Comunidad Madrid: Madrid dice que sus protocolos de confidencialidad son “puramente asistenciales” y acusa a García de desconocimiento legal
El encuentro reunirá a la ministra Mónica García con los consejeros y consejeras para abordar dos puntos clave como orden del día
Comunidad Madrid: Madrid insiste a Mónica García en que cumple "taxativamente" con lo pedido por el TSJM sobre el registro del aborto
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Mónica García y Ernest Urtasun exigen a sus socios sacar el martes el texto que lleva atascado desde julio ante la falta de apoyos para sacarlo adelante. Maíllo sobre la ministra de Vivienda: "Se le debería caer la cara de vergüenza"
El Confidencial•Carlos Rochahace 2 h
Raúl García conoce perfectamente a Javier Aguirre, nuevo entrenador del Valencia CF. El exfutbolista navarro mantiene una estrecha relación con el técnico mexicano, que apostó por él en sus primeros años en Osasuna y posteriormente pidió su fichaje cuando se hizo cargo del Atlético de Madrid en 2007. Por ello, García es una voz especialmente autorizada para explicar qué puede aportar Aguirre al Valencia. "Para mí es como un padre. Hablo mucho con él y me alegro de todo aquello positivo que le pase", asegura el exfutbolista al referirse a la posibilidad de que Aguirre regrese a LaLiga para ponerse al frente del conjunto de Mestalla. El exjugador, en declaraciones a la Cope, considera, además, que el mexicano aterrizaría en un momento idóneo para asumir el reto valencianista. "Es un buen momento para venir a Valencia. El Valencia es un equipo que tiene que estar donde siempre ha estado, compitiendo por Champions y peleando por estar arriba en la Liga, porque es un club para ello", señala. "Situación complicada" Raúl García no esconde las dificultades que atraviesa el equipo, pero precisamente ahí considera que puede aparecer una de las principales virtudes de Javier Aguirre . " Ahora mismo está en una situación complicada , parece que no está pasando por su mejor momento, y en ese aspecto Javier tiene la capacidad de convencer, sobre todo al equipo». En este sentido, añade que 'El Vasco' «es muy cercano e inteligente para motivar. Sabe cómo hablar con cada jugador y cómo tener al grupo enchufado", explica. Para Raúl García, la credibilidad de Aguirre dentro de un vestuario es otra de las características que definen al técnico mexicano. "Lo que te dice, lo cumple. No veo un vestuario en los que haya estado que no estuviera convencido con él ", concluye. .
La ministra de Sanidad pide aprobar la norma la próxima semana después de que la comisión judicial haya ejecutado el desahucio de la mujer de 87 años en Madrid Un fondo desahucia a Maricarmen a sus 87 años tras un enorme despliegue policial y pese a la presión vecinal La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reclamado este miércoles al Gobierno que incluya el Real Decreto Ley de Vivienda en el orden del día del próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes 29 de septiembre. La petición llega el mismo día en que se ha ejecutado el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en el mismo piso del distrito madrileño de Retiro. “El martes tiene que ir el Real Decreto Ley de Vivienda al Consejo de Ministros. El PSOE no puede seguir dilatándolo más”, ha defendido García en sus redes sociales. García ha añadido, además, que “PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra”. La dirigente de Más Madrid ha vinculado la aprobación de la norma con casos como el de Maricarmen y ha reclamado que no vuelva a producirse un desalojo en circunstancias similares. “Ni más Maricarmen desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla”, ha señalado García. El desahucio de Maricarmen se ha producido este miércoles después de varias horas de resistencia frente al portal de la vivienda. La Policía Nacional ha desplegado numerosos efectivos para despejar el acceso al inmueble y apartar a los manifestantes que trataban de impedir la entrada de la comisión judicial. Finalmente, Maricarmen ha abandonado la vivienda junto a los servicios sociales. El conflicto se remonta a la venta del edificio en el que reside, por la que la nueva propiedad comunicó su intención de elevar el alquiler. La situación desembocó en un procedimiento judicial para poner fin al contrato de renta antigua de Maricarmen, que mantiene desde que heredó el arrendamiento de su madre. La mujer lleva 71 años viviendo en el mismo piso del distrito de Retiro y actualmente paga 500 euros mensuales, pero la empresa propietaria reclama ahora un nuevo alquiler de más de 2000 euros, una cantidad que supera la pensión que recibe. El Ministerio de Vivienda ha defendido durante los últimos meses la necesidad de encontrar una solución para personas vulnerables en situaciones similares y ha pedido a las administraciones madrileñas que intervengan en el caso de Maricarmen. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid de la situación y ha defendido que el Gobierno ha tratado de intervenir para evitar el desalojo. “Cuando nosotros intentamos hacer todo eso, hay gente que está trabajando en la dirección contraria”, ha señalado Rodríguez. La reivindicación de García se produce después de que el Congreso rechazara en abril un decreto impulsado por Sumar que incluía, entre otras medidas, una prórroga de determinados contratos de alquiler de la que podía haberse benefciado Maricarmen, y un límite del 2% a las actualizaciones de renta. La petición de Mónica García queda ahora pendiente de la decisión del Consejo de Ministros.
elDiario.es•Sara Marónhace 3 hMadrid, 23 sep (EFE).- El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha señalado este miércoles que el Ejecutivo está "cumpliendo" con la orden del pasado marzo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que obligó a iniciar los trámites para crear el registro de objetores de conciencia al aborto. "Estamos cumpliendo con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", ha sentenciado García Martín durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser preguntado por las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ayer solicitó a la Abogacía del Estado llevar a cabo "todas las medidas que sean oportunas" para obligar a Madrid a culminar el trámite. El portavoz ha reivindicado que el Gobierno regional "siempre protege la vida" y el derecho a la objeción de conciencia, aunque ha defendido que su intención es hacerla "compatible" con prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que decidan abortar. Asimismo, García Martín ha acusado a García de "utilizar el ministerio de Sanidad para atacar a la Comunidad de Madrid" y de "tener en pie de guerra" a todos los médicos del país". "Mientras que siga siendo ministra es un peligro ara la salud publica de este país", ha resaltado. EFE
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha exigido este miércoles que el Consejo de Ministros incluya el próximo martes el Real Decreto Ley de Vivienda y ha afirmado que el PSOE "no puede seguir dilatándolo más". Lo ha trasladado en sus redes sociales al tiempo que la comisión judicial ha accedido ya al domicilio de Maricarmen, de 87 años y residente en Retiro (Madrid), para ejecutar su desahucio en este cuarto intento, que ha estado marcado por los manifestantes que se han concentrado en la zona para tratar de evitarlo. García ha insistido en que "no hay otra opción" que impulsar este real decreto y que PP, Junts y Vox "no pueden volver a votar en contra" como sucedió en abril, cuando tumbaron el decreto ley impulsado por Sumar que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027. Además, incluía un tope del 2% a la subida que los propietarios podían aplicar a sus inquilinos. Tras la adquisición de su vivienda por un fondo de inversión, Maricarmen vio cómo su alquiler aumentaba por encima de la pensión que percibe. "Ni más Maricármenes desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla", ha sentenciado la ministra de Sanidad en su cuenta de 'X'.
El escritor, dramaturgo y profesor ponferradino Carlos García Ruiz recorrerá con su moto 22.000 kilómetros por Sudamérica con el objetivo de apoyar la investigación contra el cáncer y poner en marcha su proyecto 'Cuaderno de los Andes', un homenaje a su hermano David, que falleció en 2022 víctima de esa enfermedad. García recorrerá cinco países desde finales de este mes de septiembre, en un una travesía que hará en solitario y que lo llevará en un viaje de ida y vuelta en moto desde Bogotá (Colombia) hasta Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Destinará parte de los fondos recaudados a la Fundación FICUS para apoyar la investigación contra el cáncer. La ruta atravesará Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina,... Ver Más
Isabel Díaz Ayuso se bate en la Asamblea de Madrid frente a unas portavoces del PSOE y de Más Madrid que no van a ser candidatas. Sus rivales reales en la izquierda están fuera y hacen oposición a la presidenta regional cuando sus tareas ministeriales se lo permiten. Pero no están en el día a día de la política madrileña, ni piensan estarlo todavía, aunque la legislatura ha entrado en la recta final y las elecciones de mayo se ven ya en el horizonte. Los ministros Óscar López y Mónica García no tienen intención de dejar su asiento en el Consejo de Ministros mientras sea legalmente posible, algo que, en el caso del PSOE madrileño, no todos entienden, sobre todo... Ver Más
La iniciativa del Ministerio de Sanidad fue rechazada en plena negociación comercial, tras la “consulta” realizada por la empresa que gestiona la publicidad de la entidad pública de transportes, que pidió un contenido que "no genere controversia": "Nada con este mensaje imposible" El Ministerio de Sanidad lanza la primera campaña sobre el aborto en democracia: “Tienes derecho a hacerlo en la pública” La primera campaña del Ministerio de Sanidad sobre el aborto en democracia no estará en el Metro de Madrid. La empresa pública de transportes ha rechazado la propuesta de colocar un anuncio que recuerda que el aborto es un derecho que se puede ejercer en la sanidad pública, tal y como reconoce la ley. Según ha podido saber elDiario.es , el departamento dirigido por Mónica García propuso que la campaña se colocara en la estación de la Puerta del Sol, pero Metro no lo aprobó y pidió expresamente un cambio de mensaje por otro que “no genere controversia” al estar esta estación al lado de la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esta es la razón que se desprende de la comunicación a la que ha accedido este medio, en la que la empresa adjudicataria contratada por Sanidad para gestionar la campaña y buscar espacios en la que desplegarla informa de que Metro rechaza el contenido tal cual está ideado: “Realizada la consulta con el exclusivista, Metro no nos aprueba el mensaje”. En el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, la agencia publicitaria copia y pega lo que le ha dicho la empresa que ha gestionado la publicidad de Metro en este caso –a quienes se refieren como “el exclusivista”–: “Ya está consultado y nada con este mensaje imposible, nos piden que además, ya que el pórtico está al lado de la sede de la CAM, que el mensaje no genere controversia”. La campaña, presentada este miércoles por la ministra de Sanidad, pretende “combatir el estigma y la culpa ” en torno al aborto. Aunque el vídeo es la pieza clave de la estrategia, la idea del Ministerio era desplegar paneles estáticos en el acceso al Metro con una adaptación del siguiente mensaje: “Quizás te cuestionen y decidas seguir. Y estará bien. Quizás no quieras explicar el motivo y estará bien. Quizás tengas 16 años, decidas hacerlo y estará bien. Decidas lo que decidas todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar y a hacerlo en la pública”. Según fuentes de Sanidad, la campaña sí estará presente en otros espacios de Madrid como las pantallas de Callao. elDiario.es se ha puesto en contacto con Metro de Madrid, que ha remitido a la Consejería de Transportes del Gobierno madrileño, de quien depende la empresa pública. Una portavoz negó inicialmente conocer la campaña y luego rechazó que Metro haya podido vetar la campaña porque “no la conoce ni gestiona la contratación de esa publicidad”. La Consejería apunta a JCDecaux, la empresa que tiene la concesión publicitaria de Metro. “La explotación publicitaria corresponde a JCDecaux, que es quien mantiene la relación con los anunciantes y gestiona este tipo de campañas”, afirma. Este medio se ha puesto en contacto con esta compañía sin obtener respuesta. En este caso, la comunicación comercial sobre la colocación de la campaña en la Puerta del Sol se hizo a través de la agencia de publicidad H2Ó Digital & DOOH, según informan fuentes conocedoras del proceso. H2Ó se encarga de la publicidad de los pórticos de las estaciones, es decir, la instalada en el exterior de las bocas de metro, y esta era la propuesta del Ministerio de Sanidad: colocar paneles estáticos con el mensaje de la campaña en la estación de Sol-Carretas por ser “uno de los accesos con mayor notoriedad” del Metro. Además, la idea era desplegar imágenes también en la canaleta interior situada en las escaleras mecánicas. Cuando la empresa adjudicataria del Ministerio de Sanidad hizo la propuesta, la respuesta de H2Ó fue negativa, asegurando que tras consultarlo, era “imposible” colocar el mensaje, haciendo referencia a la cercanía de esta estación con la Real Casa de Correos , el edificio en el que se ubica la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Metro no nos aprueba el mensaje”, le dijo entonces la adjudicataria al departamento dirigido por Mónica García, que se negó a modificar el contenido. H2Ó no ha respondido a las preguntas de elDiario.es al respecto. Fuentes del Ministerio de Sanidad tachan de “incomprensible” que Metro “se niegue a reproducir una campaña institucional destinada a informar sobre el derecho a una prestación ofrecida por el Sistema Nacional de Salud y reconocida por ley” y advierten de que estudiarán “todas las acciones” frente a una medida que califican de “arbitraria”. Las campañas que sí acogió Metro No es la primera vez que la publicidad en Metro de Madrid es objeto de polémica y, de hecho, las dos únicas campañas sobre interrupción voluntaria del embarazo que ha acogido en los últimos años han sido antiabortistas: en 2022, Jóvenes por España lanzó una con imágenes de un feto bajo el epígrafe “mi vida vale tanto como la tuya. ¡Déjame nacer!”. Ese mismo año, varias estaciones instalaron paneles de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) contra la prohibición del acoso ultra a las puertas de las clínicas de aborto. Imagen de la campaña contra la prohibición del acoso en las clínicas en una estación de metro de Madrid. También ha generado controversia la publicidad de la Asociación de Familias Numerosas, que ha lanzado hasta tres campañas en los dos últimos años. “¿Te parece divertido ir de flor en flor? Ahora todo son risas, pero en unos años comerás tu solo el día de Navidad”, colocó en la estación de Chueca en 2025 para “cuestionar los estilos de vida actuales basados en relaciones sin compromiso, promovidos desde las redes sociales y aplicaciones de citas y que esconden un futuro marcado por la soledad”. Antes, había desplegado otras dos en la misma línea y que tenían como lema “Ten más hijos, salva el planeta” y “¿Se te está pasando el arroz?” . La presentación de la campaña sobre el derecho al aborto del Ministerio de Sanidad ha sido aprovechada por la ministra Mónica García para informar de que ha pedido a la Abogacía del Estado que “lleve a cabo todas las medidas adecuadas para exigir” a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha del registro de objetores al aborto tras “constatar” que “no ha avanzado más allá de los trámites iniciales”. La pugna abierta entre Sanidad y el Gobierno de Ayuso a cuenta de la interrupción voluntaria del embarazo se recrudeció en el último trimestre del año pasado, ante la negativa de Madrid de poner en marcha la medida a la que obliga la ley de 2022. Su objetivo es poder organizar los servicios sanitarios para asumir los abortos en la sanidad pública, un mandato que algunas comunidades como la madrileña llevan años incumpliendo al no registrar ni el 1% de las intervenciones en este tipo de centros. “Que se vayan a abortar a otro lado”, llegó a decir la presidenta madrileña en respuesta a los partidos de la oposición que le urgían a crear el registro. Ante su resistencia reiterada a crear el registro de objetores, Sanidad llevó al Ejecutivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le obligó el pasado a marzo a ponerlo en marcha.
elDiario.es•Marta Borrazhace 19 hMadrid, 22 sep (EFE).- El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), Ignacio García, ha destacado que el consumo de fertilizantes acumula una reducción cercana al 30 % que conlleva consecuencias sobre la fertilización, los rendimientos de los cultivos y la producción agraria. García, que este martes acudió a la reunión con parte del sector alimentario con el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, centró su intervención en la situación actual del mercado. Según un comunicado remitido por la patronal este martes, la combinación de precios agrícolas contenidos y posibles incrementos de los costes de fertilización "está generando una elevada incertidumbre sobre la rentabilidad de la próxima campaña". De ello, está derivando el retraso en las decisiones de compra y aprovisionamiento por temor a acumular existencias a precios elevados. Según Anffe, esta paralización dificulta además la planificación de los fabricantes y puede provocar una concentración de las compras al inicio de campaña, generando tensiones puntuales en el transporte y, especialmente, en la capacidad de reposición. Para García, que valoró positivamente las ayudas aplicadas en 2026, si la situación se mantiene "será necesario seguir apoyando al agricultor en 2027 mediante mecanismos sencillos y eficaces que aporten certidumbre y favorezcan una adecuada fertilización". Por ello, instó a estudiar ayudas vinculadas a la compra efectiva de fertilizantes, de forma que el apoyo guarde relación con las cantidades adquiridas y con el gasto real en fertilización, en lugar de calcularse únicamente en función de las hectáreas cultivadas. EFE
Madrid, 22 sep (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha solicitado a la Abogacía del Estado que "lleve a cabo todas las medidas que sean oportunas" para obligar a Madrid a culminar el registro de objetores al aborto, tal y como ya le ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de marzo. "A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales de la creación del registro", ha denunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de una nueva campaña del aborto. Junto a Madrid, hay otras dos comunidades, Andalucía y Baleares, que "también van lentas en el proceso" de creación del registro, pero a ellas no se les envió el requerimiento puesto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue la única que se negó públicamente a hacerlo. "Seguimos recabando los datos y esperando que nos pasen de esos registros que faltan, sabiendo que la Comunidad de Madrid lo ha empezado de alguna manera obligada, pero que parece ser que no tiene ninguna intención", ha lamentado. Por ello, el Ministerio ha solicitado a la Abogacía del Estado que lleve a cabo "todas las medidas que sean oportunas para obligar a Madrid a cumplir la ley" y las cautelares que le impuso el TSJM en marzo. Con el título "Todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública", la campaña presentada este martes tiene como objetivo combatir la culpa y los juicios que todavía rodean a la interrupción voluntaria del embarazo y reivindicar el derecho a recibir información, acompañamiento y una atención sanitaria respetuosa con la decisión de abortar. "No hay una sola forma de vivir y de contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca respeto", ha señalado la ministra, que ha precisado que "hay mujeres que sienten alivio", otras que "sienten tristeza. Hay quienes tienen dudas y quienes lo tienen claro desde el principio", pero todas "merecen ser escuchadas y atendidas con el mismo respeto". Pero la campaña también interpela también a quienes tienen la responsabilidad de garantizar este derecho dentro del sistema sanitario, las comunidades. En 2024, casi ocho de cada diez abortos se realizaron en centros privados, el 99 % en la de Madrid. "La sanidad pública debe estar preparada para atenderte cuando quieres ser madre, durante tu embarazo y tu parto, y también cuando decides interrumpir un embarazo", ha zanjado García. EFE (Foto)(Vídeo)(Audio)
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este martes de que su departamento ha solicitado a la Abogacía del Estado que lleve a cabo "todas las medidas que sean oportunas para obligar" a la Comunidad de Madrid a "cumplir la ley" y crear el registro de profesionales objetores al aborto. "Los tribunales le dijeron a la Comunidad de Madrid que tenía que crear el registro de objetores. A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales del registro", ha señalado García en referencia a la resolución que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió en marzo. Dicha decisión imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para la elaboración y aprobación del registro y se adoptó en el marco de un recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado contra la inactividad de la administración autonómica en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La titular de Sanidad ha avanzado esta nueva solicitud a la Abogacía del Estado durante la presentación de una nueva campaña que busca combatir el estigma y la culpa que rodean al aborto y reivindicar el derecho a interrumpir el emberazo en la sanidad pública. García ha afirmado que esta campaña también interpela a quien tiene la responsabilidad de garantizar dicho derecho y ha recordado que, en 2024, casi ocho de cada 10 interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, tras lo que ha puntualizado que en la Comunidad de Madrid, dicha cifra se elevó al 99 por ciento de casos. "Esto es un dato que muestra cuánto nos queda por avanzar para que esta prestación forme parte de la atención habitual de nuestra atención sanitaria en la sanidad pública", ha aseverado para detallar que esto exige organización, formación, profesionales suficientes, circuitos claros, información sobre los métodos disponibles y una atención adecuada. "Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. La objeción de conciencia, que es un derecho individual, debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo. Y el sectarismo de un gobierno autonómico nunca puede convertirse en un obstáculo para ejercer un derecho que está reconocido por ley", ha destacado. 'TODO ESTARÁ BIEN' "Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas y decidas lo que decidas. Todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública", destaca el vídeo de la nueva iniciativa. García ha señalado que, cuando una mujer entra en un centro de salud para decir que quiere abortar, debería encontrar "información clara, un profesional que la escuche y un camino fácil para recibir la atención que necesita". "Sin embargo, todavía hay mujeres que encuentran preguntas que las hacen sentirse culpables", ha lamentado. Por ello, ha subrayado que esta campaña busca abordar este tipo de situaciones y trasladar a las mujeres que "tienen derecho a decidir y que la sanidad pública tiene la obligación de acompañarlas", enfatizando que, en cualquier caso, "todo estará bien". "No hay una sola forma de vivir y de contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca la pena. Hay mujeres que sienten alivio. Hay mujeres que sienten tristeza. Hay quienes se sienten culpables. Hay quienes lo tienen claro desde el principio. Una mujer incluso puede atravesar por emociones diferentes y todas merecen ser escuchadas y ser atendidas con el mismo respeto", ha resaltado. En esta línea, ha abogado por hablar "con naturalidad" de que "decidir abortar está bien", al tiempo que ha afirmado que las mujeres también pueden decidir guardarlo en su intimidad y pedir apoyo "antes, después o durante". "La sanidad pública debe ofrecer una certeza y es que tienes derecho a recibir atención y a que se respete tu decisión. Porque tienes derecho a abortar y tienes derecho a hacerlo en la pública y puedes decidir abortar o puedes decidir no hacerlo. Pero decidas lo que decidas, todo estará bien", ha concluido.
Madrid, 22 sep (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha enviado este martes un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid para que anule unos acuerdos "coaccionadores" de confidencialidad que han repartido varios hospitales a sus trabajadores para que no denuncien irregularidades como ha hecho un cirujano del Ramón y Cajal. "La Comunidad de Madrid no solamente está invitando a través de un documento coaccionador a los profesionales a que no denuncien, sino que a quienes denuncian, les está señalando y eso está prohibido por ley", ha advertido la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de una campaña sobre el aborto. Se ha referido así a unos acuerdos de 'Compromiso de confidencialidad y deber de secreto' que al menos el Hospital Universitario Doctor Rodríguez Lafora y el Hospital Universitario de Getafe han repartido entre sus profesionales. Los citados documentos, a los que ha tenido acceso EFE, tienen por objeto "establecer el compromiso de confidencialidad y el deber de secreto profesional que deben cumplir todos los profesionales que desarrollen su actividad en el hospital, independientemente de su relación laboral, profesional o formativa". El profesional que lo firme "se compromete a mantener la más estricta confidencialidad" respecto de toda la información a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, como datos personales y relativos a la salud de los pacientes, información clínica o asistencial, administrativa o económica o "cualquier otra que afecte a los derechos de pacientes o de terceros". La citada información sólo podrá utilizarla "exclusivamente para el desempeño de sus funciones", pero no divulgarla, comunicarla o facilitar información a terceros sin autorización, "entendido cualquier medio, incluidas las conversaciones en lugares que puedan dar lugar a filtración de información". El incumplimiento del acuerdo "podrá dar lugar a las responsabilidades disciplinarias, administrativas o penales que correspondan, así como a la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados". Y se recuerda, "con la intención de evitar daños para el paciente, el centro y el propio profesional", que la revelación de información "conocida por motivo de la relación laboral sobre la historia clínica del paciente constituye un delito de revelación de secretos (197 y ss. Código Penal) con pena privativa de libertad". "Esto tiene un nombre, se llama coacción", ha zanjado la ministra, que ha calificado de "barbaridad" los documentos, porque "una cosa es proteger los datos de los pacientes", que "obviamente deben de protegerse siempre", pero "otra muy distinta es usar la confidencialidad como amenaza para tapar lo que pasa dentro de un hospital". Mónica García ha censurado además la "ingeniería estadística" que aplican muchas comunidades, entre ellas la de Madrid, para maquillar sus listas de espera, algo que ha demostrado "a ciencia cierta" denunciantes como el cirujano Luis Alberto Martos, del Hospital Ramón y Cajal. Por ello, su departamento está preparando un real decreto que mejorará la transparencia y la trazabilidad de las listas de espera, que establecerá, por ejemplo, que la demora empiece a contarse desde que el médico indica una consulta, prueba e intervención, e introduce por primera vez el ámbito de la Atención Primaria. EFE
Decía mi abuela que en los pueblos pequeños no se vota por el color de los partidos sino por los apellidos de las personas. Que se lo digan a Juan García Benito, que tiene 91 años y acaba de pronunciar las palabras mágicas : "Creo que me voy a presentar". Es alcalde de Rábano, un pueblo de 169 habitantes en la comarca de Peñafiel, y si gana las municipales de 2027, empezará el mandato con 92 años y lo cerrará, con suerte, con 96. A simple vista parece un hito histórico, una gobernanza electa como pocas. La realidad es que, en el mapa municipal español, ni siquiera es un caso raro. Rábano, 169 vecinos y una legislatura de por medio. Cuando el secretario de Organización del PSOE de Valladolid le preguntó directamente por sus planes, García no dudó. "Creo que me voy a presentar", contestó, y añadió que espera llegar a los 96 al final del mandato. Su condición para seguir es una sola: "siempre que tengas la cabeza en condiciones para seguir adelante". Ese también es su mensaje a la gente mayor: que sigan para adelante. García empezó en 2007, se tomó cuatro años sin presentarse y volvió. Hoy es el alcalde más veterano del PSOE en toda la provincia de Valladolid. Mientras confirmaba su candidatura, el pueblo terminaba de montar la carpa para las fiestas de San Roque, con orquesta y espacio propio para los jóvenes: la vida municipal aquí no distingue entre gestiones. En Xataka Se buscan voluntarios para vivir gratis en el refugio toledano de Pedro Sánchez y otros presidentes del Gobierno El récord. Ricardo Díez Pascual llegó a la alcaldía de Castillejo de Mesleón (Segovia, poco más de cien vecinos) en 1964, nombrado a dedo por el gobernador civil de la dictadura. Tenía 33 años y, según contó él mismo , ni siquiera quería el cargo. Se quedó. Sus vecinos lo reeligieron diez veces consecutivas desde 1979, siempre por mayoría absoluta, hasta que en 2019 perdió las elecciones con 90 años cumplidos, cerrando 55 años ininterrumpidos al frente del ayuntamiento. Hoy una calle del pueblo lleva su nombre. También en 2019, otros cinco regidores designados durante la dictadura se presentaban a la reelección: entre ellos José Luis Seguí, en la alicantina Almudaina, que encadenaba entonces medio siglo en el cargo y solo era superado en longevidad por el propio Díez. Todos, sin excepción, del PP. Todos reelegidos democráticamente década tras década en pueblos donde el censo apenas llega al centenar. Con el bastón en la mano. José Antonio Torres se hizo alcalde de Chercos (Almería, unos 300 habitantes) en 1995, con 70 años, recién jubilado de la Guardia Civil, cuerpo en el que había sobrevivido a un atentado de ETA en el País Vasco. Impulsó la biblioteca, la piscina, un tanatorio y el primer cajero automático del pueblo. Perdió el cargo en 2023 tras las elecciones, lo recuperó meses después con una moción de censura a los 98 años y murió en junio de 2026 , a los 100, semanas antes de cumplir 101, siendo aún el alcalde en activo más longevo de España. El denominador común. Según el INE , más de la mitad de los municipios españoles tiene menos de 500 habitantes. En ese universo, ser alcalde deja de ser un cargo institucional y se convierte en el vecino que cuenta con recursos para arreglar las cosas. Ahí la reelección se parece más a una costumbre que a una campaña, porque no hay rival que lleve tanto tiempo siendo un vecino conocido por todos. Rábano comparte esta lógica con Castillejo de Mesleón y con Chercos. Fotografía de Rábano De 96 a 169 vecinos. Rábano no tiene fecha fundacional propia: nace como alfoz de Peñafiel, la villa vecina, entre los siglos X y XI, cuando la repoblación cristiana avanzaba al sur del Duero tras la victoria sobre las tropas de Abderramán III en la batalla de Simancas del año 939 . Todas las menciones históricas del pueblo aparecen, de hecho, en los archivos de Peñafiel, cuya fundación se atribuye a Ruy Laínez hacia el 947. Y el nombre de Rábano, por si alguien se lo pregunta, no guarda relación alguna con la hortaliza que designa en castellano: su origen sigue siendo objeto de discusión entre historiadores locales. Lo interesante es que a finales de los años 90, Rábano llegó a tener solo 96 habitantes, la cifra más baja de su historia reciente. Desde entonces, la población ha crecido de forma discreta pero sostenida hasta los 169 censados en 2025, casi el doble, en un pueblo situado a 777 metros de altitud cuyo punto más alto, El Cotarro, roza los 928. Los hechos son que por cada Rábano que resiste gracias a un alcalde que se niega a jubilarse, hay un pueblo que ya no tiene a nadie a quien reelegir. García Benito, con 91 años y las fiestas de San Roque recién montadas, está en el extremo contrario del mapa de particulares adquiriendo villas enteras : el de los pueblos que aguantan porque alguien, contra todo pronóstico demográfico, sigue queriendo quedarse al frente. Imágenes | Flickr / Foto de PSOE Valladolid En Xataka | En la España vaciada ya no solo se venden casas, se venden pueblos enteros. En Navarra se ofrece uno por 1,6 millones - La noticia Tiene 91 años y quiere seguir siendo alcalde de un pueblo de Valladolid: "Creo que me voy a presentar" fue publicada originalmente en Xataka por Isra Fdez .
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha pedido al Ministerio del ramo que para la elaboración del real decreto que regulará la listas de espera de la sanidad pública tenga en cuenta la opinión de los técnicos y apueste por «una homologación de la información» porque de no ser así, «es espúreo». Así se ha manifestado al ser preguntado por el texto que está elaborado el departamento de Mónica García, en contra del cual ya se manifestaron hace unas semanas en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial. A juicio del máximo responsable autonómico en materia sanitaria, sin esa homologación «no se nos va a juzgar de la misma forma a todas las comunidades». También ha insistido en la necesidad de... Ver Más
El departamento dirigido por Mónica García ha pedido a la Abogacía del Estado que obligue al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a crear el registro de objetores de conciencia que le ha exigido la Justicia, según ha informado en la presentación del spot Más de 40 años después de que España despenalizara el aborto por primera vez en tres supuestos y tras 26 años de vigencia de la ley que garantizó el aborto libre, el Ministerio de Sanidad ha lanzado por primera vez una campaña sobre este derecho. Bajo el epígrafe “Tienes derecho a abortar y a hacerlo en la pública”, el departamento dirigido por Mónica García pretende poner el foco en la libertad de las mujeres para decidir interrumpir su embarazo. “Esta campaña nace para decirles que tienen derecho a decidir y la sanidad pública tiene la obligación de acompañarlas”, ha afirmado la ministra en la presentación. El vídeo del spot, que se emitirá “próximamente” en medios de comunicación, muestra a una mujer joven que mira a cámara y recuerda que, ante un embarazo, todas las posibilidades “estarán bien”. “Quizás te ilusiones y lo hables con tu familia o quizás no. Quizás lo tengas claro o quizás no. Quizás quieran hacerte sentir culpable o te apoyen en el camino. Entonces, quizás decidas tenerlo o quizás no. Quizás decidas abortar. Y estará bien”, afirma la protagonista del anuncio. “No hay una sola forma de vivir y contar el aborto. Hay quienes sienten alivio, tristeza, dudas o quienes lo tienen claro. Cada mujer tiene derecho a vivir experiencia sin que nadie le imponga cómo”, ha sostenido la titular del Ministerio, que cree que es importante “decir con naturalidad” que se puede decidir abortar. Y que así lo garantiza la ley. Por eso la campaña también interpela a las administraciones públicas autonómicas, que deben posibilitar que la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en centros de la sanidad pública, algo que no ocurre en la mayoría de los casos: según los últimos datos, en 2024 el 78% de los abortos se practicó en clínicas privadas concertadas. A juicio de Mónica García, las cifras evidencian “lo que queda por avanzar” en relación a una situación que es “especialmente grave” en algunas comunidades autónomas “como la Comunidad de Madrid, que realizó el 99% de abortos en centros privados”. La estadística revela que esta y otras cuatro comunidades —Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura— practicaron menos de un 1% de IVE en la pública. “La sanidad pública debe estar preparada para atenderte cuando estás embarazada, pero también cuando decides interrumpirlo”, ha apuntado la ministra. Para ello, la ley establece que las comunidades deben poner en marcha registros de objetores de conciencia para poder organizar el servicio conociendo quiénes no van a practicar abortos. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha resistido a la medida hasta el punto de que, tras un requerimiento del Ministerio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la presidenta el pasado marzo que lo activara como medida cautelar. Según García, a 1 de septiembre el Ministerio “ha comprobado” que la Comunidad de Madrid “no ha avanzado más allá de los trámites iniciales”, por lo que ha solicitado a la Abogacía del Estado que “lleve a cabo todas las medidas adecuadas para exigir a Madrid” el cumplimiento de la ley.
elDiario.es•Marta Borraz22 sept
Mónica García presenta una campaña para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo sin estigmas y en centros públicos
La denuncia también incluye a Mariana Rodríguez, familiares y funcionarios, mientras García asegura que no existen irregularidades
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