Gobierno de Javier Milei

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hace 14 h

Argentina reafirma ante la ONU su soberanía sobre Malvinas y acusa a Reino Unido de ocupación ilegal

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, ha reafirmado este miércoles ante Naciones Unidas la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, en respuesta directa al primer ministro británico, Andy Burnham, quien horas antes había prometido defender el derecho del archipiélago a "permanecer británico". Quirno ha recordado que las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son "parte integrante del territorio nacional argentino" y ha denunciado que se encuentran "ilegalmente ocupadas" por Reino Unido desde enero de 1833, cuando fuerzas británicas expulsaron a las autoridades "legítimamente establecidas". En este sentido, el jefe de la diplomacia argentina ha instado a Londres a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una "solución pacífica y duradera" a la disputa, tal y como establece la resolución 2065 de la ONU, pidiendo al Gobierno británico a "cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización". Asimismo, Quirno ha exigido a Reino Unido que se abstenga de introducir modificaciones unilaterales en la región que agraven la controversia. El ministro ha recordado que la resolución 3149 de la Asamblea General, que en pocos días cumple 50 años, prohíbe expresamente adoptar este tipo de medidas mientras el proceso recomendado por la ONU siga pendiente. "Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas", ha sentenciado. La respuesta de Buenos Aires se produce después de que Burnham, utilizara su intervención en Naciones Unidas para reivindicar el liderazgo global de Reino Unido y su estricta defensa de la Carta de la ONU. Burnham aseguró que su país se mantendrá "firme ante cualquier amenaza y desafío a la ley", apuntando no solo a Rusia, sino también a otros Estados. "Esto incluye allí donde amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como las islas Falkland", afirmó Burnham en alusión a las Malvinas. Este cruce diplomático se enmarca en un renovado impulso del histórico reclamo soberanista por parte del Gobierno argentino de Javier Milei. La tensión ha escalado de manera particular en las últimas semanas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara recientemente que podría revisar el apoyo de Washington a Londres respecto a este contencioso territorial.

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Expareja de Cerimedo declara en Bolivia en caso de corrupción en un organismo argentino

La Paz, 23 sep (EFE).- La abogada boliviana Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, declaró este miércoles como testigo desde Bolivia en el caso de corrupción relacionado con la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de Argentina y puso a disposición de la Justicia el contenido de su teléfono móvil. "Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que está haciendo aquí en Bolivia para que puedan extraer lo que sea pertinente en esa causa", dijo Beller al concluir su declaración. Beller se presentó en las oficinas del Ministerio Público en la ciudad boliviana de Santa Cruz y posteriormente declaró por videoconferencia ante las autoridades argentinas en el marco de la investigación sobre la entonces ANDIS durante el Gobierno de Javier Milei. "Entiendo que el señor Cerimedo ni siquiera es investigado en esa causa, sin embargo lo que puedo hacer es referir lo que él me comentó (sobre el caso Andis)", agregó. La investigación analiza un supuesto esquema de pagos indebidos y contrataciones irregulares en la entonces ANDIS, así como la posible participación de funcionarios del Gobierno de Milei y empresarios. El organismo dejó de funcionar posteriormente como entidad independiente y sus funciones fueron incorporadas a la estructura del Ministerio de Salud argentino. El caso cobró relevancia pública a partir de unos audios atribuidos al entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos pagos de sobornos. La Justicia argentina investiga el contenido y origen de esas grabaciones. En septiembre de 2025, Cerimedo declaró ante la Justicia argentina sobre este caso y aportó información relacionada con las grabaciones. Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y enfrenta una investigación por un presunto intento de feminicidio contra Beller. También es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y por un caso de presunta violencia de género contra su expareja, por hechos que habrían ocurrido en julio. El consultor formó parte de la estrategia de comunicación de Milei durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE (foto) (video)

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El caso Cerimedo, el asesor de la ultraderecha latinoamericana acusado de intentar matar a su expareja, salpica a Milei

La expareja de Fernando Cerimedo, quien fue asesor del presidente de Argentina y se encuentra preso en Bolivia, ha declarado de forma remota en la investigación por la trama de corrupción en el área de discapacidad del Gobierno de Javier Milei Los negocios de Cerimedo: la Justicia de Bolivia investiga los abultados ingresos del principal asesor de la ultraderecha latinoamericana La investigación por presuntos sobornos en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una de las causas que más golpea el relato “anticasta” de Javier Milei, sigue adelante. Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo —el asesor de la ultraderecha latinoamericana que está preso en Bolivia—, ha declarado de forma remota ante la Justicia argentina y ha afirmado que cuenta con conversaciones grabadas con él que contienen información sobre la trama bajo sospecha. La aparición de Beller en el escenario judicial se dio luego del intento de feminicidio que sufrió en Santa Cruz de la Sierra. El 17 de agosto, la abogada fue abordada por dos sicarios disfrazados de repartidores de comida en la puerta de un hotel y recibió tres disparos que la dejaron hospitalizada durante varios días. Beller apuntó a Cerimedo como el autor intelectual del ataque y afirmó que fue él quien la había citado en el lugar. El estratega de Milei y Rodrigo Paz (presidente de Bolivia) lleva un mes detenido y se enfrenta a varias causas judiciales, entre ellas, por enriquecimiento ilícito. Pruebas de la “corrupción libertaria” Beller aseguró en su declaración que tiene en su poder audios en los que su expareja le habla sobre la “corrupción libertaria” y se puso a disposición de la Justicia argentina para brindar esas pruebas. La abogada señaló, además, la existencia de un teléfono móvil incautado a Cerimedo por las autoridades bolivianas —del cual el detenido no brindó la clave—, en el que estarían almacenados diálogos fluidos con Diego Spagnuolo, el extitular de la ANDIS procesado por las irregularidades detectadas en la compra de medicamentos de la agencia. El abogado de Beller, Jerjes Justiniano, ha hablado con elDiario.es tras la declaración de 40 minutos de su clienta: “El fiscal Franco Picardi le preguntó a Nadia si tenía información para aportar al caso. Ella dijo que su información es referencial, no directa, ya que no conoce a nadie de los involucrados. En alguna oportunidad, producto de sus conflictos sentimentales con Cerimedo, ella grabó conversaciones con él. Esos datos están en el teléfono celular que Nadia entregó a la Justicia de Bolivia y del que el fiscal argentino puede solicitar una copia”. Beller aseguró que quien fuera estratega de Javier Milei y de la derecha latinoamericana le habló “muchas veces de la corrupción” del Gobierno ultraderechista argentino; asimismo, reveló que el propio Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios atribuidos a Spagnuolo. El caso estalló en agosto de 2025 con la filtración de esos audios , los cuales destaparon una presunta trama de sobornos a droguerías y proveedores de la ANDIS en la adquisición de medicamentos de alto costo. El 3% de Karina En las grabaciones atribuidas a Spagnuolo se exigía un retorno de entre el 8% y el 20% sobre el valor total de las compras públicas. La supuesta voz del entonces funcionario afirmaba que “a Karina le llega el 3%” —en alusión a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente—, mientras que un 1% adicional se destinaba a la logística operativa de la red. Los abogados defensores de los involucrados ensayaron un veloz control de daños argumentando que los audios eran falsos o creados con inteligencia artificial. Los investigadores sostienen que, aunque las grabaciones hubieran sido alteradas, eso no modifica el rumbo de la causa. Spagnuolo tuvo que renunciar y el Ejecutivo de Milei disolvió la agencia. Por su parte, el Ministerio de Sanidad hizo su propio relevamiento y detectó sobreprecios de hasta un 4000% en insumos como sillas de ruedas, ortopedia y aparatología, informe que fue incorporado a la causa. Esta semana comenzó con novedades en el expediente. El martes, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, confirmaron el procesamiento de Spagnuolo junto a otras 18 personas, entre las que figuran Daniel Garbellini (el segundo de ANDIS) y diversos empresarios del sector farmacéutico. En febrero, la justicia los había imputado por los delitos de asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la agencia habría funcionado como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas, como “una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal” y “una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficios de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando”. Las maniobras afectaron a la población con discapacidad especialmente vulnerable , esa misma que pondrá en en foco la futura visita del Papa León XIV al Cottolengo de Don Orione. Se trata de un hogar que da respuesta a personas con discapacidad y que ha denunciado falta de incumplimiento del Estado en los programas de asistencia.

elDiario.eselDiario.esMercedes López San Miguelhace 6 h
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Burnham dice que Reino Unido se mantendrá "firme" ante "amenazas" sobre las Malvinas

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, afirmó este martes ante la Asamblea General de la ONU que su país se mantendrá "firme ante cualquier amenaza o desafío" al Estado de derecho, incluidos "aquellos que afecten a territorios británicos como las islas Malvinas". "Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, incluyendo cuando amenacen los derechos de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas", afirmó Burnham durante su discurso ante la Asamblea General. Los comentarios se producen en un momento de renovada tensión entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas, administradas por Londres desde 1833 y reclamadas por Buenos Aires. El Gobierno de Javier Milei ha endurecido en las últimas semanas las medidas contra empresas que operan en el archipiélago sin autorización argentina y ha enviado al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto refuerza las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Malvinas y eleva las penas por actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos. La iniciativa también contempla penas de prisión de hasta 15 años para determinadas campañas de desinformación financiadas o dirigidas desde el extranjero. EFE (foto) (vídeo)

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El Senado de Argentina retrasa discusión sobre adhesión al tratado sobre patentes

Buenos Aires, 22 sep (EFE).- Dos comisiones del Senado de Argentina suspendieron una reunión para analizar la adhesión del país suramericano al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un trámite pendiente desde 1970 y que el Gobierno de Javier Milei se comprometió a concretar ante los Estados Unidos. Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio de la Cámara alta tenían previsto realizar una reunión plenaria este miércoles para abordar la iniciativa, pero este martes se decidió suspender el encuentro. Fuentes parlamentarias consultadas por EFE indicaron que la reunión fue suspendida por la ausencia de algunos parlamentarios. Horas antes de la suspensión, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, había afirmado en rueda de prensa que la aprobación de la adhesión al PCT era "muy importante" para el Gobierno de Milei. "Fue aprobado en Diputados y la mesa política (del Gobierno) decidirá el momento en que va a ir al Senado. Es un tema prioritario y esperamos que sea aprobado lo antes posible", dijo Ravier. Argentina firmó en 1970 su adhesión al PCT, un sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite pedir protección para una invención en más de 150 países con una sola solicitud, lo que simplifica la tramitación de una patente. El Senado de Argentina dio su visto bueno a la ratificación de este instrumento en 1998, pero desde entonces había quedado pendiente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados. La Cámara Baja lo aprobó finalmente el pasado 27 de agosto, pero con modificaciones, por lo que el proyecto volvió al Senado para su tratamiento. El Gobierno de Milei ha impulsado el debate parlamentario para la ratificación definitiva del PCT bajo el argumento de que, para incrementar su comercio internacional, Argentina debe respetar las reglas en materia de propiedad intelectual, tal como lo exigen varios socios comerciales. De hecho, la ratificación del PCT figura como uno de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión (ARTI) firmado con los Estados Unidos en febrero pasado. En este acuerdo se establece que "Argentina someterá al Congreso, para su consideración y ratificación, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, suscrito en Washington el 19 de junio de 1970". Luego de que el Ejecutivo de Milei impulsara el trámite parlamentario, los laboratorios farmacéuticos de capital argentino expresaron su rechazo al capítulo segundo del PCT que se refiere a las patentes de medicamentos. Finamente, ese capítulo, que hubiera facilitado el acceso de medicamentos extranjeros a Argentina, fue excluido durante el debate reciente en la Cámara de Diputados. "La adhesión plena al PCT, incluyendo el Capítulo II, hubiera sido el escenario más conveniente (...). Sin embargo, frente al escenario legislativo actual, entendemos que la incorporación de Argentina al PCT es prioritaria, aun con la reserva del Capítulo II", dijo este martes en un comunicado la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. EFE

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Asociación de medios alerta sobre posible impacto de ley de Malvinas en libertad de prensa

Buenos Aires, 21 sep (EFE).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió este lunes sobre los posibles efectos en la libertad de expresión del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei en medio del conflicto por las Malvinas, que establece penas de hasta 15 años de prisión para quienes realicen "campañas de desinformación". ADEPA informó en la red social X que remitirá a los legisladores un análisis jurídico del proyecto, "con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa". El proyecto enviado por Milei al Congreso el jueves establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”. El texto también contempla a quienes “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes” y las penas se elevan a entre ocho y quince años cuando esas conductas incluyan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales. ADEPA consideró que la protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye “un objetivo legítimo”, pero advirtió sobre pasajes del texto que pueden ser sujetos a "interpretaciones ambiguas". El pronunciamiento se centra especialmente en la amplitud de conceptos incluidos en el proyecto como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada” y “alterar procesos electorales”, que, según ADEPA, podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y producir “efectos inhibitorios” sobre periodistas y medios. "Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural", expresó la asociación de entidades periodísticas. La posición de la entidad se suma a las advertencias formuladas la semana pasada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que consideró que el artículo referido a la desinformación supone “un riesgo concreto para la libertad de expresión". Milei empujó esta ley, que endurece las sanciones para empresas extranjeras que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833, tras un giro inesperado en su discurso sobre la soberanía de esos territorios. El polémico artículo del proyecto legislativo se suma al plan estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente del propio Milei, que puso en 2025 como focos de interés a actores que pudieran “erosionar la confianza” de funcionarios, “manipular la opinión pública” o afectar la percepción social de las políticas del Gobierno El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional propone además crear un nuevo Sistema de Seguridad Nacional con amplias facultades, además de un registro para recabar información sobre personas y entidades sin una causa penal previa cuando haya "motivos razonables" para sospechar vinculaciones con el terrorismo. EFE

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Misión del FMI llega a Argentina para nueva revisión del programa firmado en 2025

Buenos Aires, 21 sep (EFE).- Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciará este lunes en Buenos Aires la tercera revisión del programa de facilidades extendidas firmado con Argentina en 2025, confirmaron a EFE fuentes del organismo multilateral de crédito. La misión, liderada por Joyce Wong, prevé tener reuniones con autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central argentino. En abril de 2025, el Gobierno de Javier Milei firmó con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas que fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las reservas del Banco Central, con créditos por un total de unos 20.000 millones de dólares. En mayo pasado, el FMI aprobó la segunda revisión del programa, pese a que el país suramericano volvió a incumplir -como en la primera revisión- la meta de acumulación de reservas monetarias. La aprobación de la segunda revisión liberó un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que elevó a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente. El ritmo de acumulación de reservas de Argentina ha mejorado tras las dos primeras revisiones. Según observó este lunes la firma Wise Capital en un informe, "el escenario actual muestra un giro inédito respecto a las revisiones previas", ya que el Banco Central ya superó la meta anual de acumulación de reservas tras sumar unos 14.200 millones de dólares. "Sin embargo, el frente fiscal presenta tensiones. El Gobierno proyecta un superávit primario del 1,3 % del PBI para 2026. Esta cifra se ubica apenas por debajo del 1,4 % pactado con el organismo", apuntó Wise Capital. Se trata de una diferencia cercana a los 700.000 millones de pesos (unos 456 millones de dólares). "Pese al pequeño desvío, en el Palacio de Hacienda prevén obtener una dispensa sin mayores contratiempos. Las autoridades destacan la solidez del resultado financiero general", añade el informe de Wise Capital. Argentina se mantiene como el principal país deudor del FMI, con una deuda que, según datos del organismo, asciende a 58.211 millones de dólares. EFE

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Anuncio contra la política cinematográfica argentina precede proyecciones en San Sebastián

San Sebastián, 21 sep (EFE).- Un anuncio que exige la derogación de la "ley que desfinancia" el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) y "destruye el cine" se proyecta en el Festival de Cine de San Sebastián antes todas las películas argentinas que participan en el certamen fuera de la Sección Oficial. El anuncio muestra imágenes de largometrajes argentinos emblemáticos junto al texto "¿puedes imaginarte un mundo sin películas?, en Argentina el 1 de enero de 2028 entrará en vigor una ley que desfinancia el INCCA y destruye el cine argentino, exigimos su derogación". Con esta medida, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina muestra su oposición a la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei que modifica el sistema de financiación del INCAA. En declaraciones a EFE, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, explicó que esta reforma "supone la puntilla" para el cine argentino, "en un momento que Milei está intentando acabar con él". Rebordinos añadió que la Academia argentina "está peleando para mantener vivo" el cine de este país y el Festival de San Sebastián quiere apoyar esta iniciativa. Por esta razón, proyecta el anuncio antes de los pases de todas las películas argentinas, excepto las de la Sección Oficial "donde las normas de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) impiden proyectar este tipo de anuncios". "Para darle una mayor visibilidad al 'spot', hemos añadido un par de sesiones del Velódromo”, agregó.EFE

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Canciller argentino niega que la ley de Malvinas restrinja la libertad de expresión

Buenos Aires, 18 sep (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, negó este viernes que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno de Javier Milei esta semana al Congreso y que contempla penas de prisión para quienes realicen "campañas de desinformación", implique una restricción a la libertad de expresión y defendió la necesidad de contar con herramientas frente a operaciones de origen extranjero. El funcionario negó que la iniciativa tenga que ver con la “restricción a la libertad de expresión” y explicó que está dirigida a "campañas masivas originadas por un Estado o un organismo extranjero”, durante una entrevista con el canal A24. “Nosotros tomamos las amenazas que Argentina puede llegar a tener de manera muy seria”, afirmó Quirno. Señaló también que existen legislaciones similares en “países como Estados Unidos, Singapur y Canadá”, en referencia a las herramientas para hacer frente a operaciones de influencia extranjera. Según Quirno, la legislación argentina actual es anticuada y defendió la incorporación de nuevos mecanismos para perseguir nuevos delitos. “Alguien que quiere impactar en una campaña electoral, si nosotros no tenemos las herramientas para condenar ese delito, esa gente puede trabajar libremente”, planteó. El artículo 111 del proyecto enviado esta semana por Milei al Congreso establece penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”. Las penas se elevan a entre ocho y quince años cuando, además, haya amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales. La iniciativa generó cuestionamientos de organizaciones periodísticas, constitucionalistas y dirigentes opositores por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) consideró que el proyecto supone “un riesgo concreto para la libertad de expresión” y pidió revisar el artículo para evitar que pueda “penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y limitar la crítica política y de asuntos de interés público”. EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae19 sept
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Argentina dice que apoyo británico a petroleras en Malvinas muestra que no quiere negociar

Buenos Aires, 18 sep (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó este viernes que el respaldo del Reino Unido a las empresas petroleras que operan en las islas Malvinas demuestra que no quiere negociar con Argentina sobre la soberanía del archipiélago y reiteró que el reclamo del Gobierno de Javier Milei es diplomático y no tiene una "intención belicosa". Consultado por la postura expresada por el Gobierno británico después de las medidas anunciadas por Argentina contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas, Quirno afirmó en una entrevista con el canal A24 que el respaldo de Londres “demuestra la posición del Reino Unido de no querer sentarse a negociar como lo indican las disposiciones de Naciones Unidas”. El canciller recordó una de las resoluciones de Naciones Unidas que, según explicó, establece que “mientras dure esa disputa y no se resuelva, ambos países no tienen que realizar medidas unilaterales” y cuestionó la explotación de hidrocarburos que se desarrolla en las islas bajo administración británica. El funcionario insistió en que “Argentina no tiene ninguna intención belicosa y siempre ha querido resolver desde la democracia en términos pacíficos y diplomáticos” la disputa de soberanía de las Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. El Gobierno de Milei anunció a comienzos de septiembre nuevas sanciones contra empresas que participen en actividades de exploración y explotación de recursos naturales en las islas y presentó además esta semana un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Sobre las petroleras, Quirno defendió la estrategia oficial y afirmó que el Gobierno “ha valorizado sus activos estratégicos que hacen que se puedan aprovechar en este conflicto”. Respecto a Estados Unidos, el canciller afirmó que Washington “ha decidido tomar una posición de neutralidad” sobre la disputa, pero consideró que la reciente mención del presidente Donald Trump a Malvinas es beneficiosa para Argentina debido a “la difusión que le da a la causa”. Trump había afirmado el 31 de agosto la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas. EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae19 sept
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Cristina Fernández vuelve a cobrar pensión por viudez, retirada por el Gobierno de Milei

Buenos Aires, 14 sep (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) volvió a cobrar en septiembre la pensión vitalicia como viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) después de que la Justicia ordenara restablecer el beneficio que le había retirado en noviembre de 2024 el actual Gobierno de Javier Milei. Después de 22 meses sin percibir ese beneficio, la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) abonó en septiembre la pensión por viudez correspondiente a agosto de 2026 por un monto bruto de 16.090.877,01 pesos (unos 10.660 dólares). El pago se concretó en cumplimiento de una medida cautelar dictada en agosto por la Cámara Federal de la Seguridad Social (tribunal de segunda instancia), que ordenó restituir la pensión mientras continúa el juicio sobre la legalidad de la decisión del Ejecutivo. El Gobierno de Milei retiró en noviembre de 2024 las dos pensiones vitalicias que percibía Fernández (una por expresidenta y otra por viuda de expresidente), después de que un tribunal confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz. Fernández reclamó la restitución de las dos prestaciones y la Cámara falló el pasado agosto a su favor, solo respecto de la pensión por viudez, cuyo pago ordenó reanudar de forma cautelar. El Ejecutivo recurrió la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si mantiene o revoca la medida cautelar. Mientras la resolución judicial permanezca vigente, la Anses debe continuar con los pagos. Fernández comenzó a percibir ambas pensiones al finalizar su mandato en 2015, pero el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) suspendió una de ellas por considerlas incompatibles, y la obligó a optar por una. La disputa siguió en el ámbito administrativo y judicial durante años. En marzo de 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), la Anses restituyó la prestación suspendida, mientras continuaba el litigio judicial, hasta que Milei retiró ambas pensiones en noviembre de 2024. EFE

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