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Investigado en Alemania un hombre de 105 años que fue guardia de campo de prisioneros

Berlín, 23 sep (EFE).- La Fiscalía de Dortmund, en el oeste de Alemania, investiga a un anciano de 105 años por su supuesta labor como guardia de un campo de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, donde habría sido cómplice de múltiples asesinatos. Según confirmó este miércoles a EFE la Fiscalía de Dortmund, se sospecha que el hombre trabajó como guardia del campo de prisioneros de guerra que albergó la región occidental germana de Senne, situada cerca de la ciudad occidental de Bielefeld, y "se le acusa de complicidad en múltiples asesinatos por su actividad en aquella época". Según el diario Bild, la investigación fue puesta en marcha por la Oficina Central de Ludwigsburg para el Esclarecimiento de los Crímenes Nazis. El campo para prisioneros en el que habría participado en su juventud el hombre investigado formó parte de la red de infraestructuras del régimen nazi para los presos de guerra, por la que se estima pasaron, entre otros, entre 5,3 y 5,7 millones de prisioneros de la Unión Soviética. Según datos de "Stalag 326", nombre del centro memorial y de documentación que actualmente ocupa el antiguo campo de prisioneros de Senne, murieron en esa red de campos entre 2,3 y 3 millones de personas. "Una gran parte de ellos falleció a causa de la desnutrición y de enfermedades graves, así como por las consecuencias de los trabajos forzados", según el memorial. "Stalag 326" jugó un papel destacado en la región industrial del Ruhr al usar a los reos como mano de obra forzosa. Se estima que pasaron por dicho campo presas 310.000 personas, de las cuales decenas de miles están enterrados en los alrededores. EFE

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Condenado a 4 años el líder de una red de tráfico de migrantes a Canarias desde Bangladés

Las Palmas de Gran Canaria, 23 sep (EFE).- El ciudadano bangladesí Mohamed Sharjhan Sheak, conocido como 'Mastermind', ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años de prisión por dirigir una organización que trasladaba a Mauritania y Marruecos a ciudadanos de Bangladés y Pakistán, embarcados luego en pateras a Canarias. Hasta esta mañana, el líder de la red -extraditado a España por la Justicia de Mauritania- se enfrentaba a solicitud de condena de ocho años de prisión, reducida a la mitad tras un acuerdo entre la Fiscalía y su defensa, una vez que el acusado ha reconocido ante la magistrada su culpabilidad por los hechos que se le atribuían. La conformidad se ha formalizado ante la Audiencia de Las Palmas, donde estaba previsto el juicio por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, después de que la Fiscalía le atribuyera el liderazgo de una red que operaba al menos desde 2020. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, la organización captaba a ciudadanos bangladesíes y pakistaníes a quienes cobraba entre 13.000 y 15.000 euros para facilitarles el viaje hacia Europa mediante vuelos con escala en Dubái y posterior traslado a Mauritania, desde donde eran embarcados en pateras y cayucos con destino a Canarias, con el propósito de llegar a Europa. "En Bangladés, aquellos interesados en llegar a Europa contactaban con él o con alguna de las personas que trabajaban para él", además de captar personas a través de una empresa radicada en ese país "cuyo objeto era dar información y facilitar visados", indica el escrito. La Fiscalía señala que, una vez en Mauritania, una persona con contactos en los controles de inmigración del aeropuerto les facilitaba la entrada en Nuakchot, "a pesar de contar los inmigrantes con documentos que habían sido falsificados". "Los inmigrantes quedaban a expensas de la organización radicada en ese país, trabajando la mayoría de las ocasiones en el restaurante de los responsables máximos de dicha organización en Mauritania" y, una vez conseguían el dinero necesario para pagar su última parte del viaje, los responsables de la organización subcontrataban con los organizadores de pateras en Mauritania y Marruecos, precisa el documento. La investigación, desarrollada por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, vinculó a la organización con varias embarcaciones llegadas a Canarias entre 2021 y 2024, así como con un naufragio ocurrido en junio de 2021 con 52 personas a bordo, de las que cuatro eran bangladesíes, remarca la Fiscalía. El acusado fue detenido en Mauritania el 9 de agosto de 2024 en virtud de una orden internacional de búsqueda y captura y extraditado a España el 18 de febrero de 2025, fecha desde la que permanecía en prisión provisional. Según el escrito de la Fiscalía, en la red también estaban involucrados el hijo del acusado y su mujer, "quien usaba una empresa que les servía de tapadera para aquellos pagos y para gestionar la viaje desde Bangladés hasta Mauritania". La Policía Nacional informó en febrero de 2025 de que la red investigada habría organizado en los últimos cinco años al menos 73 travesías hacia las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura con 3.594 inmigrantes africanos y asiáticos a bordo y en las que desaparecieron un mínimo de 180 personas. En la causa también figura como colaborador otro ciudadano bangladesí ya condenado por sentencia firme, Shipon Miah, señalado como responsable de proporcionar alojamiento y logística a los migrantes en Mauritania y que llegó a Gran Canaria el 18 de octubre de 2022 en un cayuco. EFE (Foto)

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La Comunidad tacha de "menosprecio para el pueblo de Venezuela" el "beso de complicidad" de Sánchez y Delcy Rodríguez

La Comunidad de Madrid ha tachado de "menosprecio para el pueblo de Venezuela" el "beso de complicidad" de la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el inicio del 81º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Sánchez quiere convertir a España en la Venezuela de Maduro y la Venezuela Delcy Rodríguez (...) Un cariño, además, que viene de lejos: qué tiempos aquellos en los que Delcy Rodríguez frecuentaba el aeropuerto de Barajas cargada de maletas", ha planteado. Como parte de su intervención se ha referido a los casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Ha comenzado destacando que este martes "se conocía que las cloacas del Estado" habían "ordenado extorsionar a la juez Biedma que estaba juzgando al condenado hermano del presidente". "Sánchez pretendía regalar un sueldo Nescafé para toda la vida a su hermano y ahora el Tribunal de Cuentas pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la devolución de esos 340.000 euros que cobró sin ir a trabajar", ha incidido. También ha acusado al Gobierno y al presidente de "atacar al Tribunal Supremo" por "parar el pucherazo electoral" a través de la 'ley de nietos' y se ha referido a la mujer del presidente, Begoña Gómez, quien "se sentará en el banquillo de los acusados" frente a un jurado popular, que ha augurado que será tachado de "fascistas" por "el 'sanchismo'". También ha aludido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "ideólogo del 'sanchismo'", la causa Plus Ultra y las joyas encontradas en su despacho, además de la citación judicial de sus hijas el 30 de noviembre en esta causa. García Martín ha destacado, además, que el Tribunal Constitucional "tomado al asalto por el sanchismo" trata de "facilitar la vuelta del prófugo (Carles Puigdemont)", cuyos "votos necesita" Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no haber dado "ni una sola explicación sobre la crisis de Ceuta". "En resumen. Prácticas mafiosas, ataques al poder judicial, corrupción generalizada, intento de pucherazo, instituciones tomadas al asalto como el Tribunal Constitucional y Ceuta abandonada a su suerte. El Caballo de Troya que intenta reventar todo desde dentro se llama Pedro Sánchez, y no puede seguir ni un minuto más al frente del país", ha zanjado.

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Un jefe de Información de la Guardia Civil reconoce que la acción de Greenpeace fue "totalmente" pacífica y no causó daños

El testigo relata que una de las dársenas quedó "totalmemente" bloqueada y dice que el despliegue ecologista en el puerto de Sagunt para bloquear un barco gasero estuvo "muy bien" coordinado El activismo climático afronta un juicio histórico: “Que sirva para que en el futuro no sufran este calvario” El juicio contra 11 activistas de Greenpeace en el que la Fiscalía pide cinco años de prisión por un presunto delito de desórdenes públicos a consecuencia de una acción pacífica contra un barco gasero en el Puerto de Sagunt el 26 de octubre de 2021 ha arrancado con una certeza compartida por todos los testigos: todo fue pacífico. La discusión se ha centrado en el eventual riesgo que supuso el despliegue de las lanchas y del buque Esperanza de Greenpeace. El guardia civil instructor del expediente, jefe del Grupo de Información, ha relatado ante la titular de la Plaza número 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València que el instituto armado fue avisado el día de autos de que se estaba desarrollando una “acción activista” de Greenpeace. Las primeras cuatro zodiacs de la organización se dedicaron a la “navegación rápida alrededor del buque, zigzagueando” y a hacer algunas pintadas en el buque gasero. Sin embargo, a juicio del testigo, fue “claramente” una “maniobra de distracción” que despistó al personal de la Guardia Civil y permitió al buque de Greenpeace echar el ancla en la dársena dos para impedir la entrada del barco gasero. “Se colocan de tal forma que es imposible entrar y maniobrar en la dársena”, ha relatado. Aquella dársena quedó “totalmente” bloqueada, interrumpiendo la actividad del puerto, según ha apostillado. El testigo ha declarado que el capitán del buque Esperanza , de Greenpeace, fue requerido varias veces para que depusiera su actitud, sin éxito. Una vez autorizado el abordaje, los efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la unidad de élite de la Guardia Civil, procedieron a “reventar” la puerta de entrada al puente de mando. “Ni el capitán ni nadie de la tripulación colaboraron, la actitud fue totalmente pasiva”, ha dicho. Un “peligro para la navegación” “La acción tengo que reconocer que está muy bien coordinada”, ha manifestado el testigo. El uniformado también ha aludido a un “peligro para la navegación”, aunque nada más allá: “A la vista de los hechos, no hay un peligro manifiesto de que explotara o de una fuga de gas, eso no se produce”. El jefe de Información ha declarado que la actitud de los activistas fue “totalmente pacífica”, lo cual ha dicho que es de “agradecer”. “La resistencia sigue siendo resistencia”, ha apostillado. También ha reconocido, en la línea del anterior testigo, que “no se constata ningún riesgo concreto”. Sin embargo, ha tildado de “negligentes y temerarias” las maniobras de las zodiacs de Greenpeace, aunque ha descartado que pretendieran embestir a las embarcaciones de la Guardia Civil. Por otro lado, el patrón de la embarcación Río Júcar de la Guardia Civil ha explicado en su declaración que el Servicio Marítimo del instituto armado tenía localizado con días de antelación al buque de Greenpeace y, al estar prevista la entrada del gasero en el Puerto de Sagunt, se les ordenó patrullar por la zona “por si podía haber algún altercado o algo”. El agente ha dicho que los activistas mantenían una “actitud tranquila”. “No tenían una actitud violenta, pero no había intención [por parte de los activistas] de atender nuestros requerimientos. No fueron nada violentos, pero es verdad que ellos seguían con su objetivo”, ha resumido el guardia civil. También ha descartado que los activistas mantuvieran una actitud “hostil” hacia la autoridad. El agemnte ha descrito un “pequeño” incidente: el accidente de una de las zodiacs que “no claculó bien” y chocó con el ancla de la embarcación d ela Guardia Civil, venciendo la consola de mando para patronear la lancha y estrellándose finalmente contra el muelle. “Vinieron a pedirnos perdón porque había sido un accidente sin más intención, en ningún momento lo percibimos como un atentado a la autoridad”, ha afirmado. Un “incremento del riesgo”, según el testigo de la regasificadora El representante legal de la planta regasificadora de la infraestructura portuaria también ha reconocido que no hubo daños a consecuencia de la acción reivindicativa de la organización ecologista, y ha aludido a un mero riesgo “hipotético”, tal como ha destacado uno de los dos abogados que ejerce la defensa de los encausados. “No hubo daño, pero sí incremento del riesgo”, ha afirmado ante una sala repleta de un público solidario con los acusados, que incluía a observadores de Amnistía Internacional. El testigo, que presenció los hechos, ha explicado que al tratarse de una infraestructura crítica la planta tiene la obligación de avisar a organismos tales como la Guardia Civil o el Ministerio de Transición Ecológica en escenarios como el de la protesta de Greenpeace, que bloqueó el acceso del buque gasero en protesta contra los combustibles fósiles. El representante legal de la planta regasificadora también ha manifestado que en ningún momento se interrumpió la entrada de gas, al haber existencias para abastecer la demanda durante la protesta, que duró unas 12 horas. “Una cosa es el daño y otra es el riesgo, no se materializó el daño, pero eso no quita el riesgo, el riesgo existe”, ha afirmado el hombre, que ha declarado por videoconferencia. El testigo, en definitiva, ha descrito una “situación potencialmente peligrosa” vinculada a las maniobras para sacar el buque gasero de popa hacia la zona de fondeo de mercancías peligrosas.

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Bruselas propone descongelar 4.200 millones a Hungría y reanudar su acceso a Erasmus

Bruselas, 23 sep (EFE).- La Comisión Europea propuso formalmente este miércoles liberar los 4.200 millones de euros de fondos regionales a Hungría que están bloqueados por deficiencias relacionadas con el estado de Derecho, así como reintegrar al país en el programa de intercambio de estudiantes Erasmus+ y en el programa de investigación Horizonte Europa. El anuncio se enmarca en el acuerdo político alcanzado en mayo entre el Ejecutivo comunitario y el nuevo Gobierno húngaro que lidera Peter Magyar, tras años de confrontación entre Bruselas y la administración de Viktor Orbán a cuenta de su deriva autoritaria. La Comisión Europea ha tomado esta decisión tras evaluar las medidas adoptadas por Budapest y concluir que con ellas "ha atajado las debilidades y deficiencias identificadas previamente en ámbitos como la contratación pública, el marco contra la corrupción, los riesgos de conflictos de interés y la efectividad de la Fiscalía", según informó en un comunicado. En concreto, valora el refuerzo de las competencias de la Autoridad de Integridad y su acceso a información, la creación un sistema integral de declaración de bienes, la ampliación del control judicial sobre las decisiones de autoridades de investigación y enjuiciamiento y el refuerzo "significativo" de los controles sobre fondos de la UE, entre otras cuestiones. Además, la Comisión subraya que la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea y sus nuevas normas sobre titularidad real y contratación pública "refuerzan aún más su lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de interés". La propuesta de la Comisión Europea para desbloquear estos fondos -equivalentes al 55 % de la asignación de la Política de Cohesión para el periodo 2021-2027- debe ser aprobada ahora por los Estados miembros en el plazo de un mes. Una vez completado el proceso se pondría fin a una congelación que fue acordada en 2022 y que supuso la primera utilización del llamado "mecanismo de condicionalidad" de la UE, un instrumento con el que el bloque se dotó para proteger al presupuesto comunitario frente a derivas antidemocráticas y ataques al Estado de derecho. El acuerdo político escenificado en mayo entre Magyar y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, un mes después de que el primero se impusiese a Orbán en las elecciones húngaras, marcó el fin de las tensiones entre Bruselas y Budapest y abrió el camino a la liberación de 16.400 millones que permanecían bloqueados. La mayor parte, unos 10.000 millones, correspondían al plan de recuperación, mientras que 4.200 millones eran los fondos de la Política de Cohesión que ahora Bruselas propone desbloquear y otros 2.200 estaban condicionados a reformas a favor de la libertad académica. EFE

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Comienza el juicio contra 11 activistas de Greenpeace que se enfrentan a 5 años de prisión

València, 23 sep (EFE).- El juicio a once activistas de Greenpeace por una protesta en el Puerto de Sagunto (Valencia) contra un buque cargado de gas, para los que el Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel, ha comenzado pasadas las 10.20 horas de este miércoles con la esperanza de los ecologistas en un cambio en las conclusiones de la Fiscalía. Los hechos por los que se les acusa del delito de desórdenes públicos agravados, ocurrieron en octubre de 2021, cuando el barco 'Esperanza' de Greenpeace entró en el puerto para "denunciar y tratar de frenar" la llegada del buque Merchant, procedente de Estados Unidos, con 138.000 metros cúbicos de gas licuado. Los activistas se anclaron junto a la planta de regasificación para impedir la entrada del barco y pintaron en un lado del buque el lema "NO + GAS", mientras un escalador se encaramó al ancla del barco para ejercer una resistencia pasiva y permaneció en el lugar doce horas, según el relato de la organización ecologista. La abogada de Greenpeace, Inés Díez, ha señalado que esperan que este juicio acredite "que los hechos se pueden encuadrar dentro del derecho a la protesta y que, en todo caso, podría haber sido constitutivo de una infracción administrativa, pero nunca penal". "Estamos expectantes, nerviosos también, después de un periodo tan largo de tiempo se va a celebrar el procedimiento", ha asegurado la responsable del área jurídica de la organización a EFE antes de entrar a la Ciudad de la Justicia de València, donde se celebra el juicio. Para Felipe Pimentel, uno de los activistas encausados, "es absurdo pedir cinco años para una protesta pacífica" y ha calificado este procedimiento como "desproporcionado, preocupante" y como "una mordaza al activismo mundial". "Estoy ansioso, pero estoy confiado en la justicia española", ha expresado el activista a EFE, quien ha apuntado que ellos tienen "mucha suerte" gracias al equipo de abogados de Greenpeace, pero "hay muchos movimientos y organizaciones que no tienen lo mismo", ha lamentado. Díez ha insistido en que la petición de cinco años de prisión para los activistas se trata de "la solicitud de pena más alta por derecho a la protesta que se ha pedido en Europa" y ha añadido: "Esperamos que el Ministerio Fiscal modifique sus conclusiones y esperamos que la sentencia sea absolutoria". La abogada de Greenpeace ha explicado que no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía porque entienden que "no procede, porque son inocentes" y ha advertido que esta sentencia puede sentar precedentes para que, en el futuro, estos hechos "nunca puedan ser llevados por la vía penal". Asimismo, Díez ha hecho hincapié en el retraso que sufren los juzgados españoles y ha lamentado que cinco años, en la vida de estas personas, supone "un tiempo largo" y un "procedimiento arduo" para los once activistas, que son de "ocho nacionalidades y culturas distintas". EFE (Foto) (Vídeo) (Audio)

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54 menores migrantes que llegaron a Ceuta en julio están con sus familias en la Península

Madrid, 23 sep (EFE).- Más de medio centenar de menores -54- que llegaron solos a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio han sido reagrupados con sus familias en la Península por procedimiento de urgencia. Según explica el Ministerio de Juventud e Infancia se trata de un trámite habitual cuando el menor es declarado en situación de desamparo y los familiares reclaman que se ponga en marcha el reagrupamiento o porque el niño lo alega durante la filiación, se comprueba el vínculo familiar entre los adultos y los menores y si procede al reagrupamiento. En este momento, se encuentran abiertos más de 300 expedientes de reagrupamiento familiar en la Península que están siendo estudiados por el Área de Menores de la ciudad de Ceuta, tras la realización de las entrevistas, indican las fuentes del ministerio. El procedimiento incluye el viaje del adulto a Ceuta para recoger al menor y acreditar el vínculo familiar. Una vez acreditado por la Policía, se autoriza su salida. Finalmente, la ciudad de Ceuta informa a Fiscalía y a los servicios sociales de la comunidad de destino. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que el reagrupamiento familiar de los niños y niñas es siempre la primera opción, ya sea en el país de origen o en cualquier otro lugar. No obstante, ha recordado que para que se pueda llevar a cabo debe ser acorde al interés superior del menor, debe comprobarse que existe un núcleo familiar que garantice sus derechos y debe haber colaboración y garantías por parte del país en el que se encuentre la familia. En el caso de los reagrupamientos familiares en el país de origen, los plazos se pueden extender durante meses ya que conllevan la implicación de distintas administraciones y autoridades extranjeras. EFE

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El juez del caso Maduro emite una orden de protección que regula la gestión de las pruebas

Nueva York, 22 sep (EFE).- El juez estadounidense que preside el caso penal contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió este martes una orden de protección que regula la gestión de las pruebas que la Fiscalía entregará a la defensa. El magistrado, Alvin K. Hellerstein, ordenó a la Fiscalía que entregue a la defensa de Maduro los documentos, objetos e información que forman parte del caso, pero los clasificó en varias categorías de riesgo para el proceso y estableció unos límites para cada uno. Hellerstein señala que la Fiscalía debe entregar el "material exculpatorio y de impugnación", pero reconoce que puede afectar a la privacidad personal, perjudicar investigaciones a personas no acusadas aún o generar publicidad que perjudique al caso, entre otras cosas. En ese sentido, ordena que las pruebas generales que la Fiscalía entregue a la defensa no pueden ser divulgadas por los acusados o sus abogados, incluyendo su publicación en internet o su filtración a los medios. El juez especifica que la Fiscalía le notificó que parte de la información está "almacenada electrónicamente" y fue obtenida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación, "de varias computadoras, celulares y otros dispositivos". "Con el consentimiento de todas las partes, la Fiscalía queda autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material electrónico, que será considerado material APO (Solo para Posesión de los Abogados) salvo que se indique otra clasificación", indica la orden. La clasificación APO implica que ese material solo puede estar en posesión de los abogados defensores y su personal, y los acusados no pueden tenerlo físicamente, excepto mientras lo revisan en su presencia. La orden de protección para la gestión de las pruebas seguirá vigente incluso después de que termine la causa penal, y el tribunal conservará jurisdicción para hacerla cumplir, según establece el documento firmado por Hellerstein, y que es habitual en este tipo de casos. Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde están encarcelados. Ambos se han declarado no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, y han pedido desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana. Se espera que el juicio comience el 1 de junio de 2027. EFE

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Destituyen a fiscal que intentó invalidar el triunfo electoral del presidente de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 22 sep (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala destituyó este martes a la fiscal Leonor Morales Lazo, quien intentó invalidar los resultados electorales de 2023 que dieron el triunfo al actual presidente, Bernardo Arévalo de León. Morales Lazo, sancionada por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, fue removida del cargo junto a otros seis fiscales en el marco de la reestructuración impulsada por el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, quien asumió el cargo el pasado 17 de mayo en sustitución de María Consuelo Porras Argueta, que lideró la entidad durante ocho años. Morales Lazo cobró notoriedad como integrante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) al liderar en 2023 el secuestro de cajas electorales selladas en el Tribunal Supremo Electoral y asegurar públicamente que el triunfo del presidente Bernardo Arévalo de León carecía de validez. Durante la administración de Porras Argueta, la Fiscalía utilizó la persecución penal contra activistas, opositores, periodistas y jueces, dinámica que motivó sanciones internacionales contra la cúpula del ente investigador. Según el Consejo de la UE, Morales participó en los esfuerzos por invalidar los resultados electorales de 2023, siendo responsable de "socavar la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala", motivo por el cual le congelaron activos y prohibieron su ingreso a Europa. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos (Lista Engel) y le revocó el visado de entrada a territorio estadounidense por sus acciones contra el proceso democrático. Antes de su destitución, Morales ejercía como jefa de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, desde donde impulsó allanamientos en procesos gremiales y desestimó denuncias contra Porras vinculadas a supuestas adopciones ilegales, según la información oficial. “Dichas acciones responden a diferentes motivos y se vinculan con el proceso de transformación dentro del Ministerio Público”, afirmó el ente investigador en un comunicado sobre la remoción de los fiscales, entre los que destaca Morales Lazo. Con este relevo, la nueva jefatura del Ministerio Público suma varias sustituciones de funcionarios cercanos al anterior mandato, entre ellos el extitular de la FECI Rafael Curruchiche, conocido por liderar la persecución penal contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín y otros casos de alto impacto. EFE

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El jefe de Glovo, a un paso de juicio por emplear a repartidores como falsos autónomos

Barcelona, 22 sep (EFE).- El juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ha dejado a un paso de juicio al consejero delegado de la empresa de reparto Glovo, Óscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores por emplear a falsos autónomos pese a las resoluciones judiciales que lo instaban a contratarlos. En un auto, al que ha tenido acceso EFE y que aún puede ser recurrido, el juez da por terminada la instrucción del caso, que se abrió a raíz de una denuncia de la Fiscalía, y acuerda dar un plazo de diez días a las partes para que presenten sus escritos antes de enviar el caso a juicio. En su auto, el juez argumenta que Glovo utiliza a trabajadores "a los que exige su alta en el régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social, una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada" y ahorrarse sus cotizaciones laborales. Según recuerda el juez, en septiembre de 2020 el Supremo dictó una sentencia en la que afirmaba la "naturaleza laboral" entre Glovo y sus trabajadores, conclusión a la que han llegado otros juzgados en fallos que han devenido firmes pese a los recursos de la empresa de reparto. A pesar de ello, añade el auto, Glovo "continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores", quienes están obligados a darse de alta como autónomos y abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa. Para el magistrado, ello constituye "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social". A raíz de las sentencias citadas, la Seguridad Social ordenó a las Inspecciones de Trabajo provinciales que enviaran requerimientos a la empresa Glovo para "comprobar si la relación laboral por cuenta ajena había sido reconocida por esta y aplicado los derechos laborales a los trabajadores". "Sin embargo, Glovo no acreditó en sus respuestas ninguno de los anteriores extremos, limitándose a contestar que la relación inicial que unía a las partes no se mantenía en el momento de procederse al requerimiento", sostiene el juez. Sin embargo, añade el auto, es una "realidad incuestionable" que los empleados de Glovo han continuado realizando sus labores de reparto en las mismas condiciones en las que lo venían llevando a término con anterioridad, sin que se les haya reconocido su condición de trabajadores por cuenta ajena. En ese sentido, abunda el juez que los repartidores carecen de una organización de trabajo propia, al prestar sus servicios dentro de la implementada por la empresa Glovo, que "dirige y organiza sus trabajos diarios a través de la plataforma digital de obligada utilización, donde se determina la forma y el precio del servicio de recogida y entrega de productos, y se establece un sistema de control del proceso productivo por medio de la gestión algorítmica del servicio". Pierre fue citado a declarar como investigado en el juzgado en diciembre de 2024 y, el día antes de su comparecencia, anunció que cambiaba el modelo de contratación y que emplearía a los repartidores, con el fin de garantizar la "paz social" en la empresa, pese a mantener que el anterior sistema también era legal. EFE

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