Carles Puigdemontpágina 5

Persona · 88 artículos
Compartir

Cobertura, página 5

página 5 de 5
I

Junts, sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont: "Queremos ver las sentencias"

Barcelona, 14 sep (EFE).- El portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius, ha vuelto a llamar a la "prudencia" ante la posible aplicación de la amnistía al expresidente Carles Puigdemont por parte del Tribunal Supremo: "Queremos ver las sentencias y esperamos que sea lo más rápido posible". Así se ha pronunciado en rueda de prensa este lunes después de que la semana pasada trascendiera que el magistrado del Supremo Pablo Llarena prevé aplicar la doctrina que fije el Tribunal Constitucional en el primero de los recursos contra la negativa del Supremo a aplicar la amnistía por malversación que examinará, el del exconseller Jordi Turull, el 22 de septiembre. "Lo que pedimos a la justicia española es que haya menos filtraciones, especulaciones e información sesgada y apliquen de una vez la ley de amnistía", ha afirmado. Rius ha asegurado que no confían en los "rumores" y ha recordado que la ley ya ha sido avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Preguntado por si, en el caso del exconseller Toni Comín, el partido esperará a que se le aplique la amnistía para resolver el expediente por denuncias internas contra él, el portavoz ha dicho que no hay "ninguna novedad" sobre este expediente. Después de la Diada, Rius ha sostenido que este 11 de septiembre ha marcado un "punto de inflexión" en las movilizaciones independentistas, con un "aumento significativo" de la presencia de jóvenes. Ante los llamamientos a la unidad de las entidades independentistas, ha mantenido que, "cuando sea el momento", Junts se sumará a los dos "proyectos para reactivar" esa unidad y "transversalidad". EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae14 sept

Puigdemont, Orriols y la cuestión palpitante

Después de ejecutar en la Diada un «ball de bastons» (coreografía catalana de la golpiza) entre los separatistas-palestinos de la CUP y la Alianza Antimoruna de Sílvia Orriols queda claro que la cuestión palpitante ya no son las banderas 'esteladas' contra España. Entre Sajonia y Ceuta, la autonomía catalana cuenta ya setecientos mil magrebíes, la cantidad de Madrid y Andalucía juntas. Del exceso de morería tiene la culpa la ingeniería social nacionalista: contrarrestar a una emigración latinoamericana reacia a hablar en catalán y seguir con la lengua de Cervantes. Con la inmersión se creyó que la integración musulmana advendría por la lengua… Hasta que el 17 de agosto de 2017, plena ebullición del proceso secesionista, los jóvenes asesinos de Ripoll... Ver Más

ABCABC(abc)14 sept

El único juicio a policías por las cargas del 1-O arranca nueve años después y la Fiscalía pide su absolución

Los cuatro agentes no amnistiados se sientan en el banquillo por reventar el ojo a Roger Español con el espaldarazo a su actuación del Ministerio Público y una petición de 13 años de cárcel de las acusaciones Los Mossos certifican al juez que el policía que reventó un ojo a un joven el 1-O le disparó dos veces A la espera del expresident Carles Puigdemont, la amnistía ha beneficiado a más de 300 personas . De ellas, 129 son agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que cargaron contra los votantes del 1-O. Solo cuatro policías no fueron amnistiados y se sentarán en el banquillo al estar acusados de la lesión más grave de la jornada: reventar el ojo a Roger Español con una bala de goma. El juicio arranca este miércoles en la Audiencia de Barcelona y lo hace de forma favorable para los intereses de los procesados: la Fiscalía no acusa a los agentes y pide su absolución al considerar que estuvo amparada por su deber de cumplir con la orden judicial de requisar urnas y papeletas del 1-O. En otras palabras, la acusación pública rema a favor de las defensas. En nueve años se han ocupado del caso distintos fiscales, pero el papel del Ministerio Público siempre ha tendido a respaldar la actuación policial . En su primer escrito, la Fiscalía avaló las cargas contra el 1-O porque los heridos solo fueron el 0,037% de los votantes . Con la instrucción más avanzada, pidió tan solo procesar a seis agentes y exculpó al resto. En el caso del herido más grave, solicita absolver a los cuatro uniformados al considerar que las balas de goma estaban justificadas. En cambio, Español, al que representa el centro de derechos humanos Irídia , y la acusación popular de Òmnium Cultural reclaman hasta 13 años de cárcel para los agentes por un delito de torturas. La clave del caso será si los jueces de la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona consideran proporcionada la actuación policial y si estaba justificado el disparo de balas de goma, un arma prohibida por el Parlament para los Mossos desde 2013 pero que la Policía utilizó el 1-O en Catalunya. El escrito fiscal se esmera en convencer al tribunal de la proporcionalidad y la necesidad de los disparos. Dedica varios párrafos a remarcar que las balas de goma fueron el último recurso de los agentes para dispersar a centenares de votantes, entre los que se encontraba Español, que impedían el paso a los furgones a 300 metros del colegio Ramon Llull, donde los policías se habían incautado de urnas y papeletas. Primer disparo del agente hacia Español, antes del tiro que le hirió en el ojo Destaca la fiscal que los agentes pasaron hasta 45 minutos sin poder salir de las furgonetas tras intervenir el material electoral debido al “bloqueo” de los manifestantes en la calle aledaña al colegio. Lo intentaron primero por megafonía, luego por mediación con un bombero y con periodistas y después a golpe de porra (esto es, con un uso progresivo de la fuerza) y salvas (disparos sin proyectil), pero no lograron dispersar a “la masa”, que además les lanzaba objetos, remarca el Ministerio Público. “Ante la escalada de violencia de la multitud, el inspector procesado dio orden de disparar pelotas de goma”, agrega la fiscal, que insiste en que la bala de goma, antes de impactar en el ojo de Español, rebotó contra el suelo. El agente que disparó “no podía desobedecer la orden al no tratarse de una directriz manifiestamente ilegal”, concluye el escrito fiscal. Más allá de coincidir en que el disparo lo realizó un policía, el relato de la acusación particular y popular es muy distinto. Para Irídia, la actuación policial “se efectuó como represalia por participar” en el 1-O y “tenía intención clara de castigar” a Español. Según la defensa de Español, que ejerce el penalista Benet Salellas, los cuatro agentes “eran perfectamente conocedores de que no existía una situación de peligro” y que la proximidad de los manifestantes “hacía altamente probable que las balas de caucho produjeran lesiones de gravedad”. El agente que le disparó, además, lo hizo dos veces. En esta línea incide la abogada de Òmnium Cultural, Laia Serra, que destaca en su escrito que el disparo “no fue accidental ni justificado, sino antirreglamentario, dirigido contra Roger Español en clave de represalia y amparado por una cadena de mando”. La víctima declarará en la primera jornada de juicio, junto con otros votantes del 1-O. El jueves será el turno de los testigos policiales. El 30 de septiembre declararán los peritos (con especial interés en los expertos de los Mossos que analizaron los vídeos de los hechos ), y el 1 de octubre, en el noveno aniversario de los hechos, será el turno de los uniformados acusados y los informes finales. A lo largo de estos nueve años, Español (que llegó a encabezar la lista de Junts al Senado en 2019) ha sido uno de los portavoces de los heridos del 1-O. Ahora afronta el juicio con sabor agridulce por todos los policías acusados de lesiones que se han salvado del banquillo por la amnistía. “La ley de amnistía en el Estado español ha sido más sinónimo de impunidad que de justicia y reparación”, lamentó Español en una de sus últimas apariciones públicas antes de la vista, en la que confesó que se le hacía duro “estar solo queriendo hacer justicia ante 10.000 policías”. La tardanza en llegar a juicio no se debe a la habitual estrategia de las defensas en retrasar la vista lo máximo posible para intentar conseguir una pena más baja en caso de condena. En este caso, se explica por los intentos de las acusaciones de encausar a más y más mandos policiales (que retrasaron la instrucción de una causa que estaba ya terminada a mediados de 2020 y que supuso una indagación inédita en las cadenas de mando de un operativo por parte del juez Francisco Miralles) y el estudio de si la causa de Español se incluía en la amnistía. La ley, pensada para olvidar todas las causas penales del procés, incluyó a la cincuentena de agentes encausados por empujones, tirones de pelo o lesiones leves a votantes en la jornada del referéndum. “No podemos aceptar que una ley como la de amnistía solo se aplique a unos y no a todos los que de una manera u otra llevaron a cabo acciones específicamente recogidas en la ley”, advirtieron los jueces , que consideraron que exclusión de la norma de los agentes que pretendían los heridos “contradeciría la voluntad del legislador de superar la grave crisis que sufrió la sociedad catalana y española”. No ocurrió lo mismo con el escopetero, los dos subinspectores y el inspector del operativo en el colegio donde lesionaron a Españo l. Los jueces rechazaron aplicarles la amnistía al considerar “obvio” que el caso es uno de los excluidos de la norma al tratarse de unas lesiones que provocaron la pérdida de un órgano. En cambio, sí amnistiaron a Español, procesado por lanzar vallas a los agentes, ya que este supuesto sí estaba contemplado en la ley.

elDiario.eselDiario.esOriol Solé Altimira13 sept

Las desclasificaciones a la carta del Gobierno: Ceuta y el 23-F sí, pero no el espionaje al independentismo

El Ejecutivo usa puntualmente o forzado por Junts su capacidad para publicar documentos reservados mientras sigue sin aprobarse la ley de secretos oficiales que sustituya a la norma franquista en vigor Qué dicen las tres comunicaciones del CNI a Delegación del Gobierno en Ceuta, Guardia Civil y Marruecos La desclasificación de documentos que el Gobierno ha impulsado tras la crisis humanitaria en Ceuta ha reabierto un viejo debate: la discrecionalidad de la que dispone el Ejecutivo para retirar la reserva a los secretos oficiales debido a la falta de una ley que sustituya a la norma franquista que todavía está en vigor en España. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha realizado dos grandes desclasificaciones por iniciativa propia: la de Ceuta y la de los papeles del 23-F en el 55º aniversario del golpe de Estado. A regañadientes, y forzado por Junts, el Gobierno también publicó documentos secretos sobre Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y cerebro de los atentados de Barcelona de 2017 . El movimiento alimentó la teoría de la conspiración sobre los ataques que lanza parte del partido de Carles Puigdemont. Por el contrario, y pese a la expresa petición de varios jueces, el Ejecutivo ha mantenido el cerrojo a buena parte de los papeles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del espionaje a los independentistas, y tan solo ha desclasificado los autos (con tachones que impiden su consulta completa) del Tribunal Supremo que lo autorizaron. El historiador Javier Buces, responsable del área de Memoria Histórica del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, explica que, al estar en vigor la ley franquista, las desclasificaciones de secretos oficiales son “puntuales por interés o por una demanda social”. Buces se ha encontrado con la barrera del secreto en algunas de sus investigaciones de los crímenes de la extrema derecha (algunos amparados por los servicios secretos) durante la transición. El experto tiene claro el déficit que comporta la actual legislación: “Es un impedimento total para conocer la historia reciente y un agravio comparativo en el acceso a la verdad para las víctimas de la violencia del Estado ”. La desclasificación del 23-F, ahonda el historiador, fue “un parche” al manto de secreto que todavía cubre los años de la transición y el inicio de la democracia. El pleno acceso a los documentos del CESID (el antiguo CNI) terminaría por desmontar el mito de la transición pacífica española , agrega Buces. “Es imposible avanzar en materia de derechos humanos y memoria histórica, como nos dice la ley de memoria democrática, y mantener la ley franquista de secretos oficiales”, asevera este experto. Los intentos para aprobar una nueva norma no han fructificado pese a disponer de una mayoría del Congreso a priori favorable a aprobar una nueva normativa. En la Cámara hay dos iniciativas que permanecen bloqueadas: un proyecto de ley del Gobierno y una iniciativa del PNV, que lleva cuatro legislaturas proponiendo la reforma. La ley franquista en vigor dispone que todo es secreto por defecto y para siempre, a menos que el Gobierno diga lo contrario por iniciativa propia o a petición de un juez. Por el contrario, las leyes de los países europeos evitan que la desclasificación sea un acto discrecional del Ejecutivo y establecen un periodo de tiempo (20 años en Reino Unido, 30 años en Alemania o 50 en Francia, aunque con excepciones si se trata de peligros para la seguridad vigentes) para revelar los documentos. En el caso de la desclasificación de Ceuta, el Ejecutivo aduce razones de transparencia para revelar los documentos de los servicios de información de los cuerpos policiales y mensajes de miembros del CNI sobre la llegada de migrantes. La retirada de la reserva busca que la ciudadanía “pueda conocer y examinar directamente la información de la que dispusieron las instituciones” sobre la crisis en la ciudad autónoma, según una nota del Gobierno. “El objetivo es ofrecer una secuencia verificable de qué información existía en cada momento”, agrega el Ejecutivo. La argumentación del Gobierno para publicar los documentos del 23-F consistió en atender la “demanda reiterada”, en palabras del acuerdo de desclasificación del Consejo de Ministros , de historiadores, periodistas y grupos parlamentarios. El Gobierno retiró el secreto a los papeles del golpe tras concluir que su difusión no suponía un peligro para “la seguridad y defensa del Estado”. “Los años pasados desde el intento de golpe de Estado [...] permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique sin generar ningún riesgo real y presente”, señaló el Ejecutivo. En cambio, las razones de seguridad y de protección al CNI se han impuesto cuando los jueces han pedido al Gobierno que desclasifique documentos sobre el espionaje del centro a los independentistas catalanes. En distintas solicitudes, los jueces han querido saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa espía Pegasus, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group, su coste y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa. También han solicitado al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus. Sin embargo, el Gobierno, en sendas respuestas a los instructores a lo largo de los últimos dos años, ha rechazado proporcionar toda esta información ya que, según argumenta el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”. En una de sus últimas contestaciones, en junio de este año, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, denegó aportar al juez los datos concretos del espionaje a exdiputados de la CUP porque “pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional (la de todos los españoles) y podría comprometer seriamente la Defensa Nacional”.

elDiario.eselDiario.esOriol Solé Altimira12 sept