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Ofensiva de Vox por la 'ley de nietos': exige las pruebas de descendencia y el total de nacionalizados

En Bambú 12, sede nacional de Vox, buscan respuestas por parte del Gobierno para entender los entresijos de los procedimientos y los datos detrás de la 'ley de nietos'. No satisfechos con lograr que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de más de 400.000 personas que la nacionalidad española gracias a la polémica instrucción de Sofía Puente (hermana del ministro Óscar Puente), los de Santiago Abascal acuden al Congreso con una ofensiva parlamentaria: una batería de preguntas y requerimientos de información para conocer el número total de solicitudes de nacionalidad, cuántas incluían las pruebas de exilio y los procedimientos para verificar la veracidad de los documentos. Vox, en todas las peticiones... Ver Más

ABCABC(abc)22 sept
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El PSOE acusa a Vox de "salvajes" por gritos homófobos a un diputado en el Congreso

Madrid, 22 sep (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este martes a Vox de "salvajes" por los gritos homófobos dirigidos al diputado socialista Lázaro Azorín durante el pleno del Congreso, mientras este explicaba su experiencia personal al descubrir su homosexualidad en la adolescencia. "No lo elegí. Tuve miedos, dudas y quise esconderme, a veces desaparecer", ha explicado Azorín. A lo que, según asegura la portavoz, desde la bancada de Vox le han gritado: "deberías haberlo hecho". "Qué asco de España construye Feijóo con estos salvajes", ha señalado Mínguez en una publicación en la red X. Los hechos han sucedido durante el debate de una proposición no de ley presentada por Podemos sobre el proyecto de la Ley de Familias, cuya tramitación está bloqueada en fase de enmiendas desde 2024. Entre las medidas planteadas figuran el reconocimiento de la diversidad familiar, la ampliación de la protección social a distintos modelos de familia y la compensación económica de los cuidados a personas dependientes mediante una prestación vinculada al salario mínimo interprofesional. Durante el debate, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha asegurado que dicha ley pretende "abolir la familia tradicional". "Para ustedes la familia tradicional es una institución represiva, racista y heterosexista. Quieren abolir la feminidad y la masculinidad. Pretenden destruir el concepto de familia para redefinirla según sus dogmas ideológicos", ha dicho Ruiz. Por su parte, Azorín ha defendido la iniciativa y ha respondido a Ruiz que "la homosexualidad no es un caso ni una enfermedad". "La homosexualidad no es una moda, es una realidad que forma parte de nuestra sociedad.", ha añadido el diputado socialista. "Me cuesta escuchar que se hable de homosexualidad como si fuera un problema que hay que combatir, porque yo, señorías de Vox, no soy un problema y mi familia tampoco", ha dicho también Azorín. Asimismo, el diputado ha remarcado que con el reconocimiento de la diversidad familiar "no se habla de estadísticas", sino de "personas y niños que merecen crecer sabiendo que su familia es tan válida y digna como la de los demás". "Quiero vivir en un país donde nadie tenga que volver a sentir vergüenza, miedo o dolor por ser quien es", ha añadido. EFE

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PNV y Junts rechazan el Estatuto Marco y plantean la retirada de la normativa

Madrid, 22 sep (EFE).- Los grupos parlamentarios PNV y Junts han rechazado este martes el Estatuto Marco y han planteado que se retire o reinicie la totalidad del texto en el pleno del Congreso, donde se ha debatido una moción relacionada con este proyecto de ley, que se votará mañana. A principios de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Estatuto Marco, texto que sustituye al de 2003, y ahora se encuentra en su fase parlamentaria y se enfrenta a las reivindicaciones por parte de los sindicatos médicos, que han convocado una huelga indefinida para el próximo 28 de octubre. A propuesta de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha debatido en el pleno del Congreso una moción sobre la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en particular en lo relativo a la actualización de la clasificación profesional y retributiva del personal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios. Además, también incluía propuestas como la reforma del sistema de carrera profesional y la financiación necesaria para garantizar su aplicación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Anteriormente, la diputada interpeló en el Congreso a la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre esta cuestión con el objetivo, ha asegurado en el pleno, de "visibilizar a estos colectivos, denunciar su situación y, de alguna manera, comprometer a esta Cámara en el apoyo a las medidas que requieren, para tener el tratamiento justo y coherente a las funciones que han ido asumiendo". El diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha explicado que su grupo ha presentado una enmienda a la moción que plantea retirar el proyecto y volver a reiniciar su elaboración desde la negociación y el consenso entre todas las partes implicadas. Agirretxea ha insistido en que hay cuestiones que siguen sin estar "suficientemente resueltas, como la ausencia de una memoria económica que permita conocer el coste real de las medidas y garantizar su financiación, así como la necesidad de respetar las competencias de las comunidades autónomas en la organización y gestión de sus servicios sanitarios". En cuanto a Junts, su diputada Pilar Calvo ha añadido que su respuesta es una enmienda a la totalidad de la normativa y que el Ministerio de Sanidad ha generado una situación de confrontación por la que ya no es un "proyecto viable". La diputada del PP, María Lourdes Ramírez, ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad y ha criticado que traslade la negociación y el consenso que fue "incapaz de alcanzar" al Congreso. Además, ha exigido que el Gobierno convoque elecciones. "¿Cómo tiene el cuajo de presentar, como fruto de un diálogo, el texto que provoca una huelga indefinida antes de iniciar su tramitación parlamentaria?", ha preguntado en su intervención. El PSOE ha reconocido que este proyecto de ley es "la mejor fórmula para reconocer de una vez a todo el personal ahora mal clasificado y garantizar mejores condiciones laborales", mientras que ERC ha expresado su deseo de "más derechos laborales", pero también "más autogobierno". EFE

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El sector cárnico de México exige más gasto en sanidad ante riesgos zoosanitarios

Ciudad de México, 22 sep (EFE).– Empresas del sector cárnico mexicano urgieron este martes al Congreso a incrementar sustancialmente el presupuesto asignado a la sanidad e inocuidad agroalimentaria para 2027. La Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (ANETIF) advirtió que un ajuste insuficiente pone en alto riesgo el estatus zoosanitario, el empleo rural y las exportaciones de carne de México. La advertencia llegó en el marco de la tercera Junta del Consejo Directivo de la ANETIF, celebrada en la ciudad norteña de Monterrey. El organismo señaló que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación contempla apenas un aumento del 2,2 % para el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), al asignar 5.200 millones de pesos (unos 301 millones de dólares) frente a los 5.086 millones (unos 295 millones de dólares) del periodo actual. “Para el sector agroalimentario mexicano, la sanidad no constituye un gasto, es una inversión estratégica y un bien público indispensable para la seguridad alimentaria, la competitividad, la productividad y la seguridad nacional”, afirmó Alonso Fernández Flores, presidente de la ANETIF. La industria alertó además de que el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria contará con 3.787 millones de pesos (unos 219 millones de dólares), lo que implica un estancamiento respecto al ejercicio anterior. El director general del organismo, Raúl Riquelme Cacho, pidió al Poder Legislativo modificar la propuesta presupuestal y establecer una política de fondos multianuales que otorgue certeza a los controles sanitarios. “Este planteamiento no corresponde únicamente a un subsector, es una posición que compartimos todos quienes producimos granos, frutas, hortalizas, carne, leche, huevo, productos acuícolas y pesqueros, así como quienes transforman, comercializan y exportan alimentos”, subrayó Riquelme. Durante la reunión, autoridades de la SENASICA remarcaron la urgencia de blindar los avisos de movilización ganadera para impedir la entrada de canales sin certificación TIF, así como exigir a los productores el cumplimiento de Buenas Prácticas Pecuarias antes de enero de 2027 para mantener las cuotas de exportación. La certificación Tipo Inspección Federal (TIF) es el sello de sanidad e inocuidad alimentaria que otorga el Gobierno mexicano, a través del SENASICA, a las plantas procesadoras de carne que cumplen con rigurosas normas de higiene y control veterinario. Esta petición se da en un contexto de persistentes alertas zoosanitarias en el país, como la reaparición y propagación del gusano barrenador en el ganado en regiones fronterizas y del sur. Esta amenaza ha obligado a reforzar los controles de inspección epidemiológica para proteger la exportación bovina hacia Estados Unidos. La industria alimentaria enfrenta la vigilancia constante ante brotes focalizados de influenza aviar en aves silvestres y unidades de producción. Desafíos sanitarios que, según los productores, hacen indispensable fortalecer las capacidades operativas y de monitoreo del SENASICA para evitar pérdidas millonarias y cierres comerciales. EFE

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El Congreso tramita una iniciativa de Podemos para eliminar la penalización en la jubilación anticipada con 40 años cotizados

El Congreso aceptó este martes, con 178 a favor , 33 en contra y 136 abstenciones, la toma en consideración de una proposición de ley de Podemos para eliminar los coeficientes reductores en la jubilación anticipada para trabajadores que hayan cotizado 40 años o más. Esto ocurrió con el voto a favor del PSOE, que en junio se opuso a una medida idéntica junto al PP, si bien en este caso simplemente se trata de iniciar la tramitación parlamentaria de la norma, mientras que antes del verano era una enmienda en una ley que iba a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En la defensa de la proposición de ley en el Pleno, la secretaria general de Podemos,... Ver Más

ABCABC(abc)22 sept
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El Congreso aprueba tramitar no penalizar la jubilación anticipada con 40 años cotizados

Madrid, 22 sep (EFE).- El Congreso ha aprobado tomar en consideración una proposición de ley de Podemos para eliminar los recortes en las pensiones de quienes se jubilan anticipadamente con 40 años o más cotizados, aunque varios grupos han advertido del riesgo de que la iniciativa se quede finalmente "en un cajón". Con 178 votos a favor, incluido el apoyo del PSOE, 136 abstenciones, donde ha estado el PP, y 33 votos en contra, donde se ha posicionado Vox, la iniciativa ha salido adelante este martes y deberá continuar ahora la tramitación parlamentaria. La propuesta plantea que los coeficientes reductores que se aplican a las pensiones de quienes se jubilan de forma anticipada no se apliquen a las personas con largas carreras de cotización. La proposición de ley recoge además que el cambio pueda afectar a quienes ya están jubilados, permitiéndoles solicitar el recálculo de su pensión conforme a las nuevas reglas. "Como es posible que hayas cotizado durante 40 años y veas penalizada tu pensión", ha defendido la diputada de Podemos, Ione Belarra, que ha pedido expresamente a los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar, que este apoyo no termine quedándose en "un cajón". Una duda, la de que finalmente no se concrete en un cambio legislativo, que han expresado otros grupos como Junts. "Ha llegado el momento de que los compromisos se conviertan en norma", ha pedido en el debate el diputado de Junts Josep María Cervera, que ha recordado que el PSOE lleva ocho años en el Gobierno sin resolver esta situación. "Hoy votaran que sí y luego echaran balones fuera", ha reprochado Cervera, una crítica que han compartido los populares. "Es bastante factible que salga pero también es factible que se quede en un cajón", cuestionaba el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua. También el diputado de ERC Jordi Salvador ha exigido que se avance para acabar con ese "castigo". "Se aprobará pero tiene que pasar la tramitación y ser ley", ha pedido. El diputado del PSOE Alberto Mayoral ha expresado el apoyo de su grupo a la propuesta y ha señalado la necesidad de dar "un debate serio sobre esas largas carreras de cotización". Otros grupos como PNV o Sumar han señalado la necesidad de introducir cambios en la propuesta de Podemos, como que no haya una frontera "rígida" en los 40 años cotizados sino que se haga de forma más flexible teniendo en cuenta otros elementos como que fuera una jubilación voluntaria o forzosa. EH Bildu, que también ha expresado su firme apoyo a este cambio, ha recordado que alrededor de 870.000 personas sufren esta injusticia. "Es un castigo para toda la vida", ha dicho el diputado Oskar Matute. "Lola empezó a trabajar con 14 años en una imprenta 10 horas al día de lunes a sábado se jubilo con 47 años cotizados perdiendo 200 euros al mes porque ya no podía más", ha puesto como ejemplo Belarra. El diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha cargado contra la forma de plantear la propuesta que ha calificado de "ocurrencia" y de "patada hacia delante". El pasado mes de junio, el Congreso rechazó, con los votos de PSOE y PP, eliminar estos coeficientes reductores, un cambio que en esa ocasión iba en una enmienda y habría entrado en vigor. EFE

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Congreso tramitará una ley para sacar de la mediación obligatoria los divorcios con niños

Madrid, 22 sep (EFE).- El pleno del Congreso de los Diputados tramitará una proposición de ley del PNV para que los divorcios con menores, las custodias, las pensiones alimenticias o las discrepancias de patria potestad no tengan que tratarse de forma obligatoria en un proceso de mediación antes de interponer una demanda. Prácticamente la totalidad de los grupos del Congreso, a excepción de ERC, han apoyado la toma en consideración de esta proposición de ley, que busca excluir de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), creados por la ley de eficiencia de la Justicia, los procesos de familia que incluyan menores, como pidieron abogados y procuradores. Algunos grupos que han votado a favor, como PSOE o Sumar, están de acuerdo con tramitar y debatir esta proposición, aunque no comparten enteramente la meta del PNV. Los socialistas no se oponen a aumentar las excepciones a los MASC, aunque piden conocer primero los efectos de la ley, mientras que sus socios de coalición sí defienden la mediación en los procesos de familia, al igual que ERC, que ha votado en contra. Con la propuesta de los nacionalistas vascos acudir a mecanismos de mediación no sería obligatorio en caso de divorcios, separaciones o nulidades que afecten a menores y tampoco en pensiones alimenticias, decisiones sobre el uso del domicilio familiar, custodias, régimen de visitas o discrepancias por ejemplo sobre la elección de colegio, extraescolares o tratamientos médicos psicológicos no graves. Además, el inicio de un proceso de mediación a través de un MASC se considerará el inicio del procedimiento judicial de llegar a esa fase, con la meta de evitar que los padres de nacionalidad extranjera se lleven los procedimientos a otros países por interponer antes la demanda. Así lo ha explicado durante el debate parlamentario el diputado del PNV Mikel Legarda, que ha señalado que en rupturas inamistosas o discrepancias en la patria potestad se da "una suerte de vandalismo emocional agravado" cuando se ven involucrados menores. Según el PNV, ante estos "conflictos emocionales envenenados" proteger al menor supone no dilatar las situaciones de "alta conflictividad" mediante un trámite obligatorio previo a la demanda que añade tensión de las relaciones de las parejas y expone a "situaciones perjudiciales de incertidumbre que les desprotege". La proposición, que de prosperar modificaría la principal ley del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, se tramitará con apoyo del PSOE, que sin embargo ha defendido la mediación y pide comprobar cómo está funcionando antes de modificar sus reglas, como ha explicado el diputado socialista Joaquín Martínez Salmerón. El PP, en boca de María Jesús Moro, ha denunciado las deficiencias de la ley de Bolaños y ha defendido una "intervención de cirugía fina y de urgencia" para cambiar este aspecto de los MASC y enmendar "la plana" al Gobierno, sin que este apoyo se entienda como una renuncia a reformar el resto de la normativa. Vox por su parte ha dicho que ya lo advirtió y ha acusado al PNV de ser cómplice del Gobierno, porque apoyó su reforma, y acudir después como salvadores para enmendarla, como ha sostenido Carina Mejías. Otros grupos han pedido acometer otras reformas judiciales, como Junts, que quiere que los jueces y el personal judicial en Cataluña tenga la obligación de entender el catalán, o Sumar, que apoya crear la especialidad de familia, infancia y capacidad dentro del orden jurisdiccional civil. La Asociación Española de Abogados de Familia ha celebrado en un comunicado la toma en consideración de esta proposición, que considera un "triunfo del sentido común", pues consideran que los MASC, que apoyan, suponen en los procesos con menores "meses de espera para fijar pensiones, visitas a los padres y madres o problemas con viajes familiares, elección de centro escolar o tratamientos médicos no urgentes". EFE

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El Gobierno remite al Congreso el acuerdo con Egipto para intercambiar y proteger información clasificada sobre Defensa

El Consejo de Ministros ha remitido este martes al Congreso de los Diputados el acuerdo con el Gobierno de la República Árabe de Egipto para "el intercambio y la protección de información clasificada en el ámbito de la Defensa", según recogen las referencias del Consejo. El objetivo de este acuerdo, que será remitido al Congreso de los Diputados, es garantizar la "protección" de dicha la información clasificada "generada o intercambiada" entre ambos países "o por personas físicas o jurídicas bajo la jurisdicción" de España o Egipto. Se trata de un "instrumento jurídico esencial" impulsado por el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, según explica el Ejecutivo, que "favorecerá el desarrollo de la industria española de la defensa y los intercambios comerciales bilaterales en este sector. El Consejo de Ministros autorizó la firma del Acuerdo el pasado 3 de marzo y se rubricó, finalmente, el 17 pasado de junio.

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