España propone un modelo más flexible del 'made in Europe' para facilitar la entrada de inversiones chinas
El Gobierno español pretende que la legislación europea ofrezca certidumbre a inversores chinos y ampliar las inversiones del gigante asiático en España sin perder acceso a las ayudas y la contratación pública frente a las duras restricciones propuestas por otros países Hay una batalla interna en los despachos de las instituciones europeas del que depende el futuro de la industria de la UE. Los ministros del ramo se han reunido este jueves en Bruselas para determinar el alcance de la preferencia europea, es decir, qué porcentaje de un producto se tiene que fabricar en Europa para acceder a programas de contratación pública o ayudas de las Administraciones de la UE. El debate es vital para España, que tiene en cartera potentes inversiones de China en sectores fundamentales como el automóvil o las baterías. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha llegado a la capital europea con una propuesta española debajo del brazo en la que establece un sistema más flexible por capas que permite a determinados países no perder automáticamente el acceso a las ventajas de contratación y subvenciones públicas por no alcanzar los porcentajes establecidos en la fabricación para considerarse europeo. “Somos partidarios de reforzar el espacio europeo como un ámbito de producción industrial porque nuestra estrategia básica es la reindustrialización, pero a la vez añadimos una visión pragmática de que en muchas cadenas de valor podemos contar con otras áreas y otros países del mundo”, ha declarado Hereu. España no cuestiona los porcentajes para considerar un producto europeo en determinados sectores (acero, cemento, aluminio, automoción, tecnologías limpias) que ha propuesto la Comisión Europea, pero quiere que haya más flexibilidad para que un país no sea expulsado del acceso a las ventajas de la Industrial Aceleration Act (la normativa europea que recoge el 'made in Europe'), subvenciones y contratación pública, y que la propuesta abarque a muchos más sectores (semiconductores, tecnologías digitales, aeroespacial, biotecnología, farmacéutica, etc) Frente a la tolerancia que propone España y que países como Alemania no ven del todo mal, Francia aboga por una preferencia europea más dura en y que no se abra demasiado el margen de actuación a países terceros. Fuentes de la Secretaria de Estado de Industria han explicado que el modelo estricto puede provocar problemas en las cadenas de suministro si un producto depende de un componente que Europa todavía no fabrica o no fabrica en cantidad suficiente. La expulsión de ese productor del acceso a las ventajas públicas puede ser contraproducente industrialmente y generar problemas con socios comerciales. Sistema de capas En este sentido, las mismas fuentes explican que el modelo español se articula en tres capas donde la primera está constituida por los 27 países de la Unión Europea, es decir, producción genuinamente europea. Una segunda capa donde estarían los 27 más los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y podrían incorporarse otros países afines que tengan cadenas de valor estrechamente integradas con Europa y ofrezcan reciprocidad en sus relaciones comerciales e industriales, como es el caso del Reino Unido. Finalmente, habría otra tercera capa, que es lo que realmente diferencia a la propuesta española, donde estarían todos los anteriores más países con acuerdos comerciales, unión aduanera o determinados acuerdos de contratación pública con la UE. Esto supondría la inclusión de otros 80 países. ¿Por qué es relevante esta tercera capa? Porque incluiría a China, que es el elemento distorsionador por el que está normativa se está desarrollando. La propuesta española pretende que cuando Europa dependa de China por ser el único país con capacidad para ofrecer o fabricar un componente crítico concreto pueda ser admisible dentro de la tercera capa mientras Europa desarrolla alternativas. De esta manera, España pretende ofrecer a China la certidumbre legislativa necesaria para que siga desarrollando inversiones industriales en nuestro país sin perder las opciones de ayudas públicas o acceder a contratos de la Administración. Por ejemplo, un Ayuntamiento quiere renovar su flota de vehículos. Con la propuesta de la Comisión solo podrían acceder a la venta los automóviles que en un 70% tengan componentes fabricados en Europa, excluida la batería. Con la propuesta española, la obligatoriedad es que las marcas ofrezcan un 40% fabricado en la UE y el 30% restante pueda proceder de una cadena industrial europea ampliada, es decir, que puedan ser piezas chinas ensambladas en fábricas españolas. “Es una forma de proteger la capacidad productiva europea sin exigir autarquía industrial”, ha comentado el ministro Hereu. Otro ejemplo que han explicado fuentes de la Secretaria de Estado de Industria sería con las baterías. La Comisión propone que para acceder a las ventajas de la Industrial Aceleration Act una batería debe contar con tres componentes principales europeos y, en un periodo de tres años, cinco componentes europeos. La propuesta española añade el concepto de capas de manera que dos componentes de la batería tendrían que ser de países de la capa uno y al menos otros tres podrían ser de la capa dos. La Comisión Europea centraliza las decisiones España no propone un listado con tres capas permanentes, sino un sistema dinámico por países, sectores y componentes. La idea es que un mismo país podría tener una consideración diferente del producto o componente y podría subir o bajar de capa conforme aumente su integración, reciprocidad o fiabilidad respecto a Europa. Fuentes de la Secretaria de Estado de Industria explican que si un tercer país quiere que sus productos tengan mejor acceso al mercado europeo y a sus ventajas industriales, con este modelo va a tener más incentivos para negociar acuerdos, reciprocidad y cadenas de suministro más estrechas con la UE. De hecho, la propuesta española está hecha para que inversores de la capa tres inviertan en Europa junto a un socio local y vayan ampliando progresivamente la producción en el territorio, como ocurre con Ebro y Cherry, en Barcelona, o Santana y Baic, en Linares. Para evitar confrontaciones políticas o que los 27 tengan que negociar en qué capa está cada componente, sector o país se crearía un sistema centralizado en la Comisión Europea, que tendría actualizado un sistema para que las Administraciones públicas tuvieran claro que marcas y productos pueden beneficiarse de las ayudas públicas o acceder a las licitaciones públicas. Pero además, el modelo español parte del cumplimiento de que Europa asuma valor añadido cuando una empresa se establezca en el territorio para tener más acceso a las ventajas de la normativa europeo. Por eso, se establecería una guía para que la compañía deje tres huellas: en el ámbito industrial, con la incorporación de proveedores de la zona; tecnológica, que se traduce en que la tecnología tiene que ser compartida; y de empleo, con contrataciones de nacionales y formación. Además, tienen que cumplir con estándares sociales y laborales de Europa, con las exigencias medioambientales y de gobernanza, en sus relaciones con patronales, sindicatos, administraciones territoriales, etc.
elDiario.es•Rodrigo Ponce de Leónhace 53 min
