La decisión fue adoptada en un encuentro nacional realizado ayer en Santa Cruz y se acatará en todas las modalidades del transporte. El Gobierno señala que el 80% de los buses no utiliza diésel
Tras haber empezado ya los trabajos técnicos, Marlaska propondrá la semana que viene ante la UE flexibilizar exigencias para poder reducir los plazos administrativos ante situaciones excepcionales como las de la frontera del Tarajal, mientras Ángel Víctor Torres negocia con Vivas más emplazamientos para sacar de la calle a 3.500 personas El Gobierno se lanza a por Vivas tras 50 días de choques: “Hemos decidido defendernos ante tanto ataque” Una reforma legal para expulsar mucho antes a las personas migrantes que no tengan derecho a asilo en contextos de crisis como la que afronta Ceuta . Según ha podido confirmar elDiario.es con varios de los ministerios implicados, el Gobierno ha empezado ya con los trabajos técnicos para estudiar de qué forma podrían acortarse de manera sustancial los actuales plazos administrativos y judiciales, ahora fijados en un máximo de doce semanas. El objetivo es poder afrontar cuanto antes los operativos de retorno al país de origen en los casos en que el solicitante no cumpla con los requisitos exigidos para ser amparado por los mecanismos de protección internacional, que el Ejecutivo cree que es la situación de la inmensa mayoría de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. Al proceder de Marruecos, un país considerado seguro por la Unión Europea, la normativa estatal y comunitaria vigente permite denegar de manera prioritaria las solicitudes de asilo. Pero siempre sustentado en un procedimiento garantista muy tasado, que incluye plazos que impiden en la práctica llevar a cabo expulsiones o devoluciones en cortos espacios de tiempo por mucho que los demandantes de protección no tengan el perfil que se requiere. Esto es: ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género o preferencia sexual, o huir de un conflicto armado. Y lo que advierte el Gobierno es que la práctica totalidad de marroquíes que cruzaron la frontera del Tarajal lo hicieron por motivos económicos y, por tanto, serán devueltos. Pero ese retorno a Marruecos será para muchos de ellos el final de un largo proceso administrativo que se inicia ahora, que el Ejecutivo calcula que se puede prolongar hasta finales de año y que obliga al Estado a dar acogida mientras tanto. Un imperativo legal de los países de llegada y un derecho de las personas migrantes que, en el caso de Ceuta, confluye en el colapso de la capacidad de respuesta de las administraciones tras la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma, muchas de las cuales aún duermen en las calles. Ese procedimiento administrativo arranca con el paso del triaje, que en el caso de Ceuta se lleva a cabo principalmente en las instalaciones del Centro de Atención Temporal (CATE) situado en las naves del Tarajal. Allí se identifica a la persona migrante con la toma de la huella dactilar y, con la ayuda de un traductor, se la somete a una entrevista personal con funcionarios policiales en la que se intenta acreditar de dónde viene, cuáles son sus circunstancias personales, si tiene o no antecedentes y si desea solicitar formalmente el asilo o protección internacional, una pregunta que la ley fija como obligatoria. “La mayoría responde que sí, que solicita asilo. Pero tengo que decir que la mayoría no va a tener derecho a él porque son marroquíes y no cumplen los requisitos”, subrayó este martes el ministro Ángel Víctor Torres. Una vez queda registrada esa solicitud formal de protección, la Policía Nacional y la Oficina de Atención al Refugiado se encargan de la apertura del expediente, en base a otra serie de entrevistas personales que buscan acreditar la situación real de la persona migrante en su país de origen. Según el Ejecutivo, este paso puede prolongarse de media entre dos y tres semanas antes de que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio se pronuncie en primera instancia. Esa comisión es la que determina si el solicitante tiene o no derecho a asilo y la que publica su resolución en el Boletín Oficial del Estado. Y entonces es cuando se abre la vía judicial. La persona migrante a la que le resulta denegada en primera instancia su solicitud tiene derecho a recurrirla judicialmente en un plazo de diez días hábiles. Y luego es la justicia, en un plazo aproximado de otras dos o tres semanas, quien acaba por dictaminar si cabe o no cabe recurso, si se contemplan medidas cautelares y, en última instancia, si debe ser expulsado o no. En total, casi tres meses de procedimiento que en muchos casos se prolonga más tiempo por la saturación de los propios recursos administrativos y judiciales. “De acuerdo al Pacto Europeo de Asilo y Migración, el plazo máximo son unas 12 semanas para tener el expediente concluido, pero desde el Gobierno de España vamos a intentar acortar al máximo ese plazo, incluso con las modificaciones legislativas que sean necesarias”, adelantó el ministro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Según las fuentes consultadas por este periódico, el Gobierno ya ha solicitado a funcionarios de la abogacía del estado y a técnicos de los distintos departamentos una primera propuesta de reforma legal destinada al recorte de los plazos de expulsión. Esos trabajos a nivel técnico que ya han comenzado en el seno del Ejecutivo van en la línea de la demanda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladará a los socios de la Unión Europea la semana que viene en la cumbre de Luxemburgo, durante el Consejo de Justicia y Asuntos Internos del próximo 1 de octubre. Ya el propio Marlaska pidió la semana pasada al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, “cambios legislativos que permitan agilizar los procedimientos en crisis migratorias”. Búsqueda de nuevas plazas de acogida En paralelo, el Gobierno también busca nuevos emplazamientos para dar acogida a las 3.500 personas que, según los cálculos oficiales, aún viven a la intemperie en las calles de Ceuta desde finales del mes de julio. Una situación que ha vuelto a desbordar las fallidas previsiones del Ejecutivo desde el inicio de la crisis. Porque lo previsto hace tan solo tres semanas por el propio presidente del Gobierno era que las 6.000 plazas ya habilitadas fueran “suficientes” para dar cabida “a todo el mundo”. Pero la realidad volvió a superar la previsión de las administraciones. Todos los departamentos ministeriales implicados en el operativo que permitió acoger el pasado viernes a 1.700 personas en las carpas del Puerto admiten su sorpresa porque esas nuevas plazas apenas hayan conseguido aliviar zonas críticas como las playas del Trampolín o de Benítez, donde aún permanecen miles de migrantes. Así que ahora se intentan improvisar sobre la marcha nuevos emplazamientos que consigan cambiar de manera sustancial el paisaje de una Ceuta en la que el clima social, con estallidos de violencia cada vez más graves, se ha vuelto irrespirable. Con ese objetivo se ha abierto ya una negociación con Juan Jesús Vivas que busca ampliar los emplazamientos acordados en su día en el decreto de actuaciones en Ceuta. La idea, según fuentes gubernamentales, es volver a consensuar esos espacios como ya se hizo en su día. Aunque el posterior boicot al emplazamiento del Puerto por parte de la ciudad autónoma y una tensión política creciente entre el Gobierno y el PP complican las expectativas de un pacto. En cualquier caso, el Ejecutivo se compromete a habilitar nuevos espacios previsiblemente la próxima semana, sin descartarse que las nuevas plazas tengan que instalarse en algunos de los espacios ya habilitados, como por ejemplo el Puerto, y que se vean obligados a ampliar su capacidad.
elDiario.es•José Enrique Monrosi22 sept
"Les hemos pedido acciones y respuestas", señala el presidente del Gobierno acerca del país marroquí El Gobierno, ante las manifestaciones convocadas por la derecha: “Los menores no salen de Ceuta porque no quiere el PP” El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado ante el canal de televisión estadounidense CNN que “el control fronterizo de Marruecos falló”, por lo que han pedido “explicaciones”. Sánchez ha hablado con la cadena aprovechando su presencia en Nueva York para acudir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. “¿Qué se hizo mal?”, ha sido una de las preguntas realizadas por la entrevistadora, Christiane Amanpour, a lo que Sánchez recordaba que era una zona “difícil” y que se trataba de la frontera de Europa con África. Por ello, pedía “solidaridad” de la Unión Europea. “Por desgracia, sufrimos la falta de solidaridad por parte de muchos de sus gobiernos durante la crisis”. “Mostramos esa solidaridad, por ejemplo, en Lampedusa, en Italia, cuando sufrieron la crisis de migrantes. Mostramos solidaridad en Groenlandia cuando otros gobiernos cuestionaron la integridad territorial de Groenlandia y Dinamarca. Así que pedimos esa solidaridad cuando se trata de Ceuta”. Además de esa solidaridad europea, el presidente señalaba la cuestión de la relación de España con Marruecos. “Durante los últimos ocho años hemos desarrollado una positiva relación bilateral con Marruecos y les hemos pedido acciones y respuestas” para saber si “el mecanismo de control de la frontera falló”. Acerca de la gestión de esta crisis migratoria, Sánchez aseguró que debían garantizar “el orden y la seguridad”, pero manteniendo “la dignidad humana”. De acuerdo al líder del Ejecutivo, la ciudad de Ceuta está “recobrando la normalidad” y, a la vez, se está atendiendo a esos migrantes de acuerdo a lo que dice el marco legal de protección internacional: “Los migrantes no son ganado, sino humanos”.
elDiario.es•elDiario.es22 sept
La intervención permitirá instalar un sistema de balizamiento permanente que reemplazará a la barrera flotante que se instaló con carácter provisional en ese espacio fronterizo El Gobierno, ante las manifestaciones convocadas por la derecha: “Los menores no salen de Ceuta porque no quiere el PP” El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites necesarios para iniciar las obras de prolongación del espigón de El Tarajal, en Ceuta, una intervención que servirá para reforzar la condición fronteriza con Marruecos de esta construcción. Para poder acometer la obra, Interior solicitará el correspondiente informe favorable a la ciudad autónoma de Ceuta, así como a otros organismos estatales que deben dar su visto bueno a la iniciativa. La obra del espigón de El Tarajal se realizará en dos fases. La primera consistirá en la prolongación mar adentro de 15 metros lineales dividida en tres tramos modulados cimentados mediante pilotes y un cerramiento superior de malla ‘antitrepa’ con peines curvos invertidos. En una segunda fase, la actuación permitirá prolongar mar adentro el espigón en 100 metros lineales mediante un dique vertical. Esta actuación, en sus dos fases, tendrá un coste estimado de 7 millones de euros. Por otra parte, la instalación de un sistema de balizamiento flotante para desplegar una red de contención de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino para impedir el paso sumergido tendrá un coste estimado de 2 millones de euros. Este balizamiento permanente sustituirá a la barrera flotante que, con carácter provisional, se instaló el pasado el pasado mes de agosto.
elDiario.es•elDiario.es22 sept
Los portavoces de los partidos en el Congreso han votado a favor de una proposición no de ley sobre el próximo reglamento de la CUME, previsto para octubre El Gobierno mejorará el reglamento de cuidados de menores con cáncer en octubre y permitirá la elección del médico para los informes facultativos
París, 22 sep (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, propondrá incluir en los presupuestos de 2027 un dispositivo para que cualquier aumento de la recaudación de IVA provocado por el encarecimiento de los carburantes sea neutralizado y devuelto a los consumidores, anunció este martes su entorno. El Gobierno pretende así contener el malestar social provocado por el encarecimiento de los carburantes, que se ha convertido en una cuestión central para el poder adquisitivo de los franceses, y que está ligado a la guerra en Irán. La medida debería ser anunciada oficialmente esta tarde durante una rueda de prensa dedicada a nuevas medidas para afrontar la subida de precios de los carburantes y se sumaría a otras iniciativas impulsadas por el presidente Emmanuel Macron, entre ellas una petición a la Comisión Europea para flexibilizar temporalmente las normas sobre carburantes y facilitar una mayor producción de las refinerías y el uso de biocombustibles. Tras mantener varias reuniones interministeriales y encuentros con representantes de los sectores energético e industrial la víspera, el Gobierno francés presentará este martes nuevos dispositivos de ayuda y medidas de apoyo ante el fuerte aumento de los precios de los carburantes. El precio medio del diésel en Francia ha alcanzado los 2,42 euros por litro, mientras que la gasolina sin plomo se sitúa en torno a 2,19 euros, según datos de la industria petrolera francesa. Según recalcó el entorno de Lecornu, el Estado no se ha beneficiado hasta ahora de la subida de los precios. Desde el inicio de la crisis en febrero, la recaudación vinculada a los carburantes se sitúa 407 millones de euros por debajo de la registrada en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la caída del consumo. EFE
Ceuta, 21 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo este lunes que si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hubiera confirmado la disputa del partido amistoso sub-20 España-México en Ceuta para el 30 de septiembre, el encuentro se habría jugado. En una rueda de prensa en Ceuta, Grande-Marlaska señaló que en este asunto se está "hablando de una cuestión técnica y operativa", después de que el domingo el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, confirmara en Málaga que no se disputaría ese partido en Ceuta por la situación que vive la ciudad. El Gobierno español calcula que aún quedan unos 3.000 migrantes por las calles de Ceuta, de los más de 70.000 que cruzaron la frontera entre el 30 y el 31 de julio. El ministro explicó que la RFEF pidió un informe técnico a la policía para "evaluar las circunstancias convenientes para la celebración y la Policía Nacional ha emitido un informe sobre la dificultad por las características del propio estadio, que no tiene una unidad de coordinación". Añadió que el informe aludía a la "premura de la celebración así como a la necesidad de disponer de medios policiales para cumplir con un objetivo prioritario en la ciudad que es regresar a la normalidad". "El informe no dice que no se celebre ya que la última decisión la adopta la Federación Española y si la misma hubiera confirmado la celebración, no tenga dudas de que se había celebrado y con todas las garantías", dijo el ministro. EFE
El volumen de capital foráneo supera al registrado entre enero y junio de 2025, pero sigue lejos del nivel de 2024. El Gobierno quiere reforzar el control de estas operaciones
La empresa Edenor sigue sin informar cuál fue la causa del corte de luz que afectó a 600.000 usuarios, la gran mayoría clientes de esa concesionaria. Edesur, que tuvo menos afectados, responsabiliza a Edenor. El Gobierno dice que habrá sanciones en el caso de que verifiquen incumplimientos en el contrato. La gente tuvo que moverse a oscuras por la calle. Hay preocupación por lo que vaya a pasar en el verano, con más demanda eléctrica.
Clarín•Clarin.com - Home20 sept
A finales de este mes se cumple el plazo para ejecutar la orden del Gobierno que obliga a la asociación propietaria a retirar el memorial que homenajea a dos miembros de la Guardia de Hierro mientras el Ayuntamiento de Majadahonda (PP) evita pronunciarse y alude a que está en un terreno privado El Gobierno ordena retirar el monumento a Franco de Tenerife y otros tres vestigios franquistas de Madrid, Murcia y Almería Sigue en pie a pesar de que ha transcurrido más de medio siglo desde la muerte de Franco. El monumento a los rumanos “caídos” de Majadahonda (Madrid), que homenajea a dos fascistas que murieron mientras combatían en la Guerra Civil en apoyo al bando sublevado, es uno de los casi 20 vestigios que el Gobierno ha ordenado retirar . Lo hizo el pasado mes de junio, pero la cuenta atrás ya ha empezado y el plazo para hacerlo vence en menos de dos semanas. El terreno en el que se ubica debería arrancar el mes de octubre ya vacío. Levantado detrás del cementerio de la localidad, el memorial conmemora el “sacrificio” de Ion Mota y Vasile Marin, importantes militares de la Guardia de Hierro, un grupo paramilitar fascista fundado en 1927 en Rumanía. De allí acudieron tras el golpe de Estado de 1936 para luchar en la Guerra Civil y ambos fallecieron el 13 de enero de 1937 en el frente en el que después se levantó el monumento, que a día de hoy se mantiene sin cambios, con las pintadas y grafitis que llevan tiempo 'decorándolo' y la basura que suele acumularse a su alrededor. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática lo incluyó en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática el pasado 29 de junio, fecha en la que está firmado el expediente con el que estableció el plazo de tres meses para su retirada “definitiva y permanente”. Tanto el monumento como la parcela en la que se encuentra son propiedad de la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos Caídos, que, según fuentes conocedoras del proceso, no ha respondido al requerimiento. elDiario.es se ha intentado poner en contacto con la asociación sin éxito. La oposición lleva años reclamando al Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP con mayoría absoluta, que tome cartas en el asunto y actúe contra el monumento, en el que grupos ultras convocan concentraciones de exaltación fascista cada enero. Hace 11 años, el pleno aprobó a iniciativa del PSOE una moción para su “retirada o demolición” que contó con la abstención de los populares, pero no se ha cumplido. Fuentes del consistorio justifican que “no tiene competencias” porque se trata de un terreno privado, mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza declarar Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento, como ha pedido Abogados Cristianos. El expediente del Gobierno concluye que el monolito “representa los lazos existentes entre el franquismo y el fascismo europeo de entreguerras” y afirma que “no concurren” razones artísticas o arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento. A pesar de estar en una propiedad privada, es contrario a la memoria democrática porque tiene “proyección a un espacio o uso público”. De hecho, no está vallado y cualquiera puede acceder a él. Si la asociación no cumple con el mandato, el Gobierno activará el procedimiento del artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática, que abre la posibilidad de imponer multas “coercitivas” y de proceder a su desinstalación subsidiariamente. El refugio de la Guardia de Hierro en España Mota y Marin, los dos militares homenajeados por el monumento, pertenecieron a la Guardia de Hierro, que fue el brazo paramilitar de la Legión del Arcángel San Miguel, un movimiento fascista fundado por Conerliu Codreanu en 1927 que “hacía apología de la violencia como forma de transformación de la sociedad y del estado”. A partir de 1940, y gracias al apoyo de los nazis, el movimiento llegó al poder, formando parte del régimen fascista rumano “que cometió crímenes de guerra y fue responsable de miles de muertes”, sostiene el informe de la comisión técnica en el que se basa el expediente. El monumento se levanta en una explanada y está formado por cuatro arcos de estilo clasicista, una elevada cruz y una inscripción grabada en bronce que reza: “A Ion Mota y Vasile Marin, caídos por Dios, por España y por Rumanía. 13.1.1937”. Debajo está inscrito el símbolo de la Guardia de Hierro, formado por seis líneas —tres horizontales y tres verticales— entrelazadas a modo de prisión. Delante del monolito se erigió además una cruz verde, usada habitualmente por el movimiento. Su construcción está directamente relacionada con la huida que varios líderes fascistas emprendieron tras la Segunda Guerra Mundial hacia España, donde buscaban refugio y fueron acogidos por la dictadura franquista. Es lo que ocurrió con varios miembros del grupo paramilitar rumano, entre ellos Hora Sima, comandante del Movimiento Legionario y vicepresidente del Gobierno rumano, que vivió en nuestro país hasta su muerte en 1993. Concentración de homenaje a Ion Mota y Vasile Marin ante el monumento, en enero de 2025. Desde los años 40 hubo homenajes y actos conmemorativos en el lugar y en 1947, los legionarios rumanos asentados en España lograron construir una cruz de piedra, hasta que en 1970 se erigió el monolito actual. Según consta en el expediente, su construcción se produjo gracias a la financiación de la comunidad fascista rumana del exilio (aquí y en varios países de América Latina) y al apoyo de los falangistas españoles, así como a los préstamos de Monte de Piedad de Madrid —antecedente directo de Caja Madrid— y la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Durante el régimen franquista, el lugar fue lugar de concentración de “individuos, asociaciones y grupos ultranacionalistas” y formó parte de las políticas de memoria de la dictadura. De acuerdo con el informe de la comisión técnica, el fundador de Fuerza Nueva e histórico líder ultraderechista, Blas Piñar, fue uno de los políticos que participó con frecuencia en estos actos debido a sus intensas relaciones con los legionarios rumanos de España “desde su juventud”. La falta de implicación del Ayuntamiento Las resistencias a la retirada del monumento son explícitas por parte de la asociación Abogados Cristianos, que batalla contra todas las medidas de memoria histórica del Gobierno y que ha pedido a la Comunidad de Madrid que declare Bien de Interés Cultural o Patrimonial el monolito “frente a la amenaza de derribo”. Su objetivo es que sea protegido para evitar que se cumpla la ley, tal y como ha ocurrido con la cruz a los caídos de la Plaza de América de Cáceres, que la Junta de Extremadura está intentando blindar por esta vía. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la petición de la asociación ultra porque “el monumento no tiene valor arquitectónico”, apuntan fuentes del Ejecutivo, que aluden únicamente a cuestiones técnicas para no hacerlo: al haber sido construido en 1970 “no le aplica la disposición adicional tercera de la Ley de Patrimonio Cultural”, que establece que “se protegen elementos relacionados con el culto religioso, como cruces, anteriores a 1950”, informa África Gelardo Arrebola. El debate sobre qué hacer con el mausoleo es antiguo y sobrevuela a Majadahonda desde hace años. En los 90, el PSOE ya comenzó a exigir su desinstalación y siempre ha puesto el foco en la “pasividad” del Ayuntamiento. “El PP siempre ha echado balones fuera y se ha escudado en que es una propiedad privada, pero es de acceso público y el terreno se ubica en Majadahonda. Cualquiera que vaya paseando se encuentra con el monumento fascista y los homenajes que allí se organizan”, denuncia el portavoz socialista en el municipio, David Rodríguez. Ante “la falta de información” del Ayuntamiento y el vencimiento del plazo que ha dado el Gobierno, el PSOE tiene previsto preguntar al consistorio por la cuestión en el pleno de la semana que viene para “saber qué se ha hecho al respecto” o si “se ha requerido a la asociación propietaria” en línea con el expediente del Ministerio. Preguntado por ello, fuentes del Ayuntamiento reiteran que el monumento está en un terreno particular y descartan que posicionarse públicamente sobre ello sea “su labor” debido a que su conservación o retirada “no depende” de las competencias municipales. Sobre si el mausoleo debe ser desinstalado, las mismas fuentes aseguran que el consistorio “no opina, en general, de cuestiones privadas”, aunque sí apuntan a que las leyes “deben cumplirse, todas, al encontrarnos en un Estado de Derecho”. Mientras el tiempo corre y a la espera de ver qué ocurre con el monolito, quien sí ha reaccionado a favor de su retirada es el Gobierno rumano. Según ha podido saber elDiario.es, la cancillería del primer ministro envió el pasado 24 de agosto un correo electrónico al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el que agradece la medida. En él, el secretario de Estado, Dragos Hotea, y el representante del Gobierno para la promoción de la memoria histórica, Bogdan Mazuru, aseguran que la decisión no solo “refuerza” la memoria democrática en España, sino también en Rumanía.
elDiario.es•Marta Borraz20 sept
El presidente de la RFEF explica que "probablemente" el encuentro se disputará en Madrid después de que la Policía Nacional desaconsejase celebrarlo en la ciudad debido a la crisis migratoria El Gobierno se lanza a por Vivas tras 50 días de choques: “Hemos decidido defendernos ante tanto ataque” El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha anunciado que el partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México del próximo 30 de septiembre no se jugará finalmente en Ceuta, como estaba previsto. Esta decisión se toma después de que la Policía Nacional lo desaconsejase debido a la crisis migratoria de la ciudad. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana envió una carta a la RFEF explicando que desaconsejaba celebrar en Ceuta el partido ante la dificultad de garantizar la seguridad por la “presión migratoria existente” y el “contexto de tensión social” que se vive en la ciudad. Este domingo, Louzán ha asegurado desde Málaga que “probablemente” el encuentro se disputará en Madrid e informó de que esta decisión de reubicar el partido previsto en Ceuta va en línea con lo indicado por la Policía.
elDiario.es•elDiario.es20 sept
El presidente del Gobierno participa en la fiesta del PSC en Gavá y asegura que "no va a perdonar" a los partidos de la oposición que llevaron la ley de nietos al Supremo para suspender el voto de 400.000 españoles El Gobierno se lanza a por Vivas tras 50 días de choques: “Hemos decidido defendernos ante tanto ataque” Pedro Sánchez ha defendido este domingo su gestión de la crisis de Ceuta y ha prometido que el Gobierno pondrá “todos los recursos necesarios” para que la ciudad autónoma “volverá a la normalidad”. Al tiempo, ha acusado a PP y Vox de hacer una “oposición destructiva” y de buscar la foto de la crisis de Ceuta para ganar votos pero no querer que se resuelva. “Ceuta saldrá adelante pese a que se han instalado en el cuánto peor para España mejor para nosotros”, ha asegurado. El presidente del Gobierno se ha referido a la situación de la ciudad fronteriza en la Fiesta de la Rosa, el mitin anual que el PSC celebra en la localidad Barcelonesa de Gavá y en que este año ha participado Sánchez. Delante de los sociales catalanes, el jefe del Ejecutivo ha sacado pecho por haber hecho “el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta, con 309 millones de euros; 80 millones de euros antes de que acabe el año y, a principios octubre, autónomos y pequeños empresarios recibiendo transferencias directas”, ha dicho. Acogido con vítores por la militancia socialista, que le ha dedicado gritos de “no estás solo” al inicio del acto, Sánchez ha lanzado todos sus dardos contra los dos principales partidos de la derecha, de quienes ha pronosticado que van a perder “tanto las municipales de 2027 como las generales de 2027”. “PP y Vox tienen diferentes siglas, pero la misma agenda. Van en el mismo coche y comparten ruta y prejuicios”, ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha calificado de hecho que “socava la democracia” las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo para suspender el voto de 400.000 nacionalizados a través de la llamada ley de nietos. “El Supremo tendrá que resolverlo y yo no voy a criticar una decisión que obviamente no comparto, pero no voy a perdonar a PP y Vox por plantear este recurso”, ha afeado. “El voto se protege y se ejerce. No vamos a aceptar españoles de primera y de segunda porque tengamos candidatos de tercera”, ha continuado Sánchez. En la misma línea, ha subrayado que la ley de nietos es análoga a la concesión de la nacionalidad a los sefardíes, acordada con un gobierno del PP, o a los saharauis, votada hace dos semanas y apoyada también por el PP. “Es una ley de 2022 que el PP siempre había apoyado”, ha resaltado Sánchez, que ha considerado que el Alberto Núñez Feijóo hace seguidismo de Vox. Sánchez también ha guardado unos minutos para recordar el escándalo del ático en el que se ha enmarañado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Se han gastado seis millones de euros en el aticazo, y 20 o 200 páginas después aún no sabemos la versión oficial”, ha recalcado Sánchez. “Ayuso dijo que era un despacho oficial, Feijóo que era una residencia oficial… falta Aznar, que dirá que es un coworking”, ha cargado en tono humorístico. En un domingo en el que Sánchez ha coincidido en Catalunya con Feijóo, que participaba en un acto en Badalona, el presidente del Gobierno ha aprovechado para lanzar un mensaje en clave catalana a favor de la reforma de la financiación autonómica. “Resulta inconcebible que el PP y Vox voten en contra de tener mes recursos económicos para financiar los servicios públicos de las comunidades autónomas”, ha dicho, porque la nueva financiación va a dar a las comunidades más de 21.000 millones de euros. “El único que pierde aquí es el Gobierno, que no va a poder disponer de esos 21.000 millones”, ha dicho. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha intervenido antes que el presidente, ha reclamado “comparar” las políticas que hacen los gobiernos donde mandan los socialistas de aquellos gobernados por la derecha. Por eso, ha dicho, la elección es “Trump o Sánchez” y, también, “Abascal, Aznar y Feijóo o Sánchez”. En la misma línea, Illa ha pedido a Feijóo que se “quite los complejos” y haga autocrítica. “¿Vas a reconocer una vez por todas que la amnistía ha funcionado en Catalunya? ¿Que la convivencia ha funcionado?”, le ha preguntado, tras asegurar que la derecha no tiene proyecto par Catalunya ni para España.
elDiario.es•Arturo Puente20 sept
Los migrantes procedentes de los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez han comenzado a entrar pasadas las 9:30 horas en el recurso provisional de acogida habilitado por el Gobierno en el Muelle de Poniente del Puerto de Ceuta, después de una mañana marcada por momentos de tensión durante el traslado y la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para contener a la multitud. El acceso al dispositivo se está realizando de forma escalonada y en grupos reducidos, después de que los agentes establecieran un cordón policial para controlar a los migrantes concentrados en las inmediaciones de las naves industriales próximas a la zona portuaria. El Gobierno había diseñado el operativo con el objetivo de evitar avalanchas ante la previsión de una llegada masiva a un recurso con capacidad limitada. A su llegada, el personal encargado de recibir a los migrantes les coloca una pulsera azul y les proporciona agua y zumos en unas mesas instaladas a las puertas del recinto. Mientras continúa el acceso, varios operarios siguen trabajando en el interior de las carpas para completar la instalación del dispositivo, incluida la colocación de literas destinadas al alojamiento. La jornada comenzó pasadas las 6:30 horas, cuando efectivos de la Guardia Civil se desplegaron en los asentamientos del Trampolín para comenzar a agrupar a los migrantes e iniciar su traslado. Al llegar la multitud procedente de esta zona a la playa de Benítez, miles de personas comenzaron a avanzar por la carretera en dirección al área industrial próxima al Puerto. El avance, inicialmente a pie, derivó en una carrera de parte de la multitud, que en un primer momento no pudo ser contenida por los agentes desplegados. La situación quedó controlada en las proximidades de la zona industrial, donde se incorporaron refuerzos de la Policía Nacional y se estableció un cordón policial para organizar el traslado. MOMENTOS DE TENSIÓN Y CARGAS Durante las primeras horas se produjeron momentos de tensión y cargas policiales para contener a parte de los migrantes y evitar que rebasaran el dispositivo de seguridad. Posteriormente, los agentes comenzaron a seleccionar grupos reducidos para acompañarlos hasta el recurso del Muelle de Poniente, donde el acceso se ha desarrollado de forma ordenada. El dispositivo de seguridad está integrado por unos 240 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y cuenta con apoyo de drones. Según la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional ha desplegado unos 170 efectivos, principalmente de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil participa con alrededor de 70 agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC). El recurso del Puerto tiene capacidad para unas 1.800 personas, mientras que el número de migrantes que permanecían en los asentamientos del Trampolín y Benítez se estima en más de 4.000. Esta diferencia entre la capacidad del dispositivo y el volumen de personas procedentes de los asentamientos había llevado al Gobierno a establecer un sistema de embolsamiento y traslado escalonado para evitar concentraciones y posibles avalanchas. Entre las personas trasladadas también hay menores de edad. Fuentes del Gobierno han señalado que no se les está dejando en la calle y que, mientras se determina una alternativa de alojamiento, se les permite permanecer en el recurso de adultos en coordinación con el área de Menores de la Ciudad Autónoma.
La ONG Border Resistance asegura que decenas de personas relatan un clima de palizas recurrentes, hostigamiento y desatención en las calles de la ciudad autónoma El Gobierno abrirá una investigación sobre las denuncias de palizas a migrantes en Ceuta por parte de militares La ONG Border Resistance, que trabaja en la defensa de las personas migrantes y solicitantes de asilo en la región del Mediterráneo y el Gran Sáhara, ha publicado un comunicado, suscrito por otras 90 organizaciones y partidos políticos, en el que denuncia, basándose en “decenas de testimonios directos de víctimas migrantes”, el violento trato al que sistemáticamente se están viendo sometidos los migrantes que siguen en la calle en Ceuta tras cruzar la frontera el 30 y 31 de julio, en línea con el relato de denuncias de agresiones por militares revelado por elDiario.es . El escrito asegura que hay un ensañamiento específico con personas del movimiento LGTBIQ+: “Varias describen haber recibido puñetazos, golpes con porras en el rostro hasta la hinchazón del ojo, golpes posteriores con objetos contundentes, patadas en el pecho y golpes en las manos hasta dejarlas amoratadas y con sensación de ardor. Estas agresiones ocurren a menudo tras haber sido expulsadas las personas de los centros de acogida, quedando obligadas a dormir en la calle sin ninguna protección”. Las declaraciones recopiladas indican que las personas queer están expuestas “a una violencia redoblada en el espacio público, donde nadie se atreve a intervenir, y que no pueden, a diferencia de otras personas, refugiarse en ningún lugar sin volver a ser blanco de ataques”. La denuncia describe una actuación regular y planificada. “Por la noche, en general, llegan patrullas en coche entre gritos e insultos constantes”, señala el texto, que incide en que “la violencia más intensa se produce al amanecer (entre las 2 h y las 4:30 h), cuando se irrumpe repentinamente y sin previo aviso en los lugares donde duermen las personas”. Allí, continúa el relato, se las despierta “con golpes directos de porra, o primero con una linterna y luego con la porra; se les patea con botas de combate pesadas; los lugares donde duermen son rodeados por un gran número de agentes; se ordena a las víctimas levantarse e irse de inmediato, se golpea a quienes no obedecen; y se destruyen o dañan sus pertenencias (colchones, cartones, equipaje)”. Las agresiones se reducen durante el día, “pero se reanuda de inmediato en cuanto las víctimas se alejan de los voluntarios o periodistas que las acompañan”, censura el escrito. Los testimonios describen un patrón de agresiones que buscan evitar la máxima gravedad, según el comunicado: “Golpes en la cabeza con una intensidad relativamente menor en comparación con las piernas [...] Golpes en el estómago, el vientre y la espalda”, o directamente en el rostro, la zona púbica y los genitales, además de fracturas o lesiones en las manos y las muñecas hasta inutilizar su movimiento“. La organización también asegura haber documentado amenazas a personas que no saben nadar para que se adentren en el mar, intentos de ahogamiento y palizas a quienes huyen a nado. Además de las agresiones de “autoridades públicas”, cuya adscripción no precisa, la nota afirma que “personas de la población local rocían gas lacrimógeno directamente en los ojos”, a veces tras atraer a la víctima ofreciéndole falsamente ayuda. También es común que se confisquen teléfonos móviles y auriculares, o incluso el robo de dinero directamente de los bolsillos tanto por autoridades como por “ladrones callejeros”, siempre según los relatos recogidos por la ONG. También se registran negativas de “clínicas y hospitales” a atender a personas con heridas infectadas. Acusaciones contra Marruecos El comunicado es muy crítico también con la reacción al masivo cruce de migrantes del lado marroquí, con procesos penales y condenas sumarias sin que los acusados dispusiesen de asistencia jurídica, además de retrasos a la hora de entregar los cadáveres de los que fallecieron durante el cruce a sus familiares. “Las violencias documentadas a través de estos testimonios no pueden entenderse de forma aislada. Forman parte de un contexto más amplio de control y criminalización de las personas que intentaron cruzar la frontera y de quienes participaron en las movilizaciones posteriores”, denuncia el texto, que exige, entre una amplia batería de medidas, que cesen inmediatamente las agresiones, se articule una investigación internacional independiente y se aclare el número e identidad de los fallecidos durante el cruce fronterizo de finales de julio.
elDiario.es•elDiario.es17 sept
Los magistrados recuerdan que Transportes en la resolución que autorizaba ese espacio de acogida indicaba que sería Interior quien debía determinar las condiciones de seguridad para los agentes y para los propios migrantes El Gobierno abrirá una investigación sobre las denuncias de palizas a migrantes en Ceuta por parte de militares Los tres magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han acordado finalmente este jueves no suspender cautelarmente la instalación y puesta en funcionamiento del campamento con el que el Gobierno busca acoger a los migrantes que llegaron a la Ciudad Autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio en la entrada masiva desde Marruecos. En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, deniegan así la pretensión del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que en su recurso solicitaba la medida cautelarísima -sin escuchar alegaciones del Ejecutivo- de paralizar la instalación de carpas en el Puerto de Ceuta, dependiente del Ministerio de Transportes, hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales. La Audiencia Nacional explica ahora en la resolución que, sin entrar en cuestiones de fondo, “no está justificada la adopción de la medida solicitada” de paralizar el funcionamiento del campamento porque la resolución de Transportes que habilitaba ese espacio era básicamente “una autorización temporal para ocupar una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público” que previamente había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones. Añade que la documentación que han revisado enviada por Transportes explica que esa instalación temporal busca el desarrollo de las funciones atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional y subraya que en la resolución “no se hace pronunciamiento alguno sobre las concretas condiciones en que se va a prestar la atención humanitaria ni sobre las condiciones de prestación de servicios por parte de los agentes policiales”. Al respecto, los magistrados indican que lo único que expone en su decisión el Ministerio de Transportes es que se aprecian “razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada” y que se añade que se da la autorización sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto“. La Audiencia Nacional indica que el ministerio dirigido por Óscar Puente señalaba también en su resolución que se solicitaría al Ministerio del Interior “su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad”. Así, los magistrados entienden que será Interior quien determine “esas condiciones de seguridad para los agentes que presten servicio en las instalaciones y para los propios migrantes y demás personal allí destinado”. El freno a los trabajos del miércoles Previa a esta decisión, los magistrados habían acordado este miércoles frenar de manera momentánea el campamento porque necesitaban que el ministerio les entregara el expediente de creación del asentamiento antes de decidir sobre la paralización. El Ejecutivo entregó esa documentación ese mismo día. La previsión del Gobierno era que a mitad de esta semana estuvieran por fin disponibles esos emplazamientos del Puerto, un lugar con capacidad para 1.700 personas que supondría un alivio, principalmente, para la playa de El Trampolín, donde miles de personas permanecen en asentamientos improvisados. El Gobierno preveía trasladar este mismo jueves por la mañana a los primeros 800 de la playa a las nuevas carpas, planificación que a partir de ahora sí se puede poner en marcha. El SUP interpuso ese recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transportes que permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida. En su recurso, el sindicato abogaba por alternativas de acogida que redujeran la presión sobre la ciudad, “como la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad”. El SUP aludía a los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta al entender que evidencian la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir.
elDiario.es•Javier Lillo17 septSídney (Australia), 17 sep (EFE).- El Gobierno australiano anunció este jueves un endurecimiento de su política migratoria, especialmente con respecto a los estudiantes internacionales, con el objetivo de reducir la migración neta anual hasta 225.000 personas en 2028, desde las cerca de 300.000 actuales. El ministro de Interior australiano, Tony Burke, presentó el paquete de medidas durante un discurso en el Club Nacional de Prensa de Camberra, en el que defendió la inmigración como una fortaleza histórica de Australia, pero subrayó la necesidad de gestionar de forma más selectiva quién llega al país, quién permanece y quién debe abandonarlo. Según los últimos datos de la Oficina Australiana de Estadística (ABS), la migración neta -la diferencia entre las personas que llegan y salen del país- se situó en 292.100 el pasado marzo, desde ese mismo mes de 2025, lejos de los máximos registrados tras la pandemia, donde alcanzó un récord de 518.000 personas entre 2022 y 2023. El Gobierno busca bajo la nueva normativa reducir la migración neta hasta 245.000 en el ejercicio actual y posteriormente a 225.000 en 2027-2028. Entre las principales medidas figura la restricción de la posibilidad de que los estudiantes internacionales lleven a sus familiares a Australia. Aunque el Gobierno no prevé reducir directamente el número de estudiantes admitidos, la medida limitará la llegada de personas dependientes asociadas a sus visados. El Ejecutivo también pretende endurecer el control sobre los titulares de visados temporales que permanecen en Australia una vez concluido el propósito de su estancia, así como dificultar los cambios sucesivos de visado para prolongar la permanencia en el país. La reforma se produce después de varios meses de debate dentro del Gobierno laborista y de negociaciones infructuosas con la oposición conservadora para introducir cambios mediante una nueva legislación. Ante la falta de apoyo parlamentario suficiente, el Ejecutivo recurrirá principalmente a modificaciones regulatorias y a cambios en las condiciones y procedimientos de los visados. Burke ya había modificado en los últimos meses las prioridades para tramitar determinados visados de trabajadores cualificados y había ralentizado el procesamiento de algunos visados de trabajo temporal, como el visado "Work and Holiday", que permiten a jóvenes extranjeros viajar por Australia y trabajar temporalmente durante su estancia. El pasado 1 de julio, el Ejecutivo ya incrementó notablemente el coste de los visados, especialmente para los estudiantes internacionales, cuya tasa de solicitud pasó de 710 (439 euros) a 1.600 dólares australianos (990 euros), un aumento del 125 %. El endurecimiento anunciado por el Ejecutivo laborista se produce, además, en un contexto de creciente presión política sobre la inmigración. El partido nacionalista One Nation, dirigido por Pauline Hanson, presentó esta semana un plan para situar la migración neta en 130.000 personas anuales, con fuertes recortes para estudiantes, graduados y familiares de trabajadores cualificados. EFE
Las derechas agitan el miedo con iniciativas legislativas y declarativas en el Parlamento Europeo, el Congreso y el Senado mientras insisten en militarizar la ciudad autónoma y una ilegal expulsión exprés de migrantes El Gobierno revela que los expedientes a menores en Ceuta se desbloquearon el lunes tras un choque jurídico con Vivas Un mes y medio después, el PP y Vox mantienen una estrategia de asedio sin cuartel contra el Gobierno a cuenta de la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Las derechas españolas atienden a las encuestas y han visto un filón de votos en la política migratoria, especialmente tras lo ocurrido en la ciudad autónoma. Mientras los de Alberto Núñez Feijóo intentan involucrar, infructuosamente, a la Unión Europea, los de Santiago Abascal aprovechan para hacer proselitismo de la militarización como respuesta para un problema que Pedro Sánchez no ve factible solucionar antes de final de año. La estrategia de PP y Vox se puede observar esta misma semana en la actividad de los tres grandes parlamentos con afección sobre España. En Bruselas, los populares han promovido este martes un debate en la Eurocámara sobre la españolidad de Ceuta , algo que nadie en Europa ha puesto en duda. En sus intervenciones, los eurodiputados acusaron a Marruecos de “no colaborar” con España, en palabras de Javier Zarzalejos. Una idea que había echado por tierra unas horas antes la comisaria para el Mediterráneo y la Demografía, la croata Dubravka Šuica, quien en X afirmó haber hablado con el ministro de Exteriores del país africano, Nasser Bourita. La dirigente comunitaria, adscrita al PP Europeo, dejó por escrito el “compromiso de Marruecos de aceptar a todos los migrantes que llegaron a Ceuta”, así como su “aprecio por los esfuerzos conjuntos de Marruecos y España para controlar la situación”. Del PP europeo también es el comisario de Migraciones, Magnus Brunner, quien intervino en el debate sobre Ceuta. El austriaco dejó una frase muy del gusto del PP: “Todos los que entraron ilegalmente y no tengan el derecho a permanecer, deben regresar inmediatamente”. El problema de la frase que dijo Brunner es ese “no tengan el derecho a permanecer”. Una apreciación que el PP obvia en sus declaraciones y que pasa legalmente por abrir un procedimiento individualizado a cada una de las personas que permanecen en Ceuta. Terrorismo e inmigración En el Congreso, entre el martes y el miércoles se debaten proposiciones de ley, proposiciones no de ley y mociones. También el Senado tiene su orden del día de esta semana plagado con la ciudad autónoma española. Y en las sesiones de control de ambas cámaras el tema domina las preguntas al Gobierno. Vox planteó este martes una reforma legal para que las Fuerzas Armadas tengan competencia en materias de “terrorismo e inmigración ilegal”, una medida que será apoyada por el PP, según avanzó el diputado Rafael Hernando: “Aceptaremos esta iniciativa como la ILP de regularización de personas migrantes”. El debate apenas duró 55 minutos porque los demás grupos desdeñaron la propuesta y resolvieron su mayoritaria negativa sin consumir todo el tiempo. Las deliberaciones sobre el siguiente punto, una proposición de ley de Sumar sobre vivienda, sobrepasaron ampliamente la hora de duración. La modificación de la norma no cuenta con el respaldo de la mayoría, como quedó patente en la votación a última hora de este martes. Los grupos afearon a las derechas su intento asimilar la amenaza terrorista con una falta administrativa, y querer involucrar al Ejército en tareas que, o bien la legislación ya contempla o están reservadas a las fuerzas de seguridad del Estado. Pero ni Vox en su defensa de la reforma ni el PP al anunciar su apoyo se esforzaron mucho en explicarla. Dedicaron su tiempo a atacar al Gobierno. “Primero se banaliza, segundo se sobreactúa y luego se busca a quien criminalizar”, dijo Hernando, quien comparó Ceuta con la dana de Valencia, Adamuz, “los incendios” y la covid. Además, aseguró: “Ceuta no puede convertirse en un CETI. No vamos a dejar que la situación se cronifique ni olvide”. Este mismo martes se ha sabido que los expedientes de los menores en Ceuta no se desbloquearon hasta el lunes porque el Gobierno de la ciudad autónoma, presidido por Juan Jesús Vivas, no quería hacerse cargo del coste jurídico . Hasta que se resuelva el contencioso, es la ciudad autónoma quien contrata al cuerpo de abogados necesario para ese trámite, pero es el Gobierno central quien asume los costes, con una aportación ya fijada de dos millones de euros. Además, las comunidades del PP se niegan a acoger a las 500 niñas que el Gobierno quiere sacar de la ciudad para garantizar su seguridad. El propio Vivas que fue entrevistado el lunes en ‘El Hormiguero’, lo que sirvió a Feijóo para vanagloriarse de que su barón había “arrasado” en audiencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien estuvo en ‘El Intermedio’. “Ceuta marca un antes y después” Casi a la vez, el Gobierno se sometía al control del Senado, donde José Antonio Monago dijo que el Ejecutivo está “zurrado de miedo”. “¿Tan fuertes son los secretos de Pegasus?”, dijo el expresidente extremeño, quien aseguró que Ceuta se está convirtiendo en “un barrio de Marruecos”, con “puestos, actividades mercantiles y rutinas”. “Se marroquiniza a cámara lenta”, lamentó, para insistir: “Si Marruecos dice que los recibe y usted dice que los devuelven, ¿qué demonio impide que impidan que vuelvan?”. La respuesta la había dado previamente el comisario Brunner. En la Cámara Alta se debatió también una “moción sobre la situación de extrema gravedad que viven las mujeres y los menores en Ceuta por el incremento de las agresiones sexuales”, aunque la senadora del PP que la defendió, María Carmen Isabel Pobo, apenas tuvo una única frase expresamente referida al asunto en los siete minutos que duró toda su intervención: “23 agresiones sexuales, cinco de ellas con penetración y víctimas menores de edad”. Tuvo más tiempo para arremeter contra Sánchez y agitar la teoría de la conspiración sobre el chantaje: “Todo estaba organizado, con grupos equipados y horarios. ¿Por qué lo permitió? Él sabrá. Y algún día lo sabrán los demás”. En la exposición de otra iniciativa no legislativa de Vox, esta en el Congreso, la diputada Blanca Armario aseguró: “A saber qué le debe Sánchez a Marruecos. Pretenden hacernos creer que la valla se abrió con el viento, que nadie vio nada y nadie supo nada”. En el PP y en Vox tienen claro que la gestión de la crisis de Ceuta está mellando al Gobierno de Sánchez, y para ello están dispuestos incluso a tensar las relaciones de su partido con Marruecos, aun siendo conscientes de que, cuando vuelvan a gobernar, tendrán que mantener sí o sí un buen trato con el país de Mohamed VI. En la dirección de Feijóo sostienen que no, que no hay marcha atrás en su veleidad con Marruecos. “Ceuta marca un antes y después. Se acabó”, apuntan fuentes de la dirección, que sostienen que no es solo una frase: “Verbalmente y a futuro. Se acabó”.
elDiario.es•Aitor Riveiro15 sept
Este verano se han sucedido más decretos y cambios normativos, lo que apuntala la idea de que existía un vacío legal en esta materia en el momento del colapso Reparto de culpas, fallos regulatorios y millones en juego: qué se sabe del apagón y qué no un año después El Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), suman ya más de veinte medidas aprobadas o en trámite para intentar reforzar el control de la tensión eléctrica, clave en el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025. El despliegue se ha acelerado este verano y el esfuerzo regulatorio apuntala la idea de que había un vacío legal en esta materia en el momento del apagón. Justo lo que negó en abril la entonces presidenta de la CNMC, Cani Fernández , en una de sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados, tras advertir de ello tanto REE como las grandes eléctricas , los dos bandos que se culpan del peor incidente de este tipo en Europa. El Ministerio para la Transición Ecológica cerró hace unos días una consulta para la reforma “urgente” de un decreto de 2000 que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas, que entre otras cosas, actualiza el marco aplicable al control de tensión de las instalaciones de producción y permite a las renovables participar activamente en este servicio. El objetivo es que la configuración “por defecto” de estas plantas haga “una mayor contribución al control de tensión del sistema, aprovechando las capacidades técnicas con las que ya cuentan estas tecnologías en cumplimiento de la normativa europea y nacional, y reduciendo con ello la necesidad de uso de centrales fósiles”. Así “se reduce el recurso a la generación convencional para el control de tensión y se refuerza la seguridad del sistema eléctrico, lo que resulta especialmente urgente a medida que se incrementa la penetración de renovables”, justifica la propuesta. El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto aprobó, a propuesta de Transición Ecológica, el Real Decreto con los planes de inversión de las redes de transporte y distribución: hasta 17.900 millones de euros adicionales hasta 2030, y uno de los aspectos que condicionan el incremento del tope de inversiones de las distribuidoras (hasta 10.200 millones) es que se destinen “exclusivamente” a, entre otras cuestiones, control de tensión. Es el primer aspecto que se contempla, junto a otros como mejorar la observabilidad de las instalaciones y ciberseguridad. El decreto se anunció en septiembre junto a la Propuesta de planificación de la red de transporte hasta 2030, pendiente de aprobarse, y que también prioriza el control de tensión y la integración de renovables, incluidas en un conjunto de actuaciones de más de 4.440 millones para reducir las denominadas restricciones técnicas: el coste de resolver congestiones de la red al margen del mercado mayorista diario que incluye la denominada “operación reforzada” que aplica REE desde el apagón; este colchón extra de seguridad, con más gas (y que las generadoras trasladan a los consumidores), ha tenido un coste de 666 millones solo en un año, según Redeia (matriz de REE). El último Consejo de Ministros de julio también modificó aspectos puntuales de la Planificación vigente de la red de alta tensión (2021-2026): 615 millones de inversión (instalación de reactancias, compensadores…) para aumentar la resiliencia del sistema, abaratar la factura y reducir las importaciones de energía y las emisiones. Una medida en respuesta a una solicitud de REE, en línea con las recomendaciones de Entso-e (la asociación europea de transportistas que elaboró el informe sobre el apagón) y ACER (regulador europeo), para “complementar y mitigar la aplicación del mecanismo de restricciones técnicas para controlar la tensión y amortiguar las oscilaciones”. Ya en julio de 2025, tras el informe del comité de investigación del Gobierno que repartió culpas sobre el apagón, Transición Ecológica aprobó otra modificación puntual con 65 actuaciones urgentes por importe de 750 millones para “incorporar herramientas adicionales a las redes que faciliten el control de tensión, la estabilidad ante oscilaciones y en general, el refuerzo del sistema”. Decretos ley A finales de junio, el Real Decreto-ley 18/2026 de respuesta a la guerra en Irán introdujo novedades en este aspecto. Reforzó el papel operativo de las distribuidoras, permitiéndoles impartir instrucciones directas para controlar tensión y operar sus redes. Un cambio en la Ley del Sector Eléctrico incorporó expresamente el control de tensión entre las funciones que se les encomiendan en el ámbito de las redes que gestionan. El aluvión normativo comenzó en junio de 2025. Semanas después del apagón, Transición Ecológica impulsó otro decreto-ley (luego lo tumbó el Congreso) con 24 medidas para incrementar la resiliencia del sistema. Tras decaer el texto, el ministerio aprobó en noviembre un Real Decreto urgente (997/2025) que, sin pasar por el Congreso, recogía buena parte y obligó a la CNMC a realizar informes trimestrales sobre el control de tensión que el organismo se resistía a elaborar. Además, el decreto emplazó a REE a proponer modificaciones normativas para reforzar todo lo que falló ese fatídico día: amortiguamiento frente a oscilaciones, velocidad de cambios de tensión en el sistema, calidad en la inyección de potencia activa por parte de las instalaciones de producción, funcionamiento de los servicios de ajuste, requisitos de monitorización y remisión de datos para análisis de incidentes. Tras ese encargo, el operador del sistema pidió a la CNMC cambiar seis procedimientos de operación (1.1, 1.4, 8.2, 11.2, SENP 1 y 8.2) y aprobar otro (el 1.7), con medidas como desconectar instalaciones “cuyo comportamiento pueda comprometer la seguridad del sistema eléctrico”. REE cita “la inyección de potencia reactiva que pueda comprometer de forma significativa el cumplimiento de los umbrales de tensión en nudos de la red de transporte, así como la introducción en el sistema de oscilaciones de cualquier naturaleza”, como la que produjo antes del apagón una gran fotovoltaica de Iberdrola . Esta “medida extraordinaria” para “preservar la seguridad del sistema eléctrico”, “por la naturaleza de las situaciones que pueden requerir su aplicación, no resulta posible establecer una relación exhaustiva de supuestos”. Su adopción “no responde a criterios discrecionales y podrá resultar de aplicación a cualquier instalación cuyo comportamiento genere un riesgo potencial relevante”, según REE. El texto que acaba de publicar señala que los umbrales de referencia de variabilidad de tensión “se han determinado a partir del análisis histórico de un conjunto representativo de nudos de la red del Sistema Peninsular” y tras “un seguimiento diario de los niveles de tensión y de su variabilidad en dichos nudos” realizado desde otoño. REE trabaja en otro PO para los centros de control. Cuando esté vigente supondrá derogar uno de los que ahora se reformarán (el 8.2). Esos PO los debe aprobar Competencia, que tras el apagón ha dado luz verde a una cascada de regulaciones sobre control de tensión. Semanas después del histórico colapso energético, tras cinco años analizándolo, actualizó (junto a otros cuatro PO) el ya famoso PO 7.4, específico sobre esta cuestión y que databa de 2000, cuando las renovables eran testimoniales. El pasado 25 de junio volvió a actualizar el 7.4 junto al PO 14.4, para incentivar que las energías limpias participen en el control de tensión de forma dinámica, como hacen desde 2020 en Portugal, que comparte su mercado eléctrico con el español. En octubre, tras más variaciones bruscas de tensión en las semanas previas , Competencia aprobó a petición de REE y ante “los riesgos para la seguridad del suministro”, cambios urgentes en tres PO (3.1, 3.2 y 7.2) que luego prorrogó sucesivamente “para facilitar la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular”. También se modificaron las rampas de incorporación de las renovables. La CNMC creó en febrero, en el marco de un plan de actuación para asegurar la estabilidad del sistema, tres grupos de trabajo sobre control de tensión, a corto plazo y para las redes de transporte y distribución, por lo que son esperables más cambios normativos en las áreas que competen al organismo que desde hace unas semanas preside el catedrático Juan José Ganuza. Este martes se publicaba en el BOE la nueva regulación de la CNMC para facilitar la conexión de nuevos consumidores a la red eléctrica mediante permisos de acceso flexible. Y para los permisos destinados a los consumidores más grandes, los denominados de “tipo 3”, para las instalaciones de consumo conectadas directamente a la red de transporte peninsular con capacidad flexible superior a 1 MW, el texto señala que deberán “cumplir los requisitos de reactiva o, en su caso, de control de tensión que se establezcan”. Los titulares de estos puntos deberán estar preparados para reducir su consumo cuando el operador del sistema lo solicite por razones estrictas de seguridad. Competencia tiene abiertos 64 expedientes sancionadores por supuestos incumplimientos relacionados con el apagón. Ha cifrado en 39 millones el coste de reponer el servicio tras el cero energético. Su informe de marzo con recomendaciones sobre el incidente concluyó que uno de los factores que contribuyó al “fenómeno de sobretensiones” fue “que el sistema mostraba una insuficiencia de capacidades de control dinámico de tensión”. El documento reclamó medidas para mitigar “los cambios bruscos de tensión y que refuercen la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes” y avanzar en la armonización normativa a nivel europeo y nacional en materia de límites de tensión y temporalidad de las sobretensiones, garantizando márgenes adecuados de seguridad. Aunque, según la CNMC, “en el momento del incidente, el sistema disponía de herramientas normativas y regulatorias, así como de mecanismos para garantizar el suministro”.
elDiario.es•Antonio M. Vélez11 ago
