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Audiencia Nacional — página 10

Organización · 226 artículos
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Cobertura, página 10

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El delegado del Gobierno en Ceuta se enfrenta a los delitos de prevaricación, denegación de auxilio u homicidio

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón recibió este martes las diligencias abiertas por una juez de Ceuta en las que se abordará la respuesta del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, a la crisis desatada por la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. La juez de Ceuta María de la Luz Lozano vio claro que el auto de apertura de la causa de la juez Tardón implica que cualquier asunto vinculado a las actuaciones de autoridades españolas tras la entrada masiva deben ser asumidas en la Audiencia Nacional, y de ahí que haya remitido sus diligencias al Juzgado Central 3. Unas diligencias en las que, en primer lugar,... Ver Más

ABCABC•(abc)15 sept

Los dos banqueros andorranos acusados de blanqueo se libran del juicio de Banco de Valencia, por pacto y por prescripción

El exconsejero de la Banca Privada d'Andorra Joan Miquel Prats alcanza un pacto de conformidad con el Ministerio Público y el director de AndBank Carlos Beamonte ve retirada la acusación por parte de la fiscal La fiscal retira la acusación al extesorero del PSPV-PSOE en el juicio de Banco de Valencia tras la confesión de la cúpula La fiscal del juicio en la Audiencia Nacional (AN) del Banco de Valencia ha retirado la acusación por un presunto delito de blanqueo de capitales contra Carlos Beamonte Nicolás, directivo de AndBank. La representante del Ministerio Público ha reconocido en la segunda sesión del juicio oral, celebrada este martes , que los hechos que se le atribuyen han prescripto. El abogado del Estado también ha retirado la acusación. La fiscal ha explicado que Beamonte estaba imputado al supuestamente “trocear” las cantidades que se ingresaron en AndBank provenientes de las inversiones inmobiliarias financiadas por la entidad bancaria en el proyecto Grand Coral en México, aunque esa operativa, en su caso específico, se acreditó en el ejercicio 2005, por lo que el presunto delito de blanqueo de capitales estaba prescrito cuando el procedimiento se dirigió contra él, estando fechado el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2016. El presidente del tribunal de la AN ha indicado al directivo que podía retirarse de la sala y ha adelantado que dictaría una sentencia absolutoria. “Puede marcharse”, ha dicho el magistrado. Carlos Beamonte ha abandonado inmediatamente la sala de la AN en San Fernando de Henares. El Ministerio Público considera que las “ganancias de naturaleza ilícita fueron apropiadas” por los principales acusados y “después fueron llevadas a Andorra” (de ahí el blanqueo de capitales que se les imputa). Por su parte, otro banquero del principado que se sentaba en el banquillo, Joan Miquel Prats, ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía por el que reconoce los hechos y asume una pena menor. Prats, exconsejero delegado de la Banca Privada d'Andorra (BPA), fue condenado en primera instancia por la justicia andorrana en el marco de la causa de Gao Ping a siete años de cárcel y multa de 30 millones de euros y también compareció en la comisión de investigación del Congreso sobre las “coacciones y amenazas” sufridas a manos de la “trama parapolicial” de la 'Operación Catalunya', según dijo . En el juicio de la AN, el exconsejero de la BPA ha expresado su acuerdo con los hechos expuestos en el escrito de conformidad y lo ha ratificado ante el tribunal, renunciando a su derecho a la última palabra antes de marcharse de la sala, tal como había hecho previamente el directivo de AndBank. Joan Miquel Prats ratifica los términos del acuerdo ante el tribunal. El primer acusado que ha declarado en el juicio ha sido el empresario Juan Poch Vives, con doble nacionalidad española y mexicana. El hombre, con graves problemas de salud, se ha definido como el “número uno” de la intermediación hotelera “en España y en la zona del Caribe”. El acusado, que en su faceta musical ganó un premio Grammy, ha defendido su “buen nombre” y ha explicado que cuenta con dos premios honoris causa de sendas universidades mexicanas “de las más importantes”. “Soy un hombre muy respetado en México”, ha remachado. Poch ha negado ser promotor del proyecto Grand Coral y haber negociado los préstamos y ha asegurado que se trató de “un negocio tan legítimo como otro cualquiera”. “Me limité a comprar terrenos, vender, y cobrar”, ha apostillado. Pagos en Andorra: “Me dijeron que era más cómodo” La entidad compradora le instó a abrir una cuenta en Andorra, según ha declarado. “Nosotros te vamos a pagar ahí, que es donde tenemos el dinero”, le dijeron. El empresario ha aclarado que “nunca” estuvo en Andorra y que la cuenta se canceló tras el cobro. También ha defendido la trazabilidad de la transferencia. “Me obligaron a abrir la cuenta allí, me dijeron que era más cómodo”, ha agregado. Juan Poch ha explicado que adquirió el 10% de una sociedad holandesa al habérsele planteado la necesidad de adquirir esa participación, tras la operación inicial de intermediación, para “ayudar” en la venta de los inmuebles. Invirtió los 10 millones de dólares que cobró en aquella participación. Sin embargo, “aquello no avanzaba” y acabó vendiendo las acciones a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. “En el fondo de esta operación he perdido mucho dinero”, ha dicho. Poch ha manifestado que “parece ser” que luego “estos señores” —Ferri y Baldó— “vendieron a un precio muy superior”. La causa por la financiación de las ruinosas operaciones inmobiliarias en México, en plena burbuja inmobiliaria en España y posterior pinchazo, se ha ido deshinchando a medida que la fiscal ha retirado acusaciones en la segunda sesión del juicio oral. El principal acusado, el expresidente y exconsejero delegado Aurelio Izquierdo , que también ha alcanzado un pacto con el Ministerio Público (al igual que el exconsejero Domingo Parra y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó) ha eximido a los representantes del consejo de administración sin capacidad ejecutiva del conocimiento de los detalles y el riesgo real de las operaciones. La fiscal, tal como ha informado este diario , ha retirado la acusación para 16 de los exconsejeros, incluyendo a José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE. Sin embargo, la representante del Ministerio Público ha mantenido la acusación para dos exconsejeros que ostentaban la misma condición no ejecutiva, Antonio José Tirado, exalcalde socialista de Castelló y ex vicepresidente de Bancaja, y Ángel Villanueva Pareja, expresidente de Bancaja Hábitat. El abogado del Estado, por el contrario, sí que ha retirado la acusación contra Tirado y Villanueva. La “confianza” en Aurelio Izquierdo Tirado, de 78 años, se ha prestado a contestar tanto las preguntas de su defensa como las de la fiscal y ha rogado a esta última que retire también la acusación contra Villanueva, desgranando los graves problemas de salud que sufre el hombre, de su misma edad. El expolítico socialista ha definido su papel de vicepresidente de Bancaja como una “función meramente protocolaria”, aunque ha asegurado que se “ocupaba con seriedad” a pesar de no percibir una retribución. Antonio Tirado ha explicado que los consejeros disponían con 48 horas de antelación de la documentación sobre las operaciones de cara a los consejos de administración. “Por supuesto, yo iba a verla como un consejero más”, ha afirmado. Sobre las operaciones en México, tenía plena “tranquilidad” al ser con un socio participado por la entidad (Bancaja Habitat) y aparentar los acreditados suficiente solvencia para obtener los préstamos. “Tenía la legítima confianza en el director general”, ha manifestado en referencia a Aurelio Izquierdo, quien tenía delegadas las funciones de todas las participadas. Además, ha destacado el papel de Antonio Paños y José Vicente Giner, los responsables del departamento de riesgos, ambos acusados en la causa. También ha recordado que, previamente a la crisis económica, Bancaja Habitat ganó “tanto dinero” como la propia entidad financiera, dando así una pincelada sobre toda una época. Un consejero que era un “excelente pastor” La fiscal ha esgrimido los votos en solitario del fallecido Francsico Oltra Climent, consejero en representación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, en contra de las operaciones de financiación a los proyectos inmobiliarios de Grand Coral en México. Sin embargo, Antonio José Tirado ha explicado que era por un motivo que “no tenía nada que ver”. Y es que Oltra “votó en contra de todos los consejos porque quería que en el orden del día de las sesiones figurara el nombre del acreditado al que se le iba a conceder el crédito y el presidente de entonces se oponía porque había habido filtraciones en prensa”. “Llegó a votar en contra de una subvención a una obra social de la que era director”, ha relatado. Tirado se ha escudado en que “ningún consejero era analista de riesgos” y en que el 45% de ellos fue elegido por sorteo, ya que “la ley lo concebía así desde hace un siglo”. “No es lo mismo ser consejero de un banco que de una caja de ahorros”, ha dicho. De hecho, el exalcalde de Castelló ha recordado que “uno de los hasta hace poco acusados era un pastor de Xert”, un municipio de la comarca castellonense del Baix Maestrat. Tirado ha abundado en que el consejero en cuestión era una “magnífica persona”, además de un “excelente pastor”.

elDiario.eselDiario.es•Lucas Marco15 sept

Las muertes del Villa de Pitanxo se juzgarán por procedimiento abreviado

Aunque todavía no tiene fecha, cada vez está más cerca el juicio en la Audiencia Nacional por el hundimiento en Terranova del pesquero gallego Villa de Pitanxo en febrero de 2022, uno de los peores naufragios de barcos españoles en los últimos años, en el que murieron 21 de sus 24 tripulantes. Mientras tanto, siguen despachándose trámites y recursos. El último pronunciamiento es del Tribunal Supremo, que rechaza una queja presentada por las familias de las víctimas y deja en pie la decisión de tramitar el caso como procedimiento abreviado. En el auto, fechado el 7 de septiembre y al que ha tenido acceso ABC, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acuerda que «no ha lugar al recurso... Ver Más

ABCABC•(abc)15 sept

El juez de los casos Cerdán y Koldo investiga un contrato de 400.000 euros de Adif para Levantina

El juez que instruye los casos Koldo y Cerdán en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga uno de los contratos adjudicados por la empresa pública de infraestructuras ferroviarias, Adif, a la compañía Levantina en octubre de 2020 para el refuerzo de taludes en la línea 750 Gijón Sanz Crespo y Pravia de la red de ancho métrico. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron el pasado viernes, por la mañana, en la sede central de Adif de Madrid, en la calle Sor Ángela de la Cruz, para reclamar la documentación relativa al contrato adjudicado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), cuyo propietario, José Ruz, está investigado en la causa de presuntas mordidas de obra... Ver Más

ABCABC•(abc)15 sept

La AN concluye la investigación al empresario que financió a 'Alvise' y le deja al borde del juicio por presunta estafa

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha dado un paso más para sentar en el banquillo a Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, al poner fin a la instrucción de la causa sobre la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC). Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Calama declara concluido el sumario y recuerda que Romillo y otras nueve personas fueron procesados en diciembre "por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales, y falsedad de documentos mercantiles" y da diez días a las partes para que comparezcan en la Sala. En el auto de procesamiento, recogido por esta agencia de noticias, el magistrado acordó el procesamiento de Romillo y de otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, imponiendo a todos ellos una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Fue el pasado 7 de noviembre cuando el juez Calama envió a prisión provisional sin fianza a Romillo al apreciar riesgo de fuga, una decisión confirmada por la Sala de lo Penal semanas después El magistrado, que aprecia la comisión de delitos masa de estafa y organización criminal, abrió además una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Según el juez, Romillo, "movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo". Dicha organización estaba presuntamente integrada por el propio Romillo y por el resto de procesados que, "bajo las instrucciones de su líder, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos". RELOJES, COCHES DE LUJO Y ORO El objeto de la organización criminal, según el instructor, consistía en la "apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable". "A través de dicha web se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores. Entre esos productos u obras, como las llamaban, se encontraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, startups, oro y otros metales preciosos", sostuvo el juez. El magistrado explicó que los inversores, "confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20 por ciento, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión". Buena parte de los afectados forman parte del procedimiento bajo la dirección letrada de los abogados Emilia Zaballos y Francisco Jiménez, y del despacho Aránguez Abogados. Romillo, señaló el juez, "ejercía un control directo sobre las operaciones, coordinando la captación de fondos, la manipulación de la información ofrecida en la plataforma y la distribución de los beneficios ilícitos entre los integrantes de la organización". Como consecuencia de estas actuaciones, indicó el auto, 3.062 inversores resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros. Para conseguir su objetivo, Romillo disponía de diferentes canales de comunicación como TikTok o YouTube a través de los cuales realizaba vídeos relacionados con productos financieros, criptomonedas, elusión fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. El juez destaca que, dentro de su estrategia de marketing, también organizaba eventos multitudinarios con presencia de personajes conocidos como 'Alvise' Pérez.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae15 sept

Julio José Iglesias cuenta cómo afronta su padre la polémica por sus extrabajadoras: "Está tranquilo, obviamente"

Julio José Iglesias ha hablado sobre el estado en el que se encuentra su padre, Julio Iglesias, después de la polémica que ha rodeado al cantante durante los últimos meses a raíz de las acusaciones de dos antiguas trabajadoras de su servicio doméstico. En plena promoción de su espectáculo 'Julio Iglesias Experience', el artista ha asegurado que toda la familia permanece unida y que su padre está tranquilo ante la situación. Las dos extrabajadoras denunciaron en enero al cantante por presuntos delitos de carácter sexual y laboral por unos hechos que, según su versión, habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó entonces la denuncia al considerar que España no tenía jurisdicción sobre unos hechos ocurridos fuera del país, sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones. Sin embargo, el caso ha vuelto a los tribunales españoles este mes. Las dos mujeres han presentado una nueva querella ante la Audiencia Nacional en la que solicitan que se investiguen las presuntas agresiones sexuales, explotación laboral y otras conductas que atribuyen al cantante. Además, Women's Link, la organización que las acompaña, ha acudido recientemente a Naciones Unidas para pedir medidas de protección ante el temor a posibles represalias. Julio Iglesias, por su parte, ha negado las acusaciones y las ha calificado de "absolutamente falsas", asegurando que nunca ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer. En este contexto, Julio José ha querido trasladar tranquilidad sobre su padre: "Está tranquilo, obviamente. Todos sabemos las últimas noticias, todo lo que le ha pasado. Y la verdad es que estamos todos apoyándole y él sabe y le conocemos muy bien. Y mi padre lleva todo a rajatabla y lo va a hacer porque ha sido un chasco para todos, obviamente", ha explicado. Más allá de la polémica, el hijo del artista ha asegurado que Julio Iglesias continúa disfrutando de una vida tranquila en Punta Cana, donde reside desde hace años. "Mi padre está muy bien. Está en Punta Cana. Lleva ahí ya muchísimos años. Está feliz, está contento. Hace lo que le gusta, que es meterse en el mar todos los días", ha contado. Además, ha revelado que la familia se reunirá próximamente para celebrar su cumpleaños: "Ahora, dentro de nada, cumple 83 años. Pasaremos toda la familia juntos el día de su cumpleaños". Julio José también ha hablado de la posibilidad de que su padre acuda a alguno de sus conciertos para disfrutar de 'Julio Iglesias Experience', el espectáculo en el que interpreta algunos de los grandes éxitos del artista. Aunque ha preferido no confirmar sus planes, todo apunta a que podría producirse el esperado reencuentro sobre el escenario: "A mi padre no es nada que le guste más que estar subido en un escenario a cantar. Eso es su vida, eso es su amor. Y seguro que sí. No quiero decir nada, pero seguro que sí". De hecho, el propio Julio Iglesias habría sido una de las personas que más ha animado a su hijo a recuperar sus canciones. "Mi padre es el primero que me ha venido diciendo los últimos 15, 20 años. 'Hijo mío, tú tienes que cantar mis canciones. Con tu voz y como eres tú, tú tienes que cantar lo que escribió tu padre toda su vida'", ha desvelado. Y mientras su padre se prepara para celebrar sus 83 años rodeado de los suyos, Julio José también cuenta con el apoyo incondicional de su madre, Isabel Preysler, que no piensa perderse sus actuaciones. "Mi madre está feliz. Quiere 80 entradas para el concierto de Madrid y que le dedique una canción", ha contado entre risas.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae15 sept

Un policía asegura que el clan Kutayni tenía "actividad criminal" para financiar a Al Qaeda

Un inspector jefe de la Policía Nacional que investigó al clan Kutayni ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que este grupo familiar era una organización con "actividad criminal" que financiaba a varias facciones de Al Qaeda en Siria. El agente ha declarado como testigo durante el juicio contra diez miembros del clan de los Kutayni, una familia española de origen sirio, por presuntamente enviar fondos y material a organizaciones vinculadas con Al Qaeda y sus filiales en Siria entre los años 2013 y 2019. El inspector jefe ha aseverado que durante la investigación la Policía detectó "claramente un orden jerárquico" en el que los miembros tienen "unas atribuciones claras" y "una repartición de funciones, un tanto desorganizada dentro de la propia organización del grupo", en el que había "claros indicios de actividad criminal". Asimismo, ha indicado que las pesquisas estaban orientadas a determinar si la actividad de clan estaba "enfocada a colaborar, financiar o a realizar un soporte logístico o del tipo que fuera" a una facción de Al Qaeda en Siria. ENVÍOS DE APOYO FINANCIERO El investigador ha expresado que había una gran cantidad de operaciones dirigidas a "enviar apoyo" a la facción terrorista mediante diversos métodos como "correos humanos" o "remesadores". Asimismo, ha destacado el uso de 'hawala', un sistema de transferencias de capital entre dos zonas geográficas en el que no se produce movimiento de dinero en efectivo entre países, y que se basa en la confianza entre los responsables locales de la estructura, denominados 'hawaladores'. La Policía presumía que el dinero era enviado a familiares del clan, originario de la región siria de Idlib, considerada desde mediados del año 2017 feudo de la filial de Al Qaeda, miembros del grupo terrorista. EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN El inspector policial ha explicado que la investigación comenzó con el regreso a España de un miembro de la familia que había sido detenido y condenado en Siria en 2008 por cometer un atentando terrorista en Damasco, en el que murieron 17 personas. El objetivo de la investigación de la Policía Nacional era "conocer las actividades" que este miembro de la familia iba a realizar en su regreso a España y averiguar si "venía con alguna misión" relacionada con Al Qaeda. Un perito policial, que testificó tras el inspector jefe, ha puntualizado que las pesquisas se iniciaron dado que "los acusados seguían conservando una relación con su familia en Siria", sobre todo con aquellos miembros que estaban en Idlib, "donde dominaba la filial de Al Qaeda en Siria" y que, "de alguna manera, seguían ayudándoles, tanto a nivel personal como a nivel de milicia". Del mismo modo, ha precisado que los envíos de dinero iban destinados a un familiar del clan que era "líder de una facción miliciana de esa zona de Idlib", así como a varios milicianos de la célula terrorista que participó en el ataque terrorista en la ciudad siria de Damasco en 2008, por el que estuvo detenido uno de los miembros. La Fiscalía apunta que los hechos investigados son constitutivos del presunto delito de financiación del terrorismo y pide para ellos penas que van de los cinco a seis años de prisión, así como multas de hasta 37.200 euros.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae15 sept

El juzgado de Ceuta remite a la Audiencia Nacional la causa contra el delegado del Gobierno por la entrada masiva

El juzgado de Ceuta ha acordado inhibirse de la causa que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en relación con la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio, y remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional, que instruye la investigación principal sobre estos hechos. La magistrada María de la Luz Lozano ha acordado la inhibición de las diligencias previas abiertas en favor de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, al apreciar una conexión objetiva y subjetiva entre ambos procedimientos. El auto, fechado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que los hechos investigados se integran en la "misma secuencia fáctica y operativa" que constituye el objeto de la causa principal, relativa a la "organización, movilización y efectos de la entrada masiva de personas desde Marruecos". La resolución recuerda que la Fiscalía había solicitado previamente la inhibición al considerar que existe conexión entre ambas investigaciones, así como "unidad de contexto, secuencia y prueba". Por ello, la magistrada considera que la investigación conjunta resulta conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades, conforme a las reglas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los delitos conexos. El auto señala además que la resolución dictada por la Audiencia Nacional para asumir la causa principal estableció que la investigación debía abarcar "todas las actuaciones desarrolladas en territorio español" relacionadas con la entrada masiva, incluidas las relativas a los fallecimientos producidos durante la travesía a nado. La magistrada señala que, cuando existen delitos conexos y varios órganos judiciales han iniciado actuaciones, la competencia corresponde al órgano que comenzó primero la causa. En este caso, entiende que ese criterio favorece a la Audiencia Nacional. EL INICIO DE LA CAUSA Las diligencias abiertas en Ceuta se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias en relación con la actuación del delegado del Gobierno durante los acontecimientos de los pasados días 30 y 31 de julio, ante las informaciones y avisos que habría recibido sobre la llegada masiva de inmigrantes. En el procedimiento también figura la asociación Hazte Oír, personada mediante querella, que había solicitado diversas diligencias y presentado un escrito de ampliación de querella. La jueza de Ceuta acuerda que sea el órgano judicial competente el que resuelva sobre estas actuaciones y sobre la ampliación de la querella, al considerar que, una vez apreciada su falta de competencia objetiva, no debe pronunciarse sobre ellas para evitar decisiones que puedan interferir en la investigación principal. Además, la parte dispositiva del auto ordena remitir "íntegramente" las actuaciones al órgano judicial de Madrid, dejando testimonio suficiente en el juzgado de Ceuta. La resolución no es firme, ya que las partes pueden interponer recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación y recurso de apelación, de forma subsidiaria o separada, en el plazo de cinco días.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae15 sept

La fiscal retira la acusación al extesorero del PSPV-PSOE en el juicio de Banco de Valencia tras la confesión de la cúpula

Aurelio Izquierdo, expresidente y exconsejero delegado, tras alcanzar un pacto de conformidad con el Ministerio Público, declara que los consejeros no ejecutivos desconocían los detalles de las operaciones El juicio por Grand Coral de Banco de Valencia comienza con conformidad de varios acusados La Fiscalía ha retirado la acusación contra José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE, en el juicio de la Audiencia Nacional relativo a los préstamos de Banco de Valencia, entidad de la que era consejero no ejecutivo. El Ministerio Fiscal también ha retirado la acusación contra otros 15 consejeros no ejecutivos tras el reconocimiento de los hechos por parte de Aurelio Izquierdo, exconsejero delegado y expresidente de Banco de Valencia, la entidad arruinada y vendida por un euro a Caixabank. Se trata, además de José María Cataluña, de los consejeros Josefa Martí Puig, Eduardo Montesinos Chilet, Vicente Montesinos Vernetta, Ángel Abilio Álvarez Martín, Manuel Escámez, Rafael Ferrando Giner, Francisco V. Gregori Gea, Ana Llanos Herce Collado, María Teresa Montañana Latorre, Remigio Pellicer, María del Rocío Peramo, Juan Antonio Pérez Eslava, Ana María Torres Valero, Isaïes Fallos Molla, Héctor Ferrás Guarch y Carmen Hernández Lara (esta última consejera por el PSPV). Por el contrario, pese a haber sido también consejeros no ejecutivos, la fiscal mantiene la acusación para Antonio José Tirado Jiménez, exalcalde socialista de Castelló y ex vicepresidente de Bancaja, y para Ángel D. Villanueva Pareja, expresidente de Bancaja Hábitat. El abogado del Estado, por su parte, sí que ha retirado la acusación contra Tirado y Villanueva. Aurelio Izquierdo ha alcanzado un pacto de conformidad con el Ministerio Público que se ha materializado este martes con un interrogatorio por parte de la fiscal en la que el exconsejero delegado de Banco de Valencia ha asegurado que los consejeros a los que finalmente se les ha retirado la acusación desconocían los detalles de las operaciones en México aprobadas por los consejos de administración de la entidad. Los consejeros no ejecutivos, según ha declarado Izquierdo en un breve interrogatorio, apenas contaban con el conocimiento sobre el riesgo de las operaciones que aportaba el ponente del consejo, “igual que en todas las operaciones de financiación”, ha afirmado. El principal acusado ha reconocido los hechos, asumiendo una pena menor. Sin embargo, ni Izquierdo ni los otros acusados que han pactado con la Fiscalía (el exconsejero delegado Domingo Parra y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó Llorens) han alcanzado una conformidad sobre la responsabilidad civil, por el tribunal tras el juicio oral. Todos los acusados a los que se les ha retirado la acusación se han marchado de la sala. El presidente del tribunal ha avanzado que se dictará respecto de los aludidos una sentencia absolutoria. Por otro lado, tanto el banquero Joan Pau Miquel Prats como Alfonso Carlos Monferrer Daudí, exdirector de participaciones inmobiliarias de Bancaja y primer presidente de la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana, han alcanzado en la segunda sesión del juicio un pacto de conformidad con el Ministerio Público. A Carlos Beamonte Nicolás, directivo de AndBank, se le ha retirado la acusación por prescripción.

elDiario.eselDiario.es•Lucas Marco15 sept

El juzgado de Ceuta remite a la Audiencia Nacional la causa contra el delegado del Gobierno por la crisis migratoria

Todas las actuaciones se remitirán a la jueza Tardón, que instruye la investigación principal sobre la entrada de migrantes el 30 y 31 de julio en Ceuta Los informes no despejan la duda sobre la participación directa de Marruecos en la entrada masiva a Ceuta El juzgado de Ceuta ha acordado inhibirse de la causa que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en relación con la entrada de migrantes de los días 30 y 31 de julio, y remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional, que instruye la investigación principal sobre estos hechos. La magistrada María de la Luz Lozano ha acordado la inhibición de las diligencias previas abiertas en favor de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, al apreciar una conexión objetiva y subjetiva entre ambos procedimientos. El auto, fechado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que los hechos investigados se integran en la “misma secuencia fáctica y operativa” que constituye el objeto de la causa principal, relativa a la “organización, movilización y efectos de la entrada de personas desde Marruecos”. La resolución recuerda que la Fiscalía había solicitado previamente la inhibición al considerar que existe conexión entre ambas investigaciones, así como “unidad de contexto, secuencia y prueba”. Por ello, la magistrada considera que la investigación conjunta resulta conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades, conforme a las reglas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los delitos conexos. El auto señala además que la resolución dictada por la Audiencia Nacional para asumir la causa principal estableció que la investigación debía abarcar “todas las actuaciones desarrolladas en territorio español” relacionadas con la entrada, incluidas las relativas a los fallecimientos producidos durante la travesía a nado. La magistrada señala que, cuando existen delitos conexos y varios órganos judiciales han iniciado actuaciones, la competencia corresponde al órgano que comenzó primero la causa. En este caso, entiende que ese criterio favorece a la Audiencia Nacional. Las diligencias abiertas en Ceuta se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias en relación con la actuación del delegado del Gobierno durante los acontecimientos de los pasados días 30 y 31 de julio, ante las informaciones y avisos que habría recibido sobre la llegada de inmigrantes. En el procedimiento también figura la asociación Hazte Oír, personada mediante querella, que había solicitado diversas diligencias y presentado un escrito de ampliación de querella. La jueza de Ceuta acuerda que sea el órgano judicial competente el que resuelva sobre estas actuaciones y sobre la ampliación de la querella, al considerar que, una vez apreciada su falta de competencia objetiva, no debe pronunciarse sobre ellas para evitar decisiones que puedan interferir en la investigación principal. Además, la parte dispositiva del auto ordena remitir “íntegramente” las actuaciones al órgano judicial de Madrid, dejando testimonio suficiente en el juzgado de Ceuta. La resolución no es firme, ya que las partes pueden interponer recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación y recurso de apelación, de forma subsidiaria o separada, en el plazo de cinco días.

elDiario.eselDiario.es•Europa Press15 sept

La Audiencia Nacional ya investiga la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ya investiga la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por la crisis en la ciudad autónoma como consecuencia de la entrada masiva de inmigrantes ilegales desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. La titular del Juzgado 6 de Ceuta que admitió la querella contra él de Hazte Oír ha decidido inhbirse en favor de la Audiencia Nacional. «De la denuncia y de las diligencias practicadas resulta que los hechos investigados en Ceuta se insertan en la misma secuencia fáctica y operativa que constituye el objeto de las DP 64/2026 de la Audiencia Nacional, relativas a la organización, movilización y efectos de la entrada masiva de... Ver Más

ABCABC•(abc)15 sept
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La Audiencia Nacional asume la investigación al delegado del Gobierno en Ceuta

Madrid, 15 sep (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón se hará cargo de la investigación abierta en un juzgado de Ceuta al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación ante la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta accede a la petición de inhibirse que le hizo la magistrada de la Audiencia Nacional tras asumir la competencia para investigar estos hechos y acuerda remitirle íntegramente sus actuaciones. El juzgado remite también a Tardón las peticiones hechas por Hazte Oír, que al interponer y ampliar su querella contra el delegado de Gobierno, pidió que se le tome declaración como investigado, así como conservar correos y grabaciones, los correspondientes atestados policiales o que declare como testigo el ya exjefe de gabinete del delegado, Gonzalo Sanz, que dimitió recientemente de su cargo. EFE

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae15 sept

Un exvicealcalde madrileño acusa a Ignacio González de urdir una "operación política" contra Gallardón a cuenta de la compra de una empresa de aguas

Acusa al exconsejero de Esperanza Aguirre de alterar informes elaborados por la consultora Cuatre Casas para "difamar a un miembro de su partido" La Audiencia Nacional comienza a juzgar el caso Lezo, sobre el Canal de Isabel II, diez años después Manuel Cobo, exvicealcalde madrileño que también fue consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en época de Alberto Ruiz-Gallardón, ha denunciado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que el caso que se juzga, la adquisición por parte del Canal de Isabel II en 2001 de la empresa colombiana de aguas Inassa, nació de una “operación política” orquestada por fuego amigo. Ha señalado, en concreto, a quien fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al exministro 'popular' Eduardo Zaplana. “Creo que es la causa de que estemos hoy aquí”, ha señalado a preguntas de una de las defensas. En concreto, se ha referido a una conversacion mantenida entre ambos exdirigentes del PP “en la que sabiendo que estaban siendo grabados por la UCO” hicieron referencia a un “pelotazo que dio Gallardón”. El expolítico ha añadido a esto que después de cuatro años de que se aprobara esa operación de compra de la empresa de aguas que operaba en Barranquilla (Colombia), Ignacio González -siendo ya presidenta Esperanza Aguirre- encargó informes a la consultora Cuatre Casas en los que se “empeoraba la valoración” de esa adquisición. Al hilo, ha recordado que se encontró una copia de uno de esos informes en el que se incluían aspectos a corregir del mismo para que la operación pareciera “muy negativa”. “Hay una operación política de alguien que actua difamando y presuntamente delinquiendo contra un miembro de su partido”, ha lamentado, para apuntar acto seguido tanto a González como al que entonces era gerente del Canal de Isabel II. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción acusa por malversación a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron en su día la operación. Entre ellos estaban dos consejeros del Gobierno regional presidido por Ruiz-Gallardón -Juan Bravo y Pedro Calvo-, pero también había sindicalistas, representantes de la oposición y de los municipios madrileños. El Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid, adquirió en 2001 por 73 millones de dólares el 75% de las acciones de Inassa, una empresa colombiana de aguas que atesoraba una concesión importante en el municipio de Barranquilla. Inassa dio beneficios al Canal de Isabel II hasta 2020 muy por encima del coste de la operación de compra, financiada en parte con un préstamo de 50 millones de dólares.

elDiario.eselDiario.es•Javier Lillo15 sept