El senador de El Hierro endosa al Cabildo una factura de 48.400 euros del abogado 'estrella' que lo defendió en el Supremo
Javier Armas (Agrupación Herreña Independiente) contrató al reconocido penalista José Antonio Choclán tras aforarse. Su caso recuerda al de Fernando Clavijo, que cargó al Ayuntamiento de La Laguna los honorarios del mismo letrado tras el archivo del caso Grúas Caso Vertederos: los papeles que el Supremo no contempló al archivar la causa contra el senador de El Hierro El senador Javier Armas ( Agrupación Herreña Independiente -AHI- ) ha endosado al Cabildo de El Hierro facturas por un importe total de 70.474,5 euros para pagar los honorarios de los dos despachos de abogados (y procuradores) contratados para su defensa en el denominado caso Vertederos , que investigó durante cerca de dos décadas el descontrol en la gestión de tres puntos de vertidos de una isla declarada Reserva de la Biosfera en 2000. El aforamiento de Armas ante el Tribunal Supremo en 2023 disparó el coste de esa factura. Antes de su designación como senador por El Hierro, el dirigente de AHI (aliado de Coalición Canaria) estuvo representado en los juzgados de las islas por un bufete de Tenerife, Mesa Abogados . Las minutas de este despacho ascendieron a 21.400 euros. Sin embargo, tras la elevación del caso al Supremo, Armas contrató al penalista José Antonio Choclán , conocido como el abogado de las estrellas . Magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional , este letrado ha defendido, entre otros, a Cristiano Ronaldo , José Mourinho , Francisco Correa , Cristina Cifuentes , Rita Barberá o, más recientemente, al empresario Víctor de Aldama o al cantante Julio Iglesias . Choclán asumió la defensa de Javier Armas en octubre de 2023. Catorce meses después, en diciembre de 2024, el Supremo archivó la causa al no apreciar delito en su actuación. Entre medias, el despacho del reconocido penalista asistió al senador en su declaración en el alto tribunal en marzo de 2024 y nueve meses después, en diciembre, presentó un escrito en el que expresaba su oposición a la petición de la Fiscalía para declarar compleja y prorrogar la causa y en el que, además, solicitaba el sobreseimiento del caso Vertederos. Por esas diligencias, el bufete de Choclán giró una factura de 48.400 euros (40.000 euros más IVA), más del doble de lo que había costado la defensa de Armas desde la incoación de las diligencias en un juzgado de Valverde hace ya veinte años. Más de 100.000 euros: el impacto global para el Cabildo El aforamiento de Armas en el Supremo no sólo encareció la factura pública del caso Vertederos, sino que también alteró el destino del procedimiento. Antes de que el dirigente de AHI se convirtiera en senador, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya había fijado fechas para el juicio oral contra Armas y las otras dos procesadas, la exconsejera Claribel González y la funcionaria Fabiola Ávila . La Fiscalía pedía once años de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros para cada uno de ellos por un delito continuado con los recursos naturales, otro de prevaricación medioambiental y un tercero sobre la ordenación del territorio. El escrito de acusación del Ministerio Público, que había sido formulado en octubre de 2018, les acusaba de consentir tres vertederos ilegales. Todo cambió cuando el Supremo, con el magistrado Pablo Llarena como ponente, decidió archivar la causa especial abierta contra Armas. En abril de este año, la Audiencia Provincial siguió los pasos del alto tribunal y decretó el sobreseimiento libre (definitivo) del procedimiento contra las otras dos procesadas. Lo hizo después de que la Fiscalía cambiara de criterio y pasara de acusar a alinearse con los postulados de la defensa. Tras este archivo, las otras dos procesadas también han cargado a las arcas públicas los gastos de defensa. En el caso de la funcionaria Fabiola Ávila, 26.402,37 euros aprobados en un Consejo de Gobierno de junio. En el de la exconsejera Claribel González, 21.746,12 euros aprobados en el pleno que la corporación insular celebró en julio. En total, por lo tanto, el caso Vertederos ha costado en gastos de abogados más de 100.000 euros (en concreto, 118.623,07 euros) a las arcas del Cabildo de El Hierro. De esa cantidad, más del 40% se lo ha llevado el bufete de Choclán que Armas contrató para el Supremo. Las razones para indemnizar Para que una administración asuma los honorarios de la defensa penal de sus cargos electos o funcionarios deben cumplirse tres requisitos. El primero es que la imputación tenga su origen en actuaciones realizadas en el ejercicio de funciones institucionales, no en su esfera personal. El segundo es que no se aprecie en la conducta del investigado “abuso, exceso, desviación de poder o prosecución de intereses ajenos”. Y el tercero es que el procedimiento termine sin responsabilidad penal, ya sea por absolución tras la celebración del juicio o por archivo o sobreseimiento de la causa antes de esa fase procesal. La jurisprudencia del Supremo ha reconocido en distintos pronunciamientos el derecho de un cargo o trabajador público a ser resarcido de los gastos de su defensa en esos casos. Sin embargo, esa doctrina no despeja todas las dudas. En procedimientos similares en otras instituciones canarias, los servicios jurídicos han planteado cuestiones adicionales antes de aprobar el pago: si existía autorización previa para contratar a un letrado externo en lugar de recurrir a los servicios jurídicos de la propia administración o si el importe reclamado se ajusta a los criterios orientadores de honorarios de los colegios de abogados. La abultada factura del despacho de Choclán fue objeto de debate en el pleno del Cabildo en el que se aprobó su pago. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en octubre del año pasado. Tanto los grupos de gobierno ( PSOE, Asamblea Herreña e IUC-Reunir ) como los de la oposición ( AHI y PP ) votaron a favor y Armas, que también es consejero y que llegó a ser de manera efímera presidente de la corporación (antes de una moción de censura liderada por su hermano, el socialista Alpidio Armas ) se ausentó cuando se trató este punto. Durante ese pleno, y a pesar de respaldar con su voto el pago de esas facturas para resarcir al senador, el único consejero de IUC-Reunir, Amado Carballo , expresó cierta reticencia. “No me hace ninguna gracia votar a favor de la totalidad de los honorarios plasmados. Por ejemplo, una minuta de 40.000 euros (sin IVA) por el trámite ante el Supremo”, dijo este representante en relación con los honorarios del despacho de Choclán. “Había que haber analizado cantidades o haber esperado la respuesta de los colegios profesionales respecto a los criterios orientadores en cuanto a costas”, señaló Carballo. El consejero advirtió de que este caso da “vía libre” a la contratación de despachos de reconocido prestigio “a cualquier coste” para que lo pague la administración. Por su parte, la consejera María Asunción Amaro , compañera de partido de Armas, defendió el derecho del senador a elegir “la mejor defensa” y señaló que “hay despachos más especializados” en altas instancias judiciales. En una línea similar, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), celebró el archivo de la causa contra su hermano después de casi dos décadas “en vilo”. “Eso no se paga con dinero”, apuntó el dirigente socialista, que comparó los honorarios de los abogados con el caché de los cantantes. “Hoy cobra 100.000 euros y de repente saca un disco que lo peta y te cobra 500.000 euros. Esto es así. Es el camino correcto tener la mejor defensa para la gente que nos estamos dejando aquí las pestañas”, remató el presidente insular. Los acuerdos para el pago de los gastos de defensa de los tres procesados en el caso Vertederos inciden en que no hay ninguna disposición normativa que determine la cuantía de esas indemnizaciones. Sin embargo, aceptan el montante total reclamado por los altos cargos y la funcionaria en todos los casos teniendo en cuenta que el proceso judicial “ha durado más de quince años” y “ha sido elevado a órganos superiores y al Supremo”. El precedente de Fernando Clavijo El caso de Javier Armas no es el primero en Canarias en el que un cargo público aforado recurre a Choclán y termina trasladando la factura a una institución pública. Su caso recuerda al de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El actual presidente del Gobierno de Canarias también endosó al Ayuntamiento de La Laguna los honorarios del reputado letrado (55.600 euros) por su defensa en el denominado caso Grúas. El paralelismo entre Clavijo y Armas no es sólo de abogado, sino también de mecanismo procesal. Un juzgado de La Laguna investigaba a Clavijo por prevaricación, malversación y tráfico de influencias hasta que en julio de 2019 CC decidió convertir a Clavijo en senador, lo que activó su aforamiento y trasladó la causa a la Sala Segunda del Supremo, que entonces presidía el canario Manuel Marchena . Apenas unos meses después, el alto tribunal archivó el procedimiento al no apreciar reproche penal en la actuación de Clavijo como concejal y después alcalde de ese municipio. Aquel expediente no estuvo exento de controversia interna. La Asesoría Jurídica municipal se mostró contraria al pago, al considerar que Clavijo debió recurrir a los abogados del propio Ayuntamiento salvo que hubiese mediado una autorización previa y motivada para contratar a un letrado externo. El informe también cuestionaba el importe de las minutas, que superaba ampliamente los criterios orientadores del Colegio de Abogados . Sin embargo, el actual presidente del Gobierno canario presentó alegaciones y un segundo informe, en esta ocasión del área de Presidencia y Planificación , terminó avalando el pago en parte por silencio administrativo, ya que el Ayuntamiento no había respondido en plazo. Dos décadas de gestión incontrolada de vertidos El caso Vertederos se abrió en 2006 para investigar la gestión incontrolada de residuos en El Hierro. La causa se centró en tres puntos de vertidos ilegales: el desguace contaminante de vehículos de El Majano ; el vertedero de La Dehesa , dentro del espacio natural protegido del Parque Rural de Frontera , y el ubicado en la montaña de La Cumbrecita . El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) ya había denunciado en 2004 y 2005 infracciones como la apertura de zanjas de residuos que se quemaban y enterraban sin control. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias también había constatado incumplimientos no subsanados por el Cabildo de El Hierro, responsable de esas instalaciones. Tras doce años de instrucción, la Fiscalía solicitó en octubre de 2018 la apertura de juicio oral contra los tres investigados, para los que pidió once años de cárcel . El juicio quedó señalado para octubre de 2023 , pero no llegó a celebrarse porque tres meses antes uno de los procesados, Javier Armas, había sido elegido senador y, por tanto, su causa se había elevado al Supremo. La asociación ecologista Ossinisa , denunciante original del caso en 2006, ejerció la acusación popular hasta que se vio obligada a retirarse por la duración de la causa (17 años por aquel entonces) y el coste económico que suponía para sus miembros. Los papeles que el Supremo no contempló El Supremo archivó la causa especial contra Armas en un auto dictado el 12 de diciembre de 2024 por el magistrado Pablo Llarena. Según esta resolución, el actual senador y consejero del Cabildo de El Hierro no ostentaba en aquel mandato (2003-2007) las competencias delegadas en materia de Medio Ambiente, puesto que no era consejero sino director de área. El auto remarca que no constaban denuncias ni inspecciones sobre los vertederos de El Majano y La Dehesa anteriores a 2008. Tras ese archivo, Ossinisa remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para intentar reabrir el caso, al entender que en el sumario existen documentos que contradicen los argumentos esgrimidos por el Supremo. Entre ellos, citaba un informe de la APMUN de 2007 que recoge denuncias del Seprona sobre ambos vertederos en 2004 y 2005 o un escrito firmado por el entonces presidente del Cabildo, Tomás Padrón , en el que identificaba a Armas como una de las personas con competencias medioambientales en la isla. También le hizo llegar varios documentos firmados por Armas entre 2004 y 2007 relativos a la gestión de ambas instalaciones. Sin embargo, las gestiones ante la FGE fueron infructuosas. Más de un millón de euros en restauración En marzo de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por decenas de vertederos ilegales e incontrolados en Canarias, que operaban sin sistemas de sellado, control de lixiviados ni tratamiento previo. Entre ellos se encontraba el de La Dehesa (también llamado Faro de Orchilla ). Esa sentencia obligó a ejecutar de urgencia el sellado y restauración del vertedero. El Gobierno de Canarias encomendó esta tarea a la empresa pública Gesplan por un importe de 496.103,73 euros. Esta actuación fue cofinanciada al 85% con fondos Feder (Programa Operativo Canarias 2014-2020). A ello hay que sumar la inversión de 561.252,54 euros sufragada de forma íntegra a través del Fondo de Cohesión de la Unión Europea para completar la planta de tratamiento de El Majano y para evitar el enterramiento incontrolado de basuras en vertederos. En total, por lo tanto, el coste de restauración ha superado el millón de euros.
elDiario.es•Iván Suárez13 sept
