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Abogacía del Estado

Organización · 13 artículos
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7 fuentesEl MundoEl PaísEuropa PressInfobaeelDiario.es
22 sept

El Gobierno recurre la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos': "Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo"

La Abogacía del Estado argumenta que "no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes" por la aprobación de esta ley Leer

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4 fuenteshace 8 h

Sanidad pide la actuación de la Abogacía del Estado para obligar a Madrid a crear el registro de objetores al aborto

2 fuentes22 sept

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La extraña muerte de Quino, el perro que fue un héroe en Venezuela y desató una ola de solidaridad tras regresar a Valencia con hemorragias

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Madrid dice estar cumpliendo con el mandato de la Justicia sobre el registro de objetores

Madrid, 23 sep (EFE).- El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha señalado este miércoles que el Ejecutivo está "cumpliendo" con la orden del pasado marzo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que obligó a iniciar los trámites para crear el registro de objetores de conciencia al aborto. "Estamos cumpliendo con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", ha sentenciado García Martín durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser preguntado por las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ayer solicitó a la Abogacía del Estado llevar a cabo "todas las medidas que sean oportunas" para obligar a Madrid a culminar el trámite. El portavoz ha reivindicado que el Gobierno regional "siempre protege la vida" y el derecho a la objeción de conciencia, aunque ha defendido que su intención es hacerla "compatible" con prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que decidan abortar. Asimismo, García Martín ha acusado a García de "utilizar el ministerio de Sanidad para atacar a la Comunidad de Madrid" y de "tener en pie de guerra" a todos los médicos del país". "Mientras que siga siendo ministra es un peligro ara la salud publica de este país", ha resaltado. EFE

InfobaeInfobae•Newsroom Infobaehace 10 h

El Gobierno rebate las cifras del Supremo: los 'nietos' nacionalizados son 168.896, menos de la mitad de lo asumido por los jueces

Los magistrados dieron por válidas las cifras de Iustitia Europa y Vox, que argumentaron que el censo exterior había sufrido un incremento global de 408.262 electores desde las elecciones de 2023 El Gobierno carga contra los “excesos” del Supremo con la ley de nietos y dice que “nadie puede predecir” a quién votarían “Tal crecimiento [del censo exterior] genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. Este fue el principal argumento con el que el Tribunal Supremo acordó el pasado 8 de septiembre limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. A juicio de los magistrados, la ley de nietos había propiciado un “excepcional” incremento de las personas con derecho a voto y eso podría generar un “daño irreversible”. Dos semanas después de esa decisión, el recurso en el que la Abogacía del Estado pide revertir esta decisión pone entredicho las cifras que sustentan esta polémica resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. En su fallo, los magistrados asumieron las cifras de los denunciantes —Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa—, que basaron sus impugnaciones en el incremento global de 408.262 electores que el censo exterior había sufrido desde las elecciones de 2023. Las certificaciones oficiales de la Dirección General de Españoles en el Exterior aportadas por los servicios jurídicos del Estado evidencian que el volumen real de electores inscritos bajo la cuestionada “presunción general de exilio” asciende a 168.896 personas a 31 de agosto de 2026. Es menos de la mitad de la cifra que toman los jueces como referencia. Esta diferencia obedece a que los denunciantes tomaron como referencia el incremento global del censo exterior, donde están inscritos todos los españoles que viven de forma permanente en el extranjero. En su recurso, la Abogacía del Estado cuantifica en 369.017 los nacionalizados en virtud de esta ley a través de cuatro supuestos legales distintos, pues la norma, además de a los nietos de quienes “salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955” otorga la nacionalidad a otros descendientes de españoles. Es el caso, por ejemplo, de los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, los hijos mayores de edad de quienes ya obtuvieron la nacionalidad por la ley de 2007 o la de 2022 o la consolidación de la nacionalidad de origen sobrevenida. Una influencia “ínfima” Basándose en esa cifra de 168.896 electores nacionalizados a través de la instrucción sobre la que ha puesto el foco el Supremo, la Abogacía del Estado considera “erróneo” y “ficticio” el supuesto peligro electoral. El recurso aplica esa cifra a la participación histórica del voto exterior en las elecciones generales, que ronda el 8% y estima en 14.120 los votantes potenciales. Se trata, según estos cálculos, del 0,06 % de los votos emitidos. Es, a su juicio, una influencia “ínfima” y que, a su juicio, no permite concluir la existencia del riesgo de alteración del proceso electoral en el que el Supremo basó su decisión. “No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo (...). Y aun en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia. Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo, y en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática”, recoge el escrito.

elDiario.eselDiario.es•Elena Herrera22 sept
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Sanidad pide a la Abogacía que obligue a Madrid a hacer el registro de objetores al aborto

Madrid, 22 sep (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha solicitado a la Abogacía del Estado que "lleve a cabo todas las medidas que sean oportunas" para obligar a Madrid a culminar el registro de objetores al aborto, tal y como ya le ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de marzo. "A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales de la creación del registro", ha denunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de una nueva campaña del aborto. Junto a Madrid, hay otras dos comunidades, Andalucía y Baleares, que "también van lentas en el proceso" de creación del registro, pero a ellas no se les envió el requerimiento puesto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue la única que se negó públicamente a hacerlo. "Seguimos recabando los datos y esperando que nos pasen de esos registros que faltan, sabiendo que la Comunidad de Madrid lo ha empezado de alguna manera obligada, pero que parece ser que no tiene ninguna intención", ha lamentado. Por ello, el Ministerio ha solicitado a la Abogacía del Estado que lleve a cabo "todas las medidas que sean oportunas para obligar a Madrid a cumplir la ley" y las cautelares que le impuso el TSJM en marzo. Con el título "Todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública", la campaña presentada este martes tiene como objetivo combatir la culpa y los juicios que todavía rodean a la interrupción voluntaria del embarazo y reivindicar el derecho a recibir información, acompañamiento y una atención sanitaria respetuosa con la decisión de abortar. "No hay una sola forma de vivir y de contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca respeto", ha señalado la ministra, que ha precisado que "hay mujeres que sienten alivio", otras que "sienten tristeza. Hay quienes tienen dudas y quienes lo tienen claro desde el principio", pero todas "merecen ser escuchadas y atendidas con el mismo respeto". Pero la campaña también interpela también a quienes tienen la responsabilidad de garantizar este derecho dentro del sistema sanitario, las comunidades. En 2024, casi ocho de cada diez abortos se realizaron en centros privados, el 99 % en la de Madrid. "La sanidad pública debe estar preparada para atenderte cuando quieres ser madre, durante tu embarazo y tu parto, y también cuando decides interrumpir un embarazo", ha zanjado García. EFE (Foto)(Vídeo)(Audio)

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae22 sept

Sanidad pide la actuación de la Abogacía del Estado para obligar a Madrid a crear el registro de objetores al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este martes de que su departamento ha solicitado a la Abogacía del Estado que lleve a cabo "todas las medidas que sean oportunas para obligar" a la Comunidad de Madrid a "cumplir la ley" y crear el registro de profesionales objetores al aborto. "Los tribunales le dijeron a la Comunidad de Madrid que tenía que crear el registro de objetores. A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales del registro", ha señalado García en referencia a la resolución que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió en marzo. Dicha decisión imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para la elaboración y aprobación del registro y se adoptó en el marco de un recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado contra la inactividad de la administración autonómica en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La titular de Sanidad ha avanzado esta nueva solicitud a la Abogacía del Estado durante la presentación de una nueva campaña que busca combatir el estigma y la culpa que rodean al aborto y reivindicar el derecho a interrumpir el emberazo en la sanidad pública. García ha afirmado que esta campaña también interpela a quien tiene la responsabilidad de garantizar dicho derecho y ha recordado que, en 2024, casi ocho de cada 10 interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, tras lo que ha puntualizado que en la Comunidad de Madrid, dicha cifra se elevó al 99 por ciento de casos. "Esto es un dato que muestra cuánto nos queda por avanzar para que esta prestación forme parte de la atención habitual de nuestra atención sanitaria en la sanidad pública", ha aseverado para detallar que esto exige organización, formación, profesionales suficientes, circuitos claros, información sobre los métodos disponibles y una atención adecuada. "Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. La objeción de conciencia, que es un derecho individual, debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo. Y el sectarismo de un gobierno autonómico nunca puede convertirse en un obstáculo para ejercer un derecho que está reconocido por ley", ha destacado. 'TODO ESTARÁ BIEN' "Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas y decidas lo que decidas. Todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública", destaca el vídeo de la nueva iniciativa. García ha señalado que, cuando una mujer entra en un centro de salud para decir que quiere abortar, debería encontrar "información clara, un profesional que la escuche y un camino fácil para recibir la atención que necesita". "Sin embargo, todavía hay mujeres que encuentran preguntas que las hacen sentirse culpables", ha lamentado. Por ello, ha subrayado que esta campaña busca abordar este tipo de situaciones y trasladar a las mujeres que "tienen derecho a decidir y que la sanidad pública tiene la obligación de acompañarlas", enfatizando que, en cualquier caso, "todo estará bien". "No hay una sola forma de vivir y de contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca la pena. Hay mujeres que sienten alivio. Hay mujeres que sienten tristeza. Hay quienes se sienten culpables. Hay quienes lo tienen claro desde el principio. Una mujer incluso puede atravesar por emociones diferentes y todas merecen ser escuchadas y ser atendidas con el mismo respeto", ha resaltado. En esta línea, ha abogado por hablar "con naturalidad" de que "decidir abortar está bien", al tiempo que ha afirmado que las mujeres también pueden decidir guardarlo en su intimidad y pedir apoyo "antes, después o durante". "La sanidad pública debe ofrecer una certeza y es que tienes derecho a recibir atención y a que se respete tu decisión. Porque tienes derecho a abortar y tienes derecho a hacerlo en la pública y puedes decidir abortar o puedes decidir no hacerlo. Pero decidas lo que decidas, todo estará bien", ha concluido.

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae22 sept

El Ministerio de Sanidad lanza la primera campaña sobre el aborto en democracia: "Tienes derecho a hacerlo en la pública"

El departamento dirigido por Mónica García ha pedido a la Abogacía del Estado que obligue al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a crear el registro de objetores de conciencia que le ha exigido la Justicia, según ha informado en la presentación del spot Más de 40 años después de que España despenalizara el aborto por primera vez en tres supuestos y tras 26 años de vigencia de la ley que garantizó el aborto libre, el Ministerio de Sanidad ha lanzado por primera vez una campaña sobre este derecho. Bajo el epígrafe “Tienes derecho a abortar y a hacerlo en la pública”, el departamento dirigido por Mónica García pretende poner el foco en la libertad de las mujeres para decidir interrumpir su embarazo. “Esta campaña nace para decirles que tienen derecho a decidir y la sanidad pública tiene la obligación de acompañarlas”, ha afirmado la ministra en la presentación. El vídeo del spot, que se emitirá “próximamente” en medios de comunicación, muestra a una mujer joven que mira a cámara y recuerda que, ante un embarazo, todas las posibilidades “estarán bien”. “Quizás te ilusiones y lo hables con tu familia o quizás no. Quizás lo tengas claro o quizás no. Quizás quieran hacerte sentir culpable o te apoyen en el camino. Entonces, quizás decidas tenerlo o quizás no. Quizás decidas abortar. Y estará bien”, afirma la protagonista del anuncio. “No hay una sola forma de vivir y contar el aborto. Hay quienes sienten alivio, tristeza, dudas o quienes lo tienen claro. Cada mujer tiene derecho a vivir experiencia sin que nadie le imponga cómo”, ha sostenido la titular del Ministerio, que cree que es importante “decir con naturalidad” que se puede decidir abortar. Y que así lo garantiza la ley. Por eso la campaña también interpela a las administraciones públicas autonómicas, que deben posibilitar que la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en centros de la sanidad pública, algo que no ocurre en la mayoría de los casos: según los últimos datos, en 2024 el 78% de los abortos se practicó en clínicas privadas concertadas. A juicio de Mónica García, las cifras evidencian “lo que queda por avanzar” en relación a una situación que es “especialmente grave” en algunas comunidades autónomas “como la Comunidad de Madrid, que realizó el 99% de abortos en centros privados”. La estadística revela que esta y otras cuatro comunidades —Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura— practicaron menos de un 1% de IVE en la pública. “La sanidad pública debe estar preparada para atenderte cuando estás embarazada, pero también cuando decides interrumpirlo”, ha apuntado la ministra. Para ello, la ley establece que las comunidades deben poner en marcha registros de objetores de conciencia para poder organizar el servicio conociendo quiénes no van a practicar abortos. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha resistido a la medida hasta el punto de que, tras un requerimiento del Ministerio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la presidenta el pasado marzo que lo activara como medida cautelar. Según García, a 1 de septiembre el Ministerio “ha comprobado” que la Comunidad de Madrid “no ha avanzado más allá de los trámites iniciales”, por lo que ha solicitado a la Abogacía del Estado que “lleve a cabo todas las medidas adecuadas para exigir a Madrid” el cumplimiento de la ley.

elDiario.eselDiario.es•Marta Borraz22 sept

La Abogacía del Estado ve imposible revisar 170.000 expedientes de la ley de nietos antes del 1 de enero

La Abogacía del Estado ha presentado un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la paralización de las inscripciones en el censo electoral de los beneficiados por la ley de nietos. En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, los servicios jurídicos del Estado denuncia que la paralización del Supremo impone la privación absoluta del derecho fundamental al sufragio activo de cientos de miles de personas. Además, denuncia que esta suspensión se ha llevado a cabo de forma masiva sin conceder trámite de audiencia ni permitir la participación procesal de los ciudadanos afectados. La Abogacía advierte, además, de que la inscripción censal no es un procedimiento sujeto a «calificación previa» por parte de la Administración electoral, sino... Ver Más

ABCABC•(abc)22 sept

El Gobierno carga contra los “excesos” del Supremo con la ley de nietos y dice que “nadie puede predecir” a quién votarían

La Abogacía del Estado recurre la decisión del Alto Tribunal de limitar el derecho al voto de los descendientes de represaliados y acusa a los magistrados de suspender derechos por una instrucción que nadie impugnó La fórmula para dar la nacionalidad que cuestiona el Supremo en la ley de nietos se aplicó sin polémica en 2008 La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, los servicios jurídicos del Estado cuestionan los “excesos” de los magistrados, que se basaron en la existencia de un supuesto “peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afectara a las elecciones para impedir votar a estos descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. La Abogacía del Estado denuncia que la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo “excede los límites propios del incidente cautelar” y se pronuncia sobre la “legalidad” de una instrucción “que no ha sido impugnada en este proceso” y sobre cuya validez no se pueden pronunciar. Se trata de la instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó en 2022 y que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La clave es que partido extraparlamentario Iustitia Europa y Vox no recurrieron ante el Supremo el contenido de esa instrucción, sino el acuerdo de la Junta Electoral Central que declaraba su falta de competencia para examinar su contenido. Los jueces, sin embargo, fallaron que el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener en el censo solo a quienes puedan acreditar documentalmente que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. En su recurso, la Abogacía del Estado defiende que el Supremo se ha excedido en sus competencias al abordar la validez de una instrucción que no ha sido recurrida y que es firme desde hace años. E insiste en que la sentencia que se dicte “podrá anular” el citado acuerdo de la Junta Electoral, pero “nunca podrá anular o limitar los efectos” de cada concesión de nacionalidad concedida y que no ha sido impugnada en este procedimiento. En este sentido, recuerda que enjuiciar la validez de los títulos de concesión de la nacionalidad no es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino de la jurisdicción civil. Además, considera que el auto impugnado excede los límites propios del incidente cautelar, pues hace un “juicio anticipado” sobre el fondo del asunto dado que impone a la Junta Electoral un comportamiento que coincide, en lo esencial, con el contenido de la pretensión de fondo de Iustitia Europa y Vox, que consistía en impedir votar a estas personas. 168.896 nacionalizados con la instrucción Por otro lado, el recurso de la Abogacía del Estado también trata de desmontar el cálculo del tribunal, que basó la existencia de un supuesto riesgo electoral en el hecho de que desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026 el número de electores que figura en el censo de quienes votan fuera de España se había incrementado en 408.262 personas. Así, los servicios jurídicos del Estado rebajan a 168.896 las personas que accedieron a la nacionalidad a través de esa presunción de exilio que recoge la instrucción para los descendientes de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El recurso aplica esa cifra a la participación histórica del voto exterior en las elecciones generales, que ronda el 8% y estima en 14.120 los votantes potenciales. Se trata, según estos cálculos, del 0,06 % de los votos emitidos. Es, a su juicio, una influencia “ínfima” y que, a su juicio, no permite concluir la existencia del riesgo de alteración del proceso electoral en el que el Supremo basó su decisión. “No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo (...). Y aun en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia. Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo, y en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática”, recoge el escrito.

elDiario.eselDiario.es•Elena Herrera21 sept
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Exonerados los consejeros no ejecutivos de Banco de Valencia en el juicio por Grand Coral

Madrid, 15 sep (EFE).- Una veintena de consejeros no ejecutivos de Banco de Valencia y Bancaja han sido exonerados este martes en el juicio por la operación de Banco de Valencia en México, el caso Grand Coral, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la abogacía del Estado hayan retirado todos los cargos. La investigación de Grand Coral se inició a raíz de una denuncia presentada por Bankia Habitat a finales de 2013 por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre 2005 y 2009 que ocasionaron, según Anticorrupción, un perjuicio estimado de 750 millones de euros. En la primera sesión del juicio, que comenzó ayer, varios de los principales acusados -el ex consejero delegado de la entidad Domingo Parra, los empresarios Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens y el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo- reconocieron los hechos. Este martes, los cuatro han ratificado su conformidad y han asegurado que la veintena de consejeros no ejecutivos inicialmente acusados no estaban al tanto de los detalles de las operaciones inmobiliarias, tras lo cual la Fiscalía y la Abogacía del Estado han retirado sus acusaciones. Izquierdo ha explicado que la información de la que disponían dichos consejeros no ejecutivos "era lo que les presentaba el comité de Riesgos", pero no estaban al corriente de las particularidades de las operaciones y los préstamos. Entre las operaciones sospechosas se sitúan el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, que se saldó con una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares sufragados por Bancaja y Banco de Valencia, que fueron trasferidos a sus cuentas en Andorra en una maniobra que podría ser constitutiva de blanqueo. EFE

InfobaeInfobae•Newsroom Infobae15 sept