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El Tribunal de Cuentas detecta "graves deficiencias" en las pulseras antimaltrato y cuestiona la actuación de Igualdad
El organismo aprueba un informe en el que advierte de fallos durante la ejecución del último contrato, detecta incumplimientos del pliego por parte de la empresa y recomienda al departamento de Ana Redondo que persiga la calidad "por encima del ahorro de costes" Igualdad multa con 25.000 euros a Vodafone por la caída del sistema de las pulseras de control de maltratadores El Tribunal de Cuentas ha detectado “graves deficiencias” en el funcionamiento del las llamadas pulseras de control de maltratadores (Cometa) durante la ejecución del anterior contrato. El organismo ha puesto el foco en el sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista tras la “alarma social” generada por los fallos que se hicieron públicos a finales del año pasado y ha analizado los contratos de 2018, 2021 y 2023. Su conclusión es que los problemas, “si bien fueron finalmente resueltos, han comprometido la seguridad” de las mujeres y que la actuación del Ministerio de Igualdad para solucionarlos no fue suficiente. En un informe aprobado este miércoles, el Tribunal de Cuentas hace un diagnóstico general del sistema y destaca que estas deficiencias “interrupciones del servicio” se produjeron debido a las “debilidades” en la preparación de los contratos, en las fases de transición entre ellos y en el seguimiento institucional de cómo estaban funcionando. Por eso, recomienda al Ministerio de Igualdad que persiga la calidad del servicio “por encima del ahorro de costes” del servicio. El organismo recuerda que del “adecuado funcionamiento” de Cometa depende la protección y la “estabilidad emocional y mental” de miles de mujeres. El informe aborda profusamente el problema que puso en el centro de la actualidad el sistema a finales del año pasado. Y que tuvo que ver con la pérdida de información ocurrida a raíz del cambio de empresa adjudicataria, que pasó de Telefónica a Vodafone. Este fallo impidió “dar respuesta a 123 requerimientos” de datos que hicieron los juzgados y que “no fueron atendidos” por la nueva compañía debido a “problemas de descarga”. Según el Tribunal de Cuentas, los burofaxes intercambiados entre las dos empresas durante 2024 “evidencian discrepancias” sobre cuál de las dos tuvo la responsabilidad. Sin embargo, y a pesar de los fallos detectados, el organismo destaca que la intervención del Ministerio de Igualdad para solucionarlos fue insuficiente. “No consta que se llevara a cabo ninguna actuación para coordinar o arbitrar su solución durante la fase de transición”, afirma la evaluación, que detalla que esta solución se produjo en diciembre de 2024, nueve meses después de haber finalizado la transición y en una fecha que coincidió con un requerimiento que le hizo la Fiscalía al departamento dirigido por Ana Redondo. El Ministerio Público fue el que precisamente advirtió en su memoria sobre 2024 —publicada un año después— de lo que había ocurrido. En este sentido, el informe destaca limitaciones en el llamado Plan de Transición, que debe acompañar a cada contrato con el objetivo de garantizar que el servicio continúa al término de cada uno. Sin embargo, no se previó en los pliegos de 2018 y 2021 y su inclusión en el de 2023 dependió de una “modificación contractual” posterior. Algo que, para el organismo evaluador, “evidencia deficiencias en la planificación de la contratación y falta de previsión, teniendo en cuenta que el siguiente contrato podía adjudicarse a una nueva empresa, como de hecho sucedió”. Problemas “no puntuales” Más allá de la pérdida de información ocurrida en el trasvase entre compañías, el Tribunal de Cuentas informa de “graves deficiencias” en el servicio “prácticamente durante toda la vigencia del contrato”. Los fallos, que habían sido advertidos por las trabajadoras de Cometa en varios momentos, afectaron a la “fiabilidad” de los dispositivos y tenían que ver con errores de geolocalización que “permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas”, con baterías “deficientes” o retrasos en reparaciones. Según las especificaciones técnicas incluidas en la oferta de Vodafone, las baterías debían durar seis meses, pero “las pruebas reales” solo duraban “semana y media en el mejor de los casos”. El Tribunal de Cuentas ha repasado los informes, notas y actas de reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato y revela que en octubre de 2024 se alertó de un riesgo real de “rotura de stock” de dispositivos, con aparatos que apenas cinco o seis meses después de estrenarlos “presentaban ya un deterioro significativo”. En cuanto a los fallos de geolocalización, el informe desvela que en enero de 2025 la empresa adjudicataria indicó que analizaría el origen de estos errores, algo que a juicio del Tribunal de Cuentas “ya debería haberse realizado en esa fecha”. Un mes después, en febrero, la empresa “reconoció por primera vez que los saltos de GPS no constituían un problema puntual, sino un fallo sistemático” que “menoscababa la credibilidad del servicio” ante la Policía y que “ponía en riesgo la protección efectiva de las víctimas”. Los errores de geolocalización continuaron sin resolverse durante los meses siguientes y a partir de mediados de junio ya sí comenzó una “reducción significativa” de los problemas, cuando el contrato “ya se encontraba en su fase final de ejecución”. El seguimiento de Igualdad El informe afea a Igualdad que “no hizo un seguimiento adecuado del contrato” y su plan “no fue suficiente” a pesar de que se estaban detectando incumplimientos contractuales. Señala el organismo que a pesar de que en el pliego se previó la celebración de, al menos, una reunión de seguimiento cada cuatro meses, en los primeros siete u ocho meses de contrato “el servicio careció de un mecanismo de seguimiento documentado y periódico”. En sus alegaciones, el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género defienden que el seguimiento del contrato fue adecuado, sosteniendo que sí se celebraron las reuniones “con regularidad” contempladas en el pliego. La primera en el mes de abril. Para el Tribunal de Cuentas, esta reunión es simplemente “una presentación técnica realizada por parte de la empresa adjudicataria”. Además, el departamento dirigido por Ana Redondo asegura que hubo una “comunicación constante” con la compañía “desde el inicio del contrato” a través de llamadas de teléfono y correos electrónicos. El organismo lamenta también que el Ministerio “no adoptara medidas de exigencia contractual efectivas” y asegura que los requerimientos de la Delegación del Gobierno “fueron tardíos”. La única sanción impuesta fue la multa de 25.000 euros a Vodafone del pasado mes de marzo por la caída del sistema ocurrida durante varias horas el 11 de noviembre y ya “cuando estos problemas habían tenido repercusión pública y el contrato estaba próximo a su finalización”. A este respecto, el Ministerio sostiene que las incidencias fueron “puntuales” y que “en ningún caso supusieron incumplimiento del contrato” a excepción de la sanción acordada. Defiende Igualdad que a partir de octubre de 2024 se implementó un “exhaustivo” Plan de Seguimiento con reuniones mensuales que “han permitido requerir en tiempo y forma cada una de las mejoras o correcciones que se han ido detectando de forma inmediata”, apunta el Ministerio, que destaca “los tiempos y la complejidad de las soluciones a implementar” como elemento “a tener en cuenta”. El pasado mes de mayo, el Gobierno propuso la adjudicación del nuevo contrato a la empresa adjudicataria actual —la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España— tras haber anunciado un incremento del presupuesto del 42% y un cambio de pulseras por tobilleras. La propuesta no es aún definitiva.
elDiario.es•Marta Borraz
