El ministro de Justicia pide revocar el acuerdo, reabrir la diligencia informativa e investigar "la filtración de determinadas resoluciones judiciales" Leer
El Mundo•Europa Press14 sept
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recurrido el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de su queja contra el juez instructor del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, un hecho que atribuye al "conservadurismo" o "corporativismo" de la institución. Así lo ha trasladado Bolaños a través de un recurso dirigido al órgano de gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita reabrir las diligencias contra el juez Peinado tras la queja que presentó por su "actitud objetivamente intimidatoria" cuando le tomó declaración como testigo en la investigación a la esposa del presidente del Gobierno. En el recurso, el ministro denuncia que la actuación del CGPJ "difícilmente puede considerarse representativa de los estándares de agilidad, rigor y defensa del interés general". Así, Bolaños critica que el CGPJ "ha sido incapaz, bien por conservadurismo, bien por corporativismo", de actuar frente a las presuntas irregularidades que denunció "y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial". Y señala que las irregularidades denunciadas, muchas de ellas "ampliamente conocidas" por la opinión pública, "han hecho un daño notorio e irreparable al buen nombre de la justicia". LA QUEJA NO HA RECIBIDO LA RESPUESTA "QUE CABÍA ESPERAR" Por todo ello, el ministro argumenta que "la interposición del recurso de alzada responde a la convicción de que los hechos e irregularidades denunciados no han recibido la respuesta jurídica que cabía esperar del órgano al que constitucional y legalmente se encomienda el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados". Y pide "un pronunciamiento sobre hechos distintos de la 'cuestión jurisdiccional', susceptibles, por su naturaleza y circunstancias, de integrar infracciones del régimen disciplinario aplicable a jueces y magistrados". Así las cosas, Bolaños critica que hayan transcurrido 427 días desde que presentó el primer escrito de queja hasta la notificación del archivo, "a pesar de tratarse de una diligencia informativa circunscrita a actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación". "Durante este prolongado periodo temporal la actividad instructora desplegada ha sido, además, francamente limitada, habiéndose practicado un número muy reducido de diligencias de investigación", arguye. ACTITUD "INTIMIDATORIA" Y "HOSTIL" Bolaños remarca que el comportamiento de Peinado cuando le tomó declaración "revela una actitud que no puede ser reducida a una 'situación puntual de cierta tirantez dialéctica'", sino que el magistrado instructor --asegura-- "adoptó una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil, incompatible con la posición que le correspondía". Y lamenta que el tono y la actitud denunciadas estuvieron "presentes desde los primeros compases de la declaración, sin mediar incidente, provocación, comportamiento inadecuado del compareciente o circunstancia alguna susceptible de generar tensión" con Peinado. "Así, apenas iniciado el interrogatorio, el instructor advirtió al compareciente de que en cualquier momento de la declaración podría modificar su condición procesal de testigo a investigado", critica el ministro, y lamenta que esta manifestación "resulta improcedente", "carecía de utilidad para la obtención del testimonio" y "únicamente tenía la intención" de intimidarle. Por todo ello, Bolaños pide revocar el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, reabrir la diligencia informativa sobre su queja contra Peinado y practicar diligencias adicionales "para el esclarecimiento de todos los extremos relativos a la filtración de determinadas resoluciones judiciales" dictadas por el magistrado en el marco de su investigación a Begoña Gómez.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recurrido el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de su queja contra el juez instructor del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, un hecho que atribuye al "conservadurismo" o "corporativismo" de la institución.
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El responsable de Justicia ha presentado un recurso de alzada, un trámite administrativo previo a presentar un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo
El Confidencial•Cristina García Vázquez14 sept
El ministro sostiene que las irregularidades atribuidas al instructor de la causa de Begoña Gómez han causado “un daño notorio e irreparable” al buen nombre de la Justicia y cuestiona que puedan quedar amparadas por la función jurisdiccional
El ministro presenta un recurso de alzada ante la Comisión Permanente y denuncia la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del interrogatorio al que le sometió el juez del caso contra Begoña Gómez Las hostilidades entre progresistas y conservadores amenazan con llevar al Poder Judicial a la parálisis El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro sostiene que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y critica que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” haya sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas “y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial”. Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron el archivo de las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. En su recurso, el ministro denuncia que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias y se le notificó el archivo. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. Además, sostiene que durante ese tiempo la investigación fue “limitada” y se llevaron a cabo “un número muy reducido de diligencias de investigación”.
elDiario.es•Elena Herrera14 sept
En un escrito al CGPJ, el ministro anuncia que llevará al instructor del ‘caso Begoña’ al Supremo después de que no se le haya impuesto ninguna medida disciplinaria
El ministro de Justicia dice que el auto del alto tribunal "es muy discutible jurídicamente".
Bolaños urge al Alto Tribunal para que el asunto quede resuelto antes de las elecciones de 2027 Leer
El Mundo•Efe12 sept
La Unión Progresista de Fiscales y Juezas y Jueces para la Democracia creen que así se genera "una diferencia de trato entre personas españolas de origen en función de la vía por la que accedieron a la nacionalidad" Bolaños cuestiona los argumentos jurídicos del Supremo para privar del voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' Beneficiados por la ley de nietos cargan contra el Supremo: “Soy española, ¿qué más me van a restringir?” Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado este sábado su “honda preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas que han obtenido la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', una medida que juzgan desproporcionada, puesto que afecta a un derecho fundamental. Así lo han trasladado a través de un comunicado conjunto en el que, si bien muestran su respeto hacia el alto tribunal, se alinean con la tesis expuesta por la magistrada María Alicia Millán Herrandis en el voto particular discrepante que ha emitido desmarcándose de la decisión adoptada por sus compañeros de sala. De este forma, critican que las medidas cautelares adoptadas por el Supremo, atendiendo la petición de Vox y Iustitia Europa, proyectan sus efectos electorales sobre la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para desarrollar la 'ley de nietos' un documento que, recalcan, no ha sido impugnado “directa ni indirectamente” en este procedimiento. Las dos asociaciones denuncian también que el Supremo priva del derecho constitucional de sufragio a personas que “son españolas en virtud de actos firmes, dictados por los órganos competentes con arreglo a la normativa vigente” y que lo hace, además, sin que el colectivo afectado “haya sido parte en el proceso y sin que se haya realizado un examen individualizado de su situación”. Diferencia de trato entre españoles Según la resolución judicial, estas personas no podrán votar hasta que el Supremo dicte sentencia salvo que acrediten que son descendientes de exiliados por motivos políticos. Para los jueces y fiscales progresistas, esta excepción “depende de una certificación” que los afectados “no pueden instar”, lo que genera “una diferencia de trato entre personas españolas de origen en función de la vía por la que accedieron a la nacionalidad, circunstancia que exige una especial cautela desde la perspectiva del principio de igualdad”. Pero su principal crítica reside en la “proporcionalidad” de la medida al afectar esta “al ejercicio de derechos fundamentales”. En este contexto, se quejan de que, mientras “el riesgo” que se invoca el Supremo “se proyecta sobre procesos electorales futuros y todavía no convocados”, el “perjuicio que ocasiona la suspensión es, en cambio, inmediato y concreto”. “Cuando una medida cautelar limita derechos fundamentales de un número muy elevado de personas, resulta necesario que la ponderación se realice con un rigor especialmente intenso”, enfatizan ambas asociaciones. También destacan que la existencia de posiciones discrepantes, también en el seno de la JEC, pone de manifiesto la existencia de una “controversia interpretativa legítima” que, a su juicio, debe “resolverse en el enjuiciamiento del fondo, con plena contradicción y con todas las garantías”. No hacer partidismo En este contexto, dicen confiar en que el procedimiento, de tramitación preferente, “se resuelva con la mayor celeridad posible y, en todo caso, antes de que pueda convocarse cualquier proceso electoral”, como ha urgido también el Gobierno. Además de reclamar que las dudas sobre la adecuación a la ley de la instrucción del Ministerio de Justicia se resuelvan mediante los cauces específicamente previstos para, exigen a las administraciones implicadas que ofrezcan “información clara y accesible” a las personas por la suspensión del derecho a voto y que este debate se afronte “con serenidad”, sin convertir “el censo electoral ni a las personas afectadas en objeto de confrontación partidista”. “Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales reafirman su compromiso con la integridad de los procesos electorales y, con igual firmeza, con la garantía efectiva del derecho de sufragio de todas las personas que ostentan la nacionalidad española”, finaliza el comunicado. Bolaños también cuestiona los argumentos jurídicos del Supremo El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha puesto en cuestión este sábado los argumentos que han llevado al Tribunal Supremo a suspender cautelarmente el derecho a voto. “El auto TS privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente”, ha asegurado. Lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que se hace eco de este comunicado de JJpDD y la UPF. “Aquí los argumentos legales de JJpDD y UPF”, apunta Bolaños adjuntando el citado comunicado de las dos asociaciones progresistas. Además, el ministro vuelve a pedir “respetuosamente” al Supremo que “resuelva este tema antes de elecciones de 2027” e incide en que “el censo no puede alterarse sin base legal sólida”.
elDiario.es•Europa Press12 sept
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, considera el auto como “muy discutible jurídicamente” y pide que el TS “resuelva este tema antes de las elecciones de 2027”
La Vanguardia•Autor Agencias12 sept