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Urbagestión

Organización · 9 artículos
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25 fuentesABCEl ConfidencialEuropa PressInfobaeelDiario.es
hace 4 h

Sánchez ve una "tragedia social" el desahucio de Maricarmen y responsabiliza a Ayuso y Almeida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como una "tragedia social" el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que vivía desde hace 70 años en el barrio de Retiro de Madrid y ha responsabilizado al gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de la capital, liderado por José Luis Martínez-Almeida. Ambas administraciones, reprocha, deberían haber atendido esta demanda social pero han hecho "caso omiso" por estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza", ha lanzado en una rueda de prensa desde Nueva York, donde participa esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas. "Creo que es importante recordar de quién es la responsabilidad principal", ha recalcado el jefe del Ejecutivo antes de conminar a los grupos parlamentarios en el Congreso que acepten convalidar el real decreto sobre Vivienda presentado por el Gobierno y que fue tumbado. Con esa norma en vigor, ha advertido Sánchez, "hoy no tendríamos esta situación", pidiendo "responsabilidad" y "altura de miras" a los grupos políticos. (Seguirá ampliación)

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5 fuenteshace 11 h

Desahucian en Madrid a una mujer de 87 años tras décadas en la misma vivienda

4 fuenteshace 6 h

Ada Colau pide a Sumar salir del Gobierno tras el desahucio de una mujer de 87 años

3 fuenteshace 8 h

Desalojan a una mujer de 87 años de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro

Toda la cobertura

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Quién está detrás de Urbagestión, el fondo que ha desahuciado a Maricarmen y niega ser un "buitre"

La sociedad de los Alonso se define como "una plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión", de inmobiliario a farmacias Todo lo que ha fallado hasta desahuciar a Maricarmen: de una sentencia del Supremo a la intransigencia de Urbagestion Una plantilla que en 2025 no llegaba a los siete empleados, una facturación de 586.450 euros el pasado ejercicio, un beneficio declarado que no alcanzó ni los 3.000 euros, con activos que superaban los 600.000 euros. Son algunas de las cifras recogidas en las últimas cuentas presentadas por Urbagesa (Urbagestión Desarrollo e Inversión SL), la empresa que ha forzado el desahucio de Maricarmen , la anciana de 87 años en silla de ruedas que ha sido desalojada este miércoles de su vivienda de toda la vida en Madrid al cuarto intento. Vivía allí desde 1956. La empresa que reclamaba la vivienda de Maricarmen, decisión a la que ha dado su visto bueno la jueza Elena Cortina, se define en su rudimentaria web como “una plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión (Inmobiliario, Farmacias)”. Sus administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que aparecen vinculados a negocios variopintos, del alimentario al ladrillo y financiero. 3,1 millones en los últimos cinco años Urbagesa ha facturado en los últimos cinco años unos 3,1 millones. Como es conocido, compró el inmueble en el que vivía Maricarmen a Renta Corporación, inmobiliaria que hace casi ocho años adquirió por algo más de 240.000 euros la casa y que ha vendido al fondo varias propiedades en los últimos años, tal y como reflejan diferentes procedimientos judiciales en los que se ha visto inmersa esta firma. Se hicieron con el piso después de que la anciana, que entonces ya rondaba los ochenta años, no pudiera hacer frente a esa compra. En estos años, el piso, ubicado en la calle Sainz de Baranda, cerca del parque del Retiro de Madrid, ha multiplicado su valor por cuatro. Querella contra el Sindicato de Inquilinas y advertencias Los Alonso se han empleado a fondo para expulsar a Maricarmen de su vivienda e impedir que se califique a su empresa de “fondo buitre”. Se han querellado contra el Sindicato de Inquilinas y han enviado avisos a los medios de comunicación para que no se utilice esa expresión. “No somos propietarios de ninguna otra vivienda. Como bien sabe la parte ejecutada, no se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una sencilla pyme”, sostienen en sus comunicados. Con oficinas en Valladolid y en la calle Zurbano de Madrid, en una zona noble de la capital, Urbagesa se constituyó en octubre de 2004. Pocos meses después, en el ejercicio 2006, ya declaraba un beneficio de más de 148.000 euros, aunque en ejercicios posteriores, y tras el estallido de la anterior burbuja inmobiliaria, sus resultados se hundieron. La empresa se dedica al “estudio, desarrollo y elaboración de toda clase de proyectos y promociones urbanísticas”, en su propio nombre o para terceros. También a “la intermediación en el mercado inmobiliario así como la prestación de servicios de administración y gestión de activos inmobiliarios, bien por sí, o a través de otros profesionales cualificados y en la forma en que la vigente en cada momento obligue”; o a “negocios inmobiliarios de toda índole y, consiguientemente la adquisición, enajenación, gravamen, por cualquier título legítimo, de bienes inmuebles, rústicos o urbanos”, entre otras actividades vinculadas a ese negocio.

elDiario.eselDiario.es•Economíahace 8 h

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

La mujer, de 87 años y con una discapacidad del 50%, vivía desde 1956 en el mismo piso del barrio de Retiro con un contrato de renta antigua. Los hermanos Ricardo y Fernando Alonso, propietarios de Urbagestión, rechazaron todas las ofertas de mediación y ejecutaron el cuarto intento de desalojo entre cargas policiales

InfobaeInfobae•Andrea de Lucashace 9 h

Colau pide a los Comuns salir del Gobierno si no se actúa contra los fondos buitre: "No podemos ser cómplices de la cobardía del PSOE"

La exalcaldesa de Barcelona acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "bloquear cualquier iniciativa para parar los pies" a los especuladores con el derecho a la vivienda Un fondo desahucia a Maricarmen a sus 87 años tras un enorme despliegue policial y pese a la presión vecinal “Se acabó”. Así se ha expresado este miércoles la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha pedido a los Comuns salir del Gobierno de coalición si el Ejecutivo no hace el “máximo esfuerzo para enfrentarse” a los fondos buitre. “No puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de la cobardía del PSOE”, ha manifestado Colau. Retirada de la primera línea política pero con la incógnita permanente sobre su vuelta, Colau ha reaccionado con contundencia a través de Instagram al desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada este miércoles del domicilio en el que ha vivido los últimos 70 años en la calle alcalde Sáinz de Baranda de Madrid. La anciana ha salido a las 13:00 horas en camilla hacia una ambulancia del Samur tras la ejecución del desahucio instado por Urbagestión, una compañía propiedad de los empresarios Ricardo y Fernando Alonso. Más allá de cargar contra los partidos de derecha, como ha hecho la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, Colau ha hecho autocrítica y ha pedido a su partido que haya consecuencias por el desahucio de la vecina de Madrid. “Que la derecha es amiga de los especuladores ya lo sabemos de toda la vida, pero el Gobierno de coalición progresista no ha hecho todo lo que podía hacer”, ha dicho la exalcaldesa. Colau ha pedido que el desahucio de Maricarmen sea “un punto de inflexión” en la lucha contra la especulación por parte del Ejecutivo, y que su partido abandone el Gobierno si no hay cambios. A juicio de Colau, “no se puede mantener” la presencia de los Comuns en el Gobierno “si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarse a fondos buitres y acabar con la especulación y el rentismo”. “Y si el PSOE no está dispuesto, que se quede solo”, ha zanjado. La exalcaldesa ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “bloquear cualquier iniciativa para parar los pies a los fondos buitre”, al tiempo que ha reclamado el Ejecutivo “políticas valientes”. “Es momento de actuar ya, si no sí que se le van a dar alas a la extrema derecha”, ha apostillado. Según Colau, el Gobierno “no ha hecho todo lo que podía hacer” para parar el desahucio de Maricarmen. “Es terrible tener que decirlo, pero cuando las cosas no se hacen bien o no se hace todo lo posible, hay que decirlo”, ha justificado. Los Comuns, que se presentaron dentro del movimiento Sumar en las últimas generales, cuentan con un ministro en el Ejecutivo, el titular de Cultura, Ernest Urtasun. Este miércoles, el ministro ha admitido, en declaraciones a la Sexta, estar “fallando” como país y ha propuesto “expropiar la vivienda” de la que ha sido desahuciada Maricarmen.

elDiario.eselDiario.es•Oriol Solé Altimirahace 10 h

Todo lo que ha fallado hasta desahuciar a Maricarmen: de una sentencia del Supremo a la intransigencia de Urbagestion

Decisiones judiciales, un nuevo propietario que rechaza negociar, la parálisis legislativa y la dejadez de las administraciones han acabado en la expulsión de su casa de una mujer de 87 años en una delicada situación de salud La Policía fuerza la puerta y saca con gas pimienta a los activistas que intentaban evitar la ejecución del lanzamiento Para que los agentes de la policía hayan llegado este miércoles a desahuciar en camilla a Maricarmen ante la resistencia vecinal, han tenido que fallar muchos eslabones del sistema de protección social español. Y aunque el desahucio arranca en 2020 con la primera demanda de los caseros, Urbagestión, ante una subida inasumible para la mujer que ahora tiene 87 años , hay que remontarse hasta las leyes del franquismo y atender a las tensiones actuales en el Congreso para comprender por qué se llega hasta aquí. Corría el año 1956 cuando el padre de Maricarmen firmó el primer contrato de alquiler de una vivienda. Lo hizo porque la madre lo tenía prohibido, puesto que el franquismo impedía a las mujeres casadas firmar contratos sin la autorización del marido, en virtud de la licencia marital aprobada en el siglo XIX. Pocos años después, en 1960, el padre de Maricarmen falleció en el mismo piso y ella recuerda perfectamente la ayuda de los vecinos. La subrogación de contratos permitió a su madre quedarse como titular de un alquiler que por entonces era indefinido. El efecto del decreto Boyer Pero en 1985, el ministro de Economía, Miguel Boyer, del Gobierno de Felipe González, impulsó un Real Decreto-Ley (hoy conocido como Ley Boyer) que ponía fin a los contratos indefinidos y dejaba a la negociación entre casero e inquilino la duración de los mismos. En 2005, fallece la madre de Maricarmen y ella, ya con 66 años, pasa a ser la titular del piso. Ella pasó a ser segunda subrogada, una figura que la ley no protege para blindar el contrato indefinido, pero los propietarios de entonces respetaron su renta antigua. Años después, en 2018, Renta Corporación compró la vivienda y ofreció a Maricarmen poder comprarla por 250.000 euros, un precio que ella, con una pensión de 1.450 euros, no podía pagar. Fue en 2020 cuando Urbagestión Desarrollo e Inversión, también conocida como Urbagesa, compró la vivienda. Los empresarios Ricardo y Fernando Alonso, que no han dado la cara, se encuentran tras esta empresa. Les ofrecieron un nuevo alquiler con una subida del 300%, lo que suponía pagar 1.650 euros, o sea 200 más que lo que cobraba de pensión. “Eso es reírse de las personas. Ni les contesté”, contaba Maricarmen en entrevista con elDiario.es. La empresa consideró que, tras la segunda subrogación, el contrato estaba vencido desde el año 2007, algo que el juzgado de primera instancia de Madrid desestimó. El Tribunal Supremo, en cambio, se acogió a una ley que asegura que no es necesario comunicar al inquilino el final de la subrogación y que, por tanto, Urbagestión tenía razón. En una sentencia firmada por el hoy magistrado jubilado Francisco Marín Castán, determinaba que, en efecto, el contrato se daba por terminado y daba vía libre a que se ejecutara el desahucio. Una carta y dos aplazamientos En mayo de 2024, Maricarmen recibió una carta de la propiedad informándole de que debía abandonar la casa. Y finalmente un juzgado ordenó su desahucio para el 29 de octubre del año pasado. El desahucio se aplazó a la espera de un informe de vulnerabilidad y de que las autoridades municipal o autonómica ofrecieran una alternativa habitacional, aunque Maricarmen siempre ha dejado claro que su único objetivo era quedarse en su casa hasta morir allí. En febrero de 2026, mientras tanto, Junts, PP y Vox tumbaban en el Congreso una herramienta que protegía legalmente a Maricarmen. La moratoria antidesahucios, que prohibía sacar de sus hogares a personas en situación vulnerable sin alternativa habitacional, vigente desde la pandemia, era rechazado por estos grupos de derecha y extrema derecha, que veían en el escudo una protección a okupas. Una comisión de la ONU llegó a pedir al Estado que frenara el desahucio. El Gobierno declaró estar a favor de esta resolución, pero no ha conseguido pararlo. Intentó mediar entre las partes y ofrecer una solución e incluso contactó a la empresa para que accediera a vender la vivienda a través de la oferta pública de compra lanzada por Casa 47. La respuesta fue negativa. Maricarmen, en el salón del piso durante una entrevista con elDiario.es Un decreto de vivienda paralizado El pasado mes de julio, además, el Gobierno hizo circular por los grupos parlamentarios el texto de un decreto-ley de vivienda que tocaba muchos puntos y que incluía una protección antidesahucios permanente, que obligaba a las comunidades autónomas a ofrecer una alternativa a las familias que sufran ejecución, sea de alquiler o de compra. Si no, este quedaría suspendido. Podemos y Junts se opusieron a este decreto por otros motivos no relacionados con el escudo antidesahucios: en el caso de Podemos, la ley de suelo; y en el de Junts, temas fiscales. Al volver del parón de agosto, el Gobierno, inmerso en la crisis por la entrada masiva de migrantes de Ceuta, no ha aprobado todavía este decreto, que tendría que avalar el Congreso después, ni ha presentado modificaciones a los partidos de oposición, aunque prometió hacerlo en septiembre. En la reciente entrevista con elDiario.es, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez no se atrevió a poner fecha a la norma y aseguró que harían “todo lo posible” por frenar el desahucio. Incluso ya con la acampada frente a la puerta de Maricarmen en marcha, una escritora anónima se ofreció a pagar el alquiler que pide la propiedad, ahora ya de 2.650 euros, de nuevo sin respuesta afirmativa. El partido Más Madrid pidió durante la mañana del desahucio a la delegación del Gobierno que frene el lanzamiento, algo que el Gobierno había pedido un día anterior a Ayuso y Almeida. La delegación respondió que se oponía, pero que la Policía Nacional estaba acatando una orden judicial, que el Ejecutivo no puede ordenar desobedecer. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que los Servicios Sociales proveerán un alojamiento para que Maricarmen pueda descansar después ser expulsada de la casa en la que su familia ha vivido durante 70 años.

elDiario.eselDiario.es•Germán Aranda Millánhace 11 h

El Gobierno exige a Almeida y a Ayuso que frenen el desahucio de Maricarmen

El Ministerio de Vivienda asegura que Urbagestión, empresa propietaria del piso, se niega a vender o a cualquier otra negociación Interrumpen la visita de Ayuso en la feria inmobiliaria The District: “¡Mañana van a desahuciar a una señora de 87 años!” El ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez , ha enviado este martes un comunicado en el que “urge” al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso, a “intervenir ante el desahucio de Maricarmen ”, la mujer de 87 años cuyo desahucio está dictado para este miércoles después de más de 70 años viviendo de alquiler en su domicilio del barrio de Retiro de Madrid. El ejecutivo se ha comunicado en numerosas ocasiones de manera formal e informal con las autoridades municipal y autonómica sin éxito. Vivienda “apoya” además el requerimiento de la ONU para frenar este desahucio, según ha manifestado, y así se lo ha hecho saber al organismo internacional. El ministerio acusa además a la empresa propietaria del domicilio de Maricarmen, Urbagestión, de haber rechazado todas las vías de solución propuestas por el ejecutivo. “No quiere vender el inmueble y, tras aceptar un proceso de mediación con el Ministerio, ha rechazado todas las propuestas para que Maricarmen pudiera seguir en su domicilio”, aseguran desde el Gobierno. El equipo de Rodríguez recuerda además que la medida antidesahucios estructural incluida en el nuevo decreto de vivienda que se negocia en el Congreso serviría para acabar con desahucios como el de Maricarmen y afirma que “seguirá trabajando hasta el último momento para que Maricarmen pueda quedarse en su casa y no haya más casos como este”. En una entrevista reciente con elDiario.es, la ministra aseguró que el Gobierno no podía comprar “a dedo” las viviendas con dinero público, pero reconoció que había comunicado la subasta pública por si la inmobiliaria quería acogerse a ella. Se preguntaba además “cuántas Maricármenes se hubieran salvado con los 6 millones del ático de Ayuso”. Maricarmen entró a vivir de alquiler cuando su padre, en 1956, firmó el contrato ql que se subrogó la madre cuando falleció. Una vez murió también la madre, en 2005, Maricarmen perdió la subrogación del alquiler de renta antigua pero los antiguos propietarios respetaron el contrato y las condiciones. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que la única opción que le dio en primera instancia era quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes, por encima del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros, inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros. Después de negarse, ya le llegó la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo dieron la razón a los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. Los tres primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de mayo, fueron cancelados por la justicia ante la presión social. El Sindicato de Inquilinas ha convocado una acampada frente al domicilio de Maricarmen esta noche para intentar frenarlo en al mañana de este miércoles, para cuando está convocado. Entre el primer y el tercer intento, perdió parte de la movilidad y ha pasado a caminar en silla de ruedas y ella lo achaca a la ansiedad vivida con esta situación. Mientras tanto, en IFEMA se celebra la mayor feria inmobiliaria de España, The District, que ha sido inaugurada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, quien ha abrazado el modelo “liberal” de la ciudad, contrario a la regulación. Unos manifestantes han interrumpido su paseo junto al consejero de vivienda y los inversores con octavillas contra The District y le han afeado: “¿Qué hace usted aquí si mañana hay un desahucio de una mujer de 87 años?”.

elDiario.eselDiario.es•Germán Aranda Millán22 sept