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Gobierno vasco — página 2

Organización · 34 artículos
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El Gobierno vasco vuelve a pedir a Verter Recycling actuaciones para evitar más "daños ambientales" en Zaldibar

La Administración sigue adelantando dinero público por los problemas en el vertedero desplomado en 2020 El Superior tumba un intento de la empresa gestora de Zaldibar de anular el “carácter significativo” de los daños El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha recogido este miércoles un anuncio (uno más) con requerimientos a la empresa Verter Recycling por los problemas en el vertedero de Zaldibar, el que se desplomó en febrero de 2020 y causó la muerte de los operarios Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán y una catástrofe natural de grandes dimensiones. Sin embargo, una vez más se constata que es una empresa en liquidación, que es imposible contactar con quienes eran sus responsables y que es la Administración, con recursos públicos, la que tiene que seguir asumiendo tareas en la zona. En este caso, la notificación es por una resolución del viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, dictada en junio. Se le reclaman a Verter Recycling “medidas preventivas y de evitación de daños ambientales”. Tras el desplome del vaso en 2020 —estaba ubicado en una ladera— se estabilizó el terreno y se llevaron a cabo sellados, pero incluso en fechas muy recientes se han detectado problemas de impermeabilización, lixiviados o residuos desperdigados que están obligando a actuar de continuo sobre el terreno. Las tareas necesarias ahora en Zaldibar, según indican fuentes del Gobierno, tienen que ver con la “limpieza de tuberías de drenaje de lixiviados del vaso original” y del depósito extraordinario que hubo que construir en la gran operación de restauración, así como con la “habilitación de un sistema automático alimentado eléctricamente para el bombeo de los lixiviados” a la red de saneamiento comarcal para su canalización a la depuradora de Elgoibar. Zaldibar es Bizkaia pero está pegado a la muga con Gipuzkoa. Desde el Ejecutivo no niegan que Verter Recycling “no cumple” con sus obligaciones, de modo que queda la “ejecución subsidiaria” de los trabajos por parte de la Administración. Es el Gobierno el que contrata y paga y luego le gira la factura a la empresa. El problema es que desde 2020 la minuta acumulada es multimillonaria, y eso que la ley permite actuar no solamente contra sociedades mercantiles sino contra las personas físicas que estaban detrás de ellas. En 2023 ya rondaba los 30 millones de euros. El dueño y máximo representante de Verter Recycling era el empresario José Ignacio Barinaga.

elDiario.eselDiario.es•Iker Rioja Andueza16 sept

La Fiscalía de la AN recurre la semilibertad "prematura" del exdirigente de ETA Henri Parot

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha recurrido ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria la resolución del Gobierno Vasco que concedió el tercer grado penitenciario al exdirigente etarra Henri Parot, al entender que es una semilibertad "prematura". Así lo ha comunicado este miércoles el Ministerio Público, señalando en una nota de prensa que la decisión "resulta prematura en el momento actual y no se ajusta plenamente a los criterios legales que rigen la clasificación penitenciaria". La Fiscalía indica que reconoce la "evolución favorable" del interno durante el cumplimiento de la condena, así como el correcto desarrollo de la modalidad flexible prevista en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, la ausencia de incidencias y la existencia de apoyo social y familiar. "No obstante, el tiempo transcurrido desde la aplicación de dicho régimen es todavía insuficiente para considerar plenamente consolidados los factores que permitirían acceder al régimen de semilibertad propio del tercer grado", recalca. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae16 sept

La Fiscalía recurre el tercer grado del exdirigente de ETA Henri Parot

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido la semana pasada por el Gobierno vasco al etarra Henri Parot (Argel, Francia, 1958), autor de sanguinarios atentados, como el de la casa cuartel de Zaragoza de 1987 y condenado a penas superiores a los 4.000 años de prisión. El terrorista, condenado por 39 asesinatos a una pena acumulada de 40 años cumplía condena en régimen de semilibertad en la cárcel guipuzcoana de Zubieta hasta que hace siete días la Consejería de Justicia del Gobierno vasco, que dirige la socialista María Jesús San José, confirmó que le concedía el tercer grado, lo que le permitía salir a la calle, con base en el informe de la Junta de... Ver Más

ABCABC•(abc)16 sept

Vox denuncia que el Gobierno Vasco "apostara por la imposición" del euskera sin precisar "el coste de dinero público"

Vox ha denunciado que el Gobierno Vasco "apostara por la imposición" del euskera sin precisar "el coste de dinero público" después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya anulado el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de Normalización del Uso del Euskera en el sector publico vasco por "insuficiencia de la memoria económica" tras estimar el recurso interpuesto por la formación liderada por Santiago Abascal contra esta norma. En un comunicado, Vox destaca que el TSJPV ponga el foco en "la insuficiencia" del Informe Económico que acompaña al Decreto impugnado y apunta que así lo había señalado la Oficina de Control Económico. "Pese a ello, el Gobierno Vasco mantuvo su apuesta por la imposición del euskera sin precisar el coste de dinero público que supondría, algo que hoy ha parado el TSJPV", afirma. Por ello, se felicita por la sentencia del alto Tribunal vasco y considera que supone "una piedra en el camino de un Gobierno, el presidido por Imanol Pradales, que antepone la imposición del euskera a cualquier otra consideración, en este caso sin precisar el coste de sus pretensiones".

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae16 sept
I

El TSJPV anula el decreto que regula el uso del euskera en la admninistración vasca

Vitoria, 16 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto de normalización del uso del euskera para el sector público vasco, que fue recurrido por Vox, debido que la memoria económica que lo acompaña adolece de "insuficiencia sustancial". La sentencia anula el decreto por este único motivo, al tiempo que desecha los argumentos de fondo que planteó Vox al presentar el recurso, referidos a la inconstitucionalidad de la norma por resultar, a juicio de esta formación política, discriminatoria para los castellanoparlantes. El fallo sostiene que la estructura y contenido de este motivo de fondo "es tan genérica, tan difusa e imprecisa que no puede ser acogido" y argumenta que Vox, en su recurso, "presenta los preceptos constitucionales vulnerados pero no especifica qué artículos del decreto los lesionan". El TJSPV elevó una cuestión de inconstitucionalidad relativa a esta asunto, que fue inadmitida por el Tribunal Constitucional el pasado mes de julio. El decreto fue aprobado por el Gobierno Vasco el 22 de febrero de 2024. Entre otras cuestiones flexibilizaba los perfiles lingüísticos, ampliaba las formas de acreditarlos y recogía que se podrán poner exámenes en euskera en los procesos selectivos para plazas que tengan esta lengua como preceptiva. La regulación afecta a más de 140.000 trabajadores, no solo los empleados de todas las administraciones públicas vascas, sino también a los de las sociedades, empresas públicas, consorcios y fundaciones, así como a los de empresas privadas contratadas por el sector público. Pese a desechar los argumentos de fondo, el TSJPV sí admite una de las alegaciones planteadas por Vox en el recurso presentado en marzo de 2025, al observar un "vicio procedimental" relacionado con a la memoria económica que acompañó al decreto ahora anulado. El TSJPV concluye que la memoria económica "adolece de insuficiencia sustancial, es decir, no cumple con su propia razón de ser" porque no cumple "con la evaluación y fundamentación objetiva y técnica de las exigencias y repercusiones económico financieras de la regulación proyectada". La memoria, abunda la sentencia, "no justifica tampoco que la nueva regulación respete las imprescindibles estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera". EFE

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae16 sept

El TSJPV tumba la exigencia nacionalista del euskera en la Administración vasca al carecer de control económico

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado una de las normas fundamentales que, desde que fuera aprobada en 2024, regulaba la política lingüística impulsada por el nacionalismo. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha anulado el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el sector público vasco por «insuficiencia de la memoria económica» tras estimar el recurso interpuesto por Vox contra esa norma. Este decreto, pactado por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) durante la última legislatura con Íñigo Urkullu al frente del Gobierno vasco, desarrollaba la Ley de Empleo vasca, estableciendo los 'perfiles lingüísticos`. Es decir, las plazas de la administración... Ver Más

ABCABC•(abc)16 sept

La Justicia tumba el decreto de normalización del euskera en la Administración vasca tras un recurso de Vox

El fallo aclara que la decisión es por defectos de forma —la insuficiencia de una memoria económica— y no por cuestiones de fondo Pradales apela a “fomentar el apego emocional positivo” hacia el euskera y a sacarlo del “ámbito del conflicto” La sección tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto para la normalización del euskera aprobado en febrero de 2024 por el Gobierno vasco, entonces con Iñigo Urkullu como lehendakari y Bingen Zupiria como consejero del ramo. La sala, compuesta por los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas, atiende un recurso de Vox pero aclara que la decisión es por defectos de forma —la insuficiencia de una memoria económica— y no por cuestiones de fondo. El fallo no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El texto, que venía respaldado expresamente por consejeros de PNV y PSE-EE, excluyó en su redacción definitiva algunos puntos espinosos que habían sido objeto de recursos judiciales en el pasado . Regula el impulso del euskera en la Administración vasca, incluidos los funcionarios de Lakua pero también organismos como la Ertzaintza y Osakidetza y sociedades públicas, unas 140.000 personas. Vox, con un solo escaño en el Parlamento Vasco, y el PP han recurrido de modo regular las normativas de impulso a la lengua vasca. En paralelo, colectivos de la denominada 'euskalgintza' y fuerzas como EH Bildu e incluso algunos sectores del PNV han denunciado una “ofensiva” contra el euskera. Esta resolución llega a pesar de que, en verano, el Tribunal Constitucional inadmitiera una cuestión de inconstitucionalidad del Superior vasco contra la ley de 2022 de la que emana este decreto, de nuevo por procedimiento instado por las derechas. En aquel momento, aunque se conocía que quedaban recursos pendientes, el Gobierno vasco dijo ver respaldada su política lingüística . Políticamente, el PNV promovió también un retoque de la norma de 2022 en busca de seguridad jurídica, aunque en esta ocasión sin consenso con los socialistas, su socio de Gobierno. Esa nueva ley requiere precisamente otro decreto en el que ya trabaja el Ejecutivo. Ahora Zupiria es consejero de Seguridad y la responsable de Política Lingüística es su compañera de gabinete Ibone Bengoetxea. ¿Por qué se anula el decreto? El Superior entiende que el Gobierno no atendió un informe con reparos de la Oficina de Control Económico, un órgano interno, que en un dictamen “amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para profanos” alertó de algunos problemas sobre las consecuencias financieras del reglamento. A partir de ahí, se afea al Gobierno que dijera que el decreto inicialmente no iban a tener repercusión económica y que luego presentara una memoria económica insuficiente. Se menciona, por ejemplo, que se “evidencia” la “ausencia de los necesarios créditos presupuestarios” para hacer frente a las exigencias. En definitiva, no entra como tal al fondo de la política lingüística o a valorar si las medidas de impulso del euskera son o no acertadas, sino a afear la forma de trabajar del Ejecutivo vasco.

elDiario.eselDiario.es•Iker Rioja Andueza16 sept

Txeroki se refugia en Andoáin y está dado de alta en un herbolario en el que no trabaja

El ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina , alias 'Txeroki', está dado de alta en un herbolario de Andoáin (Guipúzcoa) donde no acude a trabajar, según alertan fuentes de la lucha antiterrorista a ABC. El etarra tiene a su familia, pareja e hijos en este municipio de la comarca de San Sebastián y la principal sospecha es que este contrato laboral es una treta para tener más cerca a sus seres queridos. El 9 de febrero de este año el corazón de las víctimas del terrorismo se encogió al ver como uno de los líderes más sanguinarios de ETA conseguía salir a la calle gracias al régimen de semilibertad autorizado por el Gobierno vasco a propuesta de la... Ver Más

ABCABC•(abc)15 sept

El control del Gobierno vasco sobre el supuesto trabajo de los etarras falla: «Puede cubrirles el empresario»

La información que este miércoles publica ABC sobre Txeroki, el antiguo jefe del aparato militar de ETA que disfruta de permisos para salir de prisión con la condición de ir a trabajar y no va a trabajar , demuestra que el sistema tutelado por el Gobierno vasco para «flexibilizar» la condena de los etarras y su supuesto control falla. La supervisión depende del personal de la cárcel de cada reo —en el caso de Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', la de Zubieta (Guipúzcoa), que en junio sustituyó a la antigua de Martutene —, varía en cada situación y deja un amplio margen a las trampas. «Pueden encubrirlos los empresarios. Hay tantos etarras con contratos falsos...», dicen fuentes penitenciarias. Una realidad que... Ver Más

ABCABC•(abc)15 sept

Vox pide a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra el tercer grado concedido al exdirigente de ETA Henri Parot

Vox ha presentado este lunes una solicitud de actuación ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que recurra la decisión del Gobierno vasco de conceder el tercer grado penitenciario al exdirigente de ETA Henri Parot y solicite que se suspenda para que "retorne de inmediato al centro penitenciario correspondiente". El escrito, firmado por la vicesecretaria Nacional Jurídica de la formación, Marta Castro, expone que esta concesión "afecta directamente a los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a las víctimas del terrorismo" al suponer "un menosprecio y humillación". En este sentido, recuerda que el artículo 61 de la Ley 29/2011 "impone al Estado la obligación de prevenir y evitar la realización de actos que entrañen "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas"". Por otro lado, destaca en la necesidad de acreditar de forma "fehaciente y cumulativa" signos "inequívocos" de haber dejado atrás "fines y medios terroristas"; así como la "colaboración activa" para "impedir" otros delitos y "atenuar" los propios, e identificar, capturar o procesar a "responsables de delitos terroristas". También incide en la necesidad de realizar una "declaración expresa de repudio de las actividades delictivas y de abandono de la violencia"; la "petición expresa de perdón a las víctimas"; e "informes técnicos que acrediten la real desvinculación de la organización terrorista y de su entorno". "La concesión del tercer grado sin la acreditación suficiente de estos requisitos constituiría una vulneración directa del artículo 72.6 LOGP", recoge el documento elaborado por Vox. En cuanto al principio de flexibilidad en la clasificación penitenciaria, argumenta que "no puede en ningún caso servir de cauce para eludir los requisitos" que "impone la ley orgánica para el acceso al tercer grado de los condenados por delitos de terrorismo" y, "con mayor motivo" "en quien concurre una actividad sanguinaria". De este modo, "debe interpretarse de conformidad con las normas de rango orgánico que condicionan y limitan la clasificación en tercer grado". Vox apela a la verificación de la liquidación de condena del penado, para que "si resultase que los plazos temporales previstos" en el Código Penal "no se han consumido", servirían para reforzar la "improcedencia" del grado concedido a Parot. Por último, desde el partido liderado por Santiago Abascal mencionan la sentencia del Tribunal Constitucional 169/2021, de 6 de octubre, de las cuales se desprende --según Vox-- que no se cumplen "los períodos de seguridad y los requisitos reforzados" para conseguir el tercer grado ya que solo son "constitucionalmente legítimos" cuando "no anulen por completo la expectativa de reinserción", como sucede en este caso según la formación política. Por todo ello consideran "que la concesión del tercer grado penitenciario a Henri Parot resulta manifiestamente improcedente en tanto no se acredite el cumplimiento efectivo de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 72.6 LOGP". Y recuerdan que fue condenado por "39 asesinatos terroristas consumados y otros delitos de extrema gravedad", "acumulando penas de prisión cercanas a 4.797 años", con "presencia de menores de edad entre los fallecidos en el atentado de Zaragoza" y cuya "entidad de las penas" sitúan "este caso en un plano de gravedad excepcional". Vox asegura en su escrito que la concesión del tercer grado al exdirigente de la banda terrorista resulta contrario "al espíritu y finalidad" de la Ley Orgánica 7/2003 que tenía como objetivo "garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en los supuestos de crímenes especialmente graves" y exigir "requisitos cualificados para que los condenados por terrorismo pudieran acceder al régimen abierto".

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae14 sept