Bruselas propone agilizar la homologación de títulos para facilitar trabajar en otros países de la UE
La Comisión Europea ha propuesto este martes reducir de cuatro meses a un máximo de once semanas los trámites para reconocer las cualificaciones necesarias para ejercer profesiones reguladas en otro Estado miembro, dentro de un paquete de medidas con el que Bruselas busca facilitar que los trabajadores puedan trasladarse a otro país de la Unión Europea y ejercer allí su profesión. El Ejecutivo comunitario plantea además reducir de una media de 14 meses a cuatro el reconocimiento de títulos obtenidos fuera de la UE y crear una tarjeta europea de Seguridad Social para solicitar por Internet y acreditar desde el móvil documentos como la Tarjeta Sanitaria Europea, además de reforzar la Autoridad Laboral Europea (ELA) frente al empleo ilegal y los abusos laborales, también cuando afecten a trabajadores de terceros países. Bruselas calcula que el conjunto de las medidas, que deberán ser negociadas y aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, generará unos beneficios de 6.000 millones de euros hasta 2040 por el ahorro derivado de acelerar el reconocimiento de cualificaciones, verificar en tiempo real los documentos de Seguridad Social y reducir el fraude, entre otros factores. "Las personas deberían poder trabajar en toda Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas más rápidamente. Las empresas deberían poder contratar el talento que necesitan con menos papeleo y menos retrasos", ha defendido la vicepresidenta de la Comisión para Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu. En el caso de médicos, enfermeros de cuidados generales, dentistas, matronas, veterinarios, farmacéuticos y arquitectos, cuyas titulaciones ya cuentan con un sistema de reconocimiento automático en la UE al existir unos requisitos mínimos comunes de formación, Bruselas propone acortar de tres meses a cinco semanas el tiempo para completar el procedimiento. La Comisión quiere extender además este sistema a otras profesiones mediante requisitos comunes de formación y ha adoptado el primer marco de este tipo para los fisioterapeutas, al tiempo que ha elaborado una lista preliminar de otras diez profesiones en las que estudiará avanzar por esta vía. Los profesionales podrán realizar todo el procedimiento por vía digital y presentar la documentación en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE, evitando así traducciones certificadas, una simplificación con la que Bruselas calcula que ciudadanos y administraciones podrán ahorrar unos 486 millones de euros en costes administrativos hasta 2040. A ello se suma la creación de un formato digital común para las cualificaciones, desde la educación secundaria hasta los doctorados, que permitirá almacenarlas en la cartera europea de identidad digital y acreditar su autenticidad, junto a una nueva herramienta de Europass para facilitar la comparación de los títulos expedidos en los distintos Estados miembro. DE 14 A CUATRO MESES PARA LOS TÍTULOS DE FUERA DE LA UE El paquete plantea también establecer unas reglas comunes para reconocer las cualificaciones obtenidas fuera de la UE, tanto por ciudadanos comunitarios como por profesionales de terceros países, con requisitos documentales armonizados y plazos definidos que permitirán reducir de una media de 14 meses a cuatro la duración de estos procedimientos. El Ejecutivo comunitario calcula que la simplificación permitirá reducir hasta la mitad los costes administrativos que afrontan las empresas para contratar a estos profesionales y prevé además que determinados títulos extranjeros puedan beneficiarse del reconocimiento automático en las siete profesiones que ya cuentan con requisitos mínimos comunes de formación en la UE, siempre que procedan de programas previamente evaluados a nivel europeo y que cumplan los estándares comunitarios. "Con las nuevas normas, el reconocimiento de cualificaciones será más sencillo y rápido, también para los trabajadores cualificados de fuera de la UE. Además, estamos dando a la Autoridad Laboral Europea las herramientas para combatir el empleo ilegal y la explotación, también cuando afecten a nacionales de terceros países", ha señalado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. En todo caso, el reconocimiento de una cualificación obtenida fuera de la UE no dará por sí mismo derecho a entrar, residir o trabajar en territorio comunitario y los Estados miembro mantendrán sus competencias sobre la admisión de trabajadores extranjeros y los requisitos para ejercer cada profesión. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Otra de las patas del paquete es la creación de la tarjeta europea de Seguridad Social (ESSPASS), que permitirá solicitar por Internet la Tarjeta Sanitaria Europea, el certificado A1 para trabajadores desplazados temporalmente y otros documentos necesarios para acreditar los derechos sociales y sanitarios al trasladarse a otro país del bloque. Una vez expedidos, podrán almacenarse en la cartera europea de identidad digital y presentarse directamente desde el teléfono móvil para que las autoridades comprueben en tiempo real su autenticidad y validez, aunque seguirá existiendo la posibilidad de utilizarlos en papel y, en el caso de la cobertura sanitaria, Bruselas fija un máximo de 24 horas para su emisión. La implantación será progresiva, de modo que el A1 estará disponible en formato digital un año después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, mientras que este sistema se extenderá a la Tarjeta Sanitaria Europea y al resto de documentación de Seguridad Social en un plazo de tres años. REFUERZO DE LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA Bruselas propone por último reforzar la Autoridad Laboral Europea para mejorar la detección de irregularidades en situaciones laborales transfronterizas, con más herramientas para analizar datos e identificar riesgos que permitan orientar las inspecciones y con responsables nacionales específicos para mejorar la coordinación entre las autoridades. La reforma ampliará además su mandato para abordar abusos que afecten a trabajadores de terceros países residentes en la UE, incluidos casos de empleo ilegal o no declarado, salarios inferiores a los debidos y otras formas de explotación, aunque las inspecciones conjuntas seguirán siendo voluntarias y corresponderá a los Estados miembro decidir si participan en ellas.
Infobae•Newsroom Infobae15 sept
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