La diligencia de investigación criminal se realizó con la Fiscalía, tras reunir pruebas sobre el caso, mientras el ente acusador modifica la imputación inicial de tentativa de homicidio agravado por el deceso
La Fiscalía ha archivado la denuncia contra la periodista Pilar Rahola por un posible delito de incitación al odio por su defensa de Israel . Unas pesquisas tras la denuncia de la Organización Juvenil Socialista de Cataluña (OJS), escisión de las juventudes de la CUP, que la acusaron de alentar al «genocidio» contra la población palestina en sus intervenciones, tanto en medios, como a través de redes sociales. Ahora, después de incoar diligencias de investigación preprocesal, el Minsiterio público da carpetazo a la queja al considerar que ninguna de sus manifestaciones se incardinan en el citado ilícito. Así, en su decreto de archivo, consultado por ABC, la fiscal delegada de delitos de odio en Barcelona, Marta López Catalá, indica que... Ver Más
El Ministerio Público da carpetazo a la acción legal contra la articulista que había presentado la Organització Juvenil Socialista (OJS) de Catalunya La Fiscalía abre una investigación a Pilar Rahola por “complicidad con el genocidio” Defender a Israel no equivale a odiar a los palestinos. Ni mucho menos ser cómplice de un genocidio. Así lo ha concluido la Fiscalía de Barcelona, que ha archivado la denuncia que dos jóvenes de la Organització Juvenil Socialista (OJS) de Catalunya — encausados por tirar pintura roja a la comunicadora en un acto público — presentaron contra la articulista por los delitos de incitación al odio y “complicidad con el genocidio” de Israel en Gaza. En un decreto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía concluye que las palabras de Rahola denunciadas simplemente forman parte del “debate público” en torno a la guerra en Gaza, y descarta que la periodista “tuviera por objeto promover la hostilidad” hacia el pueblo palestino con sus distintos artículos e intervenciones televisivas en defensa de Israel. “Siempre he confiado en el archivo de esta denuncia porque no tenía ningún fundamento jurídico, sino que respondía a la voluntad de censurar la opinión libre, neutralizar la disidencia e imponer el pensamiento único. No era una denuncia en favor de ningún derecho que hubiera que preservar, sino contra el derecho a pensar y opinar libremente”, ha manifestado Rahola, defendida por el abogado Cristóbal Martell, en un comunicado. La denuncia de la OJS se apoyaba en distintas intervenciones de Rahola en conferencias, programas de televisión y artículos de prensa. En ninguna de ellas, zanja la fiscal delegada contra los delitos de odio de Barcelona, consta que la comunicadora instara o animara a “actos discriminatorios o violentos” contra los palestinos. Según los denunciantes, Rahola “ha negado, banalizado y justificado públicamente la comisión del delito de genocidio por parte de Israel contra la población palestina”, algo que la Fiscalía niega con contundencia. “Es evidente”, remarca la fiscal, que la conducta de Rahola es “de imposible encaje” con el delito de complicidad con un genocidio. Las palabras de Rahola denunciadas, insiste el Ministerio Público, se pronunciaron “en el contexto de discursos suscitados con motivo del conflicto árabe-israelí” que provocó la invasión de Gaza por parte de Israel tras los ataques del grupo Hamás de 7 octubre de 2023. Recuerda además la fiscal las distintas decisiones judiciales que han frenado dos querellas de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio ( ACOM ), una entidad que acusó de “antisemitismo” a la exministra Ione Belarra y a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau . Los jueces remarcaron que las acusaciones de “apartheid” contra Israel de las dos políticas no incitaban al odio contra la comunidad judía. Lo mismo debe ocurrir ahora en sentido contrario con las declaraciones de Pilar Rahola. En suma, el archivo del caso es una nueva invitación para dejar fuera de la vía penal las opiniones de personajes públicos sobre el conflicto en Gaza. Sean a favor o en contra de Israel o de Palestina.
elDiario.es•Oriol Solé Altimira22 septCracovia (Polonia), 22 sep (EFE).- Un joven de 17 años ha sido detenido en Polonia bajo sospecha de preparar un atentado terrorista de inspiración neonazi contra una escuela y una mezquita, informó este martes el ministro de Justicia polaco, Waldemar Żurek, quien agregó que el menor se encuentra en prisión preventiva. Żurek, que es también el fiscal general del Estado, explicó en una publicación en X que en el domicilio del sospechoso, identificado como Paweł G., en la población de Siemianowice Śląskie (sur) "se incautaron armas, explosivos y simbología nazi", y agregó que la detención se produjo el viernes pasado. Al detenido se le imputan varios delitos cometidos entre el 28 de mayo y el 20 de septiembre de este año, entre los que están la preparación de un atentado terrorista, la participación en un grupo delictivo organizado, la promoción del nazismo y el fascismo, y la incitación al odio, lo que puede acarrear hasta 15 años de prisión, precisó la Fiscalía nacional en un comunicado. La Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW), que llevó a cabo la detención, reveló en el mismo comunicado que había detectado una "intensa actividad del menor en (las plataformas de internet) Telegram y Discord, donde Paweł G. analizaba atentados masivos pasados, planeaba comprar equipamiento militar y mantenía contacto en línea con otros dos menores de 16 años detenidos la semana pasada". Durante el registro se encontraron también cuchillos, una bayoneta para un fusil de asalto tipo AKM, libros con instrucciones para preparar y usar cócteles molotov y granadas y objetos con simbología nazi. La ABW añadió que espera determinar si "hubo un inspirador extranjero en el proceso de radicalización" del detenido, que defiende su inocencia y se ha negado a declarar. Esta detención se suma a intervenciones similares de las autoridades polacas contra la radicalización juvenil en los últimos años. Entre abril y septiembre de 2024, la ABW detuvo a cuatro jóvenes de 19 y 20 años por planear ataques neonazis contra centros educativos y minorías étnicas. Además, en noviembre de 2025 fue arrestado un estudiante de 20 años por preparar un atentado yihadista contra un mercado navideño, delito del que fue acusado formalmente en agosto de este año. EFE
La magistrada había sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de un intento de robo
El fiscal general adjunto Eduardo Riggi cuestionó los fundamentos de la resolución y sostuvo que declarar la inconstitucionalidad de una norma constituye una medida excepcional
Sevilla, 22 sep (EFE).- Antonio Buza, el padre de Ana, la joven fallecida el 6 de septiembre de 2019 presuntamente atropellada por su novio en una autopista de Sevilla, ha lamentado este martes que las pesquisas del caso se cerraron “en 36 horas y sin investigar”, y ha asegurado que tiene pruebas suficientes de que su hija fue asesinada. En declaraciones a los periodistas a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde el pasado viernes comenzó este juicio, Buza ha dicho que el proceso ha llegado “tras una lucha incansable de siete años”, y tras una investigación que se cerró sin “sin mediar investigación alguna, en menos de 36 horas, al día siguiente de la muerte”. Para el padre de la fallecida, no se sostiene la tesis de la Fiscalía de que la joven se suicidó porque “lo dijeron claramente y lo firmaron cinco magistrados de la Audiencia Provincial, que la tesis de mayor verosimilitud, la más creíble” es la de homicidio doloso, por el que la familia pide 20 años de prisión frente a los tres de la Fiscalía por un delito de homicidio imprudente. “Esta fiscal dijo el primer día que mis peritos, prácticamente con otro lenguaje, estaban comprados, pero son de una talla y de una cualificación profesional impresionantes”, ha señalado, para descartar que algunos no han querido cobrar su trabajo “por justicia”, y están “deseando defender esta tesis ante el jurado”. Antonio Buza ha pedido paciencia, “no la soberbia vista en el sistema judicial y policial hasta ahora”, y ha vaticinado que “se va a verter todo tipo de basura” hacia su hija, “denigrando su imagen”, además de rechazar que ella se suicidase, porque “era una niña, una joven, una adolescente con muchísimas ganas de vivir, una chica con mucha bondad, lealtad, con muchísimo sentido de la justicia, y sus padres están aquí para defenderla”. Ha señalado también que el ordenador del acusado fue contaminado cuando lo abrió la Policía Judicial para estudiarlo, además de que nunca fue detenido, y se ha mostrado seguro de que los dos guardias civiles que declararon en el juicio “no se habían enfrentado a un escenario de homicidio nunca antes”. La noche de autos, la pareja tenía pensado dormir en el domicilio de la familia del acusado, pero tras una discusión la joven decidió irse y le pidió que la llevase a Sevilla capital, donde vivía en un piso de estudiantes. El joven le pidió el coche a su padre, y, tras dejar al progenitor en la casa de su abuela paterna, siguieron camino hacia Sevilla, con la joven montada en el asiento trasero derecho, donde se había sentado tras dejar el sitio del copiloto al padre del conductor, y el vehículo enfiló la A-4 camino de la capital andaluza. El escrito de la Fiscalía señala que en la salida del kilómetro 511, que da acceso a Carmona, el conductor pasó a 117 kilómetros por hora en un tramo de 80, momento en el que la mujer habría caído del coche en marcha. La joven murió como consecuencia de las heridas, aunque su familia no cree la versión de la caída accidental, y sostiene que fue atropellada de forma intencionada. EFE 1010626 fcs/bfv/mcm (Foto) (Vídeo)
“Estamos indignados”, dijo Gabino Tapia y anticipó una presentación personal. Además, informó que la Fiscalía apeló la decisión de la magistrada
Un hombre de 82 años ha aceptado una multa de 2.160 euros por agredir sexualmente a un joven de 21 años en plena calle en Vigo. La condena se ha acordado este martes en una vista de conformidad celebrada en la plaza dos de la sección penal del Tribunal de Instancia de la ciudad. El octogenario también ha sido inhabilitado durante dos años para ejercer cualquier profesión o actividad que conlleve contacto con menores de edad. Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado en la calle Pintor Colmeiro. Según recogía el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Ep, el hombre se acercó al joven y entabló con él una conversación trivial. Después de ese... Ver Más
Madrid, 22 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha reclamado una vez más al Tribunal de Cuentas que, "sin más dilación", le aplique la amnistía y declare extinguida la responsabilidad contable en relación a los gastos públicos para sufragar el "procés". Lo hace en un escrito de impugnación a un recurso en el que Sociedad Civil Catalana -que figura como demandante- solicita una serie de diligencias. La defensa del expresident rechaza con rotundidad esta petición y solicita que se le absuelva en aplicación de la ley de amnistía y se le devuelvan las cantidades afianzadas en el marco del procedimiento contable que mantiene abierto el Tribunal de Cuentas contra 35 ex altos cargos. En su escrito, al que ha tenido acceso EFE este martes, el expresidente catalán recuerda que también la Generalitat de Cataluña y la Fiscalía manifestaron su conformidad con la aplicación de la amnistía, y que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en un reciente auto, reconoció que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide mantener la tesis de la afectación de los intereses financieros comunitarios. La defensa de Puigdemont subraya que la "demora" en tomar una decisión afecta a su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, al tiempo que vuelve a advertir de que se "reserva de cuantas acciones asisten a esta parte". La consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que está a cargo del procedimiento, está ultimando su decisión sobre la aplicación de la ley de amnistía para los 35 encausados. En paralelo a este procedimiento, el Tribunal Constitucional ha arrancado este martes un pleno de tres días en el que abordará el primer recurso contra la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación a los líderes del "procés" a partir de una ponencia que respalda esta decisión pero que previsiblemente no va a prosperar.EFE
Judith Piquet está acusada de enviar una nota interna de la Policía local para apoyar a Ayuso en sus declaraciones sobre delitos sexuales cometidos por migrantes en esa localidad
La formación ve en la "reclasificación" de pacientes delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y revelación de secretos
El partido presenta un escrito en el ministerio público a raíz del conocimiento de decenas de pacientes catalogados como prioritarios que pasaron a otra evaluación que contiene plazos más largos para la operación Un hospital de Madrid rebaja la prioridad de más de 50 pacientes pendientes de operación para mejorar sus listas de espera Más Madrid pedirá este martes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la modificación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal por presunta prevaricación y falsedad documental. Así figura en el escrito que la formación regionalista presentará ante esta autoridad judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, a raíz de las alteraciones en las listas de espera del citado centro en el caso de 57 pacientes catalogados como prioritarios por sus cirujanos, lo que exige que sean operados en 90 días, para pasar a prioridad normal, con un plazo de intervención de 180 días. Sostiene la formación que en el caso de la prevaricación, la decisión de reclasificar a los pacientes “sin valoración clínica real” y para “eludir un indicador de gestión” reuniría los elementos de “arbitrariedad y conocimiento de la injusticia” de este tipo penal. En el caso de la falsedad documental, la aprecian en que la modificación de la prioridad asistencial hubiera implicado la “alteración de datos clínicos o administrativos” en el Registro de Demanda Quirúrgica u otros documentos oficiales del centro. Asimismo, entienden que se habría incumplido de forma “deliberada” y “encubrimiento mediante” la normativa sectorial --Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio-- por el que se establecen los criterios para garantizar un tiempo máximo para prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Más Madrid apunta en su denuncia a la información publicada por el diario 'El País', que señala al jefe de servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y al director médico del centro como autores de una rebaja “unilateral” de la prioridad de 57 pacientes pendientes de intervención quirúrgica. Esta se habría llevado a cabo, plantea la denuncia, sin una nueva valoración clínica individualizada de los afectados y sin contar con el criterio de los cirujanos que habían fijado cada caso. Esta “no habría respondido a criterios clínicos” sino a la necesidad de evitar que incumplieran los plazos para una cirugía “preferente”. En su cronología de los hechos también se refieren a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien --según recoge el texto-- acusó al facultativo que había denunciado el caso de haber “manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos”. Le señaló como “uno de los responsables de la lista de espera” y relacionó la conducta con “expedientes disciplinarios abiertos”. Además, incide la denuncia de Más Madrid, “reconoció, no obstante, que las diligencias de información interna abiertas por la Consejería 'todavía están en curso' y que no podía 'ampliar la información' hasta su conclusión, por lo que la atribución de responsabilidad exclusiva al denunciante constituye, a la fecha de este escrito, una afirmación pública no acreditada ante ningún órgano jurisdiccional ni disciplinario”. Considera la formación regionalista que estas dos versiones contrapuestas sobre la autoría del cambio de prioridad no resta importancia al hecho sino que hace “necesaria una investigación imparcial” por parte de Fiscalía. En declaraciones remitidas a Europa Press, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha incidido en que no es “simplemente maquillar unas cuentas para que salgan los números a la propaganda”, sino que son “graves irregularidades con un impacto directo” en los pacientes y en el “agravamiento de patologías severas”. “El cambio de prioridad de 57 pacientes sin evaluación clínica y sin el conocimiento de los médicos que prescribieron las operaciones en primer lugar es un hecho muy grave, pero lo peor es que el sistema está completamente podrido”, ha expuesto. Además, ha cargado contra la consejera de Sanidad y contra Ayuso por haberse “dedicado a difamar al denunciante” con el objetivo de que “nadie más alce la voz ante irregularidades flagrantes”. La portavoz ha apuntado, además, a la posibilidad de que Matute hubiera incurrido en un “delito de descubrimiento y revelación de secretos por difundir en rueda de prensa datos de expedientes disciplinarios del médico que denunció los hechos”. “Ayuso no está dispuesta a solucionar el problema porque el problema es ella”, ha sentenciado la portavoz regionalista, quien entiende que hay “material de sobra para que la justicia entre a investigar”. Como parte de esta intervención, Más Madrid pide a Fiscalía que requiera al Ramón y Cajal y a la Consejería de Sanidad la información y documentación relativa a la reclasificación de pacientes. Quiere también el Registro de Demanda Quirúrgica, la declaración de los directivos señalados, el contrato de gestión del ejercicio actual --por si había incentivos económicos o de productividad vinculado a las listas de espera-- y que pregunte también al médico denunciante. Asimismo, reclama específicamente que se aclare con documentación y declaraciones de quién fue la autoría de estos cambios, si de los directivos o del denunciante. Es por ello que pide que se incoen diligencias y se investiguen los hechos por si hay responsabilidad penal.
elDiario.es•Europa Press22 sept
Más Madrid pedirá este martes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la modificación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal por presunta prevaricación y falsedad documental. Así figura en el escrito que la formación regionalista presentará ante esta autoridad judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, a raíz de las alteraciones en las listas de espera del citado centro en el caso de 57 pacientes catalogados como prioritarios por sus cirujanos, lo que exige que sean operados en 90 días, para pasar a prioridad normal, con un plazo de intervención de 180 días. Sostiene la formación que en el caso de la prevaricación, la decisión de reclasificar a los pacientes "sin valoración clínica real" y para "eludir un indicador de gestión" reuniría los elementos de "arbitrariedad y conocimiento de la injusticia" de este tipo penal. En el caso de la falsedad documental, la aprecian en que la modificación de la prioridad asistencial hubiera implicado la "alteración de datos clínicos o administrativos" en el Registro de Demanda Quirúrgica u otros documentos oficiales del centro. Asimismo, entienden que se habría incumplido de forma "deliberada" y "encubrimiento mediante" la normativa sectorial --Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio-- por el que se establecen los criterios para garantizar un tiempo máximo para prestaciones del Sistema Nacional de Salud. LOS HECHOS DENUNCIADOS Más Madrid apunta en su denuncia a la información publicada por el diario 'El País', que señala al jefe de servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y al director médico del centro como autores de una rebaja "unilateral" de la prioridad de 57 pacientes pendientes de intervención quirúrgica. Esta se habría llevado a cabo, plantea la denuncia, sin una nueva valoración clínica individualizada de los afectados y sin contar con el criterio de los cirujanos que habían fijado cada caso. Esta "no habría respondido a criterios clínicos" sino a la necesidad de evitar que incumplieran los plazos para una cirugía "preferente". En su cronología de los hechos también se refieren a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien --según recoge el texto-- acusó al facultativo que había denunciado el caso de haber "manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos". Le señaló como "uno de los responsables de la lista de espera" y relacionó la conducta con "expedientes disciplinarios abiertos". Además, incide la denuncia de Más Madrid, "reconoció, no obstante, que las diligencias de información interna abiertas por la Consejería 'todavía están en curso' y que no podía 'ampliar la información' hasta su conclusión, por lo que la atribución de responsabilidad exclusiva al denunciante constituye, a la fecha de este escrito, una afirmación pública no acreditada ante ningún órgano jurisdiccional ni disciplinario". Considera la formación regionalista que estas dos versiones contrapuestas sobre la autoría del cambio de prioridad no resta importancia al hecho sino que hace "necesaria una investigación imparcial" por parte de Fiscalía. "HAY MATERIAL DE SOBRA PARA QUE ENTRE A INVESTIGAR" En declaraciones remitidas a Europa Press, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha incidido en que no es "simplemente maquillar unas cuentas para que salgan los números a la propaganda", sino que son "graves irregularidades con un impacto directo" en los pacientes y en el "agravamiento de patologías severas". "El cambio de prioridad de 57 pacientes sin evaluación clínica y sin el conocimiento de los médicos que prescribieron las operaciones en primer lugar es un hecho muy grave, pero lo peor es que el sistema está completamente podrido", ha expuesto. Además, ha cargado contra la consejera de Sanidad y contra Ayuso por haberse "dedicado a difamar al denunciante" con el objetivo de que "nadie más alce la voz ante irregularidades flagrantes". La portavoz ha apuntado, además, a la posibilidad de que Matute hubiera incurrido en un "delito de descubrimiento y revelación de secretos por difundir en rueda de prensa datos de expedientes disciplinarios del médico que denunció los hechos". "Ayuso no está dispuesta a solucionar el problema porque el problema es ella", ha sentenciado la portavoz regionalista, quien entiende que hay "material de sobra para que la justicia entre a investigar". ACTUACIONES PEDIDAS A FISCALÍA Como parte de esta intervención, Más Madrid pide a Fiscalía que requiera al Ramón y Cajal y a la Consejería de Sanidad la información y documentación relativa a la reclasificación de pacientes. Quiere también el Registro de Demanda Quirúrgica, la declaración de los directivos señalados, el contrato de gestión del ejercicio actual --por si había incentivos económicos o de productividad vinculado a las listas de espera-- y que pregunte también al médico denunciante. Asimismo, reclama específicamente que se aclare con documentación y declaraciones de quién fue la autoría de estos cambios, si de los directivos o del denunciante. Es por ello que pide que se incoen diligencias y se investiguen los hechos por si hay responsabilidad penal.
Más Madrid pedirá este martes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la modificación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal por presunta prevaricación y falsedad documental.
Europa Press22 sept
La formación considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental
Los insultos a Vinicius en el Sánchez Pizjuán serán juzgados hoy martes, 22 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Sevilla. Un aficionado que le llamó "mono" se enfrenta a una petición de un año y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía. Se le acusa de un delito contra la integridad moral. La vista estaba prevista para el pasado mes de abril, pero finalmente fue pospuesta. El Ministerio Público recoge en su escrito de acusación que el aficionado llamó "mono" al futbolista varias veces durante los 90 minutos de encuentro, simuló "los gestos de los primates" y le hizo "uh, uh, uh, uh" . En este sentido, insiste el escrito de acusación que el hincha se encontraba situado en la grada de Gol Norte , en una zona muy cercana al terreno de juego, durante la disputa del encuentro disputado entre el Sevilla FC y el Real Madrid en octubre de 2023. "Se dirigió a [Vinicius] de forma reiterada insultándole con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador , profiriendo contra el mismo gritos y gestos de menosprecio de carácter racista hacia su persona generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca", expone la acusación. Las "manifestaciones de menosprecio consistieron en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando de forma repetida "mono" así como los sonidos "uh, uh, uh, uh" , onomatopeya que imita el sonido emitido por los primates y que, como es público y notorio, ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol". Lo hizo "ante una audiencia importante de televisión, radio y medios" Incide igualmente la Fiscalía en que todo se produjo "ante una audiencia importante de televisión, radio y medios de comunicación escritos y digitales". El Sevilla FC expulsó a este socio nada más conocerse los hechos. A esta persona se le acusa de un delito contra la integridad moral penado en el artículo 173.1 del Código Penal y se le suma un agravante por haber actuado "por motivos racistas" , según la Fiscalía. Se le solicita un año y nueve meses de prisión. En este caso están personados tanto La Liga como el Real Madrid . Además de la pena de cárcel, se le podría imponer una sanción por tiempo de dos años de prohibición de acceso a los estadios. En caso de imponérsele esta sanción, implicaría que no podrá acceder a estadios donde se celebren partidos de la LFP o de competiciones organizadas por la RFEF . En este punto, la Fiscalía reseña que se refiere a partidos de Copa del Rey, Supercopa de España y de Europa , partidos profesionales de competiciones internacionales, así como de selecciones nacionales de cualquier categoría. Hace mención a Primera RFEF , aunque también están organizadas por la Federación Española de Fútbol las categorías de Segunda y Tercera RFEF , por lo que la prohibición se extendería a ellas y este aficionado quedaría relegado a ver fútbol regional.
Guayaquil (Ecuador), 21 sep (EFE).- El Ejército ecuatoriano informó este lunes que denunció ante la Fiscalía un presunto caso de abuso sexual por parte de personal militar contra una mujer recluida en una cárcel de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, tras la alerta que emitieron organizaciones defensoras de los derechos humanos. En la mañana de este lunes, seis organizaciones pidieron a la Defensoría del Pueblo que investigue de manera urgente recientes alertas registradas en la cárcel femenina Guayas 2 "relacionadas con presuntos actos de acoso, violencia y abuso de carácter sexual cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas" durante tareas de seguridad, control y requisa. La más reciente denuncia fue recibida el pasado sábado, cuando las autoridades tuvieron acceso a un video en el que se observa a un militar que está tocando a una mujer por debajo de su camiseta. Al día siguiente, las organizaciones fueron alertadas de que los militares ingresaron nuevamente a la prisión y que habrían "utilizado gas lacrimógeno contra las internas" por supuestamente "difundir el video". La institución militar señaló -en un comunicado- que conoció la denuncia pública sobre el caso difundido el sábado y que se encontraba recabando y verificando información, dentro del ámbito de sus competencias, para esclarecer los hechos. Además, el mensaje indicó que el Ejército había puesto una denuncia ante la Fiscalía "para el inicio de una investigación correspondiente". "El Ejército ecuatoriano brindará toda la colaboración y las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos", añadió la nota informativa. La cárcel femenina Guayas 2 está dentro de un complejo penitenciario que agrupa otras cuatro cárceles, entre las que está la Penitenciaría del Litoral, la más poblada y violenta del país. Algunos de estos centros fueron intervenidos por las Fuerzas Armadas tras la declaración de "guerra" que emitió el presidente, Daniel Noboa, en 2024 contra las bandas criminales. Las organizaciones denunciantes, entre las que está la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Surkuna, también pidieron a la Defensoría que realice una visita no anunciada a la cárcel en mención para que entreviste a las mujeres sin presencia de las fuerzas de seguridad. Los colectivos añadieron que en caso de que se encuentre "indicios razonables sobre la posible comisión de delitos contra la integridad sexual, tortura u otras infracciones", se denuncie ante la Fiscalía. EFE
El arma incautada al presunto tirador, las cámaras del hotel donde uno de los investigados se habría alojado días antes del crimen, pericias y testimonios forman parte de la investigación por el asesinato de Susy Aponte Polo
El inmueble ubicado en el sector del Museo del Chicó, relacionado con el proceso judicial que enfrenta el exfuncionario del Gobierno Petro, fue puesto en oferta de arrendamiento, mientras continúan las diligencias con la Fiscalía