La España del grito en el cielo
El Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados que no hayan acreditado que sus antepasados salieron de España por las causas que dicta la Ley de Memoria Democrática.
Tribunal Supremo — página 8
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El PP estudia cambiar la ley para que la nacionalidad no implique derecho a voto
El PP prepara desde hace semanas una respuesta política de fondo a la llamada 'ley de nietos' -la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática- y, muy especialmente, a la instrucción del Ministerio de Justicia que permite la nacionalización de cualquier descendiente de exiliado español, ampliando los supuestos que la propia norma recoge. La situación derivada de esa ley y la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre paralizar las inscripciones en el censo exterior que no acrediten el exilio se ha convertido en el nuevo gran elemento de lucha política. Pero, en realidad, también ha abierto debates bastante más profundos. Según ha podido saber ABC, el partido de Alberto Núñez Feijóo está analizando una reordenación legislativa -la impulsará desde... Ver Más
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Flávio Bolsonaro acusa a los jueces del Supremo de Lula de "obstaculizar la democracia"
São Paulo, 16 sep (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil, acusó este miércoles a los jueces de la Corte Suprema nombrados por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de "obstaculizar la democracia". "Nadie aguanta más a los jueces de Lula en el Supremo perjudicando a Brasil, obstaculizando nuestra democracia", criticó el aspirante del ultraderechista Partido Liberal (PL) a los periodistas durante un viaje de campaña a Juazeiro do Norte, en el noreste del país. Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y al que los sondeos señalan como el principal rival de Lula en las elecciones, lamentó el "espectáculo" que se vivió el martes en el pleno de la corte, cuando varios de sus magistrados se gritaron, se insultaron y se levantaron el dedo para decidir si abrían una investigación contra su colega Alexandre de Moraes. De Moraes condujo el mediático juicio que llevó a prisión por intento de golpe de Estado a Jair Bolsonaro, actualmente inhabilitado y en prisión domiciliaria por motivos de salud. La animadversión de la extrema derecha hacia el popular magistrado empezó ya durante el mandato de Bolsonaro padre, cuando De Moraes pasó a investigar las campañas de difusión de noticias falsas sobre el proceso electoral y las instituciones democráticas. Desde entonces, la familia Bolsonaro declara que vive una persecución judicial liderada por De Moraes, en el Supremo desde 2017 tras ser postulado por el entonces gobernante liberal Michel Temer. Sin embargo, las sospechas sobre De Moraes surgieron a raíz de su presunta cercanía con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude financiero millonario y que tenía una relación contractual con el despacho de abogados de la esposa del juez, Viviane Barci. Con todo, el pleno del Supremo no llegó a ningún acuerdo el martes y la sesión fue aplazada a petición de uno de los jueces. La sesión sí puso de relieve que los dos jueces nombrados por Lula en este mandato, Flávio Dino, exministro de Justicia, y Cristiano Zanin, antiguo abogado personal del presidente, se inclinaron por investigar también al juez André Mendonça, nombrado por Jair Bolsonaro en 2021 y quien ha señalado las presuntas irregularidades de Moraes. "Lo que vimos ayer, desde mi punto de vista, es una esperanza del pueblo brasileño que todavía está viva porque, sin los magistrados de Lula en el Supremo, la democracia vive, Brasil vive, el Poder Judicial vive", expresó Flávio Bolsonaro. El senador, quien viene recortando su distancia con respecto a Lula en las encuestas y en algunos sondeos ya aparece liderando una eventual segunda vuelta, dijo que "con toda seguridad el próximo presidente de la República va a ser Flávio Bolsonaro" y calculó que nombrará a cinco nuevos jueces del Supremo de un total de 11 asientos. "Ahí ya no veremos más este espectáculo de intentar proteger a Alexandre de Moraes. Hoy, quien vota por Lula está votando por Alexandre de Moraes, pero esto tiene día y hora para acabar, que será a partir del año que viene", prometió. EFE
Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea: «¿Por qué alguien que nunca ha pisado España tiene derecho a votar?»
La Ley de Memoria Democrática, una de las grandes banderas para el Gobierno, amenaza con convertirse en un clavo ardiendo para Pedro Sánchez. Cuatro años después de su aprobación, el Tribunal Supremo ha intervenido para paralizar los efectos de la disposición conocida como 'ley de nietos', ante el «peligro real» de alterar seriamente el proceso electoral español. El PSOE todavía defiende su utilidad, aunque hay voces disonantes como la expresada este martes por Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y exministro de Exteriores socialista. En una entrevista con Xabier Fortes en el programa 'La Noche en 24h', Borrell ha entrado en el debate sobre los efectos de la llamada 'ley de nietos'. «Un señor... Ver Más
La Fiscalía reclama 25 años de cárcel para el matrimonio que aisló a sus hijos durante tres años en una casa de Oviedo
El Ministerio Público presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Leer
El Mundo•Efe16 sept
La Fiscalía recurre la sentencia que absolvió a unos padres de maltrato psicológico por aislar a sus hijos en una casa
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que absolvió del delito de violencia psíquica habitual a progenitores que mantuvieron aislados a sus hijos menores de edad durante más de tres años en una vivienda de Fitoria, en Oviedo, si bien confirmó la condena de los acusados por delito de abandono de familia. Así lo ha comunicado el Ministerio Fiscal a través de una nota de prensa en la que solicita una pena de 10 años de prisión para ellos y la prohibición de acercarse a los menores por los delitos de malos tratos psíquicos habituales en el ámbito familiar y de detención ilegal en concurso ideal con un delito de abandono de familia. La Fiscalía relata que, según los hechos probados, los dos acusados se encerraron durante más de tres años en una casa cercana a Oviedo, "sin permitir que sus tres hijos comunes, que en el momento del encierro en el año 2021 contaban con siete y cinco años de edad, salieran de la vivienda en ningún momento, compartiendo con ellos la idea de que podían sufrir un contagio". Así, relata que los menores permanecieron en esta situación de encierro hasta la intervención de la Policía y los servicios sociales y añade que la casa se encontraba "en condiciones insalubres" y que "los niños fueron privados de asistencia médica durante todo ese tiempo y nunca fueron escolarizados". Esta situación "afectó al desarrollo de los menores y generó dificultades de deambulación y un déficit en la adquisición de habilidades sociales que determinó un trastorno del desarrollo psicológico", indica. TRES DELITOS El Ministerio Público recuerda que la sentencia del TSJ de Asturias confirmó la condena de los acusados "por delito de abandono de familia y, estimando el recurso presentado por las defensas, les absolvió del delito de violencia psíquica habitual y mantuvo la absolución respecto de los tres delitos de detención ilegal por los que también se formulaba acusación". Del mismo modo, subraya que ese órgano judicial "desestimó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía" y estimó parcialmente el interpuesto por las defensas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo. El escrito de la Fiscalía del Supremo, firmado por el fiscal Álvaro Redondo, considera que los hechos constituyen un delito de malos tratos psíquicos habituales en el ámbito familiar, así como tres delitos de detención ilegal, y el ya sancionado delito de abandono de familia. Para el fiscal concurre, además, el delito de detención ilegal, y para ambos acusados, la circunstancia agravante de parentesco, añade la nota. "La fundamentación del recurso, por infracción de ley sustantiva, se basa exclusivamente en cuestiones estrictamente jurídicas a partir de los datos obrantes en el relato fáctico sin reconsideración probatoria alguna y en consideraciones jurídicas sobre la naturaleza del dolo exigido por el tipo penal aplicado", explica. Concretando que "del análisis de los hechos declarados probados se desprende que los mismos no son susceptibles, sin contradicción lógica y jurídica, de ser considerados un ejercicio de la función parental compatible con la dignidad, la integridad psíquica y el interés superior del menor".
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Sumar plantea una enmienda para dar rango de ley a la instrucción de la 'ley de nietos'
(Actualiza la NA3277 con el contenido de la enmienda) Madrid, 16 sep (EFE).- Sumar va a registrar una enmienda a una ley de educación para dar rango de norma a la instrucción de la 'ley de nietos' cuestionada por el Tribunal Supremo, que acaba de suspender las altas en el censo electoral hasta que los nacionalizados acrediten que descienden de exiliados españoles. El portavoz de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha anunciado en una rueda de prensa que tienen previsto registrar este mismo miércoles una enmienda al proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006 y la ley de 2019 de mejora de las condiciones del profesorado no universitario. El objetivo de esta enmienda, según ha explicado, es elevar a rango de norma la instrucción sobre la conocida como 'ley de nietos', que presume la condición de exiliados a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre del año 1955. "Lo que pretendemos claramente es que quede sin efecto esa sentencia del Tribunal Supremo que, infringiendo un derecho constitucional, ha privado del derecho de voto a españoles y a españolas sin cuestionar ni siquiera el derecho a la nacionalidad", ha dicho. "Puestos a hablar de presunciones", ha añadido, "lo mejor es que la presunción sea legal, que tenga un rango de ley y se acabe cualquier tipo de disquisiciones sobre la validez de una instrucción". La ley de memoria democrática de 2022, conocida como 'ley de nietos', permite obtener la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo. Con su decisión, el Tribunal Supremo ha dejado en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de esta ley hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles. En su enmienda, Sumar modifica una de las disposiciones adicionales de la 'ley de nietos' para señalar que "se presumirá la condición de exiliado" a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Para el diputado de IU, lo fundamental es "garantizar el derecho a voto de los españoles" e intentarán conseguirlo a través de la mencionada enmienda o introduciendo esta misma modificación en cualquier otra ley en tramitación en el Congreso que tenga "el suficiente rango normativo". EFE (video)(audio)
Peramato culmina la renovación de la fiscalía de Madrid tras el caso del fiscal general del Estado
José Luis García Juanes será el nuevo jefe de la provincia en sustitución de Pilar Rodríguez, que compareció como testigo en la causa de García-Ortiz y ahora está en el Supremo
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El nuevo fiscal provincial de Madrid, José Luis García-Juanes, toma posesión de su cargo
Madrid, 16 sep (EFE).- El nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, José Luis García-Juanes Guerrero, ha tomado posesión de su cargo este miércoles en un acto presidido por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. García-Juanes sustituye al frente de la Fiscalía Provincial a Pilar Rodríguez Fernández, quien ha ostentado ese cargo como desde 2020 hasta su nombramiento en junio como fiscal del Tribunal Supremo. Rodríguez se vio salpicada en la causa por la que fue condenado el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y si bien al inicio de la instrucción estuvo imputada, finalmente quedó exonerada. El nuevo fiscal jefe ha estado además acompañado por la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Isabel Martín López, quien sustituyó recientemente en ese cargo a la fiscal Almudena Lastra -que ha estado presente también en este acto- y la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Aurora de la Cueva Aleu. Durante la toma de posesión, Peramato ha destacado el “compromiso institucional, calidad humana y rigor jurídico” de García-Juanes, del que ha dicho que siempre ha entendido que dirigir "no significa ejercer la autoridad desde la distancia, sino ponerla al servicio de los demás”. La fiscal general ha destacado además que la Fiscalía Provincial de Madrid "no es solo la mayor Fiscalía de España. Es también una referencia para el conjunto de la institución por el volumen, complejidad y relevancia de los asuntos que asume diariamente. Su dirección exige experiencia, capacidad de organización, criterio jurídico y una acreditada vocación de servicio público. Son desafíos para los que José Luis llega especialmente preparado”. En su discurso, el nuevo fiscal jefe de Madrid ha recordado que, de los 37 años que lleva ejerciendo esta profesión, ha pasado 33 de ellos en esta Fiscalía. “Una Fiscalía desde luego enorme y complicada, por ser tantas personas y por la calidad y cantidad de sus asuntos” y como bagaje profesional ha recordado que ha ejercido como abogado, fiscal, decano y teniente fiscal. "En fin, que fui cocinero antes que fraile. Y así he llegado a conocer a los grandes profesionales que conforman esta Fiscalía y espero estar a la altura de esta nueva responsabilidad”, ha deseado. El nuevo fiscal jefe de Madrid es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia de España, por la UNED. Ingresó en la carrera fiscal el 13 de octubre de 1989. Su trayectoria comenzó en las fiscalías de Granada, Jaén y Toledo, antes de incorporarse a la entonces Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero de 1993, con adscripción permanente en Móstoles. Desde entonces, buena parte de su carrera se ha desarrollado en la Fiscalía madrileña, primero en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, tras el desdoblamiento de las Fiscalías Superior y Provincial, en la Fiscalía Provincial de Madrid.EFE
CGPJ convoca una plaza para ampliar la Sala Penal del Supremo en medio de la renovación de cuatro sillas por jubilación
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comunicado este miércoles la convocatoria de una nueva plaza para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene cuatro puestos pendientes de cubrir por la jubilación de varios magistrados en los últimos años. Según ha indicado en nota de prensa, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha acordado anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de cuatro plazas de magistrado para el Supremo: una en la mencionada Sala Segunda y otras tres --una por cada una-- en las de Civil, Contencioso-Administrativo y Social. La Sala de lo Penal, que es la encargada de investigar y juzgar a aforados, debía estar compuesta por 15 miembros, por lo que ahora pasa a 16. No obstante, la jubilación en 2023 de Miguel Colmenero y este año las de Ángel Luis Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo hace que, de momento y hasta que no se acuerde quiénes les sustituyen, vaya a estar integrada por menos magistrados. El CGPJ convoca esta nueva plaza a raíz de que el Gobierno la aprobara mediante un real decreto del pasado julio con el que impulsaba la creación de quinientas unidades judiciales. Por lo que respecta a las otras salas, el órgano convoca para la de lo Civil por la próxima jubilación del magistrado Rafael Sarazá; para la de lo Contencioso-Administrativo por la de José Manuel Bandrés, y para la de lo Social por la de Félix Vicente Azón.
Ayuso recurre ante el Supremo el decreto que prorroga el reparto forzoso de menas
La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende prorrogar el traslado forzoso de menores no acompañados entre comunidades autónomas. La Abogacía General lo presentó el pasado 1 de septiembre, por encargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y ya ha sido admitido a trámite. Con ese Real Decreto, el Ministerio de Juventud e Infancia fijó para este año el número de menores extranjeros no acompañados que puede atender cada comunidad y ciudad autónoma en su sistema de protección, y mantuvo el reparto obligatorio iniciado en 2025. Este sistema se estableció mediante el Real Decreto-ley 2/2025,... Ver Más
Sumar enmendará una ley educativa para blindar el derecho a voto de afectados por el auto del TS en la 'ley de nietos'
Sumar ha anunciado que registrará una enmienda a la Ley Orgánica de Educación que se tramita actualmente en el Congreso para garantizar el derecho a voto de los descendientes de exiliados y tratar de dejar sin efecto la suspensión cautelar del Tribunal Supremo para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos'. Así lo ha indicado el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, durante una rueda de prensa en el Congreso para desgranar que el objetivo de esta enmienda, aprovechando el cierre del plazo de las enmiendas parciales a esa norma, es elevar a rango de ley la instrucción que ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo, elevando así la condición de exiliados respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre del año 1955. "De esta forma lo que pretendemos claramente es que quede sin efecto esa sentencia del Tribunal Supremo que ha, sorprendentemente, infringido un derecho constitucional que ha privado del derecho de voto a españoles y a españolas, sin cuestionar ni siquiera el derecho a la nacionalidad", ha argumentado para incidir en que así se acabaría las dudas que pudiera tener el Supremo. Santiago ha insistido que el derecho de voto a los españoles solo se ha visto privado por "dictaduras" y que es algo "nunca visto en democracia" la suspensión cautelar elevada por el Supremo, máxime cuando ese voto tiene peso mínimo en el recuento total y por tanto no se va alternar el censo.
La Justicia tumba el decreto de normalización del euskera en la Administración vasca tras un recurso de Vox
El fallo aclara que la decisión es por defectos de forma —la insuficiencia de una memoria económica— y no por cuestiones de fondo Pradales apela a “fomentar el apego emocional positivo” hacia el euskera y a sacarlo del “ámbito del conflicto” La sección tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto para la normalización del euskera aprobado en febrero de 2024 por el Gobierno vasco, entonces con Iñigo Urkullu como lehendakari y Bingen Zupiria como consejero del ramo. La sala, compuesta por los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas, atiende un recurso de Vox pero aclara que la decisión es por defectos de forma —la insuficiencia de una memoria económica— y no por cuestiones de fondo. El fallo no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El texto, que venía respaldado expresamente por consejeros de PNV y PSE-EE, excluyó en su redacción definitiva algunos puntos espinosos que habían sido objeto de recursos judiciales en el pasado . Regula el impulso del euskera en la Administración vasca, incluidos los funcionarios de Lakua pero también organismos como la Ertzaintza y Osakidetza y sociedades públicas, unas 140.000 personas. Vox, con un solo escaño en el Parlamento Vasco, y el PP han recurrido de modo regular las normativas de impulso a la lengua vasca. En paralelo, colectivos de la denominada 'euskalgintza' y fuerzas como EH Bildu e incluso algunos sectores del PNV han denunciado una “ofensiva” contra el euskera. Esta resolución llega a pesar de que, en verano, el Tribunal Constitucional inadmitiera una cuestión de inconstitucionalidad del Superior vasco contra la ley de 2022 de la que emana este decreto, de nuevo por procedimiento instado por las derechas. En aquel momento, aunque se conocía que quedaban recursos pendientes, el Gobierno vasco dijo ver respaldada su política lingüística . Políticamente, el PNV promovió también un retoque de la norma de 2022 en busca de seguridad jurídica, aunque en esta ocasión sin consenso con los socialistas, su socio de Gobierno. Esa nueva ley requiere precisamente otro decreto en el que ya trabaja el Ejecutivo. Ahora Zupiria es consejero de Seguridad y la responsable de Política Lingüística es su compañera de gabinete Ibone Bengoetxea. ¿Por qué se anula el decreto? El Superior entiende que el Gobierno no atendió un informe con reparos de la Oficina de Control Económico, un órgano interno, que en un dictamen “amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para profanos” alertó de algunos problemas sobre las consecuencias financieras del reglamento. A partir de ahí, se afea al Gobierno que dijera que el decreto inicialmente no iban a tener repercusión económica y que luego presentara una memoria económica insuficiente. Se menciona, por ejemplo, que se “evidencia” la “ausencia de los necesarios créditos presupuestarios” para hacer frente a las exigencias. En definitiva, no entra como tal al fondo de la política lingüística o a valorar si las medidas de impulso del euskera son o no acertadas, sino a afear la forma de trabajar del Ejecutivo vasco.
elDiario.es•Iker Rioja Andueza16 septI
Supremo avala que herencia recibida y no repartida entre en el patrimonio del beneficiario
Madrid, 16 sep (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado que una herencia aceptada, aunque no liquidada ni repartida, se integre en el patrimonio del heredero en el caso de una viuda que dejó el tercio de libre disposición que recibió de su marido fallecido a un tercero. En una sentencia fechada el pasado 24 de julio a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo civil rechaza los recursos contra un fallo de la Audiencia Provincial de Asturias de junio de 2018 y resuelve un litigio entre los tres hijos de un matrimonio y el beneficiario del tercio de libre disposición legado por la madre. Lo que ha resuelto el alto tribunal es si el tercio de libre disposición que la mujer recibió de su marido formaba parte de su patrimonio, con lo que esa tercera persona tenía derecho a recibir un tercio del mismo, es decir, una novena parte de la herencia del primer marido. El marido falleció en 1977 y dejó a su mujer el tercio de libre disposición, además de pedirles a sus tres hijos que dejaran que su esposa disfrutara de la herencia mientras permaneciera viuda. Durante toda la vida de la mujer no se liquidó la sociedad de gananciales ni se realizó la partición de la herencia del marido disfrutando durante décadas de los bienes y sus rendimientos. La viuda falleció en 2013 y dejó en el testamento el tercio de libre disposición a un tercero y el resto a partes iguales entre los tres hijos que, tras su fallecimiento, se dispusieron a deshacer la sociedad de gananciales de sus padres y a adjudicarse la herencia de su padres sin contar con el legatario nombrado por su madre. Ahora, el Supremo confirma que una herencia recibida aunque no repartida se integre en el patrimonio del beneficiario, de modo que esa tercera parte puede reclamar sobre los derechos que esta había recibido de su marido, pese a que nunca se formalizara la partición. De este modo, los magistrados avalan que los derechos sucesorios aceptados por una persona pasan a formar parte de su patrimonio, aunque la herencia todavía no haya sido liquidada. Por tanto, esos derechos también deben de computarse para calcular su herencia. Como explica el socio director del despacho Navas & Cusí Juan Ignacio Navas, "era evidente que la mujer había aceptado tácitamente la herencia del marido aunque no hubiera reparto alguno", ya quE constan "actos que revelaron de forma clara, precisa e inequívoca la voluntad de aceptar". La mujer cobró durante años las rentas del patrimonio de su marido lo que para el Supremo son "actos de inequívoca significación jurídica" de aceptación de la herencia, algo que también había sido reconocido por los hijos. Lo relevante "no es que los bienes se hubieran adjudicado formalmente, sino que la viuda había aceptado el derecho y por tanto lo había incorporado a su patrimonio", añade Navas. "La resolución tiene especial relevancia para sucesiones encadenadas, herencias antiguas sin repartir y matrimonios cuya sociedad de gananciales permanece sin liquidar durante años", algo que ocurre con mucha frecuencia, explica Navas, que añade que "la falta de partición no elimina un derecho sucesorio ya aceptado". FECOM eyp/jmj
Sofía Puente, el poder en la retaguardia
Quienes la conocen, dicen de ella que es una mujer brillante e inteligente, que gusta de estar en un segundo plano desde el que controlar la situación, pero nunca en primera línea. Sofía Puente (Valladolid, 1970), fiscal y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pasado, sin embargo, a copar titulares tras la querella presentada y ampliada por Hazte Oír por presuntos delitos cometidos mientras ocupaba el cargo de directora general en el Ministerio de Justicia y después de que el Tribunal Supremo haya acordado suspender las altas en el censo electoral por la 'ley de nietos'. Sofía Puente habría alterado y ampliado «de forma deliberada» a través de una instrucción técnica -la directriz de octubre de 2022 que... Ver Más
Bolaños acusa al PP de promover "recorte masivo del derecho al voto" de los españoles por atacar la 'ley de nietos'
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este miércoles al PP de promover un "recorte masivo" del derecho al voto de 400.000 españoles beneficiados por la denominada 'ley de nietos'; mientras la diputada 'popular' Cuca Gamarra le ha reprochado las críticas lanzadas desde el Gobierno contra algunos jueces tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales para parte de los nacionalizados por esta norma. El Supremo acordó la pasada semana suspender cautelarmente el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, así como las nuevas altas, salvo que acrediten que descienden de exiliados españoles, atendiendo las medidas solicitadas por Vox e Iustitia Europa. Así, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Gamarra ha reprochado al Ejecutivo que no reaccionara ante la "invasión" de Ceuta con la misma "contundencia" con la que, a su juicio, está atacando al Tribunal Supremo por esta decisión. "Ustedes siempre son dóciles con Marruecos, vamos a saber seguro por qué, e implacables con todos aquellos que defienden nuestro Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley", ha afirmado. La diputada del PP ha recordado que, tras el auto del Supremo, desde el Gobierno se ha hablado de "salvajada", de "atropello democrático" y de "voluntad de un gobierno de lobos solitarios", y ha preguntado a Bolaños si, como ministro de Justicia, ampara unas declaraciones que, según ha sostenido, "comparan a jueces y magistrados con terroristas". Gamarra ha añadido que esa "agresividad sincronizada" y "ansiedad" del Ejecutivo demuestra, a su juicio, que ha visto "desvanecerse la última esperanza" que tenía para mantenerse en el poder. La dirigente 'popular' también ha acusado al Ministerio de Justicia de utilizar una instrucción para modificar lo establecido en una ley aprobada por el Parlamento, "ampliando el derecho a la nacionalidad y al voto a aquellos a los que la ley no se lo reconoce". "Si usted está tan convencido de que todo está hecho bien, ¿a qué teme? ¿No será que le hemos pillado?", ha preguntado a Bolaños. BOLAÑOS RECUERDA LAS PALABRAS DE FEIJÓO EN 2022 El ministro le ha respondido recuperando unas palabras pronunciadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en 2022 en las que defendía "materializar" el compromiso de impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles. "¿A usted este objetivo le parece digno? ¿Le parece legítimo? ¿Le parece de justicia?", ha preguntado. Bolaños sostiene además que la instrucción de 2022 dice "exactamente lo mismo" que la de 2008, relacionada entonces con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha explicado, aquella instrucción que desarrollaba la ley aplicaba la presunción de que las personas que habían salido de España entre 1936 y 1955 eran exiliados por motivos políticos o económicos. "¿Usted está a favor de que los descendientes de los españoles que salieron de nuestra patria como consecuencia de la dictadura y de la guerra sean nacionales españoles? ¿Sí o no?. Menos hipocresía, porque ustedes lo que están haciendo es un recorte masivo del derecho más sagrado en democracia, el derecho al voto de 400.000 españoles", ha remachado el ministro. "UNA HERMANA DE PUENTE NO ES EL PARLAMENTO" A continuación, Gamarra ha apuntado que lo que defendió en 2022 Feijóo es "digno y de justicia", pero ha recalcado que "una instrucción no es una ley". "Una directora general, por muy socialista y hermana de Óscar Puente que sea, no es el Parlamento", ha añadido. "En el censo electoral, que es sagrado en democracia, se entra porque lo dice la ley, no porque el Gobierno abra una puerta de atrás para que entren los que ustedes quieran", ha continuado la diputada 'popular', quien ha subrayado que las leyes y las instrucciones de 2008 y 2022 son diferentes y tienen efectos distintos. "¿Sabe lo que hoy sabemos ya todos los españoles? Que con ustedes no hay ley sin trampa", ha concluido. Bolaños ha cerrado el debate asegurando que el PP ha privado del voto a personas que participaron en las elecciones generales de 2023 y en elecciones autonómicas celebradas en 2026. "Son ustedes garantía de un recorte masivo de derechos, el más sagrado, el del voto, porque son ustedes la coalición reaccionaria", ha afirmado, para añadir que el Gobierno seguirá defendiendo que haya españoles "con los mismos derechos siempre". VOX: "QUIEREN SUSTITUIRNOS" El debate sobre la 'ley de nietos' ha vuelto a aparecer minutos después en el rifirrafe entre Bolaños y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. La diputada ha acusado al Gobierno de querer "sustituirnos" (a los españoles) con una ley "que aseguraba que no iba a alterar el censo y ahora sostiene que su suspensión sí tiene efectos sobre éste". Bolaños le ha respondido que comprende que al partido dirigido por Santiago Abascal esté "encantada de que haya 400.000 personas menos en España que no puedan votar" y les ha acusado de haber quitado el voto a personas que participaron en las generales de 2023 y en posteriores elecciones autonómicas. "Ustedes quieren una España donde haya españoles de primera y de segunda. Y ustedes quieren, si fuera posible, que no votara nadie", ha concluido el ministro.
Bolaños acusa al PP de promover "un recorte masivo del derecho al voto" de los españoles por atacar la 'ley de nietos'
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este miércoles al PP de promover un "recorte masivo" del derecho al voto de 400.000 españoles beneficiados por la denominada 'ley de nietos'; mientras la diputada 'popular' Cuca Gamarra le ha reprochado las críticas lanzadas desde el Gobierno contra algunos jueces tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales para parte de los nacionalizados por esta norma. El Supremo acordó la pasada semana suspender cautelarmente el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, así como las nuevas altas, salvo que acrediten que descienden de exiliados españoles, atendiendo las medidas solicitadas por Vox e Iustitia Europa. Así, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Gamarra ha reprochado al Ejecutivo que no reaccionara ante la "invasión" de Ceuta con la misma "contundencia" con la que, a su juicio, está atacando al Tribunal Supremo por esta decisión. "Ustedes siempre son dóciles con Marruecos, vamos a saber seguro por qué, e implacables con todos aquellos que defienden nuestro Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley", ha afirmado. La diputada del PP ha recordado que, tras el auto del Supremo, desde el Gobierno se ha hablado de "salvajada", de "atropello democrático" y de "voluntad de un gobierno de lobos solitarios", y ha preguntado a Bolaños si, como ministro de Justicia, ampara unas declaraciones que, según ha sostenido, "comparan a jueces y magistrados con terroristas". Gamarra ha añadido que esa "agresividad sincronizada" y "ansiedad" del Ejecutivo demuestra, a su juicio, que ha visto "desvanecerse la última esperanza" que tenía para mantenerse en el poder. La dirigente 'popular' también ha acusado al Ministerio de Justicia de utilizar una instrucción para modificar lo establecido en una ley aprobada por el Parlamento, "ampliando el derecho a la nacionalidad y al voto a aquellos a los que la ley no se lo reconoce". "Si usted está tan convencido de que todo está hecho bien, ¿a qué teme? ¿No será que le hemos pillado?", ha preguntado a Bolaños. BOLAÑOS RECUERDA LAS PALABRAS DE FEIJÓO EN 2022 El ministro le ha respondido recuperando unas palabras pronunciadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en 2022 en las que defendía "materializar" el compromiso de impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles. "¿A usted este objetivo le parece digno? ¿Le parece legítimo? ¿Le parece de justicia?", ha preguntado. Bolaños sostiene además que la instrucción de 2022 dice "exactamente lo mismo" que la de 2008, relacionada entonces con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha explicado, aquella instrucción que desarrollaba la ley aplicaba la presunción de que las personas que habían salido de España entre 1936 y 1955 eran exiliados por motivos políticos o económicos. "¿Usted está a favor de que los descendientes de los españoles que salieron de nuestra patria como consecuencia de la dictadura y de la guerra sean nacionales españoles? ¿Sí o no?. Menos hipocresía, porque ustedes lo que están haciendo es un recorte masivo del derecho más sagrado en democracia, el derecho al voto de 400.000 españoles", ha remachado el ministro. "UNA HERMANA DE PUENTE NO ES EL PARLAMENTO" A continuación, Gamarra ha apuntado que lo que defendió en 2022 Feijóo es "digno y de justicia", pero ha recalcado que "una instrucción no es una ley". "Una directora general, por muy socialista y hermana de Óscar Puente que sea, no es el Parlamento", ha añadido. "En el censo electoral, que es sagrado en democracia, se entra porque lo dice la ley, no porque el Gobierno abra una puerta de atrás para que entren los que ustedes quieran", ha continuado la diputada 'popular', quien ha subrayado que las leyes y las instrucciones de 2008 y 2022 son diferentes y tienen efectos distintos. "¿Sabe lo que hoy sabemos ya todos los españoles? Que con ustedes no hay ley sin trampa", ha concluido. Bolaños ha cerrado el debate asegurando que el PP ha privado del voto a personas que participaron en las elecciones generales de 2023 y en elecciones autonómicas celebradas en 2026. "Son ustedes garantía de un recorte masivo de derechos, el más sagrado, el del voto, porque son ustedes la coalición reaccionaria", ha afirmado, para añadir que el Gobierno seguirá defendiendo que haya españoles "con los mismos derechos siempre".
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Bolaños acusa al PP de querer llevar a cabo un "recorte masivo" del derecho al voto
Madrid, 16 sep (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este miércoles al PP de llevar a cabo un "recorte masivo del derecho más sagrado en democracia", como es el derecho al voto de 400.000 españoles afectados por la 'ley de nietos'. Bolaños ha respondido así a la diputada del PP Cuca Gamarra, que ha criticado las palabras de miembros del Ejecutivo sobre el auto del Tribunal Supremo que suspende los efectos en el censo de la 'ley de nietos'. "Tanta agresividad sincronizada, tanta ansiedad, lo que delata es que han visto desvanecerse la última esperanza que ustedes cobijaban para poderse mantener en el poder", ha reprochado. El ministro ha defendido que la instrucción aprobada por Justicia dice "exactamente lo mismo" que otra instrucción aplicada en 2008 por el Gobierno de Mariano Rajoy. "No hicieron ustedes nada y aplicaron la presunción de que las personas que habían salido de España desde el año 36 al año 55 eran exiliados o por motivos políticos o por motivos económicos", ha señalado. Ahora -ha denunciado- han privado de voto a personas que votaron en las generales del 23, que han votado en las autonómicas de 2026. "Son ustedes garantía de un recorte masivo de derechos, el más sagrado: el del voto", ha espetado. Y ha emplazado a la diputada del PP a explicar si su partido está a favor o no de que los descendientes de los españoles que salieron de su patria como consecuencia de la dictadura y de la guerra sean nacionales españoles. "Porque ustedes se están alegrando de privar del derecho a voto a 400.000 personas tan españolas como usted y como yo... Lo que están haciendo es un recorte masivo del derecho más sagrado en democracia: el derecho al voto de 400.000 españoles". Por su parte, Gamarra ha apuntado que en el censo electoral "se entra porque lo dice la ley, no porque el Gobierno abra una puerta de atrás para que entren los que ustedes quieran". También desde Vox, Pepa Millán ha acusado al Gobierno de llamar "terroristas a los jueces del Supremo por paralizar el pucherazo que tenían preparado". "Lobos solitarios son los que nos han metido ustedes en Ceuta y por eso los españoles ya odian a este Gobierno más de lo que el Gobierno les odia a ellos. De ahí su intención de querer sustituirnos con una ley que no iba a alterar el censo y ahora resulta que sí que lo hace", ha reprochado. Bolaños ha lamentado que a Vox "le gustaría que hubiera 50 millones de españoles que no pudieran votar". "Ustedes quieren una España donde haya españoles de primera y de segunda, y ustedes quieren, si fuera posible, que no votara nadie. Pero aquí está el Gobierno progresista para evitarlo, su ataque y el del PP". EFE
Sánchez ve una "vergüenza" la suspensión de 'ley de nietos" y acusa a PP y Vox de querer quitar voto a 400.000 españoles
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que es una "vergüenza" la suspensión de la llamada 'ley de nietos', que reconoce la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles, y ha acusado a PP y Vox de querer quitar el voto a "400.000 españoles". Así se ha pronunciado en el Pleno del Congreso después de que el Tribunal Supremo haya suspendido cautelarmente --hasta que dicte sentencia-- el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la 'ley de nietos', así como nuevas altas en el mismo, salvo que acrediten que descienden de exiliados españoles. En su pregunta a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Feijóo se ha quejado de que el Gobierno no agilice las devoluciones de los inmigrantes irregulares que entraron en Ceuta a finales de julio y le ha recalcado que "para dar nuevas nacionalidades" se "incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas". "Para la regularización masiva, 550 personas. Para Ceuta, 50 y 20 ordenadores. "¿Es así como piensa usted gestionar las 13.000 devoluciones?. Que prisas para algunas cosas y que parsimonia para otras", ha denunciado el jefe de la oposición. "NO HAY QUE TEMER EL VOTO" El presidente del Gobierno se ha agarrado a esas palabras de Feijóo para arremeter contra PP y Vox tras la decisión del Tribunal Supremo, que decidió la semana pasada atender las peticiones de la formación de Santiago Abascal e Iustitia Europa y paralizar de forma cautelar el censo de la 'ley de nietos'. "Ha mencionado la Ley de Memoria Democrática y la suspensión del derecho al voto a 400.000 españoles y españolas. Es una vergüenza, señor Feijóo. Es una vergüenza. Por tener candidatos de tercera, ustedes pretenden tener ciudadanos de primera o de segunda", ha enfatizado. Dicho esto, el presidente del Gobierno ha advertido al PP de que "no hay que temer el voto" sino que "hay que temer a quien se lo quiere quitar" que, a su juicio, es el Partido Popular y "la ultraderecha de Vox". Además, el presidente del Gobierno ha recalcado a los diputados del Grupo Popular y de Vox que "por supuesto que Ceuta va a salir reforzada de esta crisis gracias al apoyo del Gobierno y a pesar de la oposición".
CC tacha de elucubración la tesis del chantaje de Marruecos a Sánchez: Lo grave y probado es que no blindó la frontera
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha asegurado este miércoles que no tiene "ninguna prueba" de que el Gobierno de España esté siendo chantajeado por Marruecos y ha recalcado que, hasta el momento, "nadie lo ha podido demostrar", y lo que sí considera probado es que el Gobierno no blindó la frontera de Ceuta pese a conocer los avisos: "Lo demás son elucubraciones". En declaraciones en los pasillos del Congreso, Valido ha subrayado que la atención debe centrarse en que tanto Marruecos como España disponían de información sobre lo que estaba ocurriendo tras la sentencia del Tribunal Supremo y, pese a ello, "no blindaron las fronteras" antes de la entrada irregular de miles de inmigrantes en Ceuta a finales de julio. "Eso es lo que en este momento yo creo que nos debe preocupar, porque es el asunto más grave. Lo demás son elucubraciones", ha añadido Valido en los pasillos del Congreso antes del Pleno. CRITICA AL GOBIERNO POR LA ATENCIÓN A MENORES Preguntada también por el millar de menores migrantes que continúan en Ceuta tras la crisis, la parlamentario ha calificado de "increíble" que el Gobierno siga sosteniendo que su atención corresponde a la ciudad autónoma cuando se trata de un número de menores que Ceuta "no puede atender de ninguna manera". Valido ha comparado esta situación con lo vivido en los flujos de inmigración irregular que ha llegado a Canarias en los últimos años y ha tachado de "intolerable" que, cuando "las cosas se ponen feas", el Ejecutivo atribuya la responsabilidad a la comunidad autónoma. "Ceuta no puede hacerse cargo de los miles de menores que han pasado la frontera por negligencia del Gobierno de España y del Gobierno de Marruecos", ha afirmado, reclamando al Ejecutivo central que deje de "tirar balones fuera cuando le conviene".