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Tribunal de Cuentas

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5 fuentesEl MundoEl PaísInfobaeelDiario.es
hace 4 h

El Tribunal de Cuentas detecta "graves deficiencias" en las pulseras antimaltrato y cuestiona la actuación de Igualdad

El organismo aprueba un informe en el que advierte de fallos durante la ejecución del último contrato, detecta incumplimientos del pliego por parte de la empresa y recomienda al departamento de Ana Redondo que persiga la calidad "por encima del ahorro de costes" Igualdad multa con 25.000 euros a Vodafone por la caída del sistema de las pulseras de control de maltratadores El Tribunal de Cuentas ha detectado “graves deficiencias” en el funcionamiento del las llamadas pulseras de control de maltratadores (Cometa) durante la ejecución del anterior contrato. El organismo ha puesto el foco en el sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista tras la “alarma social” generada por los fallos que se hicieron públicos a finales del año pasado y ha analizado los contratos de 2018, 2021 y 2023. Su conclusión es que los problemas, “si bien fueron finalmente resueltos, han comprometido la seguridad” de las mujeres y que la actuación del Ministerio de Igualdad para solucionarlos no fue suficiente. En un informe aprobado este miércoles, el Tribunal de Cuentas hace un diagnóstico general del sistema y destaca que estas deficiencias “interrupciones del servicio” se produjeron debido a las “debilidades” en la preparación de los contratos, en las fases de transición entre ellos y en el seguimiento institucional de cómo estaban funcionando. Por eso, recomienda al Ministerio de Igualdad que persiga la calidad del servicio “por encima del ahorro de costes” del servicio. El organismo recuerda que del “adecuado funcionamiento” de Cometa depende la protección y la “estabilidad emocional y mental” de miles de mujeres. El informe aborda profusamente el problema que puso en el centro de la actualidad el sistema a finales del año pasado. Y que tuvo que ver con la pérdida de información ocurrida a raíz del cambio de empresa adjudicataria, que pasó de Telefónica a Vodafone. Este fallo impidió “dar respuesta a 123 requerimientos” de datos que hicieron los juzgados y que “no fueron atendidos” por la nueva compañía debido a “problemas de descarga”. Según el Tribunal de Cuentas, los burofaxes intercambiados entre las dos empresas durante 2024 “evidencian discrepancias” sobre cuál de las dos tuvo la responsabilidad. Sin embargo, y a pesar de los fallos detectados, el organismo destaca que la intervención del Ministerio de Igualdad para solucionarlos fue insuficiente. “No consta que se llevara a cabo ninguna actuación para coordinar o arbitrar su solución durante la fase de transición”, afirma la evaluación, que detalla que esta solución se produjo en diciembre de 2024, nueve meses después de haber finalizado la transición y en una fecha que coincidió con un requerimiento que le hizo la Fiscalía al departamento dirigido por Ana Redondo. El Ministerio Público fue el que precisamente advirtió en su memoria sobre 2024 —publicada un año después— de lo que había ocurrido. En este sentido, el informe destaca limitaciones en el llamado Plan de Transición, que debe acompañar a cada contrato con el objetivo de garantizar que el servicio continúa al término de cada uno. Sin embargo, no se previó en los pliegos de 2018 y 2021 y su inclusión en el de 2023 dependió de una “modificación contractual” posterior. Algo que, para el organismo evaluador, “evidencia deficiencias en la planificación de la contratación y falta de previsión, teniendo en cuenta que el siguiente contrato podía adjudicarse a una nueva empresa, como de hecho sucedió”. Problemas “no puntuales” Más allá de la pérdida de información ocurrida en el trasvase entre compañías, el Tribunal de Cuentas informa de “graves deficiencias” en el servicio “prácticamente durante toda la vigencia del contrato”. Los fallos, que habían sido advertidos por las trabajadoras de Cometa en varios momentos, afectaron a la “fiabilidad” de los dispositivos y tenían que ver con errores de geolocalización que “permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas”, con baterías “deficientes” o retrasos en reparaciones. Según las especificaciones técnicas incluidas en la oferta de Vodafone, las baterías debían durar seis meses, pero “las pruebas reales” solo duraban “semana y media en el mejor de los casos”. El Tribunal de Cuentas ha repasado los informes, notas y actas de reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato y revela que en octubre de 2024 se alertó de un riesgo real de “rotura de stock” de dispositivos, con aparatos que apenas cinco o seis meses después de estrenarlos “presentaban ya un deterioro significativo”. En cuanto a los fallos de geolocalización, el informe desvela que en enero de 2025 la empresa adjudicataria indicó que analizaría el origen de estos errores, algo que a juicio del Tribunal de Cuentas “ya debería haberse realizado en esa fecha”. Un mes después, en febrero, la empresa “reconoció por primera vez que los saltos de GPS no constituían un problema puntual, sino un fallo sistemático” que “menoscababa la credibilidad del servicio” ante la Policía y que “ponía en riesgo la protección efectiva de las víctimas”. Los errores de geolocalización continuaron sin resolverse durante los meses siguientes y a partir de mediados de junio ya sí comenzó una “reducción significativa” de los problemas, cuando el contrato “ya se encontraba en su fase final de ejecución”. El seguimiento de Igualdad El informe afea a Igualdad que “no hizo un seguimiento adecuado del contrato” y su plan “no fue suficiente” a pesar de que se estaban detectando incumplimientos contractuales. Señala el organismo que a pesar de que en el pliego se previó la celebración de, al menos, una reunión de seguimiento cada cuatro meses, en los primeros siete u ocho meses de contrato “el servicio careció de un mecanismo de seguimiento documentado y periódico”. En sus alegaciones, el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género defienden que el seguimiento del contrato fue adecuado, sosteniendo que sí se celebraron las reuniones “con regularidad” contempladas en el pliego. La primera en el mes de abril. Para el Tribunal de Cuentas, esta reunión es simplemente “una presentación técnica realizada por parte de la empresa adjudicataria”. Además, el departamento dirigido por Ana Redondo asegura que hubo una “comunicación constante” con la compañía “desde el inicio del contrato” a través de llamadas de teléfono y correos electrónicos. El organismo lamenta también que el Ministerio “no adoptara medidas de exigencia contractual efectivas” y asegura que los requerimientos de la Delegación del Gobierno “fueron tardíos”. La única sanción impuesta fue la multa de 25.000 euros a Vodafone del pasado mes de marzo por la caída del sistema ocurrida durante varias horas el 11 de noviembre y ya “cuando estos problemas habían tenido repercusión pública y el contrato estaba próximo a su finalización”. A este respecto, el Ministerio sostiene que las incidencias fueron “puntuales” y que “en ningún caso supusieron incumplimiento del contrato” a excepción de la sanción acordada. Defiende Igualdad que a partir de octubre de 2024 se implementó un “exhaustivo” Plan de Seguimiento con reuniones mensuales que “han permitido requerir en tiempo y forma cada una de las mejoras o correcciones que se han ido detectando de forma inmediata”, apunta el Ministerio, que destaca “los tiempos y la complejidad de las soluciones a implementar” como elemento “a tener en cuenta”. El pasado mes de mayo, el Gobierno propuso la adjudicación del nuevo contrato a la empresa adjudicataria actual —la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España— tras haber anunciado un incremento del presupuesto del 42% y un cambio de pulseras por tobilleras. La propuesta no es aún definitiva.

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La extraña muerte de Quino, el perro que fue un héroe en Venezuela y desató una ola de solidaridad tras regresar a Valencia con hemorragias

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El Tribunal de Cuentas insta la disolución de tres fundaciones del PSOE y constata la quiebra de la Ramón Rubial

El Tribunal de Cuentas ha instado A la disolución de las diez fundaciones vinculadas a la partidos políticos que al arranque de 2024 carecían de actividad, entre ellas tres vinculadas al PSOE, y también ha constatado la quiebra de la Fundación Ramón Rubial, conectada con el Partido Socialista de Euskadi. Así consta en el Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, correspondiente al ejercicio 2023 que acaba de aprobar el órgano fiscalizador. En concreto, las entidades vinculadas al PSOE que seguían en el registro pero sin tenían actividad alguna eran la Fundación Ideas para el Progreso, la Carlos Chivite (PSOE de Navarra) y el Centre d'Estudis i Desenvolupament Gabriel Alomar (PSOE de Baleares). En la misma situación estaban dos conectadas con Ciudadanos (Asociación Cataluña Constitucional y Fundación Cívica Liberal), la Fundación Eduardo Obregón (del Partido Regionalista de Cantabria) y la Fundación Horacio Fernández Inguanzo (del PCE de Asturias). CINCO CON SALDO NEGATIVO El informe, recogido por Europa Press, pone de manifiesto que había también cinco fundaciones con patrimonio negativo a las que el órgano que preside Enriqueta Chicano emplaza a ajustar su actividad económica y elaborar un plan de saneamiento. Esta lista la encabeza la Sociedad Fundación Elkartu, vinculada a Eusko Alkartasuna (con un saldo negativo de 626.640,28), y en ella figuran también la socialista Ramón Rubial (-30.107 euros), la Eduardo Obregón (-26.603 euros), la Carlos Chivite (-365,98 euros) y la Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios del Siglo XXI (-34 euros). En el informe se reseña también que la socialista Fundación Pablo Iglesias suscribió en 2023 un acuerdo de renegociación de los préstamos y aportación a la dotación fundacional con el PSOE, por un importe de 2.554.556,80 euros, lo que le permitió corregir su situación de desequilibrio patrimonial y pasar de un patrimonio neto negativo de 2.259.212,04 euros al inicio del ejercicio 2023 a uno positivo por 257.277,22 euros al cierre de dicho ejercicio. Entre las principales conclusiones, el informe indica que únicamente 15 fundaciones y entidades --de las 37 fiscalizadas en 2023-- remitieron en plazo sus cuentas anuales, otras 18 lo hicieron fuera del plazo establecido y cuatro de ellas directamente no presentaron las cuentas, por lo que no se han podido fiscalizar. SI NO SE INSCRIBEN, QUE NO RECIBAN SUBVENCIONES Asimismo se pone de manifiesto que solo 22 se habían inscrito en la sección especifica del Registro de Partidos Políticos que gestiona el Ministerio del Interior, como marca la ley. Ante esto el tribunal recomienda que se exija la inscripción obligatoria como requisito para poder recibir subvenciones. La fiscalización señala que el total de las aportaciones y donaciones privadas que recibieron las fundaciones ascendió a 4,7 millones de euros en 2023, mientras que las subvenciones públicas llegaron a los 2,1 millones. Con carácter general el Tribunal de Cuentas constata el complimiento de "la regularidad contable de las aportaciones y de las donaciones", así "como de los límites y requisitos previstos". No obstante, en algunos casos tanto de las donaciones privadas como de las subvenciones públicas el informe observa incumplimientos de la normativa y gastos no subvencionables. En este último supuesto el Tribunal de Cuentas informará a los organismos que concedieron las subvenciones a efectos de solicitar el correspondiente reintegro. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA En lo referente a las obligaciones de transparencia, un total de 14 fundaciones y entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales del ejercicio 2023 ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente. El informe recoge un total de siete recomendaciones entre las que figura el establecimiento de un umbral de ingresos mínimo para que las fundaciones y demás entidades deban someterse obligatoriamente a auditoría externa y remitirla al Tribunal de Cuentas. También sugiere la conveniencia de fijar una cuantía mínima de notificación obligatoria de las donaciones de personas jurídicas y que adecuen su actuación a la realización de sus fines fundacionales.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobaehace 53 min

El Tribunal de Cuentas detecta "graves deficiencias" en las pulseras antimaltrato y cuestiona la actuación de Igualdad

El organismo aprueba un informe en el que advierte de fallos durante la ejecución del último contrato, detecta incumplimientos del pliego por parte de la empresa y recomienda al departamento de Ana Redondo que persiga la calidad "por encima del ahorro de costes" Igualdad multa con 25.000 euros a Vodafone por la caída del sistema de las pulseras de control de maltratadores El Tribunal de Cuentas ha detectado “graves deficiencias” en el funcionamiento del las llamadas pulseras de control de maltratadores (Cometa) durante la ejecución del anterior contrato. El organismo ha puesto el foco en el sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista tras la “alarma social” generada por los fallos que se hicieron públicos a finales del año pasado y ha analizado los contratos de 2018, 2021 y 2023. Su conclusión es que los problemas, “si bien fueron finalmente resueltos, han comprometido la seguridad” de las mujeres y que la actuación del Ministerio de Igualdad para solucionarlos no fue suficiente. En un informe aprobado este miércoles, el Tribunal de Cuentas hace un diagnóstico general del sistema y destaca que estas deficiencias “interrupciones del servicio” se produjeron debido a las “debilidades” en la preparación de los contratos, en las fases de transición entre ellos y en el seguimiento institucional de cómo estaban funcionando. Por eso, recomienda al Ministerio de Igualdad que persiga la calidad del servicio “por encima del ahorro de costes” del servicio. El organismo recuerda que del “adecuado funcionamiento” de Cometa depende la protección y la “estabilidad emocional y mental” de miles de mujeres. El informe aborda profusamente el problema que puso en el centro de la actualidad el sistema a finales del año pasado. Y que tuvo que ver con la pérdida de información ocurrida a raíz del cambio de empresa adjudicataria, que pasó de Telefónica a Vodafone. Este fallo impidió “dar respuesta a 123 requerimientos” de datos que hicieron los juzgados y que “no fueron atendidos” por la nueva compañía debido a “problemas de descarga”. Según el Tribunal de Cuentas, los burofaxes intercambiados entre las dos empresas durante 2024 “evidencian discrepancias” sobre cuál de las dos tuvo la responsabilidad. Sin embargo, y a pesar de los fallos detectados, el organismo destaca que la intervención del Ministerio de Igualdad para solucionarlos fue insuficiente. “No consta que se llevara a cabo ninguna actuación para coordinar o arbitrar su solución durante la fase de transición”, afirma la evaluación, que detalla que esta solución se produjo en diciembre de 2024, nueve meses después de haber finalizado la transición y en una fecha que coincidió con un requerimiento que le hizo la Fiscalía al departamento dirigido por Ana Redondo. El Ministerio Público fue el que precisamente advirtió en su memoria sobre 2024 —publicada un año después— de lo que había ocurrido. En este sentido, el informe destaca limitaciones en el llamado Plan de Transición, que debe acompañar a cada contrato con el objetivo de garantizar que el servicio continúa al término de cada uno. Sin embargo, no se previó en los pliegos de 2018 y 2021 y su inclusión en el de 2023 dependió de una “modificación contractual” posterior. Algo que, para el organismo evaluador, “evidencia deficiencias en la planificación de la contratación y falta de previsión, teniendo en cuenta que el siguiente contrato podía adjudicarse a una nueva empresa, como de hecho sucedió”. Problemas “no puntuales” Más allá de la pérdida de información ocurrida en el trasvase entre compañías, el Tribunal de Cuentas informa de “graves deficiencias” en el servicio “prácticamente durante toda la vigencia del contrato”. Los fallos, que habían sido advertidos por las trabajadoras de Cometa en varios momentos, afectaron a la “fiabilidad” de los dispositivos y tenían que ver con errores de geolocalización que “permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas”, con baterías “deficientes” o retrasos en reparaciones. Según las especificaciones técnicas incluidas en la oferta de Vodafone, las baterías debían durar seis meses, pero “las pruebas reales” solo duraban “semana y media en el mejor de los casos”. El Tribunal de Cuentas ha repasado los informes, notas y actas de reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato y revela que en octubre de 2024 se alertó de un riesgo real de “rotura de stock” de dispositivos, con aparatos que apenas cinco o seis meses después de estrenarlos “presentaban ya un deterioro significativo”. En cuanto a los fallos de geolocalización, el informe desvela que en enero de 2025 la empresa adjudicataria indicó que analizaría el origen de estos errores, algo que a juicio del Tribunal de Cuentas “ya debería haberse realizado en esa fecha”. Un mes después, en febrero, la empresa “reconoció por primera vez que los saltos de GPS no constituían un problema puntual, sino un fallo sistemático” que “menoscababa la credibilidad del servicio” ante la Policía y que “ponía en riesgo la protección efectiva de las víctimas”. Los errores de geolocalización continuaron sin resolverse durante los meses siguientes y a partir de mediados de junio ya sí comenzó una “reducción significativa” de los problemas, cuando el contrato “ya se encontraba en su fase final de ejecución”. El seguimiento de Igualdad El informe afea a Igualdad que “no hizo un seguimiento adecuado del contrato” y su plan “no fue suficiente” a pesar de que se estaban detectando incumplimientos contractuales. Señala el organismo que a pesar de que en el pliego se previó la celebración de, al menos, una reunión de seguimiento cada cuatro meses, en los primeros siete u ocho meses de contrato “el servicio careció de un mecanismo de seguimiento documentado y periódico”. En sus alegaciones, el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género defienden que el seguimiento del contrato fue adecuado, sosteniendo que sí se celebraron las reuniones “con regularidad” contempladas en el pliego. La primera en el mes de abril. Para el Tribunal de Cuentas, esta reunión es simplemente “una presentación técnica realizada por parte de la empresa adjudicataria”. Además, el departamento dirigido por Ana Redondo asegura que hubo una “comunicación constante” con la compañía “desde el inicio del contrato” a través de llamadas de teléfono y correos electrónicos. El organismo lamenta también que el Ministerio “no adoptara medidas de exigencia contractual efectivas” y asegura que los requerimientos de la Delegación del Gobierno “fueron tardíos”. La única sanción impuesta fue la multa de 25.000 euros a Vodafone del pasado mes de marzo por la caída del sistema ocurrida durante varias horas el 11 de noviembre y ya “cuando estos problemas habían tenido repercusión pública y el contrato estaba próximo a su finalización”. A este respecto, el Ministerio sostiene que las incidencias fueron “puntuales” y que “en ningún caso supusieron incumplimiento del contrato” a excepción de la sanción acordada. Defiende Igualdad que a partir de octubre de 2024 se implementó un “exhaustivo” Plan de Seguimiento con reuniones mensuales que “han permitido requerir en tiempo y forma cada una de las mejoras o correcciones que se han ido detectando de forma inmediata”, apunta el Ministerio, que destaca “los tiempos y la complejidad de las soluciones a implementar” como elemento “a tener en cuenta”. El pasado mes de mayo, el Gobierno propuso la adjudicación del nuevo contrato a la empresa adjudicataria actual —la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España— tras haber anunciado un incremento del presupuesto del 42% y un cambio de pulseras por tobilleras. La propuesta no es aún definitiva.

elDiario.eselDiario.es•Marta Borrazhace 4 h
I

El Tribunal de Cuentas ve "graves deficiencias" en los contratos de pulseras antimaltrato

Madrid, 23 sep (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha detectado "graves deficiencias" en la contratación y el seguimiento, por parte del Ministerio de Igualdad, de las pulseras antimaltrato para proteger a las víctimas de violencia machista, y concluye que la calidad del servicio "debe primar sobre el ahorro de costes y garantizarse la mejor tecnología posible". El órgano fiscalizador ha presentado sus conclusiones tras analizar los contratos correspondientes a los años 2018, 2021 y 2023 -este último vigente hasta mayo de 2026- para la puesta en marcha del sistema telemático para el seguimiento de maltratadores, tras los problemas de las pulseras de control que afectaron, entre otras cuestiones a la geolocalización de las víctimas o sus agresores. Ante la "importante alarma social" suscitada en 2024, el tribunal decidió fiscalizar dichos contratos celebrados por el Ministerio de Igualdad para la prestación del servicio, cuyo importe total ascendió a 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), además de un contrato menor por 12.706,21 euros. El informe señala que en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un plan de transición, lo que produjo "deficiencias" que afectaron a la prestación del servicio, como problemas de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria, que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes. El órgano fiscalizador indica que la situación se mantuvo hasta octubre de 2024, momento en que, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones para coordinar o arbitrar su solución. Asimismo, expresa que tampoco se previó ese plan de transición en el contrato para el periodo 2023 a 2026, por lo que tuvo que procederse a la oportuna modificación contractual aprobada en julio de ese año. En la fase de ejecución de ese contrato, el informe destaca que se produjeron también "graves deficiencias" durante prácticamente toda su vigencia que, si bien han sido resueltas, "comprometieron su efectividad" durante una parte del periodo fiscalizado. Y detalla que esos fallos afectaron principalmente a "la fiabilidad" de los dispositivos, con interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías con baja autonomía o retrasos en las reparaciones. El Tribunal de Cuentas señala que, ya en noviembre de 2025, cuando estos problemas habían tenido ya repercusión pública y el contrato estaba próximo a su finalización, el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que "corroboró las vulnerabilidades críticas" detectadas en los dispositivos. "Esta profusión de incumplimientos contractuales pone de manifiesto que los órganos del Ministerio de Igualdad no hicieron un seguimiento del contrato adecuado y no fue suficiente el plan de seguimiento ejecutado", sentencia, y añade que tampoco fueron fueran impuestas penalidades, más que en un caso, a pesar de los incumplimientos contractuales advertidos. El órgano fiscalizador considera que en este tipo de contratos debe primar la calidad de la prestación del servicio "por encima del ahorro de costes", por lo que ve imprescindible asegurar la utilización de la mejor tecnología disponible para minimizar "hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas". Entre sus recomendaciones para evitar estos problemas, también aconseja adoptar las medidas necesarias dirigidas a la mejora de la programación de las necesidades con el fin de evitar la tramitación urgente del expediente; reforzar en futuras licitaciones que se realicen verificaciones técnicas y periódicas de la seguridad del sistema; o imponer penalidades económicas ante los incumplimientos que se detecten. EFE

InfobaeInfobae•Newsroom Infobaehace 4 h
I

Solo el 40% de las fundaciones de partidos cumplieron a tiempo con el Tribunal de Cuentas

Madrid, 23 sep (EFE).- Un informe aprobado este miércoles por el Tribunal de Cuentas señala que solo el 40% de las fundaciones vinculadas a partidos políticos le remitieron en plazo sus cuentas de 2023, 15 sobre un total de 37, mientras que 18 lo hicieron fuera de plazo. Las fundaciones Horacio Fernández Inguanzo, L´Institut d´Estudis Politics y Por la Europa de los Ciudadanos -FEC-, y la Asociación Cataluña Constitucional no han presentado las cuentas anuales del ejercicio 2023, por lo que el Tribunal no ha podido fiscalizar su financiación. El informe indica que las 37 fundaciones vinculadas a los partidos recibieron 4,7 millones en donaciones privadas y 2,1 millones en subvenciones públicas en 2023. Las fundaciones y entidades políticas tienen la obligación de presentar al Tribunal de Cuentas las cuentas anuales de cada ejercicio económico, integradas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria. Además deben remitir un informe de auditoría de las cuentas anuales realizado por una firma privada. El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2023”. La fiscalización ha comprobado la regularidad contable y el cumplimiento de la legalidad aplicable a las aportaciones y donaciones recibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas a formaciones políticas, así como a sus gastos financiados con cargo a subvenciones públicas. El Informe pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que 10 de las fundaciones no registraron actividad y que solo 22 se habían inscrito en la sección especifica del Registro de Partidos Políticos que gestiona el Ministerio del Interior, como resulta obligatorio. Con carácter general el Tribunal de Cuentas constata el cumplimiento de “la regularidad contable de las aportaciones y de las donaciones”, así “como de los límites y requisitos previstos”. No obstante, en algunos casos tanto de las donaciones privadas como de las subvenciones públicas el informe observa incumplimientos de la normativa y gastos no subvencionables. En este último supuesto el Tribunal de Cuentas informará a los organismos que concedieron las subvenciones a efectos de solicitar el correspondiente reintegro. En lo referente a las obligaciones de transparencia, un total de 14 fundaciones y entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales del ejercicio 2023 ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente. EFE

InfobaeInfobae•Newsroom Infobaehace 5 h

La Comunidad tacha de "menosprecio para el pueblo de Venezuela" el "beso de complicidad" de Sánchez y Delcy Rodríguez

La Comunidad de Madrid ha tachado de "menosprecio para el pueblo de Venezuela" el "beso de complicidad" de la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el inicio del 81º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Sánchez quiere convertir a España en la Venezuela de Maduro y la Venezuela Delcy Rodríguez (...) Un cariño, además, que viene de lejos: qué tiempos aquellos en los que Delcy Rodríguez frecuentaba el aeropuerto de Barajas cargada de maletas", ha planteado. Como parte de su intervención se ha referido a los casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Ha comenzado destacando que este martes "se conocía que las cloacas del Estado" habían "ordenado extorsionar a la juez Biedma que estaba juzgando al condenado hermano del presidente". "Sánchez pretendía regalar un sueldo Nescafé para toda la vida a su hermano y ahora el Tribunal de Cuentas pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la devolución de esos 340.000 euros que cobró sin ir a trabajar", ha incidido. También ha acusado al Gobierno y al presidente de "atacar al Tribunal Supremo" por "parar el pucherazo electoral" a través de la 'ley de nietos' y se ha referido a la mujer del presidente, Begoña Gómez, quien "se sentará en el banquillo de los acusados" frente a un jurado popular, que ha augurado que será tachado de "fascistas" por "el 'sanchismo'". También ha aludido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "ideólogo del 'sanchismo'", la causa Plus Ultra y las joyas encontradas en su despacho, además de la citación judicial de sus hijas el 30 de noviembre en esta causa. García Martín ha destacado, además, que el Tribunal Constitucional "tomado al asalto por el sanchismo" trata de "facilitar la vuelta del prófugo (Carles Puigdemont)", cuyos "votos necesita" Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no haber dado "ni una sola explicación sobre la crisis de Ceuta". "En resumen. Prácticas mafiosas, ataques al poder judicial, corrupción generalizada, intento de pucherazo, instituciones tomadas al asalto como el Tribunal Constitucional y Ceuta abandonada a su suerte. El Caballo de Troya que intenta reventar todo desde dentro se llama Pedro Sánchez, y no puede seguir ni un minuto más al frente del país", ha zanjado.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobaehace 6 h
I

Puigdemont instiste al Tribunal de Cuentas para que aplique la amnistía "sin más dilación"

Madrid, 22 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha reclamado una vez más al Tribunal de Cuentas que, "sin más dilación", le aplique la amnistía y declare extinguida la responsabilidad contable en relación a los gastos públicos para sufragar el "procés". Lo hace en un escrito de impugnación a un recurso en el que Sociedad Civil Catalana -que figura como demandante- solicita una serie de diligencias. La defensa del expresident rechaza con rotundidad esta petición y solicita que se le absuelva en aplicación de la ley de amnistía y se le devuelvan las cantidades afianzadas en el marco del procedimiento contable que mantiene abierto el Tribunal de Cuentas contra 35 ex altos cargos. En su escrito, al que ha tenido acceso EFE este martes, el expresidente catalán recuerda que también la Generalitat de Cataluña y la Fiscalía manifestaron su conformidad con la aplicación de la amnistía, y que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en un reciente auto, reconoció que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide mantener la tesis de la afectación de los intereses financieros comunitarios. La defensa de Puigdemont subraya que la "demora" en tomar una decisión afecta a su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, al tiempo que vuelve a advertir de que se "reserva de cuantas acciones asisten a esta parte". La consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que está a cargo del procedimiento, está ultimando su decisión sobre la aplicación de la ley de amnistía para los 35 encausados. En paralelo a este procedimiento, el Tribunal Constitucional ha arrancado este martes un pleno de tres días en el que abordará el primer recurso contra la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación a los líderes del "procés" a partir de una ponencia que respalda esta decisión pero que previsiblemente no va a prosperar.EFE

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae22 sept

El Gobierno usó el año pasado otros 8.400 millones de los fondos europeos para pagar pensiones y gasto social

El Gobierno continuó en 2025 utilizando créditos presupuestarios asignados a programas del Plan de Recuperación para sufragar gastos en pensiones o en otras ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), según ha denunciado el Partido Popular después de rastrear la información oficial publicada por el Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda. Pese a la fenomenal controversia que se originó en torno a la utilización de este artificio contable, cuya base legal fue puesta en cuestión por el Tribunal de Cuentas en su análisis sobre las cuentas de 2024 y de cuya constitucionalidad duda no solo la oposición política sino no pocos expertos en Derecho Administrativo, el Ejecutivo no solo no ha dejado de recurrir... Ver Más

ABCABC•(abc)19 sept

Antifraude lleva al Tribunal de Cuentas su investigación a dos miembros del equipo de Pilar Bernabé

La Agencia Valenciana Antifraude ha acordado trasladar al Tribunal de Cuenta su investigación a dos estrechos colaboradores de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y candidata del PSPV-PSOE en Valencia, Pilar Bernabé. Ambos forman parte actualmente de la ejecutiva del partido en la ciudad. El organismo público autónomo ha concluido, a partir de una denuncia anónima, que su renuncia a los puestos directivos que ambos ostentaban en dos fundaciones del Ayuntamiento pudo suponer un perjuicio económico para las mismas, al no advertir de su salida en el plazo de tres meses estipulado y no habérseles reclamado por ello el pago de una indemnización. Los hechos esgrimidos por Antifraude en una resolución de 77 páginas, consultada por ABC y... Ver Más

ABCABC•(abc)16 sept

La Diputación de Badajoz se niega a que el hermano de Sánchez y su amigo devuelvan los más de 400.000€ que cobraron

La Diputación de Badajoz ha pedido al Tribunal de Cuentas que archive las actuaciones abiertas a raíz de varias denuncias que reclaman que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y su amigo, el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, devuelvan las cantidades que percibieron de la institución provincial. Según estimó en su día Iustitia Europa, la cifra superaría, entre ambos, los 400.000€ . Tal y como informó ABC la semana pasada, el consejero del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas dio traslado a la Diputación de Badajoz de las denuncias para que la institución se pronunciase o bien personándose como entidad perjudicada económicamente o pidiendo el archivo del procedimiento. La respuesta de la institución provincial... Ver Más

ABCABC•(abc)16 sept

Antifraude concluye que un asesor de Pilar Bernabé y un edil socialista deben pagar una penalización que obvia para la consellera de Educación

La Agencia Valenciana Antifraude deriva al Tribunal de Cuentas una denuncia contra Alejandro García y el edil Javier Mateo para que indemnicen a la Fundación Deportiva Municipal y València Activa por dejar sin previo aviso sus puestos directivos, pero evita iniciar diez procedimientos similares, como el de Carmen Ortí, que también dejó la Universidad Popular para ser consellera sin el preaviso exigido La Agencia Valenciana Antifraude ha concluido, tras una larga investigación nacida de una denuncia anónima, que el concejal socialista en el Ayuntamiento de València, Javier Mateo, y el asesor y exjefe de prensa de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, Alejandro García, deben indemnizar a la Fundación València Activa y a la Fundación Deportiva Municipal, respectivamente, por haber dejado sin previo aviso sus puestos directivos en ellas: uno para ser concejal en 2023 y el otro para ocupar un cargo de confianza en la Delegación del Gobierno en 2022. El órgano investigador deriva el caso al Tribunal de Cuentas para que considere si existe una “responsabilidad contable” y si corresponde recuperar el dinero de las indemnizaciones, unos 17.000 euros cada uno. En la resolución de Antifraude, de 77 páginas, el instructor censura tanto el nombramiento de Mateo y García como, sobre todo, que no cumplieran con el preaviso de tres meses exigido al ostentar cargos directivos. Javier Mateo, en sus alegaciones, acreditó que hasta diez directivos nombrados en entidades y fundaciones públicas del Ayuntamiento de València también dejaron sus puestos sin el preaviso obligatorio de tres meses. El más llamativo es el de la actual consellera de Educación, María Carmen Ortí, cuando dejó la dirección de la Universidad Popular. El cese de Ortí fue aprobado el 5 de diciembre de 2025, con efectos desde el día 3 del mismo mes, sin el preaviso marcado por la legislación interna, debido a su entrada en el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca. Así, según la legislación aplicada y citada por Antifraude, tanto Ortí como otros nueve cargos nombrados por el PP en AUMSA, la Fundación Las Naves o la Universidad Popular deberían indemnizar a estas entidades públicas por haberlas abandonado sin previo aviso, ya que podrían haberles causado un perjuicio económico. En ese sentido, el instructor de Antifraude considera que la relación de ceses posteriores aportada como supuesto “procedimiento habitual” por parte de Javier Mateo no es un eximente. “Los casos enumerados pertenecen a diferentes entidades, años, regímenes jurídicos y causas extintivas, y no se aportan los respectivos expedientes completos, contratos, informes jurídicos o liquidaciones que permitan establecer una comparación homogénea. En todo caso, la repetición de una práctica no determina por sí misma su conformidad a Derecho”, argumenta el instructor. Eso sí, Antifraude recuerda que la información aportada “podrá ser valorada separadamente a efectos de posibles actuaciones de carácter general sobre la gestión de la alta dirección en el sector público local”. Veremos si la agencia dirigida por Eduardo Beut inicia una causa general contra los exdirectivos o si, a partir de ahora, se suceden una serie de denuncias anónimas que obliguen a Antifraude a mojarse. Uno de los argumentos de peso que utiliza Antifraude contra el concejal y el asesor es que, antes de que ellos abandonaran las fundaciones, lo hizo una de las subdirectoras de València Activa, María del Mar Marín, a quien la fundación “sí calculó, reclamó y percibió la indemnización correspondiente al preaviso incumplido”. Es decir, sí abonó un pago por salir de la entidad sin cumplir el preaviso de tres meses. Tanto Javier Mateo como Alejandro García defienden en sus alegaciones que sus contrataciones y sus salidas de las fundaciones estuvieron acreditadas tanto por los patronatos como por los servicios jurídicos, así como por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de València. Nadie en las entidades públicas les reclamó el pago de la indemnización. “No hay causa legal de abstención” de Bernabé La investigación de Antifraude también indagó sobre un presunto trato de favor entre Pilar Bernabé y Alejandro García, pero concluyó que la “amistad íntima” entre ambos no estaba acreditada cuando García fue nombrado directivo de la Fundación Deportiva Municipal y la delegada del Gobierno era su presidenta. Sí critica unos “riesgos de imparcialidad mal gestionados”, pero reconoce: “Las actuaciones no permiten acreditar una relación de íntima amistad constitutiva por sí misma de causa legal de abstención ni una predeterminación efectiva del procedimiento” de nombramiento de García como subdirector de Promoción Institucional y Comunicación de la Fundación Deportiva Municipal.

elDiario.eselDiario.es•Sergi Pitarch16 sept
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Puigdemont advierte al Tribunal de Cuentas con acciones legales si ignora el fallo europeo

Barcelona, 15 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido al Tribunal de Cuentas que podría reclamar al Estado por su "reinterpretación" de la sentencia de la justicia europea que avalaba la amnistía del delito de malversación, lo que a su parecer constituye una "violación del derecho comunitario". En su escrito de este martes, Gonzalo Boye, abogado de Puidemont, urge al Tribunal de Cuentas a aplicar de forma inmediata la amnistía al expresidente catalán en la causa abierta contra él y una treintena de excargos de su Govern por los gastos del 'procés', tras el espaldarazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley. La defensa de Puigdemont responde así al Tribunal de Cuentas, que el pasado mes de julio, tras la sentencia del TJUE, preguntó a acusaciones y defensas sobre la "posibilidad" de no amnistiar a los encausados por los gastos del 'procés', si se utilizaron fondos de la Unión Europea (UE) para sufragarlos. En opinión de Gonzalo Boye, la decisión del Tribunal de Cuentas de plantear esa cuestión a las partes supone una "infracción" de la normativa que regula el TJUE y del "efecto vinculante" de sus decisiones: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta: se cumple", recalca Puigdemont. En ese sentido, Boye advierte en su escrito que se reserva el derecho a ejercer una "acción de responsabilidad patrimonial" contra el Estado "por violación del derecho de la Unión", una reclamación que incluiría "expresamente la reinterpretación" de la sentencia del TJUE por parte del Tribunal de Cuentas. Además, el escrito recuerda que Puigdemont ya ha iniciado acciones ante la Comisión Europea y ante el TJUE por la "reinterpretación" que, a su parecer, ha hecho el Tribunal de Cuentas de la sentencia europea. Puigdemont alega además ante el Tribunal de Cuentas que la Generalitat, único ente público afectado por los gastos del 'procés', no se ha opuesto a la amnistía de este proceso y ha esgrimido unas certificaciones aportadas por la Intervención General de Cataluña que demuestran que el 'procés' se financió exclusivamente con "recursos propios". El escrito exige la devolución inmediata de las cantidades embargadas como fianza a los ex altos cargos encausados, que suman 9,5 millones de euros, y lamenta que estos -entre quienes además figuran el líder de ERC Oriol Junqueras y el expresidente catalán Artur Mas- soporten este proceso de responsabilidad contable desde hace más de seis años. EFE

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae15 sept

TCu rechaza recursos que exigían perdonar de forma inmediata los gastos del 'procés' tras el aval del TJUE a la amnistía

El Tribunal de Cuentas (TCu) ha rechazado los recursos presentados por encausados en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del 'procés' con sus alegaciones después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima todos los recursos contra la providencia del pasado julio con la que el órgano fiscalizador pedía a las partes sus alegaciones sobre la causa tras la decisión de la justicia europea. Entre los recursos interpuestos se encontraba el del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, que según el auto reclamaba "reanudar sin más dilación la tramitación con carácter preferente y urgente y dictar inmediatamente resolución que declare amnistiados los hechos objeto del procedimiento y extinguida la responsabilidad contable reclamada, absolviendo a los recurrentes" de conformidad con la ley que perdonó el proceso independentista. Al igual que los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí o Lluís Puig, el expresidente exigía alzar las medidas cautelares adoptadas en esta causa, "con devolución de las cantidades afianzadas y cancelación de las garantías constituidas en la proporción que le corresponda, librando los despachos y mandamientos necesarios". El exvicepresidente catalán y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, así como los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa solicitaron en términos similares que se anulara y revocara la resolución dictada, "sustituyéndola por otra por la que se aplique la amnistía a los recurrentes", de acuerdo con el mismo auto. La Fiscalía se mostró a favor de estimar los recursos presentados, mientras que Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acusación, impugnó las alegaciones presentadas por los encausados. NINGÚN INCUMPLIMIENTO Para el Tribunal de Cuentas, la decisión de consultar a las partes "ni incumple ni resulta contraria ni incompatible con los pronunciamientos" del TJUE, "debiendo ser desestimados todos los motivos de los recursos de reposición que, de una u otra forma, se basan en que la resolución impugnada incumple dicha sentencia". "No cabe considerar que el trámite de audiencia que se concede en la providencia recurrida sea contrario al derecho europeo ni, menos aún, suponga incumplimiento alguno de la sentencia del TJUE", concluye, quedando pendiente que resuelva sobre el fondo del asunto. El pasado julio, el Tribunal de Cuentas acordó reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el TJUE una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán habría afectado a los intereses financieros comunitarios. Fue en julio de 2024 cuando elevó su cuestión prejudicial y decidió suspender el procedimiento "hasta la resolución del incidente prejudicial", descartando resolver hasta ese momento sobre las peticiones de aplicación de la amnistía a este caso. Al abrir el plazo de consulta, el TCu incidió en que el TJUE consideró en su sentencia que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la aplicación de la amnistía "cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste". Y añadió que la decisión del tribunal europeo "admite las ocho cuestiones planteadas" por el órgano español, "contestando que la ley es contraria en los aspectos que analiza al Derecho de la UE y rechaza las alegaciones de los demandados que cuestionaban" su "independencia e imparcialidad".

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae14 sept