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La UCO solicita al juez bloquear cuentas de empresas portuguesas de Aldama y su socio en el 'caso hidrocarburos'
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, que ordene el bloqueo de cuentas bancarias de empresas en Portugal del conseguidor Víctor de Aldama y de su socio Claudio Rivas, los principales imputados en la causa. Así consta en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los agentes indican al juez que, "si lo viera pertinente", se informe del saldo total bloqueado en las cuentas tituladas por las mercantiles y, "en caso de no haber procedido al bloqueo de las mismas", se haga de modo "inmediato" con los fondos depositados. Los investigadores dirigen su petición de bloqueo e información sobre varias empresas de Aldama radicadas en el país vecino: Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada o Cuboflamejante. Respecto a la primera, apuntan a que es receptora de fondos por parte de la estructura empresarial española, detectando 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 euros desde Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 de Casmar Hidrocarburos. También señalan a las otras dos mercantiles de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas' a prisión que no ha pisado por su colaboración, como receptoras de dinero "procedentes de mercantiles pertenecientes a la estructura conformada en Portugal". En cuanto a Rivas, la UCO indica que EF Iber Combustiveis es receptora de fondos de la estructura española, detectando salidas de capital desde España de 111.000 euros de Villafuel --epicentro de la presunta trama-- y 3.169.131 desde la "matriz" Still Growing. Y expone que el análisis de las cuentas españolas tituladas por Villafuel ha permitido identificar la salida de 36.321.675 euros cuyo destino eran las cuentas portuguesas de la misma empresa, si bien el estudio de la información aportada por autoridades portuguesas ha detectado la entrada de 50.316.663 euros a la cuenta portuguesa, no habiendo podido identificación del origen de los otros 14 millones. Además, los agentes describen que el estudio de las cuentas portuguesas aportadas por ahora ha permitido identificar diferentes operativas realizadas con dinero transferido, entre las que mencionan el retorno de los fondos a mercantiles españolas, adquisición de criptomonedas y la transferencia a terceros países como China. MÁS DE 78 MILLONES EN PORTUGAL La UCO señala que Villafuel, "valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos", comenzó a adquirir "otros operadores" y, "ficticiamente, simuló su transmisión a siete empresas" que actuaron "bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio". Así, continúa la Guardia Civil como contexto de su oficio, una de las principales líneas de la investigación seguida se basa en indagar en "los canales de blanqueo empleados para el alejamiento y transformación de los presuntos fondos obtenidos ilegalmente". Inicialmente, identificaron sociedades y cuentas bancarias en Portugal que actuaban "como receptoras de fondos procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude" lo que habría permitido a los "miembros directivos" de la supuesta trama "transferir y ocultar 68.656.852 euros de procedencia delictiva, hasta cuentas contratadas" en ese país. Después de varias órdenes europeas de investigación, los agentes identificaron "flujos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la operadora y de las suministradoras hasta cuentas bancarias de mercantiles portuguesas, incrementando la cantidad cuantificada inicialmente hasta los 78.318.349,48 euros". La Guardia Civil recuerda que investiga la actividad de los integrantes "de una presunta organización criminal que, con autorización para operar en el mercado de los hidrocarburos, realizaban operaciones comerciales asociadas a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública al eludir el pago de los impuestos correspondientes, y otras orientadas a posibilitar el blanqueo de los capitales obtenidos". Una organización cuya estructura empresarial estaba encabezada por Villafuel y "otras vinculadas al sector estratégico de los hidrocarburos" controladas "directa e indirectamente por Claudio Rivas" que habría cometido, entre 2022 y 2024, presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo que la investigación sitúa en más de 200 millones de euros.
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