Comunidad Madrid: Madrid insiste a Mónica García en que cumple "taxativamente" con lo pedido por el TSJM sobre el registro del aborto
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados por el Ayuntamiento de Madrid contra varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declararon la nulidad de pleno derecho de la ordenanza reguladora de la Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos de competencia municipal, aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 23 de diciembre de 2024. En diversos autos, a los que tuvo acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y ha acordado la tramitación preferente del recurso. Las sentencias que declararon la nulidad de pleno de derecho de la ordenanza fueron dictadas al estimar los recursos de varias organizaciones, fundaciones y entidades, entre ellas el Grupo Municipal de Mas Madrid. La controversia se centra en que durante el periodo de información pública se publicó el Informe Técnico-Económico utilizado para justificar la tasa, pero no se hicieron públicos los anexos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, que integraban un estudio externo sobre la generación de residuos de las actividades económicas en Madrid. Estos documentos incluían, entre otros aspectos, la memoria técnica, el diseño de la muestra, la metodología empleada y el informe final. El TSJM consideró que la ausencia de documentación planteaba una cuestión sustancial, ya que esos anexos contenían la metodología utilizada para atribuir la generación de residuos a los distintos usos y para establecer la tarifa por generación. El tribunal señaló que la documentación externa resultaba fundamental para la imputación de residuos a inmuebles residenciales y no residenciales, la agrupación de distritos en zonas homogéneas y, finalmente, la determinación de las tarifas. INTERÉS CASACIONAL En los autos, el Supremo considera que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia respecto de tres cuestiones referidas al trámite de información pública de las ordenanzas fiscales que regulen las tasas previstas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuando incorporen sistemas de pago por generación. En los autos de admisión a trámite, el tribunal indica que la cuestión planteada en estos recursos ostenta una evidente trascendencia que aconseja su tramitación prioritaria y su señalamiento para deliberación, votación y fallo con carácter preferente. El Supremo deberá ahora fijar doctrina sobre estas cuestiones y resolver el recurso del Ayuntamiento frente a la sentencia del TSJM. El auto acuerda además que las actuaciones sean remitidas a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para su tramitación y resolución preferente. RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid presentaron recurso de casación contra la sentencia que declaró ilegal la tasa de recogida de residuos del Consistorio. Dicha sentencia, han trasladado fuentes municipales a Europa Press, "cuestionaba la ausencia de un anexo en el proceso pero no entraba en el fondo". La decisión de interponer recurso se hizo para "defender el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid", que a juicio del Consistorio "hicieron una tramitación correcta del expediente". En cuanto a la devolución de los importes, el Ayuntamiento ya anunció que hará lo que dice la ley y la sentencia pues la Jurisprudencia marca límites para la devolución del dinero cuando se trata de la anulación de disposiciones de carácter general. La ley dice en la misma línea que cuando los actos administrativos son firmes no cabe la devolución. Además la sentencia, han recordado las mismas fuentes, recoge expresamente que no cabe la devolución a todas aquellas situaciones que son firmes ya en vía administrativa y que no han sido susceptibles o no son susceptibles de recurso. Desde el equipo de José Luis Martínez-Almeida han reiterado que esta situación acabará cuando "todos los grupos del Ayuntamiento soliciten juntos la retirada de esta tasa, cuestión que se niegan a hacer los partidos de la izquierda".
Madrid, 23 sep (EFE).- El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha señalado este miércoles que el Ejecutivo está "cumpliendo" con la orden del pasado marzo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que obligó a iniciar los trámites para crear el registro de objetores de conciencia al aborto. "Estamos cumpliendo con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", ha sentenciado García Martín durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser preguntado por las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ayer solicitó a la Abogacía del Estado llevar a cabo "todas las medidas que sean oportunas" para obligar a Madrid a culminar el trámite. El portavoz ha reivindicado que el Gobierno regional "siempre protege la vida" y el derecho a la objeción de conciencia, aunque ha defendido que su intención es hacerla "compatible" con prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que decidan abortar. Asimismo, García Martín ha acusado a García de "utilizar el ministerio de Sanidad para atacar a la Comunidad de Madrid" y de "tener en pie de guerra" a todos los médicos del país". "Mientras que siga siendo ministra es un peligro ara la salud publica de este país", ha resaltado. EFE
Madrid, 22 sep (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha solicitado a la Abogacía del Estado que "lleve a cabo todas las medidas que sean oportunas" para obligar a Madrid a culminar el registro de objetores al aborto, tal y como ya le ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de marzo. "A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales de la creación del registro", ha denunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de una nueva campaña del aborto. Junto a Madrid, hay otras dos comunidades, Andalucía y Baleares, que "también van lentas en el proceso" de creación del registro, pero a ellas no se les envió el requerimiento puesto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue la única que se negó públicamente a hacerlo. "Seguimos recabando los datos y esperando que nos pasen de esos registros que faltan, sabiendo que la Comunidad de Madrid lo ha empezado de alguna manera obligada, pero que parece ser que no tiene ninguna intención", ha lamentado. Por ello, el Ministerio ha solicitado a la Abogacía del Estado que lleve a cabo "todas las medidas que sean oportunas para obligar a Madrid a cumplir la ley" y las cautelares que le impuso el TSJM en marzo. Con el título "Todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública", la campaña presentada este martes tiene como objetivo combatir la culpa y los juicios que todavía rodean a la interrupción voluntaria del embarazo y reivindicar el derecho a recibir información, acompañamiento y una atención sanitaria respetuosa con la decisión de abortar. "No hay una sola forma de vivir y de contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca respeto", ha señalado la ministra, que ha precisado que "hay mujeres que sienten alivio", otras que "sienten tristeza. Hay quienes tienen dudas y quienes lo tienen claro desde el principio", pero todas "merecen ser escuchadas y atendidas con el mismo respeto". Pero la campaña también interpela también a quienes tienen la responsabilidad de garantizar este derecho dentro del sistema sanitario, las comunidades. En 2024, casi ocho de cada diez abortos se realizaron en centros privados, el 99 % en la de Madrid. "La sanidad pública debe estar preparada para atenderte cuando quieres ser madre, durante tu embarazo y tu parto, y también cuando decides interrumpir un embarazo", ha zanjado García. EFE (Foto)(Vídeo)(Audio)
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este martes de que su departamento ha solicitado a la Abogacía del Estado que lleve a cabo "todas las medidas que sean oportunas para obligar" a la Comunidad de Madrid a "cumplir la ley" y crear el registro de profesionales objetores al aborto. "Los tribunales le dijeron a la Comunidad de Madrid que tenía que crear el registro de objetores. A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales del registro", ha señalado García en referencia a la resolución que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió en marzo. Dicha decisión imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para la elaboración y aprobación del registro y se adoptó en el marco de un recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado contra la inactividad de la administración autonómica en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La titular de Sanidad ha avanzado esta nueva solicitud a la Abogacía del Estado durante la presentación de una nueva campaña que busca combatir el estigma y la culpa que rodean al aborto y reivindicar el derecho a interrumpir el emberazo en la sanidad pública. García ha afirmado que esta campaña también interpela a quien tiene la responsabilidad de garantizar dicho derecho y ha recordado que, en 2024, casi ocho de cada 10 interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, tras lo que ha puntualizado que en la Comunidad de Madrid, dicha cifra se elevó al 99 por ciento de casos. "Esto es un dato que muestra cuánto nos queda por avanzar para que esta prestación forme parte de la atención habitual de nuestra atención sanitaria en la sanidad pública", ha aseverado para detallar que esto exige organización, formación, profesionales suficientes, circuitos claros, información sobre los métodos disponibles y una atención adecuada. "Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. La objeción de conciencia, que es un derecho individual, debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo. Y el sectarismo de un gobierno autonómico nunca puede convertirse en un obstáculo para ejercer un derecho que está reconocido por ley", ha destacado. 'TODO ESTARÁ BIEN' "Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas y decidas lo que decidas. Todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública", destaca el vídeo de la nueva iniciativa. García ha señalado que, cuando una mujer entra en un centro de salud para decir que quiere abortar, debería encontrar "información clara, un profesional que la escuche y un camino fácil para recibir la atención que necesita". "Sin embargo, todavía hay mujeres que encuentran preguntas que las hacen sentirse culpables", ha lamentado. Por ello, ha subrayado que esta campaña busca abordar este tipo de situaciones y trasladar a las mujeres que "tienen derecho a decidir y que la sanidad pública tiene la obligación de acompañarlas", enfatizando que, en cualquier caso, "todo estará bien". "No hay una sola forma de vivir y de contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca la pena. Hay mujeres que sienten alivio. Hay mujeres que sienten tristeza. Hay quienes se sienten culpables. Hay quienes lo tienen claro desde el principio. Una mujer incluso puede atravesar por emociones diferentes y todas merecen ser escuchadas y ser atendidas con el mismo respeto", ha resaltado. En esta línea, ha abogado por hablar "con naturalidad" de que "decidir abortar está bien", al tiempo que ha afirmado que las mujeres también pueden decidir guardarlo en su intimidad y pedir apoyo "antes, después o durante". "La sanidad pública debe ofrecer una certeza y es que tienes derecho a recibir atención y a que se respete tu decisión. Porque tienes derecho a abortar y tienes derecho a hacerlo en la pública y puedes decidir abortar o puedes decidir no hacerlo. Pero decidas lo que decidas, todo estará bien", ha concluido.
Madrid, 18 sep (EFE).- Un juez ha enviado a prisión provisional a un hombre acusado de matar la semana pasada en Torrejón de Ardoz (Madrid) a su padre, de 84 años, que tenía Alzheimer y constaba como desaparecido. Según ha informado a EFE el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juzgado que estaba de guardia el pasado fin de semana en Torrejón decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio para el hombre que había sido arrestado el jueves por la Policía acusado de la muerte del anciano, tras intervenir sus comunicaciones. El investigado ingresó en el centro penitenciario de Alcalá Meco. La calificación como homicidio es provisional y podrá variar conforme avance la investigación en el juzgado de instrucción número 4 de la localidad, precisan las fuentes. El acusado fue detenido el jueves como presunto autor de la muerte de su padre, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía, que han detallado que el hombre de 84 años constaba como desaparecido y al investigar el caso los agentes acabaron deteniendo al hijo. Se trata de un hombre español de 51 años con antecedentes, aunque no ha trascendido más información por el momento porque la investigación está bajo secreto. EFE
José Luis García-Juanes Guerrero tomará posesión este miércoles como nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid en un acto solemne que estará presidido por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. La ceremonia se celebrará a las 12.30 horas en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la calle General Castaños, y contará, entre otras autoridades, con la presencia de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Isabel Martín López, y de la presidenta en funciones del TSJM, María Aurora de la Cueva Aleu. García-Juanes sustituirá al frente de la Fiscalía Provincial de Madrid a Pilar Rodríguez Fernández, quien ha ejercido como fiscal jefe provincial desde 2020. Según informa la Fiscalía de Madrid, García-Juanes es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia de España, por la UNED. Ingresó en la carrera fiscal el 13 de octubre de 1989. A lo largo de su trayectoria ha estado destinado en diferentes fiscalías, entre ellas las de Granada, Jaén y Toledo, antes de incorporarse a la entonces Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero de 1993, con adscripción permanente en Móstoles. Posteriormente desarrolló buena parte de su carrera en la Fiscalía madrileña, primero en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, tras el desdoblamiento de las Fiscalías Superior y Provincial, en la Fiscalía Provincial de Madrid. Entre enero de 2009 y marzo de 2012 estuvo destinado en el servicio único de notificación de sentencias a los Juzgados de lo Penal y de control y unificación de recursos contra las mismas. Desde el 23 de enero de 2012 ejerció como fiscal decano de la Sección Tercera de la Fiscalía Provincial de Madrid. El 14 de junio de 2024 fue nombrado teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, cargo que ha desempeñado hasta su actual nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía Provincial.
