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Organización · 17 artículos
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hace 4 h

El Constitucional ha anticipado su aval a amnistiar la malversación: ¿cuándo volverá Puigdemont?

El juez Llarena prevé aplicar la doctrina sobre la malversación que emane del TC una vez se pronuncie el próximo 6 de octubre

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2 fuentes17 sept

Amnistía exige investigación con perspectiva de género en caso Claudia Tacoronte; alerta sobre violencia feminicida en México

2 fuentes17 sept

Aparato represivo y torturas permanecen con el chavismo trumpista de Delcy Rodríguez

3 fuentes16 sept

Amnistía acusa a Irán de crímenes contra la humanidad por los asesinatos, torturas y violaciones durante las protestas de 2022

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I

Bildu: "El proceso judicial contra el independentismo catalán ha sido totalmente político"

San Sebastián, 22 sep (EFE).- El secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta, ha asegurado este martes que "el proceso judicial contra el movimiento independentista catalán ha sido totalmente político desde el principio". "Hace tiempo que el president Carles Puigdemont y el resto de represaliados deberían estar libres y con plenos derechos", afirma en una nota Elajabarrieta, tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación al exconseller catalán Jordi Turull. Una circunstancia que abre la puerta al regreso del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, así como la aplicación de la ley al resto de miembros del Govern del 1-O, como el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado hasta 2031. "Es una buena noticia que se rechace la decisión de los jueces conservadores del Tribunal Supremo que se negaron a aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", señala Elejabarrieta. "Esta decisión -prosigue- abre la puerta a la aplicación plena de la Ley de Amnistía a todas las personas represaliadas y perseguidas en Cataluña, así como a las soluciones políticas". "El auto de hoy confirma lo que desde la izquierda soberanista vasca venimos defendiendo desde hace mucho tiempo: los conflictos políticos deben resolverse siempre por cauces democráticos, a través del diálogo y la negociación, nunca a través del impulso político de jueces y tribunales", concluye. EFE

InfobaeInfobae•Newsroom Infobaehace 21 h

Junqueras pide que el 6 de octubre el TC acuerde aplicar la Amnistía: "Ya no hay excusas"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido que el 6 de octubre el pleno del Tribunal Constitucional (TC) acuerde la aplicación de la Ley de Amnistía, y que se restituyan sus derechos políticos y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda volver a casa. "Ya no hay excusas. Europa ha confirmado que la represión nunca puede ser la respuesta a un conflicto político. El 6 de octubre debe marcar el inicio para que los exiliados vuelva a casa y se restituyan nuestros derechos políticos", ha sostenido en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. Así se ha pronunciado después de que el TC haya encaminado su aval a amnistiar la malversación del 'procés' al aceptar el magistrado ponente del primer recurso de amparo, José María Macías, que defiende la negativa del Tribunal Supremo (TS) a perdonar ese delito, redactar una decisión con el sentido de la mayoría, favorable a aplicarla. En un comunicado, los republicanos han criticado que "la rebelión de los altos tribunales españoles contra la ley de amnistía hace dos años que dura", y han añadido que la política la deben decidir los ciudadanos con su voto, y no los jueces. Desde el partido consideran que la decisión del TC "confirma la solidez de la estrategia seguida para conseguir la Amnistía y evidencia que la ley se debe cumplir entera y sin más dilaciones", por lo que han exigido que se aplique de manera inmediata al resto de causas abiertas, especialmente a los exmiembros del Govern que continúan sin ser amnistiados por el TS.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobaehace 22 h

Turull (Junts) ve en el fallo del TC una desautorización a los jueces que hacen "activismo político"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado este martes que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) supone una desautorización absoluta "a todos los jueces y magistrados que han preferido hacer política, activismo político, en vez de cumplir su deber de aplicar la Ley de Amnistía". Lo ha manifestado en una rueda de prensa después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya encaminado su aval a amnistiar la malversación del 'procés' al aceptar el magistrado ponente del primer recurso de amparo, José María Macías, que defiende la negativa del Tribunal Supremo a perdonar ese delito, redactar una decisión con el sentido de la mayoría, favorable a aplicarla. Además de lamentar que el fallo del TC llega tarde, ha asegurado que hasta que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, no puedan volver y pasear por las calles de Catalunya no se podrá decir que se ha aplicado del todo la amnistía, así como al resto de afectados. Pese a apelar a la prudencia porque del Tribunal Supremo espera de todo, ha destacado que hará como Santo Tomás: "Hasta que no vea al presidente paseando por las calles y paisajes de Catalunya, no diré 'ahora sí se ha aplicado del todo". Y es que, según Turull, la decisión del Constitucional es un paso adelante pero "aún quedan muchos pasos por hacer porque se choca con esta gran politización de gran parte de la magistratura". Al juez del Supremo Pablo Llarena le ha emplazado a decidir si ha acertado en su vocación tras las desautorizaciones que, a su juicio, ha tenido por parte de Europa y del TC: "Lo que debería hacer es anticiparse y no esperar al 6 de octubre para tomar decisiones". "Le pagamos el sueldo para que haga de magistrado del TC y desde hoy hasta el 6 de octubre hará de auxiliar administrativo porque lo que hará es copiar los argumentos que han dicho los otros", ha añadido. DECISIONES DE PUIGDEMONT Al preguntársele si se contempla la posibilidad de que Puigdemont vuelva a Catalunya sin esperar a la resolución del Supremo, ha apuntado que respetarán en todo momento lo que quiera hacer el líder de Junts, dejando claro que sólo lo sabe él mismo. Sobre si el regreso del expresidente catalán puede rehacer las relaciones de Junts con el PSOE, Turull ha resaltado que no tiene nada que ver porque "el Constitucional lo que está haciendo, sencillamente, es pedir que se aplique una ley". Sí que ha asegurado que la presencia de Puigdemont en Catalunya sí permitirá a Junts jugar con las mismas cartas que el resto de partidos, empezando por la proximidad con los ciudadanos: "Cambiará mucho todo". Con el deseo de que la amnistía se aplique a todos los que se movilizaron el 1-O y al resto de afectados, ha manifestado que está "entusiasmado" en ser el secretario general de Junts al preguntársele si, una vez sea amnistiado, contempla ser candidato en unas elecciones. "Ni se me ha pasado por la cabeza. Lo que tengo ganas es de poder abrazar al presidente, a Puig y Comín en Catalunya, y también en la sede de Junts", ha zanjado.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobaehace 22 h
I

EH Bildu dice que la decisión del TC sobre el 'procés' abre la puerta a las "soluciones políticas"

El secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta, ha afirmado que la decisión del Tribunal Constitucional sobre el 'procés' abre la puerta a la aplicación "plena de la Ley de Amnistía a todas las personas represaliadas y perseguidas en Cataluña, así como a las soluciones políticas". En un mensaje en redes sociales, Elejabarrieta ha aludido así a la noticia de que el Tribunal Constitucional (TC) ha encaminado su aval a amnistiar la malversación del 'procés', al aceptar el magistrado ponente del primer recurso de amparo, José María Macías, que defiende la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla a ese delito, redactar una decisión con el sentido de la mayoría, favorable a perdonarlo. Para la formación abertzale, el proceso judicial contra el movimiento independentista catalán ha sido "totalmente político desde el principio, y hace tiempo que el president, Carles Puigdemont, y el resto de represaliados deberían estar libres y con plenos derechos". En su opinión, es una "buena noticia" que se rechace la decisión de los jueces conservadores del Tribunal Supremo, que "se negaron a aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". "El auto de hoy confirma lo que desde la izquierda soberanista vasca venimos defendiendo desde hace mucho tiempo: los conflictos políticos deben resolverse siempre por cauces democráticos, a través del diálogo y la negociación, nunca a través del impulso político de jueces y tribunales", ha concluido el senador de EH Bildu.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobaehace 22 h

Turull (Junts) cree que el fallo del TC desautoriza a los jueces que hacen "activismo político"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado este martes que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) supone una desautorización absoluta "a todos los jueces y magistrados que han preferido hacer política, activismo político, en vez de cumplir su deber de aplicar la Ley de Amnistía". Lo ha manifestado en una rueda de prensa después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya encaminado su aval a amnistiar la malversación del 'procés' al aceptar el magistrado ponente del primer recurso de amparo, José María Macías, que defiende la negativa del Tribunal Supremo a perdonar ese delito, redactar una decisión con el sentido de la mayoría, favorable a aplicarla. Además de lamentar que el fallo del TC llega tarde, ha asegurado que hasta que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, no puedan volver y pasear por las calles de Cataluña no se podrá decir que se ha aplicado del todo la amnistía. (HABRÁ AMPLIACIÓN)

InfobaeInfobae•Newsroom Infobaehace 22 h

AI denuncia abusos del M23 en las minas de del este de RDC y tráfico de oro y coltán hacia Ruanda

Amnistía Internacional ha denunciado que combatientes del Movimiento 23 de Marzo (M23) habrían cometido ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias y reclutamientos forzosos contra trabajadores de explotaciones mineras artesanales del este de República Democrática del Congo (RDC), de acuerdo con un informe publicado este domingo, en el que acusan además al grupo de facilitar el traslado clandestino de oro y coltán hacia territorio ruandés. El documento, titulado "República Democrática del Congo: 'No hemos venido a jugar'. Abusos cometidos por el M23 en las minas artesanales y tráfico de oro y coltán hacia Ruanda", sitúa buena parte de los hechos denunciados en las explotaciones de Rubaya, en la provincia de Kivu Norte, y Lomera, en Kivu Sur. De acuerdo con la investigación, los combatientes del M23 han obligado a trabajadores de las minas a extrae minerales en condiciones extremas, llegando a mantenerlos bajo tierra durante más de una semana sin interrupción en algunas minas de coltán próximas a Rubaya y en Lomera. A este respecto, Amnistía ha señalado que los abusos documentados podrían constituir crímenes de guerra, mientras que el supuesto expolio de recursos minerales llevado a cabo por el M23 y el tráfico de oro y coltán hacia Ruanda podrían encajar en el crimen de guerra de saqueo. "La investigación muestra cómo el M23, respaldado por Ruanda, utiliza la violencia y el miedo contra quienes trabajan en las minas mientras los recursos minerales son trasladados a través de la frontera", ha señalado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. Callamard ha lamentado además que esta situación permite que Ruanda continúe beneficiándose de las riquezas minerales procedentes de la RDC y ha reclamado una respuesta internacional más contundente. "La Unión Africana y sus Estados miembros deben tomar medidas mucho más audaces", ha afirmado, al advertir de que la ausencia de una posición firme frente al presunto saqueo y los abusos puede favorecer que situaciones similares se reproduzcan. La responsable de la organización ha pedido asimismo a los actores internacionales que dejen de guardar silencio ante las denuncias relacionadas con el M23, el comercio ilícito de minerales de zonas afectadas por conflictos y la responsabilidad que pueda corresponder a Ruanda. En la misma línea, ha exigido que quienes resulten responsables, incluidas autoridades gubernamentales ruandesas, rindan cuentas. AL MENOS 18 MINEROS MUERTOS La investigación recoge testimonios sobre la muerte de al menos 18 mineros en Rubaya y Lomera. Diez de ellos habrían sido asesinados mediante golpes, dos fallecieron por disparos y otros seis, que habían sido secuestrados, fueron hallados posteriormente sin vida, según las declaraciones de familiares y personas que presenciaron los hechos. Además, otros 16 mineros y civiles residentes en las proximidades de las explotaciones mineras han descrito episodios de tortura o malos tratos atribuidos a combatientes del M23 o a miembros de grupos de seguridad que cooperan con ellos. En este contexto de agresiones y malos tratos, la ONG ha revelado también que la milicia estaría utilizando tres contenedores de mercancías cerca de Rubaya como centros de detención, que se suman a las denominadas "ndake" o celdas subterráneas. Las minas habrían sido utilizadas también por el grupo armado para captar combatientes a la fuerza, según testimonios de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional. ORO DE RDC RUMBO A RUANDA Por otro lado, la investigación ha identificado indicios del traslado clandestino de oro desde áreas bajo control del M23 en RDC hacia Ruanda mediante rutas de contrabando ya establecidas. Testimonios recabados entre mineros y otras personas vinculadas a la actividad de Lomera apuntan que la tierra que contiene oro sería cargada en sacos en embarcaciones en el puerto de Lomera y, posteriormente, llevadas hasta un denominado "puerto de arena" situado en Kamembe, en la provincia Occidental de Ruanda, utilizado como punto de recogida de arena destinada a la construcción. Para Amnistía, el volumen de oro y coltán trasladado hacia Ruanda y la presunta intervención de dirigentes ruandeses junto al M23 plantean la posibilidad de una participación directa de Ruanda en el saqueo de los recursos congoleños. "Esta investigación debe servir de llamada de atención a Ruanda de que personas ruandesas pueden incurrir en responsabilidad penal internacional por facilitar el tráfico de minerales saqueados a Ruanda", ha advertido Callamard. La secretaria general de la organización ha señalado además que Ruanda podría afrontar responsabilidad como Estado por los abusos contra mineros si las personas ruandesas presentes en las explotaciones actuaran bajo la dirección o el control de las autoridades del país, aunque no fueran funcionarios gubernamentales. AI RECLAMA RESTRICCIONES A LAS COMPRAS Desde Amnistía Internacional han instado a los gobiernos y las empresas de todo el mundo suspender la adquisición de oro y coltán procedentes de Ruanda, petición que se extiende a las compañías de transformación y las refinerías de terceros países que compren estos minerales a proveedores ruandeses. La organización ha planteado mantener esta suspensión hasta que el Gobierno de Ruanda presente pruebas concretas de que ha dejado de recibir minerales procedentes del tráfico ilegal desde República Democrática del Congo y ha exigido a las autoridades ruandesas que garanticen, además, que ninguna persona de nacionalidad ruandesa --armada o no-- participe o permanezca en las en las explotaciones de Rubaya y Lomera en relación con los abusos denunciados. En la misma línea, la organización ha pedido a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea que no suscriban acuerdos de explotación minera relacionados con Rubaya ni con otras minas controladas por el M23 en la RDC salvo que se garantice el acceso completo y sin obstáculos a observadores internacionales de Derechos Humanos y a organismos independientes de supervisión. Así las cosas, el informe recuerda que las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos alcanzan a los Estados y a las empresas implicadas en las cadenas de suministro de minerales, por lo que la responsabilidad empresarial, según Amnistía, no se limita a quienes extraen directamente los recursos, sino que abarca a los distintos actores que intervienen posteriormente en su comercialización y transformación. "Los crímenes descritos en este informe deberían servir de advertencia para todas las empresas que compran minerales a Ruanda", ha declarado Callamard, subrayando que las empresas podrían enfrentarse incluso a responsabilidad penal si su participación en estas cadenas comerciales llegase a constituir complicidad en crímenes de guerra.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae21 sept

Puigdemont pregunta qué sentido tiene para España «tener dos colonias o dos ciudades en Marruecos»

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont , se ha preguntado, en una entrevista al diario británico 'The Sunday Times' recogida por EP este domingo, «qué sentido tiene para un país de la Unión Europea tener dos colonias o dos ciudades en Marruecos». «Si lo miras desde una perspectiva marroquí, por supuesto que esto es una herida», ha apuntado. Puigdemont se ha centrado, también, en sus planes de regreso a Cataluña si la Justicia acepta aplicarle la ley de Amnistía. Según ha afirmado, cuando pueda volver se ha propuesto «sumergirse» en el territorio para respirarlo, tocarlo y escuchar a la gente para ver por sí mismo qué ha cambiado en los últimos años. Ha recordado que... Ver Más

ABCABC•(abc)20 sept

El régimen de Delcy Rodríguez reprime y tortura igual que Maduro, alerta la ONU

Después del 3 de enero pasado, cuando la fuerza militar de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su mujer Cilia Flores, el aparato represivo del régimen autoritario chavista ha continuado reprimiendo y torturando a los presos políticos y disidentes bajo el mando de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirma la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. El último informe publicado sobre el país suramericano documenta 64 nuevos casos de tortura de presos políticos en cárceles como El Rodeo I o el Fuerte Guaicaipuro pese a la Ley de Amnistía y a las promesas incumplidas de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez de liberar a todos los detenidos por razones políticas. La Misión de Determinación... Ver Más

ABCABC•(abc)17 sept
I

Amnistía Internacional pide investigar como feminicidio el asesinato de Claudia Tacoronte

Ciudad de México, 17 sep (EFE).– La organización Amnistía Internacional condenó este jueves el homicidio en México de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, quien realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y exigió que el caso sea investigado como feminicidio. En una publicación en redes sociales, el organismo advirtió de que el crimen ocurre "en un contexto persistente de violencia feminicida en México" que exige respuestas efectivas del Estado para prevenir, investigar, sancionar y erradicar estas agresiones. Amnistía exigió a las autoridades del estado de Morelos una investigación "pronta, exhaustiva y con perspectiva de género" que agote todas las líneas vinculadas con razones de género, garantizando a la familia de la víctima sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación sin revictimización. Las autoridades mexicanas mantienen un operativo de búsqueda para localizar a un hombre conocido como 'El Trompas', señalado como el presunto responsable del ataque con arma blanca del pasado sábado ¿ contra la joven en el municipio de Cuautla, Morelos (centro). La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó a EFE que el despliegue continúa sin novedades tras obtener una orden de arresto contra el sospechoso, quien cuenta con antecedentes penales y fue identificado mediante testimonios y cámaras de seguridad durante inspecciones en diversos inmuebles. El asesinato ha provocado indignación tras conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en siete meses, lo que generó protestas estudiantiles y motivó a la Universidad de Granada a suspender temporalmente sus programas de movilidad académica con la institución. Diversas universidades españolas han comenzado a revisar las condiciones de seguridad de sus programas en México y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas analiza reforzar los controles antes de enviar de nuevo estudiantes al país. Morelos registró entre enero y julio 69 asesinatos de mujeres, de los cuales 21 fueron investigados como feminicidios y 48 como homicidios dolosos, según cifras oficiales. En todo México se contabilizaron en ese periodo 1.250 muertes violentas de mujeres: 380 feminicidios y 870 homicidios dolosos. EFE

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae17 sept

Illa afea al PP y a la Justicia falta de "lealtad institucional" con la crisis migratoria de Ceuta

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afeado este jueves al Partido Popular, el ejecutivo autonómico de Ceuta y a la justicia falta de "lealtad institucional" en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y ha pedido al Poder Judicial respeto para el poder legislativo y que aplique la Ley de Amnistía en su totalidad. "Se trata de actuar con lealtad. E ir ahí, no a diagnosticar, sino a solucionar y ayudar a solucionar. Y el que no vaya a esto mejor se quede en casa", ha dicho en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en donde ha expresado que vive la situación en la ciudad autónoma con un punto de indignación. Ha insistido en que hay un marco legal que se debe respetar y, sobre la decisión de la Audiencia Nacional, que este miércoles ordenó al Gobierno paralizar el campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta hasta resolver si lo suspende, a Illa le ha parecido "enormemente extraña". "No es manera de actuar con sentido de responsabilidad, sentido común y lealtad institucional. La justicia es un poder y eso algunos lo proclaman a diario y es también un servicio público", ha dicho. URSULA VON DER LEYEN Ha tildado de "acertado y positivo" que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se refiriera a Ceuta como frontera no solo española, sino también europea y cree que subrayar esta dimensión puede ayudar a resolver la crisis. Preguntado por si Cataluña acogerá parte de los menores migrantes que llegaron a Ceuta, Illa ha resaltado que es la comunidad que más menores ha acogido, que se actuará desde la legalidad y ha llamado al resto de comunidades, en especial a las del PP, a actuar "de forma solidaria". FINANCIACIÓN Preguntado por si existen conversaciones con Junts para que los posconvergentes apoyen la propuesta para la nueva financiación autonómica, el presidente catalán ha expresado que hay "permanentemente" canales abiertos y ha definido a la nueva financiación como uno de los grandes retos de su Ejecutivo. Ha asegurado que no ha oído a nadie oponerse a la necesidad de su reforma, ha apuntado que la propuesta no perjudica a ninguna comunidad y ha atacado al PP por su negativa a ella: "Veo gente que critica esta propuesta. Tampoco les oigo proponer nada. Algunos han gobernado con mayoría absoluta mucho tiempo y no han sido capaces de poner encima de la mesa una propuesta. Esta la descalifican". Respecto a si cree que los actuales Presupuestos de la Generalitat de este año serán de legislatura, Illa ha remarcado que este es el "escenario base", que la prioridad es su ejecución y que son unas cuentas que tienen recorrido hasta 2028. AMNISTÍA Preguntado por si reconocería al líder de Junts, Carles Puigdemont, como líder de la oposición en Cataluña de aplicársele la amnistía, Illa ha afirmado que ya lo ha hecho y que le "sabe mal" que esta aún no se haya aplicado a todos aquellos que la están esperando. Ha exigido a la justicia española su aplicación y ha criticado que "todavía hay quien arrastra los pies" con argumentaciones que considera muy difícilmente legales para evitar hacerlo. EDUCACIÓN En cuanto a la situación de la Educación en Cataluña, Illa ha expresado que esta "no está funcionando bien", ha instado a hacer una reflexión conjunta de país y se ha remitido a su propuesta de llegar hasta el 6% del PIB, un camino que ve viable, para revertir la crisis a raíz del incidente y los resultados del informe de las pruebas Pisa y la huelga de docentes. Ha celebrado que "algunos partidos" hayan manifestado su disposición a formar parte del debate sobre el futuro de la rama y ha insistido que este debe ir sobre la dirección a la cual se dirigen los recursos.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae17 sept

El Supremo mantiene por ahora su 'no' a amnistiar a Puigdemont tras el aval del TJUE a la ley

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, para que le aplique la Ley de Amnistía después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avaló la medida de gracia. Según un auto, recogido por Europa Press, el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, tampoco acepta levantar la orden nacional de detención contra Puigdemont, procesado por presunta malversación en el proceso independentista catalán. Llarena recuerda que denegó en julio de 2024, a raíz de la entrada en vigor de la amnistía al 'procés', perdonar el delito de malversación al considerar que quedaba excluida de la misma por dos razones: "La apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y la consideración de que los hechos afectaban a los intereses financieros de la Unión Europea". El instructor señala ahora que la sentencia del TJUE conocida el pasado julio impide mantener la segunda de las razones para excluir la aplicación de la amnistía, ya que ha descartado una afectación de los intereses financieros de la Unión Europea derivada de la secesión de una parte del territorio nacional. No obstante, entiende que la decisión del tribunal europeo no modifica el fundamento autónomo, constitutivo de la primera razón citada para excluir la aplicación de la amnistía, relativo al propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. (HABRÁ AMPLIACIÓN)

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae15 sept

Llarena rechaza aplicar la amnistía a Puigdemont por la malversación del 1-O

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, para que le aplique la Ley de Amnistía después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avaló la medida de gracia. Según un auto, recogido por Europa Press, el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, tampoco acepta levantar la orden nacional de detención contra Puigdemont, procesado por presunta malversación en el proceso independentista catalán. Llarena recuerda que denegó en julio de 2024, a raíz de la entrada en vigor de la amnistía al 'procés', perdonar el delito de malversación al considerar que quedaba excluida de la misma por dos razones: «La apreciación de un propósito de obtener... Ver Más

ABCABC•(abc)15 sept

Amnistía reclama a Argelia que "abandone" los planes para ampliar la pena de muerte o retomar las ejecuciones

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este martes a Argelia que "abandone inmediatamente" los planes para expandir el alcance de la pena de muerte o reiniciar las ejecuciones tras más de tres décadas del último ajusticiamiento en el país africano, ante el análisis de enmiendas al Código Penal para incluir nuevos delitos como punibles con la pena capital. La ONG ha solicitado a las autoridades argelinas que anuncien inmediatamente una moratoria oficial como primer paso de cara a la abolición de la pena de muerte, antes de pedir a Argel una respuesta centrada en los Derechos Humanos a los recientes incendios forestales, después de que el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, pidiera el 30 de agosto al Ministerio de Justicia que enmiende el Código Penal para "reintroducir" la pena de muerte por provocar o instigar incendios. El mandatario reclamó además que el Gobierno examinaría igualmente la imposición de la pena de muerte a los "secuestradores de niños y responsables de abusos contra niños", un asunto que está siendo igualmente sopesado por el Ejecutivo, sin que por ahora haya una decisión en firme. "La devastación y la pérdida de vidas humanas causadas por estos incendios constituyen una profunda tragedia y deberían impulsar a las autoridades argelinas a adoptar medidas inmediatas centradas tanto en la prevención como en la rendición de cuentas", ha reseñado Nadege Lahmar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Argelia. Sin embargo, ha hecho hincapié en que "dar marcha atrás después de más de 30 años sin ejecuciones es una medida profundamente retrógrada que contraviene el respeto al derecho a la vida", antes de destacar que este paso "contravendría las obligaciones internacionales de Argelia en materia de Derechos Humanos, así como su apoyo constante a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que piden una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte". Amnistía Internacional ha indicado que, si bien las autoridades argelinas no han publicado hasta ahora datos exhaustivos sobre muertos y heridos, con el balance oficial en doce fallecidos, hay fuentes creíbles que apuntan a más de 70 víctimas mortales en uno solo de los municipios afectados por las llamas. Las autoridades anunciaron entre el 26 de julio y el 10 de septiembre la detención de 20 personas sospechosas de provocar incendios y "subversión", un delito que está penado con la pena capital. Entre los arrestados figura supuestamente una persona que apoya al Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), un grupo opositor considerado como terrorista por Argel. En este sentido, la ONG ha destacado que las autoridades argelinas habrían recurrido previamente a los incendios para justificar medidas represivas, incluidas las acusaciones contra el MAK y otros opositores por los incendios en agosto de 2021, que dejaron al menos 90 muertos y que derivaron en imputaciones por terrorismo contra numerosas personas. Además, un tribunal de Argelia condenó en noviembre de 2022 a muerte a 56 personas en un juicio masivo que, según Amnistía Internacional, estuvo marcado por las irregularidades y las denuncias de torturas por parte de los acusados. El Tribunal Supremo ordenó posteriormente una repetición del proceso, que arrancó el 1 de marzo de 2026. "La rendición de cuentas por la devastadora pérdida de vidas humanas causada por los incendios forestales no puede reducirse a perseguir a los presuntos autores de incendios provocados", ha argumentado Lahmar, quien ha recalcado que las autoridades "deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre todos los factores que causaron o contribuyeron a los incendios y a la pérdida de vidas, incluidas las posibles negligencias de funcionarios públicos y las deficiencias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias". "Los resultados deben hacerse públicos y, cuando existan pruebas suficientes de responsabilidad penal, los responsables deben ser procesados en juicios justos que excluyan el recurso a la pena de muerte", ha dicho, antes de insistir en que "los supervivientes y las familias tienen derecho a recibir información oportuna, accesible y precisa sobre las personas desaparecidas o fallecidas".

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae15 sept