbitraria". El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, y la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, han informado de esta medida, que se ha aprobado en Consejo de Gobierno extraordinario este lunes. "El Gobierno de Aragón redobla hoy su batalla contra la vergonzosa, ilegal e indecente política del sanchismo para favorecer la inmigración ilegal y para instrumentalizar a los menores de edad de manera intolerable", ha expresado Nolasco, quien ha recalcado: "Hemos dicho una y otra vez que no vamos a permanecer de brazos cruzados ante las ilegalidades del Gobierno de Sánchez". "Sánchez pisotea la ley, el Estado de Derecho y, por tanto, la democracia. No hay democracia sin ley y Sánchez pisotea la ley porque le estorba la democracia", ha expresado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que ha añadido que "la inmigración ilegal es una más en esa estrategia de Sánchez contra la ley y la democracia", que se suma a su "asalto al poder de la mano de los proetarras de Bildu y del independentismo golpista". Alejandro Nolasco ha criticado que el Gobierno central quiere "endosar" a Aragón 476 menores migrantes no acompañados, lo que invade competencias autonómicas porque lo hace "a espaldas" del Ejecutivo autonómico, incurriendo así en "una larga lista de ilegalidades" y redactado con "nocturnidad y alevosía". Ha reprochado que se regule mediante real decreto una materia reservada a ley orgánica, "puesto que afecta a derechos fundamentales y a libertades públicas" y, asimismo, ha cargado contra el Gobierno de España por "pisotear el principio de igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas y por incumplir el acuerdo en vigor entre España y Marruecos, firmado el 6 de marzo de 2007, que obliga a España a devolver de inmediato a todo menor que cruza ilegalmente la frontera y que debe ser entregado de forma urgente a su familia o al Estado de Marruecos". "El Gobierno de Sánchez ha vuelto a atacar a todos los españoles con un real decreto que en la práctica favorece la inmigración ilegal, que en sí mismo es un delito", ha afirmado Nolasco, subrayando que en Aragón "no se lo vamos a consentir y vamos a combatir judicialmente". "Vamos a solicitar en este recurso la suspensión cautelar de este real decreto para que no pueda surtir efecto alguno mientras se determina sobre su legalidad", ha aseverado Alejandro Nolasco. En su opinión, esta norma "favorece a las mafias que hacen negocio con esa inmigración ilegal y utiliza a los menores inmigrantes para pisotear el Estado de Derecho". Este recurso, ha insistido el vicepresidente, pretende que el real decreto que actualiza la capacidad de capacidad de acogida de las comunidades autónomas no le sirva al Ejecutivo central como "coartada fraudulenta para endosarnos a las comunidades autónomas la oleada de menas que formaron parte de la invasión que Ceuta hace dos meses y que los ceutíes siguen sufriendo por la dejadez del delictivo Gobierno de Sánchez". CAPACIDAD "SOBREPASADA" Respecto a la capacidad que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón para la acogida de menores migrantes "está sobrepasada hace muchísimo tiempo", ha destacado Nolasco, recordando que ya en julio de 2024 "superábamos un porcentaje altísimo la capacidad que nosotros teníamos". De hecho, ha continuado el vicepresidente, "una de las cosas que podemos llevar a gala es que 17 de 17 sentencias hemos ganado, puesto que la justicia ha reconocido que esos envíos --de menores-- son arbitrarios, caprichosos y que están hechos sin ningún tipo de rigor jurídico". Para el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, la "propuesta lógica y legal" para contribuir a resolver el problema en Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes, ya que no hay capacidad de acogida de menores en las comunidades autónomas es "que se vuelvan todos a su casa". "No hay ningún tipo de motivo para que estén aquí y, de hecho, el interés superior del menor es que estén con sus padres en su país de origen", ha indicado Nolasco, así que el Gobierno de Aragón no "va a colaborar de ninguna manera con la invasión, se opone frontalmente a ella con todas las vías que tiene, que es la política, la administrativa y la judicial, y lo va a seguir haciendo". Igualmente, el vicepresidente ha especificado que "ningún" menor migrante que llega a Aragón lo hace porque el Ejecutivo autonómico "lo haya aceptado", sino porque el Gobierno de España "nos obliga bajo amenaza de la Fiscalía de Sánchez". "Lo que tenemos que hacer es poner toda la carne en el asador, jurídicamente, para que vuelvan a sus países", ha zanjado. MISMO PATRÓN En esta línea, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura ha expuesto que "se vuelve a repetir el patrón del Gobierno de España con respecto a la total falta de respeto a las competencias de la comunidad autónoma" con este real decreto, adoptado de "forma unilateral, imponiendo un reparto forzoso, sin ningún tipo de criterio que podamos entender, argumentado, ni de forma objetiva". A juicio de Mar Vaquero, "se siguen criterios puramente políticos que no responden a la planificación que tienen que llevar a cabo las comunidades autónomas en el sistema de protección y saltándose el acuerdo, el consenso y la unanimidad que ha existido en otras ocasiones en las conferencias sectoriales". Del mismo modo, ha destacado que se pone en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema de protección. Por lo tanto, la interposición de este recurso ante el Tribunal Supremo está alineada con "la postura firme que estamos siguiendo --desde Aragón-- contra la política del Gobierno de España en materia de menores extranjeros no acompañados", ha apostillado Vaquero. No obstante, la vicepresidenta ha aclarado que no solo Aragón recurre este real decreto, sino que hay diferentes comunidades autónomas que también lo han hecho, porque el Gobierno de España "está actuando al margen de los acuerdos de la conferencia sectorial". "Estamos ante una política con intereses que no tienen que ver con el interés superior del menor, sino que simplemente se utiliza a los menores para confrontar", ha lamentado Mar Vaquero.
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