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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigadas, el próximo 30 de noviembre, a las hijas de José Luis
El Confidencial•Cristina García Vázquez21 sept
Las hermanas Rodríguez Espinosa crecieron en un entorno marcado por la exposición política de su padre y ahora se dedican al sector audiovisual
Deberán comparecer en el marco de la investigación del ‘caso Plus Ultra’
El expresidente del Gobierno, imputado en el caso Plus Ultra, usa este servicio desde el 20 de diciembre de 2011.
El presidente del bufete Cremades & Calvo-Sotelo señala en su libro ‘Sobre el imperio de la ley’ los peligros que acechan al Estado de Derecho y a la independencia judicial
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que su formación está a favor de regular los 'lobbies', pero ha cuestionado "la prisa" del Gobierno por aprobar el decreto ley que regula su actividad y ha advertido de que no le darán "carta blanca" para "saltarse" la vía parlamentaria. "El PP sí está a favor de regular los lobbies, pero no va a dar carta blanca al Gobierno para saltarse el Parlamento a la torera", ha escrito Tellado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en respuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha criticado a PP y Vox por tumbar la regulación de los 'lobbies' en el Congreso y les ha acusado de no querer "que sepamos quiénes son sus amos". El dirigente 'popular' ha cargado contra el Ejecutivo por aprobar con "prisa" el decreto cuando "han tenido cinco años para hace runa ley en condiciones". "¿Por qué? ¿Tiene algo que ver (José Luis Rodríguez) Zapatero el joyero y su oscuro futuro judicial? Ellos sabrán", ha lanzado. Tellado ha concluido su mensaje defendiendo que en democracia "las formas importan y el trámite parlamentario también". El decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los 'lobbies' ha sido derogado este miércoles en el Congreso con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, si bien el texto también ha recibido críticas del socio minoritario del Gobierno y de otros aliados parlamentarios, principalmente por considerar grupos de interés a los sindicatos y las organizaciones empresariales. El texto ha sido apoyado por el PSOE, Sumar, ERC y Bildu, pero ha caído frente a los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos. Sumar tenía pensado votar en contra, pero a última hora reculó y acabó dando el sí al PSOE, aunque su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había votado 'No' telemáticamente.
La Cámara Baja aprueba definitivamente la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales, para ampliar las prestaciones y acabar con la incompatibilidad, eliminar burocracia y avanzar en el reconocimiento y la profesionalización de los cuidados Revolución en la dependencia y discapacidad: 6.200 millones extra para pasar de la residencia a envejecer en casa El Congreso ha dado luz verde definitiva a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Los cambios, que se publicaran en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, son la mayor revolución en la atención a la dependencia desde la aprobación de la norma hace 20 años. Si en 2006 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó la medida como un “hito histórico”, desde el actual Ministerio de Derechos Sociales hablan ahora de una “ refundación del modelo de cuidados en España”. Este miércoles, el Congreso ha votado las enmiendas introducidas por el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta—, tras su paso previo por la Cámara Baja, donde la ley ya había sido aprobada —con la abstención de los 'populares' y el voto en contra de Vox—. Los cambios afectan a dos normas, que hacen de guía al sistema de cuidados a la dependencia, que son competencia de las comunidades autónomas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Respecto a la reforma de la Ley de Dependencia, uno de los principales cambios es se reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de seis a tres meses y se eliminan las incompatibilidades a la hora de recibir prestaciones. Por ejemplo, hasta ahora, si una persona dependiente quería ir a un centro de día algunas horas, mientras seguía viviendo en su casa, no podía solicitar también una prestación por cuidados en el entorno familiar o teleasistencia. A partir de ahora, podrá hacerlo. Además, la nueva norma amplía el concepto del servicio a domicilio, que podrá prestarse más allá del propio hogar —por ejemplo, para acompañar a la persona dependiente a hacer recados o al médico— y reconoce la figura de la persona cuidador principal y la no profesional, que sale del ámbito exclusivamente familiar y se extiende a otras personas cercanas pero no emparentadas. También sobre las cuidadoras, la reforma “garantiza por ley”, señalan desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, quien ha pilotado estos cambios, que la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales y la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas. Cambios en Discapacidad La otra norma que se ha visto afectada por estos cambios es la de discapacidad, que también tiene novedades importantes, algunos relacionados directamente con la ley anterior. A cualquier persona que se le asigne un grado I de dependencia, se le reconocerá automáticamente el 33% de discapacidad, y para las de los grados II y III, el 65%. “De esta manera, se desburocratiza el reconocimiento de la discapacidad, agilizado los procesos administrativos y reduciendo las listas de espera”, indican. Además, reconoce la accesibilidad universal —que las personas con discapacidad pueda acceder a servicios y edificios públicos— como un derecho. Es decir, podrán exigirlo y se creará un Programa Estatal de Promoción a la Accesibilidad Universal. Además, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente en las obras de accesibilidad en viviendas y se facilitan los requisitos para solicitar estas ayudas. Hay más novedades. La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo de los niños y niñas de cero a seis años; regula la figura del facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales; y prohíbe la discriminación en los seguros de salud, que será ilegal. 7.000 millones más para dependencia Estas reformas legislativas vienen acompañadas de una inyección de fondos para la dependencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en junio un incremento en las transferencias a las comunidades autónomas de hasta 7.239 millones de euros en 2027, casi el doble que en 2025. El aumento de las cuantías ya empezó a notarse este mismo año, desde el mes de junio, porque para esto no hizo falta pasar por el Congreso. El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que blinda por ley este aumento de las transferencias y compromete a este y los próximos ejecutivos centrales a financiar la dependencia al 50% con las comunidades autónomas . En el siguiente gráfico puede verse cuánto recibirá cada territorio en 2027 con y sin la ampliación. El objetivo de este aumento de la financiación y de la reforma de las leyes es reducir las listas de espera, aumentar las ayudas a las personas en situación de dependencia y profesionalizar los cuidados con mejores condiciones laborales, para hacer atractiva esta profesión. Pero la pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en este ámbito. “Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad”, afirmó el ministro Bustinduy. Lo que queda fuera Desde la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), han valorado “positivamente” la reforma, que supone un “avance e el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad”, pero han lamentado que no se haya eliminado el copago, una de sus “principales reivindicaciones”. “Valoramos que la reforma salga adelante porque incorpora avances importantes y mejora nuestro sistema de derechos y apoyos. Pero no podemos considerar terminado el trabajo mientras una persona con ELA deba tener que contribuir económicamente a unos cuidados que son imprescindibles para seguir viviendo”, señala su presidente, José Jiménez Aroca, en un comunicado. A diferencia de otras votaciones, la norma llegó este miércoles al Congreso sin sobresaltos parlamentarios. Ya había sido aprobada en la Cámara Baja en primera vuelta —con la abstención del PP y el voto en contra de Vox— y cumplió su trámite en el Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta —y votaron a favor— y donde se introdujeron más de medio centenar de enmiendas, que se votaron este miércoles. Entre ellas, eliminar el límite de edad de 26 años para la recepción de ayudas por parte de familias con hijos con enfermedades graves y que no fue aceptada. El Gobierno ya hizo uso de su capacidad de veto para bloquear las enmiendas que supongan un incremento presupuestario, como es el caso, y que en total cifró en 82 millones de euros.
elDiario.es•David Noriega16 sept
La confesión final de Alex Saab ante la Justicia de Estados Unidos pone al descubierto una amplia trama internacional de corrupción y blanqueo que durante años movió dinero procedente de Venezuela mediante empresas pantalla, testaferros y cuentas bancarias en numerosos países. Pero los documentos presentados en Miami tienen un alcance mayor que los delitos que ahora reconoce el antiguo operador financiero del chavismo: Saab entrega a los fiscales un mapa de sociedades, bancos, intermediarios y movimientos de fondos y, a cambio de una posible reducción de condena, se compromete a cooperar plenamente en otras investigaciones criminales. Esa información puede resultar especialmente valiosa allí por donde pasó el dinero. En EE.UU. siguen abiertas distintas investigaciones sobre la corrupción del régimen de... Ver Más
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, o las Juventudes Socialistas han denunciado la publicación en la red social X: "Sémper condiciona el fin de los insultos a que Feijóo llegue a presidente" Alfonso Serrano defiende el montaje en el que las Nuevas Generaciones del PP presentaban a Zapatero esposado como Maduro: “Me encanta” Ni una semana sin una nueva polémica. Las Nuevas Generaciones del PP de Madrid han vuelto a ser objeto de críticas en redes sociales después de la desafortunada descripción que han hecho de la entrevista de este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa El Intermedio de La Sexta con una felación. Si bien la publicación ha sido borrada en poco menos de una hora, los internautas no han tardado demasiado en criticarla y en capturarla para que queden evidencias de ella. “Os dejamos un resumen de la entrevista de ayer de Sánchez, para que no tengáis que verla”, apuntaba el post de la cuenta oficial de las juventudes del PP de Madrid en el que compartían un fragmento de la misma del periódico El Debate, uno de sus medios de referencia. Eso sí, la publicación iba acompañada de un vídeo de unos segundos en el que se podía ver a un humorista introduciéndose un objeto fálico en la boca. Fácil de entender la comparación, ¿no? Las críticas de sus rivales políticos no han tardado tampoco en aparecer. Las Juventudes Socialistas, que han calificado a los miembros de Nuevas Generaciones de “violentos y cobardes”, han cuestionado la publicación y su posterior borrado. “Es muy fácil ser valientes cuando no hay que dar la cara”, alegaban, tras lo que añadían que “mucho ruido, mucha burla y cero argumentos”. También la propia portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha cuestionado esta publicación haciendo referencia a las declaraciones del portavoz del Partido Popular nacional, Borja Sémper: “Sémper condiciona el fin de los insultos a que Feijóo llegue a presidente. Por favor, ¿pueden dejar de dar ASCO hoy sin necesidad de ganar nada?” En la misma línea, el PSOE nacional ha asegurado que, tras las promesas de Borja Sémper de “desterrar los insultos”, Nuevas Generaciones “demuestra que, para algunos, la falta de respeto es su verdadera manera de hacer política”. Y añaden: “Lo que sí debería hacer Feijóo es poner un poco de orden en su partido, dar menos lecciones y tener más coherencia”. Lo cierto es que no es la primera polémica (ni será la última) de este grupo de jóvenes asociados al Partido Popular, que han protagonizado otras salidas de tono como por ejemplo cuando celebraron el cierre por parte del nuevo ejecutivo húngaro de los informativos de la televisión pública de Hungría, controlados por el ultraderechista Víktor Orban, que siguió formando parte del Partido Popular Europeo con la ayuda del PP español, con el comentario “RTVE, calienta que sales” . También destacó la polémica a principios de año cuando, tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos, esta formación publicó un vídeo elaborado mediante inteligencia artificial en el que situaban en una misma situación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y que fue defendido por el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano.
elDiario.es•El Rastreador15 sept
El Gobierno, cercado por la judicialización de la política, ha decidido abonarse a la politización de la justicia como ariete electoral para tratar de desactivar el efecto perverso que las investigaciones tienen en la desafección de sus votantes. Con una multiplicidad de frentes en los tribunales, que van desde las causas de familiares —la mujer y el hermano del presidente del Gobierno—, a los casos de corrupción —trama de las cloacas, financiación o Zapatero, entre otros— pasando por la fiscalización a la propia gestión gubernamental —'ley de nietos' o la entrada masiva en Ceuta—, en Moncloa han dado orden a ministros y cargos socialistas de recrudecer sus ataques a los jueces para tratar de generar una sensación de indefensión que... Ver Más
Pedro Sánchez afirmó la semana pasada en una de las entrevistas que ha ido concediendo que pensaba contar con José Luis Rodríguez Zapatero en las próximas campañas electorales. Leer
La radiotelevisión pública valenciana compra dos programas a Telemadrid y colabora con la productora de Ana Rosa Quintana para la elaboración de contenidos audiovisuales À Punt emite este viernes un documental sobre la imputación de Zapatero comprado a Telemadrid “Bienvenidos al nuevo concurso de Telemadrid. Tenía muchas ganas de que llegara aquí, a la tele de todos los madrileños”. Es la primera frase que pronuncia Jota Abril, presentador de Sopa de Letras, el nuevo formato que estrena À Punt este lunes. El panel de muestra, con el que se explica el concurso, se compone de tres palabras: Alcalá, Retiro, Cocido. “Mira qué buen plan, muy madrileño todo”, prosigue. La televisión pública valenciana se va 'madrileñizando'. Frente al compromiso adquirido de potenciar el sector audiovisual valenciano, la cadena pública À Punt va comprando por goteo programas a productoras de Madrid, una serie de contenidos en castellano y con una vinculación territorial cuestionable. La cadena valenciana ya adquirió el documental El caso Zapatero: los datos , un reportaje sobre la imputación del expresidente del Gobierno que se emitió a la par en Telemadrid , obra de la productora madrileña La Cometa TV. El reportaje, que contaba con periodistas y excompañeros del PSOE, se emitió en junio, en vísperas de la declaración del exdirigente socialista ante la Audiencia Nacional y la dirección no informó sobre su coste. Semanas después, a finales de agosto, À Punt estrenó el programa Historias de la Peluquería , una producción elaborada por Unicorn Content, productora en la que participa la popular presentadora Ana Rosa Quintana. Es la primera coproducción entre la cadena pública y Telemadrid, gestionada a través de la Forta (La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos). El programa, presentado por la valenciana Inés Ballester, quien recientemente presentó en À Punt el programa En casa d’Inés, recorre ocho salones de belleza para mostrar confidencias o historias curiosas de la clientela. Este lunes, la televisión pública estrenará un programa que ha recibido numerosas críticas antes de comenzar: Sopa de letras . No por el contenido en sí —un concurso de conocimientos y agilidad mental, formato clásico en televisión— sino por la adquisición: ya se ha emitido en Telemadrid y se traslada el mismo formato, presentador incluido. Según apuntan desde la televisión pública valenciana, los derechos de emisión se han adquirido a la valenciana VITV (Valencia Imagina Televisió), que es parte del grupo Mediapro. El contenido original lo realiza Globomedia y, al ser parte del mismo grupo, VITV puede vender estos derechos, explican fuentes de À Punt. VITV es la misma empresa que produce para À Punt los programas de entretenimiento Atrapa'm si pots y A la saca , y también varias galas de las campanadas de Nochevieja. Se trata de una coproducción con otras televisiones autonómicas, señalan desde la televisión que dirige Francisco Aura. La compra de formatos que ya emiten otras cadenas públicas es habitual. No lo es tanto, o no lo había sido hasta la fecha en autonomías con lengua propia, mantener el contenido íntegro. Canal Sur y Aragón Televisión también emiten Sopa de letras , pero en la televisión andaluza lo presenta Antonio Garrido y en Aragón Miki Nadal. Los valencianos verán el programa con el presentador de Telemadrid, Jota Abril, y el nombre del programa se mantiene en castellano. La cadena pública emitió un comunicado el pasado enero en el que afirmaba que el 100% de su producción externa se sustentaba en productoras audiovisuales valencianas, salvo un contenido elaborado con otras televisiones autonómicas a través de la FORTA. Esta incorporación de contenidos está levantando numerosas críticas, pues se considera que la empresa pública debería impulsar el sector autonómico y en valenciano, que además ya ha vivido recortes notables con el Consell de PP y Vox. El último: las ayudas para los premios audiovisuales Lola Gaos.
elDiario.es•Laura Martínez14 sept
Según el informe policial, Zapatero habría realizado gestiones para lograr una reunión entre directivos de Grupo Gloria y autoridades de Bolivia
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Audiencia Nacional que excluya de la investigación del 'caso Plus Ultra' las supuestas gestiones que el juez le atribuye con Bolivia para presuntamente beneficiar a una empresa peruana a cambio de 200.000 euros. Con un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el exlíder socialista apela a la Sala de lo Penal para que la "extracción" del informe de la Policía Nacional que reveló esas supuestas gestiones, al considerar se refiere "a hechos ajenos" a la causa y "no derivar directamente de la documentación incorporada". La defensa de Zapatero --imputado en la causa como presunto líder de una red de tráfico de influencias-- sostiene que el informe policial y la información que analiza "trazan una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una persona desarrolla su vida privada, afectando a su derecho fundamental a la intimidad económica". Y lo hace, según critica, "sin que el juez instructor hubiera habilitado el acceso y tratamiento de esa información que afecta al derecho fundamental, previo juicio de ponderación y dictado de resolución motivada". "En definitiva, se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado José Luis Rodríguez Zapatero", asegura. Por eso, la defensa reclama que se expulse del procedimiento el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre lo que califica como "actividad de asesoramiento". "Que viene de una investigación general sobre Rodríguez Zapatero no autorizada judicialmente, vulnerando su derecho a la intimidad, y consolida una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía 'ex ante' sospecha alguna", agrega. "PATENTE DE CORSO" La defensa critica también lo que considera una "patente de corso" por parte del juez instructor, José Luis Calama, para que la investigación "se dirija a cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado". Según el informe de la UDEF, el expresidente del Gobierno recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, con causas judiciales abiertas en aquel país. La UDEF precisó que el pago se justificó con "un contrato simulado con una sociedad interpuesta", llamada Focus Social Research, por la "prestación de servicios de asesoría" e indicó que el exdirigente realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas. También subrayó que esa empresa "únicamente aparece en dos momentos, para la firma del contrato y para el abono de las facturas, no habiendo referencia alguna a gestión o asesoramiento practicado a favor de esta sociedad". Y apuntó que Zapatero "se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia" como el entonces presidente Luis Arce o "los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado", materializándose encuentros presenciales durante un viaje que hizo a las ciudades bolivianas de La Paz y Sucre en septiembre de 2024. Los agentes explicaron que el objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de Grupo Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia. A su juicio, estos hechos "apuntalan" los indicios de "la existencia de una organización criminal, liderada por Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". Igualmente, consideraron que hay nuevos indicios de que "el ejercicio de dichas influencias sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos 'ad hoc' para justificar dichos pagos".
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Audiencia Nacional que excluya de la investigación del 'caso Plus Ultra' las supuestas gestiones que el juez le atribuye con Bolivia para presuntamente beneficiar a una empresa peruana a cambio de 200.000 euros.
Europa Press14 sept
El expresidente del Gobierno acusa a la UDEF de llevar a cabo una investigación general no autorizada judicialmente
La Vanguardia•Carlota Guindal14 sept
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se opone a que continúen investigándose las gestiones que realizó en favor del Grupo Gloria, conglomerado peruano con intereses empresariales en Bolivia, gracias a sus contactos políticos en el último país. Su abogado Víctor Moreno Catena pide a los magistrados de la Sala Segunda -después de haberlo intentado sin éxito ante el juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama- que saquen de la investigación por tráfico de influencias y organización criminal, entre otros delitos, que se sigue contra él un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía... Ver Más
La defensa del expresidente del Gobierno advierte al juez Calama de que no tiene "patente de corso" para indagar de forma prospectiva en cualquier actuación personal o profesional de Zapatero La causa contra Zapatero cuestiona sus negocios privados en el extranjero La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de investigar también el cobro de 200.000 euros por parte del expresidente del Gobierno de la empresa Focus Social Research a cambio de su influencia en el gobierno boliviano. Entiende que el hallazgo de ese pago es fruto de una investigación “prospectiva” de todo el material incautado y advierte de que el juez no disfruta de “patente de corso”. En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Víctor Moreno Catena explica que, si bien el objeto de la investigación es de “cristalización progresiva” y que el imputado no tiene un blindaje ante nuevos hechos, el magistrado no puede pretender dirigir la investigación hacia “cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”. Añade que, en el caso de su cliente, lo hallado es fruto de “una entrada y registro en la que se incautó información masiva” que permite trazar “con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”. En este sentido, aclara que el hecho de que esa información masiva esté en la causa “no significa que pueda examinarse en su integridad en búsqueda del descubrimiento de cualquier hecho de apariencia delictiva” porque, en todo caso, el tratamiento y análisis de esa información “debe ir orientada exclusivamente a esclarecer los hechos sobre los que ya existen indicios”. Así, resalta que con la decisión de investigar los pagos de Focus Social Research se extienden las pesquisas “más allá de los hechos sobre los que se consignan indicios de un delito de tráfico de influencias, que se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra”. A su juicio, primero se afirma que hay “una red con fines delictivos” y luego se emprende la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red, algo que tilda de “razonamiento falaz”. Añade, por otro lado, que ese ingreso percibido por Zapatero “es ajeno a la organización que la Udef atribuye al expresidente con Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante y otras mercantiles del empresario”, y por eso “queda fuera del perímetro de la supuesta red de tráfico de influencias”. A esto, suma que tampoco es justificable que esta ampliación de la investigación se hiciera “de espaldas al investigado”, algo que quedó patente cuando el juez Calama preguntó a Zapatero en su declaración judicial el 17 de junio de 2026 “inopinada y sorpresivamente por su intervención profesional y los ingresos recibidos” de esa mercantil. Moreno Catena denuncia, además, que la Udef sin autorización judicial ha hecho uso de información obtenida de inteligencia financiera de la actividad personal y profesional de Rodríguez Zapatero. Indica que se ha analizado de manera completa sus movimientos en la cuenta del Banco Santander detallando 174 transferencias de once pagadores. Advierte de que la gran mayoría de esos movimientos no tiene que ver con Análisis Relevante o Julio Martínez, sino que son ingresos por otras actividades respecto de la que no se reflejan indicios delictivos: “la inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas”. Por ello, y ante “una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado”, el letrado solicita que se anule el auto del juez Calama por el que acordaba indagar también en esa nueva vía ajena al rescate de Plus Ultra. La defensa ha presentado este recurso de apelación después de que Calama acordara rechazar un recurso previo presentado ante el juez en el mismo sentido.
elDiario.es•Javier Lillo14 sept:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fcc6%2Fe6f%2F4c5%2Fcc6e6f4c517f000d41718562334a51a7.jpg)
El escrito es un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras la negativa del juez José Luis Calama a reconsiderar su decisión
El Confidencial•EFE14 septMadrid, 14 sep (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Audiencia Nacional que extraiga del procedimiento en el que se le investiga un informe de la UDEF sobre su mediación ante el Gobierno de Bolivia, pues es consecuencia de una intromisión ilegítima en su intimidad y una investigación general sobre su vida. El escrito de Zapatero, al que ha tenido acceso EFE este lunes, es un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras la negativa del juez José Luis Calama a reconsiderar su decisión sobre la investigación de la UDEF. El expresidente del Gobierno, investigado por presunto tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra, argumenta que las sospechas sobre Bolivia (y el posible cobro de 200.000 euros por influir ante las autoridades de ese país en beneficio de un grupo empresarial) son fruto de información obtenida en los registros, pero que se encontraba fuera del perímetro de la causa. A su juicio, que una unidad policial haga un volcado masivo de la información intervenida y decida "analizarla de cualquier modo y sin perímetro alguno", supone una "prohibida 'inquisitio generalis'". "El investigado que ha sufrido las consecuencias de esa incautación masiva se enfrentará a una investigación general, allá hasta donde temporalmente alcancen los datos", afirma. Según el recurso, la UDEF, sin autorización judicial, hizo uso de la información de inteligencia financiera "omnicomprensiva" de la actividad personal y profesional de Zapatero y analizó de manera completa los movimientos en su cuenta del Banco Santander, detallando 174 transferencias de once pagadores, es decir, todos los movimientos producidos en un periodo de cinco años. Y todo ello a pesar de que la gran mayoría de esos movimientos no tiene que ver con la empresa Análisis Relevante o Julio Martínez, que era el objeto entonces de la investigación, sino que eran "ingresos por otras actividades respecto de las que no se reflejan indicios delictivos", entre ellos los importes recibidos de Focus Social relacionados con Bolivia. "La inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas", sostiene el recurso, que concluye que "se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado". Por ello, pide que se saque del procedimiento el informe de la UDEF sobre la esas transferencias de Focus Social Research por proceder "de una investigación general" no autorizada judicialmente, y tratarse de "una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía ex ante sospecha alguna". EFE