La mayoría de los grupos se mostraron a favor de la iniciativa y muchos aprovecharon para cargar contra la norma, la cual entró en vigor en abril del 2025
La Vanguardia•Autor Agencias22 sept
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, comparecerá este miércoles en el Congreso para informar de los planes de relanzamiento comercial aprobados con motivo de las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En concreto, Cuerpo acudirá a la Comisión de Economía de la Cámara Baja para informar sobre el plan de respuesta a los aranceles y de relanzamiento comercial que el Ejecutivo aprobó el año pasado vía decreto ley. El titular de Economía comparecerá por este asunto de forma obligatoria, pues el decreto dice que el ministro tiene que comparecer trimestralmente en la Cámara Baja para informar de la evolución del plan. YA SE HAN MOVILIZADO MÁS DE 5.000 MILLONES En su comparecencia de abril, el vicepresidente destacó que gracias al texto ya se han movilizado más de 5.500 millones de euros en seguros, avales y créditos para apoyar a las empresas expuestas a las amenazas arancelarias de Estados Unidos. El decreto del que Cuerpo informará al Congreso se aprobó hace casi un año, en mayo de 2025, y contemplaba una inyección de liquidez a las empresas de 7.720 millones de euros que se distribuían principalmente mediante avales y créditos. El texto incluía una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas, otros 720 millones ligados al Fondo para la Internacionalización de la Empresa y otros 2.000 millones a través del Cesce y el sistema 'Cari'.
Sumar ha reclamado al Tribunal Supremo que cese su "desacato" a la ley de amnistía y ha censurado que "no hay nada más reprochable" que un órgano judicial se niegue de forma reiterada a cumplir una normativa emanada del Congreso. Así lo ha trasladado después de que el Tribunal Constitucional (TC) encamine su aval a amnistiar la malversación del 'procés' al aceptar el magistrado ponente del primer recurso de amparo, José María Macías, que defiende la negativa del Tribunal Supremo a perdonar ese delito, redactar una decisión con el sentido de la mayoría, favorable a aplicarla. El portavoz parlamentario de IU y diputado del grupo plurinacional, Enrique Santiago, ha considerado que las leyes se elaboran en el parlamento y los jueces, les guste o no, lo que tienen que hacer es aplicarlas. "Incluso tienen mecanismos para impugnarlas en caso de que duden de su constitucionalidad. Pero esta actitud recalcitrante a incumplir la ley de amnistía pues ha quedado claramente desautorizada", ha lanzado para insistir en que "no puede ser que los jueces intervengan en política". Por tanto, ha enfatizado que "todo lo que sea prolongar esta situación de desacato es una intervención política" y "crear problemas de convivencia y de normalización" en Cataluña. MENSAJE A LLARENA La coportavoz de los Comuns y diputada de Sumar, Aina Vidal, ha destacado que el criterio del TC es el "esperado" y confía en que magistrados como Pablo Llarena haga caso al tribunal de garantías respecto a la ley de amnistía. Cuestionada sobre si cree que el líder de Junts, Carles Puigdemont, puede regresar a España, la parlamentaria ha respondido que esa posibilidad depende de la decisión del propio Puigdemont.
Melilla, 22 sep (EFE).- El PP ha rechazado a la construcción de un nuevo centro migratorio en Melilla y ha llevado el asunto al Congreso de los Diputados, donde ha registrado una batería de preguntas para exigir explicaciones al Gobierno, cuya Delegación en la ciudad ha descartado este martes que se vaya a materializar. “Nos negamos rotundamente a que el Gobierno siga incrementando las infraestructuras destinadas a inmigración en una ciudad de apenas 12 kilómetros cuadrados que ya soporta una presión absolutamente desproporcionada”, ha dicho en un comunicado la portavoz adjunta del PP en el Congreso y portavoz popular en la Comisión de Migraciones, Sofía Acedo. Según Acedo, “Melilla no puede convertirse en un gran centro de recepción y gestión de inmigrantes de España” y cree “indignante” la actitud del Gobierno central porque “promueve esta nueva infraestructura migratoria mientras que ha dejado por el camino inversiones estratégicas que sí podían transformar el futuro de la ciudad”. “Para las inversiones productivas nunca hay dinero, nunca es el momento y siempre hay una excusa, pero para construir otro centro de inmigrantes en Melilla aparecen inmediatamente el proyecto y los millones. Ya está bien de agravios. Melilla necesita inversión, oportunidades, conectividad, seguridad y desarrollo económico. Lo que no necesita es otro centro permanente para inmigrantes”, ha sentenciado Acedo. También ha rechazado este centro el partido Somos Melilla, que se opone “a un modelo que concentre cada vez más capacidad migratoria en las dos ciudades españolas del norte de África”, y ha advertido de que no permitirá que “conviertan Melilla en un muro de contención migratorio para España y para Europa”. En una nota, ha reclamado que la política migratoria priorice la prevención de entradas irregulares, el refuerzo y modernización de la frontera y sus efectivos, la cooperación efectiva con Marruecos y otros países de origen y tránsito, la lucha contra las redes de tráfico de personas y unos procedimientos de retorno ágiles dentro de las garantías legales. La Delegación del Gobierno en Melilla dijo ayer que el Ejecutivo estaba buscando en Melilla un espacio para la creación de un centro en el que los migrantes pudieran estar mientras se formalizaba la documentación para el retorno a su país de origen, aunque negó que se tratara de un segundo CETI. Este martes, en cambio, ha descartado la construcción en Melilla de un nuevo centro de inmigrantes en la ciudad: “No va a haber CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros), no va a haber CETI y como titular también puedo adelantar que ningún terreno de Defensa se va a utilizar para ningún centro de inmigrantes”, ha dicho la delegada, Sabrina Moh. EFE
Las iniciativas radicadas en el legislativo pretenden redefinir la participación ciudadana, abriendo el camino a nuevas reglas sobre deber cívico y consecuencias legales
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha rechazado este martes una iniciativa de Vox que reclamaba un refrendo parlamentario de la "plena e indiscutible" soberanía española de Ceuta, Melilla y otros lugares del norte de África (las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas). Así se recogía en la proposición no de ley que los de Santiago Abascal han defendido en la citada comisión y que ha sido tumbada gracias al voto en contra del PSOE, Junts, ERC, Bildu y Podemos y la abstención del PP. Con su iniciativa, Vox buscaba, en primer lugar, que el Congreso condenase formalmente las declaraciones de miembros del Gobierno marroquí cuestionando la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y que denunciase la "incompatibilidad" de la reiteración de esa reivindicaciones territoriales con los principios que fundamentan el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos. Además, abogaba por que la Cámara Baja reafirmase que "ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno" de Pedro Sánchez frente a estas reivindicaciones extranjeras. PETICIONES AL GOBIERNO El texto de Vox, recogido por Europa Press, instaba también al Gobierno a exigir a Marruecos una declaración "pública, expresa e inequívoca" de respeto de la soberanía e integridad territorial de España, singularmente de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y, de lo contrario, le reclamaba promover "inmediatamente" la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con este país. En este sentido, planteaba que Exteriores convocase al embajador marroquí para trasladárselo personalmente y avisarle de la voluntad de España de defender su territorio "con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado", y que, en el caso de persistir la "invasión" de Ceuta y las declaraciones marroquíes que atacan la integridad territorial de nuestro país, le expulsase y retirase a su vez al embajador de España en Rabat. La tercera fuerza del Congreso también sugería al Ejecutivo que exigiera a Marruecos la aceptación, "sin excepción ni excusa formal ni material", todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español de sus nacionales, y que revisase el conjunto de las relaciones bilaterales para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática quede "presidida por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial".
El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha defendido este martes que el grupo parlamentario de Sumar piensa utilizar cualquier ley orgánica en tramitación en el Congreso para blindar el derecho a voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos', que fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo mientras dicta sentencia sobre esa disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y una instrucción posterior del Ministerio de Justicia. Sumar ya dio el primer paso la semana pasada al aprovechar una reforma de la Ley Orgánica de Educación para registrar en el Congreso una enmienda destinada a 'blindar' ese derecho de voto, pero Vox ya ha avisado de que intentará frenar su tramitación al considerar que es ajena al objeto de la ley de educativa. Santiago considera que "no hay ningún tipo de inconstitucionalidad" en su enmienda y ha avisado a Vox de que su "sabotaje" puede acabar bloqueando la Ley de Educación. Sumar esperará a conocer la opinión de los letrados y a que se convoque la ponencia encargada de estudiar la Ley de Educación pero ya avisa de que, si no se permite votar su enmienda, volverán a intentarlo en cualquier otro texto de rango orgánico ya que, a su juicio, se ha demostrado "la urgencia de corregir el dislate que ha organizado la Sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo".
El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha criticado la negativa del ala socialista del Gobierno de suspender el proceso de extradición a Estados Unidos del multimillonario estadounidense y activista propalestino James 'Fergie' Chambers. Es más, el también portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia del Congreso ha lanzado que esta decisión solo puede responder al "miedo" a posibles "represalias" del mandatario norteamericano, Donald Trump. Así lo ha trasladado en los pasillos del Congreso para expresar su desacuerdo con la postura del sector socialista del Ejecutivo de formalizar la primera fase para proseguir examinando la petición de extradición de Estados Unidos y esperar a que la Audiencia Nacional adopte una decisión con "todas las garantías", como ha explicado la la ministra Portavoz, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros de este martes. Todo ello en contra del criterio de Sumar, cuyos ministros han presentado un documento con una serie de argumentos jurídicos para rechazar la puesta a disposición de Chambers a las autoridades judiciales estadounidenses. Este activista fue arrestado a finales de julio en Ibiza y la Administración Donald Trump le reclama por un presunto apoyo económico al grupo terrorista Hamás, algo que su defensa niega para poner énfasis en que únicamente ha desplegado ayuda humanitaria en Gaza. La mujer de Chambers, la actriz Stella Schnabel, se reunió recientemente con los grupos de la izquierda alternativa y pidió que su esposo no fuera extraditado a Estados Unidos, apelando a la posición del Gobierno respecto a la situación en Gaza. Aparte de Sumar, BNG y Podemos han demandado al Ejecutivo que no extradite a Chambers, a quien los morados definen como un "preso político" de la causa palestina. "ACUSACIÓN FRAUDULENTA" CONTRA CHAMBERS En este contexto, Santiago ha confrontado que no existe ningún motivo que permita continuar con esta extradición, que a su juicio se sustenta en una "acusación fraudulenta", "claramente politizada" y carente de fundamento conforme a la ley de extradición por parte de Estados Unidos. "El único motivo por el que entendemos que el PSOE se ha negado a paralizar ese procedimiento de extradición, pues tiene que ser sus prevenciones o su miedo ante cualquier represalia por parte del señor Trump", ha exclamado el dirigente de IU para subrayar que, en todo caso, sería una estrategia fallida porque el mandatario norteramericano es "absolutamente incontrolable". También ha denunciado que esta decisión implica mucho "riesgo" porque se está "jugando con la vida de Chambers", quien sigue encarcelado cuando "perfectamente" podría estar en libertad profesional a la espera de un proceso que puede durar muchos meses. Aparte, Santiago ha desgranado que no hay garantía de que siga el Gobierno actual tras las elecciones de 2027 y tiene claro que un Ejecutivo de PP y Vox enviaría a este activista a Estados Unidos, donde a su juicio sería sometido a una "situación de encarcelamiento inhumana, cruel y degradante".
Madrid, 22 sep (EFE).- Izquierda Unida y Podemos han criticado este martes desde el Congreso que el Gobierno haya autorizado la continuación por la vía judicial de la solicitud remitida por Estados Unidos para extraditar a James 'Fergie' Cox Chambers Jr., acusado por las autoridades norteamericanas de financiar al grupo terrorista Hamás. En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, el diputado de IU, Enrique Santiago, ha afirmado que no encuentra "ningún motivo, ni jurídico ni político", para que el Consejo de Ministros haya autorizado la continuación del procedimiento. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que se trata de una decisión "puramente procedimental" por la que la petición de extradición ahora entra en "otra fase", en la que será estudiada "con todas las garantías" por la Audiencia Nacional, a quien hay que "dejar trabajar". Según ha afirmado Santiago, Chambers está "claramente" siendo sometido "a una acusación fraudulenta" y "politizada" por parte de los Estados Unidos. El único motivo por el que el PSOE se ha negado a paralizar el procedimiento de extradición, ha agregado el diputado, es "su prevención o su miedo ante cualquier represalia" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Chambers fue detenido el 10 de julio en Ibiza cuando iba en coche con su familia e ingresó en prisión tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le acusa de financiar al grupo terrorista Hamás y le atribuye presuntos delitos relacionados con financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. El activista es miembro de una las familias con mayor fortuna de su país, dueña del conglomerado Cox Enterprises, y en los últimos años ha apoyado distintas iniciativas de solidaridad internacional, entre ellas proyectos de ayuda civil en Gaza. Santiago ha explicado que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez "tiene mucho riesgo" porque "se está jugando con la vida" del activista, quien lo único que ha hecho ha sido "aportar sus recursos personales para tareas de solidaridad con Palestina". El nombre de Chambers también se ha pronunciado en el pleno del Congreso y ha sido la diputada de Podemos, Ione Belarra la que se ha referido a este caso en el inicio de su presentación de la toma en consideración de una proposición de ley. "Quiero exigir desde esta tribuna la liberación inmediata de Fergie Chambers", ha afirmado la diputada, quien vestía una camiseta pidiendo la libertad de quien ha calificado como "el primer preso político en España por la causa palestina". "Fergie está encarcelado por orden de Donald Trump en España y hoy el Gobierno, en vez de ponerlo en libertad y oponerse a su extradición, ha dado continuidad al procedimiento", ha explicado Belarra. La diputada ha pedido que se rompan todas las relaciones con "el estado genocida de Israel" y el fin de la "colaboración con los sionistas". EFE (foto) (vídeo) (audio)
Los partidos del Gobierno de coalición, el PSOE y Sumar, han respaldado este martes en el Pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley de Podemos para permitir que las personas con 40 o más años cotizados se puedan prejubilar sin sufrir coeficientes reductores o penalizaciones en la cuantía de la pensión.
Europa Press22 septMadrid, 22 sep (EFE).- La Comisión de Trabajo del Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley de Sumar para incluir al personal de cabina en la jubilación anticipada y equiparar sus condiciones a las de los pilotos. Según ha señalado la diputada de Sumar Aina Vidal, defensora de la iniciativa, la propuesta ha salido adelante y busca incorporar al personal de tripulación de cabina de pasajeros al decreto que reduce la edad de jubilación del personal de vuelo de trabajos aéreos. El objetivo, recoge la propuesta, es reconocerle la aplicación de un coeficiente reductor en los mismos términos que los pilotos. "Es de una lógica aplastante (...) en una misma aeronave, sometidos a los mismos riesgos, hay unos trabajadores que tienen un derecho a la jubilación anticipada y otros que no (...) y que casualidad que quienes quedan fuera del real decreto sea el colectivo de tripulantes de cabina, un sector que casualmente resulta ser el más feminizado", ha denunciado Vidal. Los sindicatos llevan tiempo reclamando esta equiparación y denunciando que estos trabajadores también están expuestos a radiaciones ionizantes, cambios de presión, descompresiones, alteraciones del ritmo circadiano, fatiga crónica y elevados niveles de estrés operacional. Las proposiciones no de ley no son vinculantes. Para incluir un colectivo en la jubilación anticipada se necesita un desarrollo reglamentario, real decreto, que debe poner en marcha el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.EFE
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha rechazado este martes una iniciativa de Vox que reclamaba un refrendo parlamentario de la "plena e indiscutible" soberanía española de Ceuta, Melilla y otros lugares del norte de África (las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas).
Europa Press22 sept
Últimamente, cada vez que la ministra de Defensa, Margarita Robles, muestra su plena disposición a hacer algo, la cosa, de una u otra forma, se acaba torciendo. En verano, tuvo que recular y rechazar comparecer en el Senado de urgencia por la crisis de Ceuta, como solicitaba el PP, tras la irrupción de la Moncloa. La semana pasada, precisamente en la Cámara Alta, dijo estar encantada con la idea de acudir a la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, conocida en el Congreso simplemente como la de secretos oficiales, junto a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para esclarecer a los diputados cuanto fuese necesario. Pero no. La máxima responsable de las... Ver Más
De la Fuente (Fedea) y Fuentes (Universidad de Alcalá de Henares) piden en el Congreso abordar dónde quiere la sociedad invertir la riqueza
El robo del tesoro de Villena ha llegado al Congreso. Tres semanas después de la sustracción de uno de los conjuntos de orfebrería más valiosos de la Edad del Bronce, el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley (PNL) con la que pretende blindar las joyas del patrimonio español frente a la oleada de robos sufrida por los museos en los últimos meses. La iniciativa plantea reformar la ley de Patrimonio Histórico para crear una nueva categoría jurídica, denominada 'bienes y colecciones singulares de protección reforzada', con la que endurecer los mecanismos de seguridad aplicables a aquellas piezas consideradas excepcionales. La desaparición de parte del tesoro alicantino se suma al robo de 149 monedas de oro del Tesoro... Ver Más
Madrid, 22 sep (EFE).- El Congreso ha aprobado este martes un presupuesto para sus gastos de funcionamiento en 2027 de 123,68 millones de euros, el 2 % más que el presupuestado para este año, 121,25 millones, y el 12 % superior al de 2023, prorrogado durante 2024, 2025 y 2026. El Congreso ha informado en una nota de prensa de que los gastos de personal aumentarían el 16,6 % sobre el presupuesto de 2023, el aplicado en estos años, hasta los 58,83 millones, que supondrían el 4,5 % más que las cuentas para 2026. Este incremento en la previsión de gastos salariales se debe a la incorporación de personal eventual y laboral tras los procesos selectivos ya realizados. Las retribuciones de diputados no tendrán ningún incremento presupuestado para 2027. El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios asciende a 47,62 millones, el 4,85 % más que en los presupuestos para 2023, mientras que las transferencias corrientes están previstas en 12,31 millones, el 3,87 % más, y las inversiones reales en 4,91 millones, el 82,45 %, un incremento debido a la adquisición de 'hardware' y la renovación de licencias de 'software'. EFE
Un informe de IERAL relevó medidas de alivio financiero impulsadas desde gobiernos provinciales y bancos. Además asegura que una ley del Congreso podría potenciar los beneficios de la refinanciación entre privados
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera que el 'plantón' del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al presidente de Estados Unidos, Donal Trump, es un intento del Gobierno para hablar de ese "gesto" y que no se hable de Ceuta. En concreto, el jefe del Ejecutivo no acudirá a la recepción que ofrece este martes por la noche el presidente de Estados Unidos, que se produce en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, al coincidir con un acto de agenda privada. Fuentes gubernamentales confirmaron que Sánchez recibió la semana pasada la invitación para la tradicional recepción organizada por Trump, pero ya tenía la agenda llena para este martes 22 de septiembre. En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha dicho con ironía que el presidente del Gobierno "tendrá cosas más importantes". "Me imagino que a lo mejor se ha ido a grabar un TikTok por las calles de Nueva York como ha hecho el ministro Albares", ha exclamado. Dicho esto, ha expresado sus sospechas de que con ese "gesto" lo que busque sea que no se hable de la situación que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes irregulares a finales de julio. "Puede ser un gesto para que no se hable de Ceuta, que como estamos viendo al Gobierno intentar que se hable de todo menos de Ceuta, pues es capaz de no saludar al señor Trump para que aquí se hable de eso", ha enfatizado, para añadir que ya conocen la "política de gestos y de relato del Gobierno en lugar de la política de los hechos".
Madrid, 22 sep (EFE).- Sumar y PNV han aplaudido la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación al exconseller catalán Jordi Turull, lo que abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont, y han insistido en que la ley de amnistía a los condenados del 1-O tiene que entrar en vigor como lo aprobó el Congreso. En declaraciones en los pasillos de la Cámara, la diputada de Sumar (Comuns), Aína Vidal, ha señalado que espera que el juez Pablo Llarena "haga caso" al Tribunal Constitucional "y haga aquello que hace mucho tiempo los señores diputados ya le mandataron", insistiendo en que vuelva Puigdemont si él así lo quiere. El fallo del alto tribunal posibilitará el regreso de Puigdemont cuando en las próximas semanas se apruebe la sentencia, que Llarena prevé aplicar de inmediato. Por parte del PNV, su portavoz, Maribel Vaquero, ha dicho alegrarse de que el delito de malversación sea incluido también en la amnistía, ya que era algo que habían requerido. "Siempre consideramos que este juicio no tendría que haberse dado, que es una judicialización de la política, ha subrayado. EFE
El PP ha deslizado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez no permite que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visite Ceuta para conocer de primera mano la situación que sufre la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. El PSOE le ha replicado poco después calificando esa acusación de "un invento más". El primero en hablar de este asunto ha sido el vicesecretario de Hacienda, Infraestructura y Vivienda del PP, Juan Bravo, al asegurar que habría que preguntar al Gobierno de España "por qué no quiere que algún comisario o que la presidenta Ursula von der Leyen vayan a Ceuta a conocer in situ" lo que está sucediendo en la ciudad autónoma. A su entender, debería ocurrir "justo lo contrario". "Tendríamos que pedir que viniesen para que sean conscientes y para que la respuesta sea lo más cercana a la realidad de lo que está pasando", ha afirmado Bravo en 'Telecinco', al ser preguntado expresamente cuándo irá Von der Leyen a visitar Ceuta como ha hecho con otros lugares. MUÑOZ: "ATEN CABOS" Después en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha secundado las palabras de su compañero de partido, si bien ha reconocido que ella no dispone de información al respecto y se ha remitido al área de Exteriores del PP. Al ser preguntada concretamente si al PP le consta que la presidenta de la Comisión Europea quiere ir a Ceuta y el Gobierno lo impide, Muñoz ha recordado que al Rey le "hubiera gustado estar en Ceuta", como ha dicho el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Eso sí, ha señalado que Felipe VI "solo acude donde es refrendado por el Gobierno". "Pues es evidente que la presidenta de la Comisión Europea, que tiene un cargo ejecutivo, no como el señor Weber, que tiene un cargo político porque es el presidente del PPE, pues tiene que hablar con el Gobierno de España para poder venir a Ceuta. Pues, aten los cabos", ha manifestado. Interrogada después de nuevo si tiene información el PP de que el Gobierno le ha dicho a Von der Leyen que no es el momento de acudir a Ceuta, la portavoz del Grupo Popular se ha remitido a los cargos del PP que llevan Exteriores. "Yo concretamente no tengo información, más allá de lo que ha dicho el señor Bravo", ha finalizado. EL PSOE LO VE "UN INVENTO MÁS" DEL PP Después, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha definido como "un invento más" del PP la acusación de que el Gobierno está impidiendo una visita a Ceuta de la presidenta de la Comisión Europea. "He visto hoy aquí a la portavoz del Grupo Popular haciéndose eco de todas las teorías de la conspiración, de todas", ha denunciado en rueda de prensa el portavoz socialista cuando ha sido preguntado por este asunto.