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La Delegación del Gobierno promociona La Séptima frente a las televisiones «vinculadas a ideas conservadoras»

La Delegación del Gobierno en Madrid ha utilizado su cuenta institucional y gubernamental en la red social 'X' para difundir el lanzamiento de La Séptima , el nuevo canal privado de televisión que tiene previsto comenzar sus emisiones el próximo 5 de noviembre. La publicación recoge, junto al anuncio de la cadena, una valoración sobre la actual oferta televisiva privada, a la que vincula con «ideas conservadoras». «El próximo 5 de noviembre llega a la televisión española un nuevo canal generalista, en abierto y para todos», señala el mensaje. A continuación, el organismo reproduce una de las principales afirmaciones realizadas durante la presentación del proyecto: «Actualmente, la oferta de las televisiones privadas tiene un sesgo ideológico potente vinculado a ideas... Ver Más

ABCABC(abc)22 sept
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Interceptan a 16 migrantes llegados en patera a Formentera

Ibiza, 22 sep (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado en la madrugada de este martes en la Mola de Formentera a 16 personas que habían llegado en una patera a la isla, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares. Los migrantes, todos de origen magrebí, han sido localizados a las 6:17 horas por agentes del puesto del instituto armado en Formentera. En lo que va de año han llegado al archipiélago balear 318 pateras con 5.864 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares. En 2025 arribaron a estas islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE 1011538

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Interceptados siete migrantes llegados en patera a Santanyí (Mallorca)

Palma, 21 sep (EFE).- Un total de 7 migrantes han sido interceptados este lunes en Cala d'Or, en Santanyí, tras alcanzar las costas de Mallorca en patera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. La localización del grupo de migrantes, de origen magrebí, se ha producido a las 15:30 horas y ha contado con la intervención de la Guardia Civil de Santanyí, de una patrulla de refuerzo del instituto armado en Manacor y de la Policía Local del municipio. En lo que va de año han llegado al archipiélago 317 pateras con 5.848 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares. En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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La Delegación del Gobierno en Aragón lleva a los tribunales la negativa de Azcón a declarar zonas tensionadas de vivienda

El recurso cuestiona que el Gobierno autonómico haya decidido que ninguna pueda siquiera ser estudiada, al margen de la evolución del precio de la vivienda o de la situación de cada municipio Alcaldes socialistas del Pirineo critican el 'no' de Azcón a las zonas tensionadas: “No podemos dejar pasar esta oportunidad” La Delegación del Gobierno en Aragón ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la decisión del Ejecutivo autonómico de no tramitar ninguna solicitud para declarar zonas de mercado tensionado en la comunidad autónoma, incluso aunque un ayuntamiento considere que tiene un problema de acceso a la vivienda y solicite que se estudie su situación, y le piden “recapacitar”. Así lo ha indicado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una rueda de prensa este lunes en la que ha reivindicado una política de vivienda, tanto en la comunidad autónoma como en el resto de España, “que active todas las posibles herramientas que permitan el real ejercicio de derecho a la vivienda”, rechazando el “sesgo y orientación particular” en la políticas porque ello supone “una pérdida de oportunidades” En este sentido, Fernando Beltrán ha explicado que en el recurso presentado el pasado viernes, 18 de septiembre, “sostenemos que dejar sin efecto en Aragón la herramienta prevista en la ley de vivienda tiene unos efectos económicos importantes sobre la subvención a la construcción de vivienda pública en los diferentes ayuntamientos, es un mazazo para mantener políticas de vivienda operativas en nuestra comunidad autónoma”. A su juicio, “negar directamente a los municipios que lo soliciten la posibilidad de estudiar si realmente esa declaración de zona tensionada tiene sentido ya nos parece una aberración, tanto jurídica como política”. Ha criticado que el Gobierno de Aragón “cercena directamente” la posibilidad de estudiar casos concretos. De entrada, ha expresado Fernando Beltrán, “este acuerdo que ha publicado el Gobierno de Aragón ha omitido toda referencia a la tramitación que ha realizado y no recoge si ha habido trámite de audiencia, información pública, ni qué criterios o qué pasos administrativos ha dado para tomar en consideración los derechos y los intereses de los afectados”. Ha defendido que “una norma de este calado” requiere un trámite público para conocer la opinión de los alcaldes de los ayuntamientos que “sufren las consecuencias de las zonas tensionadas”, dado que son los que enfrentan problemas concretos en sus mercados de vivienda y los que ahora se quedan sin posibilidad efectiva de plantear estos procedimientos. Por estas cuestiones, ha resumido Beltrán, “ya podemos decir que un acto administrativo que se ha dictado al margen de todo procedimiento, que es lo que parece ser, incurre de entrada en un vicio de nulidad de pleno derecho”. No obstante, ha apuntado que será la sala de lo contencioso administrativo la que lo resolverá. La decisión del Gobierno de Aragón sobre la declaración de zonas tensionadas no se fundamenta en “una motivación sólida, hay falta de objetividad y adecuación al derecho, lo cual supondría también un vicio de anulabilidad del acto”, ha esgrimido, para insistir en el “sesgo ideológico” sobre el que se sustenta esta medida. La impugnación pone el foco en la fórmula elegida por el Gobierno de Aragón para mantener bloqueadas las solicitudes: el acuerdo establece que no se tramitarán hasta que existan “informes científicos” que contradigan los efectos negativos atribuidos a las zonas tensionadas. Pero no aclara qué debe entenderse por informe científico, quién debe elaborarlo, con qué metodología, qué efectos debe analizar ni cuándo se dará por cumplida esa condición. El resultado, según el recurso, es que no existe un plazo cierto para levantar la prohibición: una condición que nadie sabe cómo ni cuándo podría satisfacerse, lo que genera una situación de indeterminación incompatible con la seguridad jurídica. “No resulta congruente fundamentar la decisión en unos supuestos efectos que ha habido en Cataluña y, desde luego, mal estudiados, porque se basan en algún artículo o publicación de personas vinculadas a un centro de investigación y alguna universidad, pero evidentemente la información vertida es rebatible”, ha anotado Beltrán. En esta línea, ha advertido de que uno de los firmantes del informe en el que el Gobierno de Aragón se basa y que está asociado a la Universitat Rovira i Virgili “tiene unos ejes principales de pensamiento sobre la vivienda que no son neutrales, hace una defensa cerradísima de la propiedad privada, es decir, una política absolutamente neoliberal próxima a lo que podemos tener, por ejemplo, en Estados Unidos y todo el acceso en propiedad no se considera para nada, ni ve claro el modelo ni de lo público ni del alquiler”. Ha manifestado que “hay evidencias ya consistentes de que la renta media contratada descendió en el entorno a un 3,7% en el conjunto de los municipios declarados como zona tensionada y un 6,4% en Barcelona” y “esto ya es información objetiva del registro de fianzas”, ha subrayado. “El Gobierno de Aragón ejecuta una autolimitación indebida e incomprensible. No sabemos por qué”, se ha preguntado Beltrán, para agregar que “si en un momento determinado hubiera una recapacitación por su parte y se pudiera tirar de la ley de vivienda para poder declarar determinadas zonas tensionadas veríamos cómo evoluciona el precio de la vivienda”. Asimismo, ha recalcado que el PP en Galicia sí aplica las zonas tensionadas y “los indicadores están funcionando en la buena dirección”, a pesar de que todavía es pronto para una evaluación completa de esa política pública. La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, no establece una declaración automática de zonas tensionadas: exige estudiar las circunstancias de cada territorio y justificar la decisión con datos objetivos. Entre los supuestos que permiten justificar una declaración figuran que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, junto con gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que el precio de compra o alquiler haya crecido en los cinco años anteriores al menos tres puntos por encima del IPC autonómico. La declaración habilita medidas como limitaciones de renta en nuevos contratos de alquiler y beneficios fiscales para propietarios. Para el delegado del Gobierno en Aragón, “se ha desatendido el mandato constitucional a todos los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho a todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Ha cargado contra la apuesta del Ejecutivo autonómico por la construcción: “Es un elemento necesario, pero no el único”. En este punto, Beltrán ha reprobado al Gobierno de Aragón por “fijarse en el modelo de José María Aznar --expresidente del Gobierno de España (PP)-- con la ley del suelo, donde todo fue construcción, construcción, construcción y construcción y desencadenó en un problema nacional relacionado con los costes de la vivienda y las especulaciones”. El delegado ha acusado al Ejecutivo aragonés de falta de “una estrategia ambiciosa de alquiler asequible” y le ha afeado: “No actúa ni ante las zonas tensionadas ni ante los alquileres abusivos, ni ante el alquiler temporal, ni ante la vivienda turística o la vivienda vacía, no plantea una ampliación suficientemente ambiciosa del parque público de alquiler y, además, permite que las viviendas protegidas pierdan esa calificación con el paso del tiempo”. “Invitamos a que permitan, por la vía legal, habilitar otro conjunto de instrumentos y herramientas que permitirían, por ejemplo, acogerse a la financiación del Gobierno de España para las comunidades autónomas para nueva vivienda pública construida”, ha sugerido. Por último, ha concluido que el recurso no pide que se declare automáticamente ninguna zona tensionada en Aragón, sino que cuestiona que el Gobierno autonómico haya decidido que ninguna pueda siquiera ser estudiada, al margen de la evolución del precio de la vivienda o de la situación de cada municipio.

elDiario.eselDiario.esElDiarioAragón21 sept

Delegación del Gobierno recurre ante el TSJA la negativa del Ejecutivo aragonés a declarar zonas tensionadas de vivienda

La Delegación del Gobierno en Aragón ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la decisión del Ejecutivo autonómico de no tramitar ninguna solicitud para declarar zonas de mercado tensionado en la comunidad autónoma, incluso aunque un ayuntamiento considere que tiene un problema de acceso a la vivienda y solicite que se estudie su situación, y le piden "recapacitar". Así lo ha indicado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una rueda de prensa este lunes en la que ha reivindicado una política de vivienda, tanto en la comunidad autónoma como en el resto de España, "que active todas las posibles herramientas que permitan el real ejercicio de derecho a la vivienda", rechazando el "sesgo y orientación particular" en la políticas porque ello supone "una pérdida de oportunidades" En este sentido, Fernando Beltrán ha explicado que en el recurso presentado el pasado viernes, 18 de septiembre, "sostenemos que dejar sin efecto en Aragón la herramienta prevista en la ley de vivienda tiene unos efectos económicos importantes sobre la subvención a la construcción de vivienda pública en los diferentes ayuntamientos, es un mazazo para mantener políticas de vivienda operativas en nuestra comunidad autónoma". A su juicio, "negar directamente a los municipios que lo soliciten la posibilidad de estudiar si realmente esa declaración de zona tensionada tiene sentido ya nos parece una aberración, tanto jurídica como política". Ha criticado que el Gobierno de Aragón "cercena directamente" la posibilidad de estudiar casos concretos. De entrada, ha expresado Fernando Beltrán, "este acuerdo que ha publicado el Gobierno de Aragón ha omitido toda referencia a la tramitación que ha realizado y no recoge si ha habido trámite de audiencia, información pública, ni qué criterios o qué pasos administrativos ha dado para tomar en consideración los derechos y los intereses de los afectados". Ha defendido que "una norma de este calado" requiere un trámite público para conocer la opinión de los alcaldes de los ayuntamientos que "sufren las consecuencias de las zonas tensionadas", dado que son los que enfrentan problemas concretos en sus mercados de vivienda y los que ahora se quedan sin posibilidad efectiva de plantear estos procedimientos. Por estas cuestiones, ha resumido Beltrán, "ya podemos decir que un acto administrativo que se ha dictado al margen de todo procedimiento, que es lo que parece ser, incurre de entrada en un vicio de nulidad de pleno derecho". No obstante, ha apuntado que será la sala de lo contencioso administrativo la que lo resolverá. La decisión del Gobierno de Aragón sobre la declaración de zonas tensionadas no se fundamenta en "una motivación sólida, hay falta de objetividad y adecuación al derecho, lo cual supondría también un vicio de anulabilidad del acto", ha esgrimido, para insistir en el "sesgo ideológico" sobre el que se sustenta esta medida. INFORMES CIENTÍFICOS La impugnación pone el foco en la fórmula elegida por el Gobierno de Aragón para mantener bloqueadas las solicitudes: el acuerdo establece que no se tramitarán hasta que existan "informes científicos" que contradigan los efectos negativos atribuidos a las zonas tensionadas. Pero no aclara qué debe entenderse por informe científico, quién debe elaborarlo, con qué metodología, qué efectos debe analizar ni cuándo se dará por cumplida esa condición. El resultado, según el recurso, es que no existe un plazo cierto para levantar la prohibición: una condición que nadie sabe cómo ni cuándo podría satisfacerse, lo que genera una situación de indeterminación incompatible con la seguridad jurídica. "No resulta congruente fundamentar la decisión en unos supuestos efectos que ha habido en Cataluña y, desde luego, mal estudiados, porque se basan en algún artículo o publicación de personas vinculadas a un centro de investigación y alguna universidad, pero evidentemente la información vertida es rebatible", ha anotado Beltrán. En esta línea, ha advertido de que uno de los firmantes del informe en el que el Gobierno de Aragón se basa y que está asociado a la Universitat Rovira i Virgili "tiene unos ejes principales de pensamiento sobre la vivienda que no son neutrales, hace una defensa cerradísima de la propiedad privada, es decir, una política absolutamente neoliberal próxima a lo que podemos tener, por ejemplo, en Estados Unidos y todo el acceso en propiedad no se considera para nada, ni ve claro el modelo ni de lo público ni del alquiler". Ha manifestado que "hay evidencias ya consistentes de que la renta media contratada descendió en el entorno a un 3,7% en el conjunto de los municipios declarados como zona tensionada y un 6,4% en Barcelona" y "esto ya es información objetiva del registro de fianzas", ha subrayado. "El Gobierno de Aragón ejecuta una autolimitación indebida e incomprensible. No sabemos por qué", se ha preguntado Beltrán, para agregar que "si en un momento determinado hubiera una recapacitación por su parte y se pudiera tirar de la ley de vivienda para poder declarar determinadas zonas tensionadas veríamos cómo evoluciona el precio de la vivienda". Asimismo, ha recalcado que el PP en Galicia sí aplica las zonas tensionadas y "los indicadores están funcionando en la buena dirección", a pesar de que todavía es pronto para una evaluación completa de esa política pública. La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, no establece una declaración automática de zonas tensionadas: exige estudiar las circunstancias de cada territorio y justificar la decisión con datos objetivos. Entre los supuestos que permiten justificar una declaración figuran que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, junto con gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que el precio de compra o alquiler haya crecido en los cinco años anteriores al menos tres puntos por encima del IPC autonómico. La declaración habilita medidas como limitaciones de renta en nuevos contratos de alquiler y beneficios fiscales para propietarios. POLÍTICA DE CONSTRUCCIÓN Para el delegado del Gobierno en Aragón, "se ha desatendido el mandato constitucional a todos los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho a todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Ha cargado contra la apuesta del Ejecutivo autonómico por la construcción: "Es un elemento necesario, pero no el único". En este punto, Beltrán ha reprobado al Gobierno de Aragón por "fijarse en el modelo de José María Aznar --expresidente del Gobierno de España (PP)-- con la ley del suelo, donde todo fue construcción, construcción, construcción y construcción y desencadenó en un problema nacional relacionado con los costes de la vivienda y las especulaciones". El delegado ha acusado al Ejecutivo aragonés de falta de "una estrategia ambiciosa de alquiler asequible" y le ha afeado: "No actúa ni ante las zonas tensionadas ni ante los alquileres abusivos, ni ante el alquiler temporal, ni ante la vivienda turística o la vivienda vacía, no plantea una ampliación suficientemente ambiciosa del parque público de alquiler y, además, permite que las viviendas protegidas pierdan esa calificación con el paso del tiempo". "Invitamos a que permitan, por la vía legal, habilitar otro conjunto de instrumentos y herramientas que permitirían, por ejemplo, acogerse a la financiación del Gobierno de España para las comunidades autónomas para nueva vivienda pública construida", ha sugerido. Por último, ha concluido que el recurso no pide que se declare automáticamente ninguna zona tensionada en Aragón, sino que cuestiona que el Gobierno autonómico haya decidido que ninguna pueda siquiera ser estudiada, al margen de la evolución del precio de la vivienda o de la situación de cada municipio.

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El Gobierno pide calma en Melilla ante quienes alientan lo contrario "desde instituciones"

Melilla, 21 sep (EFE).- La Delegación del Gobierno en Melilla ha llamado a la calma sobre la situación de la frontera y la presión migratoria en la ciudad autónoma frente a quienes “desde las instituciones alientan” a la intranquilidad de la población, generando un “ambiente muy crispado” en el que “la gente está muy nerviosa”. A preguntas de los periodistas, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha negado que haya algún aviso o alerta sobre posibles nuevas entradas, aunque la vigilancia y control ante los llamamientos en redes sociales es permanente para dar respuesta “en función de las necesidades”, dada la condición de Melilla como ciudad fronteriza. En este sentido, la delegada ha expresado su “plena confianza” en el trabajo, profesionalidad y actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que “han dado una respuesta adecuada” en la “situación de presión” que ha vivido Melilla desde finales de julio. “Están continuamente trabajando, no solamente ahora porque hay una situación un poco más sensible, sino los 365 días del año todos los años”, ha agregado la delegada para destacar la preparación de Policía y Guardia Civil y los dispositivos que siempre tienen previstos “para cualquier situación” que pudiera darse. “Estamos aquí preparados para dar la respuesta que hiciera falta en cada momento”, ha dejado claro Moh tras destacar la “comunicación y coordinación constante y continua” con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También ha destacado el trabajo “conjunto y coordinado” con Marruecos, que realiza “una parte preventiva”, mientras que en la parte española se realiza “una parte reactiva”, de modo que “la coordinación y la colaboración” entre ambas partes “es fundamental”. Sobre el refuerzo de Guardia Civil que anunció el pasado día 17, ha concretado que ya se han desplazado a Melilla tres MIR del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), lo que supone un refuerzo de 60 efectivos. Ello permite seguir dando una respuesta “adecuada e idónea” a la ciudadanía y tener “dispositivos acordes a las necesidades” y “en mejores y mayores condiciones”, con los descansos previstos para los agentes, ha dicho. La delegada ha admitido que “el tema está en auge” a raíz de los intentos de entrada masiva en Melilla los días 30 y 31 de julio, poco después de que comenzara la crisis en Ceuta, lo que provoca que la ciudadanía en general esté “más intranquila, especialmente porque hay personas desde las instituciones que alientan a esto”. Frente a ello, ha dicho que el Gobierno adopta un “papel responsable” para “seguir cuidando a la ciudadanía” y “diseñar todos los dispositivos” de seguridad, que pasan por una mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la calle porque “eso da una sensación de tranquilidad”. EFE (Vídeo)

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Ceuta condena la agresión a la diputada Julia Ferreras y comprende el "cansancio": "La violencia no es la alternativa"

El Gobierno de Ceuta ha condenado la agresión sufrida este domingo por la diputada de la Asamblea Julia Alejandra Ferreras durante los incidentes registrados en las inmediaciones del Puerto y, aunque "comprende" el cansancio de los ceutíes por la situación derivada de la entrada masiva de migrantes, ha resaltado que "la violencia no es la alternativa". Tanto la Ciudad Autónoma como la Delegación del Gobierno en Ceuta han condenado el ataque sufrido por la diputada, después de que un grupo de manifestantes zarandeara el vehículo en el que viajaba junto a otras personas, según su formación política, Ceuta Ya!, al confundirlas con integrantes del colectivo navarro Negu Gorriak/Derecho a Techo. En sendos comunicados, ambas instituciones han trasladado su solidaridad y apoyo a la parlamentaria y al resto de afectados, al tiempo que han rechazado cualquier forma de violencia como respuesta a la situación que atraviesa la ciudad. El Gobierno de la Ciudad ha asegurado comprender el "cansancio", la "preocupación", la "indignación" e incluso la "frustración" que sienten muchos ceutíes ante las circunstancias actuales, así como que existan situaciones que puedan percibirse como "provocaciones". Ha defendido el derecho de los ciudadanos a manifestarse y reclamar soluciones para Ceuta. No obstante, el Ejecutivo local ha advertido de que existe "una línea que nunca debemos cruzar" y ha subrayado que "la violencia no es una alternativa". "Ninguna causa, por legítima que sea; ninguna reivindicación, por justa que resulte; y ninguna provocación pueden justificar una agresión", ha señalado. El Gobierno autonómico ha reiterado que seguirá defendiendo los intereses de la ciudad y reclamando respuestas ante las distintas administraciones, aunque ha insistido en que debe hacerse "desde la ley, el respeto y la convivencia". "La violencia no fortalece nuestras reivindicaciones; las debilita", ha remarcado la Ciudad, que ha hecho un llamamiento a mantener la calma y a canalizar cualquier malestar por las vías democráticas. "Ceuta se defiende con firmeza, con unidad y dentro de la ley", concluye el comunicado. LA CONVIVENCIA ES SEÑA DE IDENTIDAD DE CEUTA Por su parte, la Delegación del Gobierno ha expresado su "más rotunda condena" ante la agresión sufrida por Ferreras, cuyo vehículo fue, según ha indicado, "apedreado y golpeado" por varias personas concentradas en las inmediaciones del puerto. La institución ha recalcado que, con independencia de las causas o motivaciones que lleven a la ciudadanía a movilizarse, la violencia "no puede constituir en ningún caso una forma legítima de expresión ni de protesta". Ha recordado que el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, amparados por el ordenamiento jurídico, es incompatible con cualquier agresión contra personas o bienes y ha defendido la convivencia como uno de los principales valores de la ciudad. "La convivencia ha sido, y debe seguir siendo, la seña de identidad que define a Ceuta", ha destacado la Delegación, que ha señalado que la ciudad se ha construido sobre el respeto mutuo, la pluralidad y el entendimiento.

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El Gobierno apela a la "convivencia" en Ceuta tras la agresión a una diputada

Ceuta, 21 sep (EFE).- La Delegación del Gobierno en Ceuta ha apelado este lunes a la "convivencia" en la ciudad tras expresar su más "rotunda condena" por la agresión sufrida ayer por la diputada de la Asamblea de Ceuta, Julia Alejandra Ferreras, cuyo vehículo fue apedreado y golpeado por un grupo de personas concentradas en las inmediaciones del puerto. En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha dicho que la convivencia "ha sido, y debe seguir siendo, la seña de identidad que define a Ceuta ya que esta ciudad se ha construido sobre el respeto mutuo, la pluralidad y el entendimiento, y son precisamente estos valores los que debemos preservar frente a cualquier episodio de violencia". Ha agregado que hechos como el vivido ayer "no representan el espíritu de esta ciudad ni pueden ponerlo en cuestión", por lo que ha trasladado a la diputada Ferreras, así como a las personas que la acompañaban en el momento de los hechos, su "total solidaridad y apoyo". La Delegación del Gobierno ha subrayado que, con independencia de las causas o motivaciones que puedan llevar a la ciudadanía a manifestarse, "la violencia no puede constituir en ningún caso una forma legítima de expresión ni de protesta". "El ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, plenamente garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, resulta incompatible con cualquier forma de agresión, ya sea física o material, contra personas o bienes, y no encuentra amparo bajo ninguna circunstancia", ha recalcado. La Delegación del Gobierno reitera su compromiso "de seguir trabajando, en coordinación con el resto de instituciones y con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todos los ceutíes" y confía en que hechos como los de ayer no vuelvan a repetirse. El PSOE de Ceuta también ha condenado la agresión y ha expresado su solidaridad con Julia Ferreras, diputada del partido Ceuta Ya!. "El malestar, el hartazgo o la discrepancia que pueda existir entre la ciudadanía ceutí y las instituciones nunca pueden encontrar en la violencia una vía de expresión, no es el camino para hacer valer unas razones, defender unas reivindicaciones o resolver un conflicto de intereses. Al contrario, nos aleja de lo humano, de lo racional y también de cualquier posibilidad de entendimiento", ha expresado el PSOE en un comunicado. EFE

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Miles de personas claman contra el proyecto de ampliar el aeropuerto de Ibiza: "¡AENA, a la trena!"

La isla no vivía una manifestación de estas proporciones desde que el PP de Jaume Matas construyó hace veinte años unas autovías también asociadas a la masificación turística que podría recrudecerse con una reforma que doblará el número de puertas de embarque de la terminal de es Codolar Por qué Ibiza se moviliza contra la macroampliación del aeropuerto Hay movimientos en apariencia imperceptibles que ponen en marcha un mecanismo mucho más grande. La tarde del domingo 20 de septiembre miles de personas -unas 5.000, según las cifras facilitadas por Delegación del Gobierno- han salido a la calle en Eivissa para protestar contra los planes del Gobierno de España y AENA para ampliar el aeropuerto . En el momento de escribir estas líneas, la Delegación del Gobierno no había concretado la cifra de asistentes. La isla llevaba veinte años sin manifestaciones masivas, con una excepción que habría que coger con pinzas: la campaña para evitar las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo a la que incluso se sumaron el PP y la patronal hotelera. Entonces, 2014, el Ejecutivo de Mariano Rajoy convertía la gestión de los aeropuertos españoles en una empresa semipública, vendiendo la mitad de su capital a grupos de inversión. Por la terminal de es Codolar pasaban en aquel momento 5,7 millones de pasajeros al año. Una cifra al alza. En 2008, cuando comenzó la penúltima reforma del aeropuerto ibicenco, eran 4,6 millones. En 2025, fueron casi el doble, más de 9 millones. Enaire, la sociedad estatal que posee el 51% de las acciones de AENA y que preside Maurici Lucena i Betriu –economista y ex diputado del PSC en el Parlament de Catalunya– planea invertir 230 millones de euros entre 2027 y 2032 para duplicar el número de puertas de embarque. De las 17 actuales a 32. “AENA, escolta, no volem més portes! ” -“AENA, escucha, no queremos más puertas”- ha sido una de las consignas más coreadas en una manifestación convocada por la Associació de Joves d’Eivissa y secundada por decenas de entidades tan dispares como el Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears, la Aliança per l’Aigua, el Institut d’Estudis Eivissenc o colectivos ecologistas como el Grup d’Estudis de la Natura-GOB o Amics de la Terra. “Que Eivissa no se acabe de prostituir” “Que Eivissa no se acabe de prostituir”, contesta Marc Roig Pereira –generación Z y una senyera a la que leha añadido una gran estrella celeste entre los cuatro castillos que decoran los extremos de la bandera insular– cuando se le pregunta qué le ha movido a sumarse a la protesta. Este gironí pasa los veranos en la isla desde que tiene uso de razón. “Hola, iaia ”, saluda a la mujer que creó su vínculo con Eivissa. La marcha contra la ampliación del aeropuerto de Eivissa, a su paso por Vara de Rey Emma Roig, su abuela, visitó “este paraíso” por primera vez cuando tenía diecisiete años, en el 66. “Y ya no tiene nada que ver con lo que fue. Por eso es una vergüenza que no nos demos cuenta de que se está muriendo. Yo no nací aquí, pero también me considero ibicenca”. Su nieto añade: “Si ampliamos el aeropuerto, abrimos la puerta a la destrucción total. Ojalá la manifestación de hoy sirva para que la gente tome conciencia de lo que pasa. Pero es verdad que la isla es muy especial en ese sentido. Cuesta…”. Esa es la sensación que se respira a las cinco y pico en Vara de Rey, el paseo que se trazó junto a los accesos de la ciudad antigua para que los burgueses se pasearan a principios de siglo bajo los álamos; el epicentro de la vida social en la capital de la isla. Queda apenas un cuarto de hora para que arranque la marcha y hay cuatro gatos. Cincuenta, sesenta personas contadas. Entre ellas, muchas caras conocidas del activismo medioambiental, lingüístico, cultural, algún político –en activo o en la reserva– de coaliciones de izquierdas o catalanistas. De fondo, se escuchan los rasguidos de la cinta americana. Un grupo de chicos y chicas –de la edad de Marc– terminan de ensamblar cartones y palos. Pancartas donde se leen lemas tan explícitos como “AENA a la trena”, “Turismo masivo, ¿y yo dónde vivo?” o “ Massificació i turisme, o menjar ?” Otros, son más sutiles pero no menos ácidos: tres flamencos y dos palabras que juegan con el nombre de una de las aerolíneas británicas que hacen su agosto gracias a las múltiples conexiones que de mayo a octubre tiene el aeropuerto de Eivissa con el Reino Unido: “ Easy Death ”. No son pocos los turistas que miran con extrañeza lo que ocurre en mitad de sus vacaciones. Alguno saca el móvil, amplía el zoom, enfoca, graba. "Ja no hi cabem": los manifestantes denuncian la masificación turística durante la marcha Una protesta que crece a cada paso Cuando los cientos, quizás ya más de mil personas, que se han reunido en el paseo comienzan a caminar, el reloj marca un retraso de veinte minutos sobre el horario previsto –la calma insular siempre manda–, pero no deja de llegar gente y gente. Esa será la tónica mientras se avance por el Carrer Aragó, estrecho y sombreado. La concentración se estira como una llonganissa , la sobrasada más fresca y untuosa que sale de la matanza. Un vecino, con una niña en brazos, se queda bloqueado por los manifestantes. Tendrá que esperar a que circule la ristra para sacar su coche. Desesperado, grita: “¡ Iros al aeropuerto que yo tengo que ir a trabajar! ¡Seguro que el jefe de AENA está en su casa descansando!”. La cabecera ignora la queja y sigue versionando el estribillo de Flors de baladre , un tema de Uc!, el grupo que revivió el cancionero popular ibicenco a ritmo de folk entre los estertores del franquismo y la Transición: “ Eivissa no se ven ni per deu ni per cent! ” Es quizás la proclama que resume todos los motivos que empujan a los ciudadanos que se quejan de los efectos de la masificación turística. Una hidra de múltiples tentáculos que, según estudios socioeconómicos como el Informe Fènix (presentado esta semana en Eivissa) golpea en forma de especulación inmobiliaria, consumo desmesurado de agua o colapso en las carreteras, empobreciendo a la mayoría de la población a través del descenso del PIB per cápita. La contradicción de la “contención” Los silbatos, la batucada, las castanyoles , la flaüta y los tambores de ball pagès, también los gritos, ganan volumen cuando la protesta llega a la mitad de la Avinguda d’Espanya. Allí está la sede del Consell. El PP, que gobierna todas las instituciones de la isla (y en casi todas, con mayoría absoluta), dice compartir el eslogan que vertebra la protesta: “No queremos ampliación”. Por eso, más de un manifestante decía no entender por qué Vicent Marí, el presidente insular, había aplaudido la decisión de United Airlines de volar cuatro veces a la semana durante la próxima temporada turística desde Newark, New Jersey. Para viajar a Menorca, un ibicenco debe hacer escala en Palma, pero a partir de mayo, la isla tendrá conexión directa a Estados Unidos. Una noticia que, además del Consell, también aplaude Fomento del Turismo, una patronal enfocada desde hace años en apuntalar a la isla como una meca mediterránea del lujo. La batucada y los instrumentos tradicionales ponen ritmo a la marcha “Llevamos años denunciando la actuación irresponsable de AENA en el aeropuerto de es Codolar. Los servicios aeroportuarios son cada vez más pésimos. Las condiciones laborales y de mantenimiento y limpieza son lamentables, hay falta personal. Ahora, ha habido vertidos en pleno parque natural… Antes de realizar inversiones faraónicas hay que modernizarlo, sin convertir al aeropuerto en una discoteca los domingos por la tarde para conseguir máximos de recaudación. No tiene ningún sentido”, explica por audio José Vicente Marí Bosó, presidente de los populares ibicencos y diputado en el Congreso. Tres millones de turistas en una isla de 168.000 habitantes El Institut d’Estadística de les Illes Balears matiza el argumentario del político conservador. La “contención” –principal arma dialéctica del Govern que preside Marga Prohens– en Eivissa significó un récord de turistas en 2025, casi 3,4 millones. Son 250.000 visitantes más de los que desembarcaron en 2019, antes del covid, cuando el PP recuperó el control del Consell, encargado de promocionar los atractivos de la isla en ferias y convenciones. Un aumento del 8% en apenas una década… y con el apagón de la pandemia por medio. El Índex de Pressió Humana –que también elaboran los funcionarios de la comunidad autónoma– también confirma que la masificación no es un suflé que se desinfla sino todo lo contrario: el 30 de junio 300.000 personas coincidieron en Eivissa (15.000 más que en la misma fecha de 2019), una isla en la que están censados 168.000 habitantes. Esa evolución la ha visto mejor que nadie Victoriano Martín, uno de los vecinos que participan en la marcha. Vallisoletano, llegó a Eivissa en 1984 y dos años después ya estaba trabajando en el aeropuerto. Fue operario de rampa durante tres décadas y pico, hasta que se jubiló en 2020. Siempre con Iberia: –Al principio –cuenta– sólo estábamos nosotros… y Aviaco. Todo era mucho más pequeño… y ya había turismo en la isla, ¡ojo! Luego llegó Spanair, hasta que quebró y aprovechó Ryanair para quedarse con el pastel de los vuelos baratos. Y entre medias, todas las compañías extranjeras. Aquello siempre ha estado en obras. Yo he visto varias reformas… y muchas creo no hacían falta. Era para pedirle dinero al Gobierno. Cuando terminaron los fingers , figúrate cómo estarían hechos, que cedió por el peso del avión. –¿Y por qué sale a protestar, Victoriano? –¡Porque no estoy a favor de que se construya un aeropuerto más grande todavía! ¡Tiene mucha cara esa gente! El campo de minas del PSOE Si las cifras turísticas son un territorio espinoso para el PP, la reforma de es Codolar es un campo de minas para el PSOE. Los socialistas ibicencos “reiteraron” su rechazo a la ampliación del aeropuerto con un comunicado que choca con la postura de AENA. La empresa semipública calificó como “anticonstitucional” a principios de septiembre la propuesta de Més per Mallorca para que la gestión de los aeropuertos de Mallorca, Menorca y Eivissa se gestionen de manera compartida entre el Estado y la comunidad autónoma –una idea apoyada por los populares, rechazada por Vox y ante la que el PSIB se puso de perfil absteniéndose cuando se votó en el Parlament balear. “Yo entiendo que los dirigentes locales de PP y PSOE se opongan a la ampliación del aeropuerto y aplaudo que lo hagan, pero no se puede negar que cuando se han reunido con AENA, la actitud de unos y de otros ha sido la misma: servilismo”, ha comentado durante la manifestación Óscar Rodríguez Aller, coordinador de Esquerra Unida en las Pitiüses y conseller en la oposición en la máxima institución ibicenca. Mientras razonaba el comunista, decenas de aviones de cartón sobrevolaban sobre su cabeza –y la cabeza de una giganta– con el mismo mensaje: “STOP”. “Quieren convertir el aeropuerto en una caja registradora de la que sólo se lucrarán unos pocos. Eivissa no puede crecer indefinidamente. La insularidad nos condiciona. Los recursos son finitos y se acaban. No cuestionamos el turismo sino un sistema basado en la extracción. El beneficio turístico ya no se refleja en un bienestar claro para la población residente y trabajadora”, clamó un portavoz de la Associació de Joves d’Eivissa al final de la marcha. El manifiesto se lee en es Portal Nou, a los pies de las murallas renacentistas de Dalt Vila. Sólo se utiliza el catalán, nadie se queja en voz alta. Lo remató Marga Torres, presidenta de la Associació de Joves d’Eivissa con un tono donde se mezclaban vehemencia y emoción optimista: “AENA, administraciones, os preguntamos… ¿Por qué aumentar el número de puertas y mostradores de facturación si no se quiere aumentar el número de turistas? ¿Por qué aumentar la zona para atender a los vuelos que vienen desde fuera del espacio Schengen si se apuesta por la contención? Y, más importante, ¿por qué cony tocáis ses Salines?”. Tras un aplauso cerrado, los ibicencos que salieron de casa para protestar se fueron dispersando. Cae la noche y pronto se escuchan los ronquidos de una persona sin hogar que duerme sobre el césped donde un rato antes se clamó contra la ambición de ampliar el aeropuerto de Eivissa.

elDiario.eselDiario.esPablo Sierra del Sol, Marcelo Sastre20 sept

Mandos policiales vuelven a señalar al delegado del Gobierno en Ceuta por el caos en el traslado de inmigrantes al puerto

El traslado de los inmigrantes al nuevo campamento del puerto de Ceuta estuvo marcado una vez más por el caos y la improvisación. Mandos policiales consultados por ABC señalan otra vez a la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma ya que achacan a sus responsables de caer en la inacción ante estos importantes dispositivos. También les acusan de dar órdenes de no utilizar sus defensas cuando en algunos momentos se sienten totalmente acorralados y desamparados ante la violencia de estos grupos de personas. Las imágenes de este viernes recordaban a las del 21 de agosto cuando los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) condujeron a los inmigrantes hasta los puntos de reagrupación. El objetivo era el mismo... Ver Más

ABCABC(abc)19 sept

Tebas menosprecia las críticas por el Levante UD - Athletic: «A las seis de la tarde había hasta sol"

El presidente de LaLiga defiendió la actuación de la patronal ante la alerta naranja que acabó provocando la suspensión del partido en el Ciutat de València entre el Levante UD y el Athletic Club por las fuertes lluvias. Javier Tebas ha defendido el procedimiento seguido por la competición durante las horas previas al encuentro y ha respondido a las críticas surgidas después de que la situación meteorológica terminara impidiendo la disputa del partido. Tebas sostiene que LaLiga no tenía la potestad para ordenar unilateralmente la suspensión con antelación y ha recordado que la Delegación del Gobierno podía haber trasladado una petición expresa si consideraba que existía un riesgo suficiente para cancelar el encuentro. «Se nos atribuyen unas competencias que no tenemos. LaLiga siempre tiene la culpa de todo. Si la delegación de gobierno como ha ocurrido otras veces en otras partes de España, nos hubiese mandado una nota diciendo que lo mas adecuado y responsable era la suspensión, se hubiese suspendido », explicó el máximo responsable de la patronal en declaraciones a El Correo. Mentiras « La alarma naranja surge a las dos de la tarde del día del partido. Muchas veces en España se juegan partidos con alertas naranjas activas . Cuando pasa eso, hay un seguimiento casi al minuto de lo que está pasando y se está en contacto con los clubes . Ningún un club ni nosotros se planteó la suspensión, a las seis de la tarde había hasta sol en el estadio y cuando se hace calentamiento no estaba cayendo ningún tipo de chaparrón y se esperó a que el árbitro decidiese. Si se suspendieran todos los partidos con alerta naranja tendríamos un gravísimo problema de calendario. », afirmó este viernes durante su presencia en la inauguración de la nueva ciudad deportiva del Eibar. La realidad es que la alerta naranja estaba descretada desde el martes, el mismo día del partido el cielo amenazaba lluvia y durante el calenatamiento diluviaba.

SportSport18 sept
I

Confederación de Policía exige el cese del jefe de Policía de Ceuta por falta de previsión

Madrid, 18 sep (EFE).- La Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido este viernes el "cese inmediato y fulminante" del jefe superior de Policía de Ceuta por la "grave falta de previsión" con la que se ha ejecutado esta mañana el traslado de miles de migrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta las instalaciones habilitadas en el muelle de Poniente. En un comunicado, la CEP señala que desde que se conoció la resolución de la Audiencia Nacional que despejaba el obstáculo judicial para utilizar las instalaciones del puerto, la Jefatura Superior y la Delegación del Gobierno sabían que el traslado podía comenzar de manera inmediata. A primera hora de esta mañana, más de 3.000 personas que permanecían en las playas han sido trasladados a un nuevo centro temporal de acogida en la zona portuaria. "Las carreras, avalanchas, roturas de los cordones de seguridad y momentos de máxima tensión que han podido verse durante las primeras horas son la consecuencia directa de haber organizado una operación de enorme complejidad sin garantizar previamente un despliegue policial suficiente", señala la CEP. Denuncian que, a pesar de disponer de toda la información, el jefe superior no requirió al Ministerio del Interior los refuerzos necesarios para asegurar una operación de estas características. "Esa falta de previsión tiene que tener consecuencias. Quien dirige la Policía Nacional en Ceuta no puede mantenerse al frente de la Jefatura Superior después de exponer a los agentes a una situación que era perfectamente previsible y que pudo haber terminado de una forma mucho más grave", subraya. La CEP considera que el jefe superior ha perdido la confianza necesaria para continuar ejerciendo esa responsabilidad, y reclama a la Dirección General de la Policía que acuerde su cese de manera inmediata. Y añade que la Delegación del Gobierno tampoco puede eludir "su nefasto papel" en lo ocurrido. Destaca que no puede trasladarse a los policías la responsabilidad de decisiones que no dependían de ellos, ya que los agentes desplegados tuvieron que reaccionar ante una situación que comenzó a desbordarse, contener a una multitud en movimiento, restablecer los cordones, dividir a las personas en grupos y recuperar progresivamente el control. "Lo hicieron con profesionalidad, soportando una presión extraordinaria y asumiendo una vez más los riesgos derivados de decisiones adoptadas por quienes, desde despachos, no pisan la calle en los peores momentos, dejando en evidencia su absoluta falta de liderazgo", afirma. EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae18 sept

La oposición redoblará la presión hacia Robles y Marlaska en el Congreso con una batería de preguntas sobre Ceuta

La oposición redoblará el próximo miércoles en el Congreso la presión sobre los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con una nueva batería de preguntas sobre la gestión de la crisis de Ceuta, a las que se sumará una interpelación del PP a la titular de Defensa, mientras Vox hará lo propio con el responsable del mando único, Ángel Víctor Torres. La sesión de control no contará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comunicado al Congreso que no podrá asistir porque estará en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Igualmente, nueve ministros han comunicado que tampoco irán al Pleno del miércoles por coincidir con otros compromisos. Ante esta estas ausencias, el peso de la sesión se centrará en los ministros de Defensa e Interior, que desde el inicio de la crisis han mantenido diferencias, especialmente sobre la existencia o no de avisos previos a la entrada masiva. Robles sostuvo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había hecho su trabajo y trasladado información a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, mientras Marlaska remarcó que ningún informe había anticipado una entrada de la magnitud que finalmente se produjo, una tesis a la que se adherió el resto del Ejecutivo. Los documentos posteriormente desclasificados confirmaron que el CNI comunicó el 29 de julio la existencia en redes de un llamamiento para un "asalto por valla y mar" y trasladó información a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, aunque el propio Centro precisó que esos datos no permitieron anticipar "la magnitud y naturaleza" de lo ocurrido al día siguiente. Hace unos días, en un intento de zanjar la polémica, Robles abrió la puerta a la autocrítica cuando indicó que "todo se puede hacer mejor". Pese a ello, volverá a ser el centro de la atención mediática en el Congreso, sobre todo después de su ausencia la semana pasada y de las interpretaciones que dieron sus escasos aplausos durante la comparecencia extraordinaria de Sánchez por la crisis a principios de mes. "¿VA A DECIR LA VERDAD ALGUNA VEZ?" De esta forma, la titular de Defensa concentrará el miércoles cuatro de las preguntas sobre Ceuta. La vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, quiere saber si cree que puede estar "orgullosa de su trabajo"; la parlamentaria Sofía Acedo le preguntará si "de verdad merece la pena", y su compañero Agustín Conde le planteará si va a "decir la verdad alguna vez". Por su parte, el diputado de Junts Isidre Gavín i Valls preguntará si considera que el Gobierno español puede garantizar "una gestión eficiente de la crisis de seguridad". Además, el PP interpelará a Robles específicamente sobre la gestión de su Ministerio durante la crisis de Ceuta, una iniciativa que permitirá a los 'populares' presentar posteriormente una moción para su votación en el último pleno del mes. MARLASKA, TRAS SER REPROBADO Por su parte, el ministro del Interior afrontará tres preguntas apenas una semana después de que el Pleno del Congreso le reprobara por la gestión de la crisis de Ceuta y reclamara a Sánchez su cese. El secretario general del PP, Miguel Tellado, preguntará al ministro si cree que "Ceuta es una ciudad segura", mientras que la portavoz de Interior de los 'populares', Ana Belén Vázquez, quiere saber si es "eficaz" su política de fronteras. Además, el diputado de UPN, Alberto Catalán, será todavía más directo: "¿Por qué no dimite?". También deberá responder por la crisis el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado del mando único creado por el Gobierno tras declarar la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. ¿A QUÉ SE DEDICA EL MANDO ÚNICO? El diputado del PP Borja Sémper le preguntará "¿a qué se dedica usted?", pasados casi dos meses del inicio de la entrada masiva, mientras que Jaime de Olano quiere saber si "está el Gobierno preparado". Vox dirigirá además a Torres una interpelación urgente sobre las medidas adoptadas en relación con la situación de interés para la seguridad de la ciudad autónoma. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recibirá otras dos preguntas. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, le planteará "¿hasta dónde va este Gobierno?", mientras que la portavoz de Vox, Pepa Millán, le formulará una cuestión similar: "¿Hasta dónde piensan llegar?". IGUALDAD Y LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES La crisis de Ceuta llegará igualmente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, le preguntará: "¿Hay mujeres de primera y de segunda, ministra?". Redondo visitó Ceuta el pasado 7 de septiembre y emplazó al Gobierno de la ciudad autónoma a colaborar en la búsqueda de espacios temporales seguros para las personas migrantes, "en especial para mujeres y niñas", después de mantener reuniones con representantes institucionales, policiales y servicios de atención a víctimas. El PP, por su parte, ha venido reclamando al Ministerio que garantice también la seguridad de las mujeres ceutíes y ya cuestionó a Redondo en la anterior sesión de control sobre si las mujeres podían considerarse seguras en la ciudad autónoma. La ministra respondió entonces que sí y rechazó que se "demonice a todo un pueblo", señalando que entre los investigados por agresiones también había españoles.

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae18 sept

Presidente del Puerto denuncia que se enteró por los medios del traslado y Puente replica que el Gobierno ceutí lo sabía

El presidente del Puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha denunciado este viernes que se ha enterado por los medios de comunicación del traslado de los inmigrantes a la nueva ubicación, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le ha replicado que tantos los técnicos como el Gobierno Ceutí sí tenían conocimiento de esta operación. En declaraciones a 'Antena 3' y 'RNE', recogidas por Europa Press, Doncel ha señalado que no recibió una notificación oficial con los traslados de los inmigrantes y que, según su versión, se enteró "a través de los informativos" de que se estaba produciendo. El presidente del Puerto de Ceuta considera que debe haber "colaboración y cooperación entre administraciones", por lo que no entiende que no se le haya comunicado el traslado ni otras cuestiones que afectan a la infraestructura portuaria desde que el ministro Puente firmó la resolución para acoger a los migrantes que llegaron masivamente a finales de julio. "La información, en este caso, brilla por su ausencia", ha dicho Doncel, para después explicar que se reunió el martes en la Delegación del Gobierno, donde quiso reiterar por segunda vez "cuestiones fundamentales en materia de seguridad ante el inminente traslado" los inmigrantes. Así, ha insistido que ni él ni la cúpula de la Autoridad Portuaria de Ceuta recibió información de que el traslado sería este viernes. PUENTE RESALTA LA COLABORACIÓN CON LOS TÉCNICOS DEL PUERTO Por su parte, Puente ha defendido que el traslado de los inmigrantes se ha hecho con "absoluta coordinación y colaboración con los técnicos del Puerto", además de que la Consejería de Presidencia de Ceuta tenía "pleno conocimiento". "Que el traslado se iba a hacer hoy era de público conocimiento hasta el punto de que ha sido publicado por varios medios de comunicación", ha escrito Puente en la red social 'X', en la que también ha reprochado a Doncel que no es culpa del Gobierno si no le han informado sus técnicos, el Gobierno de Ceuta "que le ha nombrado" o no lee la prensa. "La culpa no es de nadie más que suya. El problema lo tiene él. Por cierto, que explique lo de la adjudicación a su primo", ha zanjado el ministro.

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae18 sept
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Sumar acusa a la Policía de "fabricar inseguridad" en el traslado al puerto de Ceuta

Madrid, 18 sep (EFE).- El partido Movimiento Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo de coalición, ha acusado a la Policía de "fabricar inseguridad" en el traslado de migrantes este viernes desde las playas de Benítez y el Trampolín hasta el campamento habilitado por el Gobierno en el puerto de Ceuta. "La policía carga contra grupos de migrantes por el terrible delito de andar despacio. La seguridad no es esto. Esto es fabricar inseguridad", ha señalado el partido en su cuenta de la red social Bluesky, acompañado de un video en el que se escuchan disparos al aire mientras un grupo de agentes guía a centenares de migrantes. Decenas de migrantes de los más de 3.000 que están siendo trasladados desde primera hora de este viernes en Ceuta de las playas de Benítez y el Trampolín al campamento habilitado en el puerto se han saltado el cordón policial. Esto ha provocado dificultades a las fuerzas de seguridad que han controlado la situación, según han indicado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno. El campamento, habilitado por el Gobierno en el puerto de Ceuta para acoger a parte de los migrantes llegados tras la entrada masiva de finales de julio, cuenta con carpas, así como áreas para la atención e intervención social y servicios sanitarios. EFE

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Dos fallecidos al volcar un camión de recogida de basura en la A-67 en Cantabria

Santander, 18 sep (EFE).- El conductor de un camión de recogida de basuras y otra persona que viajaba en el mismo vehículo han fallecido este viernes al volcar en la autovía A-67 a la altura de Cartes. Según ha informado la Delegación del Gobierno, que por el momento no tiene más datos sobre los fallecidos, en el momento del accidente el conductor estaría llevando a cabo un adelantamiento y ha perdido el control del camión, que ha volcado y ha dado varias vueltas sobre sí mismo, sin impactar contra otro vehículo. En estos momentos los servicios de emergencias y la Guardia Civil de Tráfico se encuentran trabajando en el lugar del accidente. La A-67 se encuentra ahora mismo cortada y el tráfico se desviará por la salida de Cartes hasta que se pueda despejar la vía. EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae18 sept

La jueza Tardón busca responsables del asalto a Ceuta por encima del delegado del Gobierno

La batería de diligencias ordenadas por la juez que investiga la invasión en Ceuta sufrida por España este verano están orientadas a esclarecer, entre otros aspectos, las «actuaciones desarrolladas antes, durante y después» de la entrada masiva y apuntan a una responsabilidad más alta que la de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Así se desprende de las unidades investigadoras a las que ha dirigido sus requerimientos. Entre ellos, figura el de solicitar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y al Jefe del Estado Mayor de Defensa (EMAD), responsable de Ciberseguridad, así como a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional las «alertas y riesgos» que pudieran haber emitido y los «destinatarios de estos» los días... Ver Más

ABCABC(abc)17 sept
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Cientos de docentes salen a la calle para pedir un protocolo de actuación y más seguridad

Ceuta, 17 sep (EFE).- Centenares de docentes han salido esta tarde-noche a las calles de Ceuta para exigir en una concentración ante la Delegación del Gobierno más "seguridad" en los colegios e institutos así como un "protocolo único de actuación" por la crisis que atraviesa la ciudad. Los docentes, convocados por los sindicatos UGT, ANPE y CSIF Enseñanza, se han concentrado en la Plaza de los Reyes bajo el lema "Protocolo de actuación para la ciudad ¡ya!" así como han reclamado más medidas de seguridad en el entorno de los colegios. "Los docentes exigimos seguridad, protección y respuestas ¡ya!, ¡basta de promesas!, ¡basta de demoras!" se ha podido leer en la pancarta central. "No se les ve porque no están" han llegado a proclamar los concentrados en alusión a una frase de la ministra de Educación, Milagros Tolón, quien advirtió que muchos de los policías que controlan estos accesos a los colegios van sin el uniforme. La presidenta de la Junta de Personal Docente, Trinidad Megías, ha dado lectura a un manifiesto donde han dejado claro que estaban concentrados "porque hemos llegado al límite" al señalar que la seguridad "no está garantizada como debería en todos los centros, sus entornos y las rutas de desplazamiento de los escolares que las tienen que hacer solos". Los docentes también han lamentado que "no se ha producido el refuerzo necesario de la vigilancia privada en los centros más grandes y complejos y seguimos teniendo un déficit de personal de conserjería, además de que los vallados suplementarios siguen demorándose". Por otro lado, han indicado que algunos centros y sus entornos "presentan unas condiciones de suciedad, falta de salubridad y desprotección que no podemos aceptar". Trinidad Megías también ha pedido contar con "un protocolo específico de actuación ante una situación de emergencia" como la sucedida los días 30 y 31 de julio cuando más de 80.000 personas entraron por la frontera con Marruecos. Durante la concentración, los docentes han silbado la salida de la ministra de Sanidad, Mónica García, la cual ha visitado la ciudad y se ha marchado de la Delegación del Gobierno con los insultos de los presentes. EFE (foto) (vídeo)

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