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Alberto Núñez Feijóo — página 13

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Feijóo alega que la "agresión" de Marruecos continúa y que Ceuta será "el epitafio de Sánchez"

El líder del PP confirma que, de ser elegido presidente del Gobierno, su primer viaje oficial sería a Marruecos y desvela lo que trasladó al primer ministro marroquí en una reunión: "No le puedo confirmar que yo me comprometa a consolidar lo que usted ha pactado con Sánchez" El Gobierno habilita más de 800 nuevas plazas de acogida en Ceuta e inicia el traslado de migrantes que seguían en la calle El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que “la agresión de Marruecos continúa” en Ceuta y que la crisis de la ciudad autónoma “será el epitafio de Sánchez”. En una entrevista en El Mundo, el líder del PP ha señalado que el responsable de la entrada masiva de migrantes en Ceuta “por acción o por omisión”, y “aun sabiendo que falta información”, es de Marruecos. “Marruecos sabía de esos desplazamientos, conocía el impacto de los mismos y no los evitó”, ha manifestado, al tiempo que ha añadido que existe una “corresponsabilidad”, puesto que “España conocía no ese riesgo, sino que eso se iba a producir. Era algo más que un riesgo potencial y tampoco lo evitó”. Preguntado sobre si la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a esta crisis está condicionada porque Marruecos tiene información obtenida de su teléfono, Feijóo ha remarcado que es “imposible hallar una explicación medianamente racional que no pase por ahí”. “Sánchez ha optado por desacreditar, con un impacto reputacional en nuestra imagen, a los servicios de Inteligencia de nuestro país y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así que es evidente que tiene que haber una razón personalísima que no le deje defender con libertad lo que tiene que defender”, ha aseverado. Feijóo, además, ha expresado que la desclasificación de los informes sobre Ceuta responde a que el relato del Gobierno “no ha funcionado” y pretende hacer ver que “el CNI o la Comisaría de Extranjería de la Policía no avisaron con detalle, pero incluso eso se le ha ido de las manos”. Asimismo, ha asegurado que la desclasificación “ha abierto una brecha de seguridad y una alteración de la imagen y del prestigio de los servicios del país”. Sobre el giro del Ejecutivo con el Sáhara Occidental, el líder de la oposición ha comentado que “para saber en qué consiste el giro es necesario llegar al Gobierno”, puesto que “Sánchez lo ha ocultado”. Igualmente, ha afirmado que el presidente “jamás” le dio información al respecto y que lo llevarán ante las Cortes. “Tuve una reunión con el primer ministro marroquí y me hizo esta misma pregunta. Le contesté: 'Mire, para mí Marruecos, no es solo un país extranjero. Para mí es mi vecino, junto con Francia, más estratégico y, por la lealtad que merece esa relación futura, no le puedo confirmar que yo me comprometa a consolidar lo que usted ha pactado con Sánchez”, ha confesado, antes de indicar que, debido a esa “lealtad”, su primer viaje como presidente del Gobierno sería a Marruecos.

elDiario.eselDiario.es•elDiario.es13 sept

El Tribunal Supremo sale al rescate de Feijóo

'Política para supervivientes' es una carta semanal de Iñigo Sáenz de Ugarte exclusiva para socios y socias de elDiario.es con historias sobre política nacional. Si tú también lo quieres leer y recibir cada domingo en tu buzón, hazte socio, hazte socia de elDiario.es Anda como un bulo, nada como un bulo, grazna como un bulo, pero no, no es un pato, son cuatro jueces del Tribunal Supremo. Círculos esotéricos de la derecha llevan unos años dudando de la integridad de los procesos electorales españoles. Casi en cada cita con las urnas salen algunos colgaos invocando el nombre de Indra para alentar sospechas sin base. 180.942 españoles formaron parte de las mesas electorales en los últimos comicios de 2023. Son la mejor garantía de un sistema que ha funcionado como una seda desde 1977. Uno de esos funambulistas del embuste es un magistrado del Supremo que forma parte de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha suspendido el derecho al voto de los nuevos españoles a los que la Ley de Memoria Democrática de 2022 concedió la nacionalidad por ser hijos o nietos de exiliados del franquismo. En su etapa de fiscal, Antonio Narváez estuvo en la cena que mantuvieron unos cincuenta fiscales conservadores con Alberto Núñez Feijóo en 2023, una cita que el líder del PP intentó mantener en secreto. Además de expresar en el acto su ferviente deseo de que Feijóo llegara a Moncloa, Narváez hizo una mención de pasada a Indra, la empresa que tiene un papel importante en la gestión informática de los procesos electorales, cuando describió “el deterioro de las instituciones” causado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es un jurista de plena confianza del PP. Fue elegido miembro del Tribunal Constitucional entre 2014 y 2023 a propuesta de ese partido. Y de ahí directo al Tribunal Supremo para seguir con su inestimable trabajo. Si algunos de vosotros tiene la tentación de criticar a los miembros de esa Sala o de dudar de la imparcialidad del juez Narváez, que sepáis que eso no le gusta a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. En su discurso en la apertura del año judicial de esta semana, dijo que era de “extraordinaria gravedad” acusar a los jueces de actuar por razones políticas. Es más, afirmó que esa imputación “puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”. Evidentemente, Perelló no se atrevió a mencionar las encuestas que revelan la caída en la reputación de la justicia entre los ciudadanos. El 53% de los españoles opina que los jueces no son independientes en España, según una encuesta de El Periódico publicada en julio. El 65% cree que en España existe lawfare (decisiones judiciales aprobadas con intención política), según otro sondeo de El País, también de julio. Sólo el 23% está convencido de que los jueces son imparciales. Otra encuesta de este diario afirma que el 47,8% considera que la justicia no actúa de forma imparcial, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales realizan su trabajo de forma objetiva. “Hay jueces que están haciendo política”, suscribe un 58% de los encuestados por La Vanguardia. Perelló prefirió continuar tan ricamente en su burbuja judicial al afirmar en su discurso que los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales. Así que los que digan que no que sepan que están imputando un delito y que se atengan a las consecuencias. Con su decisión, el Tribunal Supremo ha suscrito por entero las sospechas manifestadas por el PP y Vox sobre la decisión de otorgar la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Por si quieren votar, claro, que es un derecho que tienen todos los españoles gracias al sufragio universal. “Lo que hay detrás es ingeniería electoral. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, va a ver si fabricando votantes le salen”, dijo Feijóo en junio. Feijóo en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Habrá quien piense que la aprobación de la ley de 2022 suscitó en su momento una fuerte confrontación política. Pues no fue así. Ha sido en los últimos meses cuando se han lanzado estas acusaciones. Y todo ha saltado porque la Junta Electoral Central se negó a intervenir al no tener competencias para impedir el derecho al voto de esos españoles. Después de un recurso de Vox y del grupo ultraderechista Iustitia Europa, el Supremo decidió que desde luego que ellos iban a entrar en escena. Feijóo lo había dejado claro. Esto no se puede permitir. El auto, del que el ponente no es otro que Narváez, retrata a sus responsables sin rubor. Decreta que existe “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. ¿Objetividad? La pluma de Narváez no se para ahí. Sostiene que concederles el derecho al voto a esos hijos y nietos de exiliados puede afectar al “resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral”. Es decir, los españoles pata negra. Imagina que esa gente de fuera está formada por españoles postizos que votan a los partidos equivocados. El Supremo no puede tolerar algo así. Se trata de una medida cautelar a la espera de que la Sala adopte el criterio definitivo. El contenido del auto hace pensar que tienen la decisión tomada. Es muy posible que los jueces creen una nueva categoría, la de españoles sin derecho al voto. No lo busquéis en la Constitución, porque no aparece en ningún lado. Su artículo 68 dice: “Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos”. 333.696 personas nacionalizadas por la ley de nietos figuran ya inscritas en el censo, según datos del Gobierno hasta el 31 de mayo. Otros 238.065 han solicitado su inclusión. Es indudable que la ley que concedió la nacionalidad a esas personas fue muy generosa. Se hizo así con la intención de reparar una deuda histórica. Fue una decisión del legislativo que los jueces no pueden anular. El motivo de la discordia es una instrucción emitida por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022 para fijar los criterios con que se iba a llevar a la práctica. Se estableció que son exiliadas las personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El criterio es similar a otro aprobado en 2008. Se elegían esas fechas con la intención de que hubiera un criterio objetivo fácil de comprobar. A estas alturas, no es fácil para muchos de ellos ofrecer pruebas documentales oficiales de que sus padres o abuelos corrían el riesgo de sufrir persecución política, a menos que por ejemplo hubieran ingresado en prisión. Algunos alegan que un gran número de exiliados se fueron a vivir a Latinoamérica por razones económicas. La represión tenía una doble vertiente, política y económica. Muchos fueron depurados y perdieron sus puestos de trabajo en la Administración o empresas. Para los conocidos como “desafectos al régimen”, resultaba muy difícil encontrar trabajo en una dictadura que adoptó como misión vigilar y castigar a los perdedores de la guerra. Para los amantes de las sorpresas jurídicas: la instrucción mencionada no forma parte del procedimiento estudiado en el Supremo, ya que no ha sido “impugnada” por el recurso, como recuerda la magistrada que ha firmado un voto discrepante con la mayoría. La única decisión impugnada es la de la Junta Electoral Central. Los cuatro jueces del Supremo deciden que, como la Junta no ha intervenido en el fondo del asunto, eso les faculta a ellos para hacerlo. Feijóo dio la voz de alarma, Vox presentó el recurso y el Tribunal Supremo salió al rescate. Todo perfecto a ojos de Perelló. Negros y árabes, no gracias Ayuso en su discurso en la Asamblea de Madrid el 11 de septiembre. A Isabel Díaz Ayuso le gusta decir que Madrid es una ciudad abierta a todos, que aquí no se discrimina a nadie. Eso era antes de la crisis de Ceuta y de que el PP radicalizara su discurso contra la inmigración para estar como mínimo a la altura de Vox. Aunque las imágenes y los titulares tienden a centrarse en los extranjeros que llegan a la costa sur del país, la inmensa mayoría de los inmigrantes que viven en España llegaron por otros lugares muy conocidos, pero que no se mencionan con tanta frecuencia. Los aeropuertos, en especial los de Madrid y Barcelona. En un discurso en la Asamblea de Madrid el viernes, Ayuso hizo una distinción de estilo claramente racista: “Los hispanos no vienen en patera. Aquí caben. Aquí los que no caben son los delincuentes, los que quieren desguazar la economía de Madrid, aquellos que asaltan fronteras y aquellos que infunden inseguridad”. ¿Los latinoamericanos son buenos porque no llegan en patera? ¿Los que no son latinoamericanos son todos unos delincuentes?

elDiario.eselDiario.es•Iñigo Sáenz de Ugarte13 sept

Sectarismo supremo

'El boletín del director' es una carta semanal de Ignacio Escolar exclusiva para socios y socias de elDiario.es. Si tú también lo quieres leer y recibir cada sábado en tu buzón, hazte socio o socia Hay gente que cree que el Gobierno es capaz de amañar el resultado electoral a través de Indra. Gente desinformada, sectaria o ambas cosas a la vez, porque es imposible que esta empresa manipule el recuento: en España lo hacen ciudadanos elegidos por sorteo, en presencia de los interventores de los partidos. Los medios lo hemos explicado decenas de veces , pero eso no impide que el bulo del pucherazo de Indra se resista a morir. Una de esas personas desinformadas, sectarias o ambas cosas a la vez es juez del Tribunal Supremo español. Antes fue magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Gobierno de Rajoy, y también número dos de la Fiscalía General del Estado durante la última mayoría absoluta del PP. Se llama Antonio Narváez . Fue el primero de su promoción, lo que también demuestra que no todo se aprende con una oposición. Narváez es partidario declarado de Alberto Núñez Feijóo y no solo porque buena parte de sus ascensos se los deba al PP: así lo manifestó en una polémica cena de la Asociación de Fiscales con el líder de la oposición en abril de 2023 . En esa reunión, Narváez cuestionó el recuento de Indra, criticó duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por “deteriorar las instituciones” y expresó su deseo de que Feijóo llegara a La Moncloa: “Ojalá”. Antonio Narváez dio credibilidad al bulo de Indra. Ahora ha avalado otra conspiración de la extrema derecha: que el Gobierno prepara un “pucherazo” con la ley de nietos, que permite recuperar la nacionalidad a los descendientes del exilio español. Él es el ponente del auto del Tribunal Supremo que ha dejado sin derecho a voto a cientos de miles de españoles. Es un disparate jurídico de principio a fin. Algo de contexto, para no perderse. El 19 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática . En ella se da la posibilidad de recuperar la nacionalidad a los hijos y nietos de los españoles que se fueron al exilio “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Unos días después, el Ministerio de Justicia publicó en el BOE una instrucción donde se explica a los consulados cómo aplicar esta ley: los formularios, los plazos y qué documentos son válidos para acreditar el exilio. Había un problema: una gran parte de los nietos de los primeros exiliados no guarda el carné del PCE del abuelo, ni tampoco documento alguno de que fuera homosexual, republicano o ateo. Así que se estableció un criterio: presumir la condición de exiliado para todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Y exigir más documentación para quienes se fueron entre 1955 y 1978. No es un criterio perfecto, pero tampoco hay una alternativa mucho mejor. Exigir papeles más detallados sobre algo que ocurrió hace 90 años habría dejado fuera a muchos descendientes de exiliados; habría generado una injusticia aún mayor. Además, este criterio no fue una invención de Sofía Puente, la directora general que firmó esa instrucción. Es exactamente el mismo que ya se aplicó en 2008, con la ley de memoria anterior: “Se presumirá la condición de exiliado” a todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La frase de la polémica es un corta y pega literal de algo que no fue discutido hace casi dos décadas. Poco después de publicarse en el BOE, una organización ultra recurrió la instrucción de Sofía Puente. Ya entonces pidió la suspensión cautelar con el mismo argumento que usan hoy: que no todos los que emigraron entre 1936 y 1955 eran exiliados. El TSJ de Madrid les mandó a paseo en 2023 y desestimó la petición. Después archivó definitivamente la demanda porque esta organización no estaba legitimada para recurrir. Esa misma organización ultra volvió a la carga poco después. En 2024, presentó una querella contra Sofía Puente, acusándola de prevaricación. También fue archivada. Mientras tanto, el bulo del “pucherazo” de la ley de nietos creció y creció. Primero, amplificado por la ultraderecha. Más tarde, con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que dio por buena la conspiración. Antes del verano, Vox llevó el tema a la Junta Electoral Central, pidiendo otra vez la suspensión de esta instrucción, con el argumento de que Sánchez estaba ampliando el censo para amañar las elecciones. La ultraderecha volvió a fracasar: la Junta Electoral rechazó su petición. Iban perdiendo tres a cero… hasta que el Supremo apareció. Vox recurrió la decisión de la Junta Electoral Central ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Allí, por fin, los ultras han encontrado quien les compre la conspiración. En un auto extravagante, el Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de cientos de miles de españoles, descendientes de los exiliados. Afecta a todas las personas –alrededor de 400.000– que se habían acogido a esta opción. No se les quita el pasaporte; siguen siendo españoles. Solo se les impide votar. Un repaso a los cinco jueces que han avalado esta decisión demuestra hasta qué punto el dominio de la derecha en las cúpulas judiciales es abrumador. Antonio Narváez no es el único vinculado con el PP. Luis María Díez-Picazo Giménez: está al frente de esta sección y es conservador. Es uno de los protegidos de Carlos Lesmes: director general de Justicia con Aznar y presidente del CGPJ con Rajoy. Fue Lesmes quien lo promocionó a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Llegó al Supremo en marzo de 2008, nombrado por un CGPJ con el mandato caducado, durante uno de los bloqueos del PP. Díez-Picazo pasará a la historia por protagonizar uno de los episodios más negros de la justicia española : suspendió una sentencia firme del Supremo que condenaba a la banca a pagar un impuesto que grava las hipotecas. Para evitar ese cambio, convocó un anómalo pleno con todos los magistrados de la Sala para revisar la decisión por su “enorme repercusión económica y social”. Es algo que no había pasado nunca antes y que dudo que vuelva a pasar. En ese pleno, la sentencia se revirtió por un solo voto. Una vez más ganó la banca, a costa de todos los hipotecados. Antonio Jesús Fonseca-Herrero : también conservador y también cercano a Carlos Lesmes. Fue el entonces presidente del CGPJ quien lo promocionó como responsable de la acción disciplinaria –el que expedienta a los jueces– durante los años de mayoría conservadora tras la victoria de Mariano Rajoy. José Luis Requero : conservador y miembro del Opus Dei. En 2001 fue nombrado vocal del CGPJ, a propuesta del PP de Aznar. Estuvo allí hasta 2008: dos años más de los que debía, por el habitual bloqueo a la renovación que aplica el PP cada vez que pierde las elecciones. En esa época, se hizo famoso por comparar el matrimonio homosexual con “la unión entre un hombre y un animal” en un informe del consejo contra la ley del matrimonio igualitario de Zapatero. En 2014, durante el rodillo conservador de Carlos Lesmes en el CGPJ, fue ascendido al Tribunal Supremo con los votos de los vocales nombrados por el PP de Mariano Rajoy. Manuel Delgado-Iribarren: también conservador y uno de los últimos en llegar al Supremo. Fue nombrado hace poco más de un año por el nuevo consejo, a propuesta de los vocales elegidos por el PP. Entró por el turno de juristas –no es juez de carrera– y su principal aval en la derecha es Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional y gran muñidor del PP en los asuntos judiciales, con quien ha escrito varios libros. Arnaldo fue clave en la extraña carrera académica de Pablo Casado . Años después, Casado impulsó su llegada al Constitucional. ¿Alguna mujer? ¿Algún progresista? Solo una persona en representación de ambas ‘minorías’. La sexta integrante de este tribunal es María Alicia Millán Herrandis , asociada a Juezas y Jueces para la Democracia. Ella es también la única que se ha opuesto a este dislate del Supremo con un contundente voto particular. Que la derecha tenga una mayoría de cinco a uno en esta sección del Supremo no es una rareza: es lo habitual. Tampoco es fruto del azar. Todos los jueces del Supremo son nombrados por el CGPJ; allí no se llega por oposición. Son nombramientos irrevocables, hasta la jubilación. Estas abrumadoras mayorías de la derecha en el Supremo son consecuencia directa de las maniobras del PP durante décadas, al bloquear la renovación del CGPJ cada vez que perdían las elecciones, o al cambiar las mayorías necesarias para los nombramientos cuando la derecha controlaba el consejo. Pero volvamos a la ley de nietos, porque esta medida del Supremo no solo es cuestionable por las biografías de quienes la han tomado y su poca apariencia de imparcialidad. Es una decisión disparatada, por muchas razones más. Es un disparate porque es extemporánea. La instrucción de Sofía Puente sobre cómo aplicar la Ley de Memoria Democrática se publicó en el BOE hace ya cuatro años. El plazo para recurrir –dos meses– está más que prescrito y el órgano judicial competente –el Tribunal Superior de Madrid– ya descartó intervenir. Es un disparate porque pisotea un derecho fundamental: el derecho a voto. Es tan importante en nuestra Constitución que ni siquiera se puede suspender con la declaración de un estado de sitio o de excepción. Y el Supremo lo ha hecho a las bravas, cancelando un derecho fundamental de terceros que no son parte del proceso y que ni siquiera han podido defenderse. Es un disparate porque es una medida completamente desproporcionada: no hay un equilibrio entre el bien que el Supremo dice querer proteger y la medida que ha decidido aplicar. Es un disparate porque es contradictorio: porque el Supremo no anula la nacionalidad de estas personas, solo uno de los derechos fundamentales que conlleva. Es un disparate porque el recurso de Vox va en contra de la decisión de la Junta Electoral Central, no contra la instrucción del Ministerio de Justicia –no podrían, estarían fuera de plazo–. Lo que hace el Supremo es aprovechar la ocasión para entrar a criticar esa instrucción por una vía que no corresponde. Es una clara desviación procesal. Y es un disparate porque el bulo del pucherazo con la ley de nietos es tan falso como el de Indra que Antonio Narváez ya se tragó. La inmensa mayoría de los nietos e hijos de exiliados que han pedido la nacionalidad lo hacen por razones sentimentales o porque quieren un pasaporte de un país de la Unión Europea, que les da más posibilidades migratorias o de viajes a Europa o EEUU. Su participación en las elecciones ronda el 10%. Su influencia real en las próximas generales será mínima. Tampoco hay dato alguno que permita presuponer que apoyarán en las urnas al Gobierno. La única vez que ese voto exterior ha movido un escaño en unas generales fue en 2023… a favor del PP. Me despido aquí por hoy. No sin antes recordar que publicar esta carta, criticar esta decisión del Supremo, no es un ataque intolerable a la Justicia de esos que denuncia la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Lo que debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia no son las críticas: son decisiones así.

elDiario.eselDiario.es•Ignacio Escolar12 sept

El PP aumenta la presión al Gobierno por Ceuta con la mirada puesta en el 12 de octubre

Feijóo intenta tomar el control de la comunicación de su partido ante la escalada verbal contra Marruecos de dirigentes como Ayuso para poner todo el foco en la crisis interna abierta en el Ejecutivo a cuenta de los avisos previos sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma Feijóo impone a sus barones un “mando único comunicativo” tras pedir Ayuso “romper relaciones con Marruecos” “Lo tiene que solucionar antes del 12 de octubre”. El irónico consejo lo verbalizó el pasado lunes ante los periodistas un importante barón autonómico del PP tras la intervención del presidente de Ceuta, Juan José Vivas, en un acto informativo en Madrid . Dentro de un mes, España celebra su Fiesta Nacional, con el habitual desfile militar en el centro de la capital, que estará presidido por Felipe VI, Pedro Sánchez y Margarita Robles. Un escenario habitual para gritos e insultos contra los gobiernos progresistas en el pasado que amenaza con alcanzar este año su máxima intensidad. Y el PP no dejará de aumentar la presión sobre un Gobierno que, dicen desde su dirección, “está roto” por la gestión de la crisis desatada en la ciudad autónoma con la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Aunque ven todavía “lejos” esa fecha del 12 de octubre, son conscientes de la reacción que puede producirse entre los asiduos a este tipo de fastos y tienen la fecha anotada en su calendario en rojo. Este mismo viernes, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusó al presidente del Gobierno de “callar” y estar “de rodillas” ante Marruecos, después de un comunicado oficial del país vecino en el que rechaza haber sido partícipe de lo ocurrido en Ceuta. Marruecos apuntó: “Algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos ”. En el PP se dieron por aludidos. En otro comunicado oficial, el partido de Alberto Núñez Feijóo respondió que Marruecos es “responsable por acción u omisión” de la “invasión” de Ceuta. Pero el primer partido de la oposición ha movido su posición, al limitar dicha “invasión” al 30 de julio, cuando la semana pasada su líder aseguró en el Congreso: “Ceuta no sufrió una crisis migratoria, fue una invasión que continúa ”. Los de Feijóo han percibido desde el primer momento la intensidad de la crisis de Ceuta. Los mensajes de la oposición han ido aumentando su dureza conforme avanzaban los días para ejercer más presión sobre aquellos puntos débiles del Gobierno, y en consonancia con el enfado también creciente de la opinión pública. Las críticas son inversamente proporcionales a la ayuda que las administraciones gobernadas por el PP y Vox están ofreciendo al Gobierno o a Ceuta . En Génova deciden “cada mañana”, según explicaba este jueves uno de sus dirigentes, qué posición les conviene más para atacar al Ejecutivo, sin prestar excesiva atención a la coherencia de sus mensajes. Uno de los giros más notables tiene que ver, precisamente, con Marruecos. Al comienzo de la crisis, Feijóo intentó no enfrentarse con un país con el que España está obligada a mantener abiertas y fructíferas relaciones diplomáticas. Tanto por interés nacional como europeo. El líder del PP aseguró en agosto que él no iba a exigir “responsabilidades” a Marruecos, y atacó a Pedro Sánchez porque en 2018 no hizo su primer viaje oficial al país vecino. Un mes después, el líder de la oposición señaló expresamente al país de Mohamed VI como actor indispensable de la “invasión” del 30 y 31 de julio. “La invasión se produjo porque 80.000 personas el día de la Fiesta del Trono, celebrada en Tetuán a 25 kilómetros, y pese a las estrictas medidas de seguridad, se dirigieron a la frontera y la superaron sin que su Gobierno ni Marruecos hiciera nada para impedirlo”, aseguró durante su réplica a las explicaciones que dio Sánchez en el Congreso. “Pánico” al 12-O Pese al giro con Marruecos, Feijóo mantiene la presión total sobre el Gobierno, y quiere controlar él mismo toda la comunicación del partido. La idea es evitar, precisamente, que las declaraciones de barones o dirigentes puedan desviar la atención del foco, que quieren centrar en la gestión de la crisis y en la supuesta quiebra interna en el Ejecutivo. En la dirección del PP no están dispuestos, por ejemplo, a que Isabel Díaz Ayuso vaya por libre y diga que si ella fuera “presidenta”, ya habría “roto relaciones con Marruecos” , mientras Feijóo sostiene, aun este viernes, que tiene “la voluntad de mantener una relación leal y estable con el Reino de Marruecos”. Los focos del PP deben apuntar al Gobierno, sin desviarse. Y la imagen del rey, el presidente y la ministra de Defensa juntos en la tribuna de autoridades ese 12 de octubre llegará a caballo de las contradicciones públicas que hay entre el departamento de Robles y el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a cuenta de los avisos que llegaron, o no , de los servicios de inteligencia sobre lo que iba a ocurrir en Ceuta. En este contexto, la Casa del Rey publicó en sus redes sociales una fotografía nada habitual: Felipe VI, vestido de uniforme, siendo informado por Robles y la plana mayor de las Fuerzas Armadas sobre “la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa”. “Le tiene miedo, pánico” al día del desfile, sostiene un barón autonómico, convencido de que si la crisis en Ceuta no se desvanece en las próximas cuatro semanas, la reacción de las personas que asistan al evento, donde los políticos de izquierdas son sistemáticamente abucheados, será más dura que nunca. En el PP están convencidos de que el Gobierno acabará ante los tribunales por lo ocurrido en Ceuta. Marlaska lo dan por hecho. Y suspiran incluso con la investigación que la jueza María Tardón ha puesto en marcha en la Audiencia Nacional alcance al propio presidente del Gobierno. Pase o no pase, el PP ha pedido personarse en la causa como acusación popular a lomos de los gritos que cientos de miles de personas profirieron en toda España durante las concentraciones del pasado 2 de septiembre, convocadas por Feijóo bajo el subterfugio de la Federación de Municipios y Provincias. Al habitual “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” se sumó un “¡Pedro Sánchez, a prisión!” o “¡Sánchez, traidor!”, y otros gritos que denotan un importante aumento de la rabia en parte de la población. Una acusación, la de traición, que este jueves hizo suya Ayuso durante el debate sobre el estado de la región, para descontento de la dirección nacional del PP. Durante las concentraciones hubo agresiones a periodistas y cargas policiales en las inmediaciones del Congreso. Pero, lejos de rebajar su agresividad verbal, el PP no ha hecho más que subirla. Juan Bravo, tras sus declaraciones sobre Sánchez, acusó además al Gobierno de dejar “solo” a Juan Vivas en su reciente viaje a Bruselas para reunirse con cargos de la Unión Europea. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores afirman a elDiario.es que intentaron durante “tres días” reunirse en la capital comunitaria con el presidente sin obtener respuesta. “Nos dio largas y nos parece extraño”, sostienen esas fuentes. En su visita a Madrid el pasado lunes, Vivas estuvo arropado por todo el PP, que ha hecho de la supuesta soledad del presidente ceutí una poderosa arma política. Vivas ha conseguido aunar en su persona todas las críticas y miedos que los habitantes de la ciudad autónoma han sentido y expresado desde la entrada masiva de julio. No soltar a la presa En el Gobierno estaban convencidos de que la crisis migratoria y humanitaria de Ceuta se autodisolvería con el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina de los españoles, pero la realidad se ha impuesto y la cuestión no dejan de escalar para un Ejecutivo en el que se dan versiones a veces contradictorias sobre lo ocurrido antes, durante y después del salto masivo. Para intentar cerrar esa vía de agua, el Gobierno desclasificó y publicó 40 documentos de diferentes organismos para intentar apuntalar la tesis de que no recibieron avisos suficientes en los días previos que permitiera reforzar la frontera. Los informes no han permitido que escampe la tormenta. De hecho, este mismo viernes dimitió un alto cargo de la Delegación del Gobierno en Ceuta. En su carta de renuncia asegura que sí se trasladaron avisos a los ministerios . La realidad es que la crisis permanece, y ha dado argumentos a la oposición para arremeter con más fuerza contra el Gobierno. Pero no solo. Las críticas han llegado también tanto desde Sumar (parte minoritaria del Ejecutivo y con poco papel en la gestión más allá de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego), como desde los aliados parlamentarios. Los más fieles y los más esquivos . Y el PP no va a dejar pasar la oportunidad.

elDiario.eselDiario.es•Aitor Riveiro11 sept

El PP responde a Marruecos que es "responsable por acción u omisión" de la crisis en Ceuta

El partido responde a las críticas del país de Mohamed VI en un comunicado que limita la "invasión" al 30 de julio, y en el que asegura que su "voluntad de mantener una relación leal y estable" con el reino alauí "en beneficio" de los "ciudadanos" de ambos países Marruecos rechaza las acusaciones por Ceuta: “Nos negamos a ser el chivo expiatorio” El PP ha asegurado este viernes que “Marruecos es responsable por acción u omisión” de la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. En respuesta a un comunicado del reino alauí, en el que lamenta que hayan convertido a su país en un “ chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos”, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha publicado otro mensaje oficial en el que afirma que “nada está por encima de la defensa de España”. Una “defensa” que el PP asegura que ejercerá “siempre con firmeza, dentro del Estado de Derecho y con independencia de cualquier circunstancia”. El PP exige en ese comunicado respeto a las instituciones y a la investigación judicial iniciada en España sobre la entrada a la ciudad autónoma. Rabat difundió el jueves una declaración sobre las relaciones con España en la que lamenta que “algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos”. “El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos” en España, dice el Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores. “Invasión”, solo el 30 de julio En su primer comunicado oficial por escrito sobre Ceuta, los de Feijóo mantienen que la entrada masiva de personas fue una “invasión”, aunque lo circubscriben al “pasado 30 de julio”. Es un cambio sustancial respecto del mensaje que sus portavoces lanzan en España, donde aseguran que la “invasión” sigue en marcha , en referencia a las personas migrantes que no regresaron a Marruecos y optaron por quedarse en Ceuta. Así lo dijo el propio Feijóo la semana pasada durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso: “Ceuta no sufrió una crisis migratoria, fue una invasión que continúa ”. Una semana después, y en respuesta directa a Marruecos, el PP evitar sostener que Ceuta sigue “invadida”, y apunta: “la crisis todavía extendida hasta el día de hoy es una violación grave de la integridad territorial de España y por extensión de Europa, un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular”. Feijóo ha tenido que imponer un “mando único comunicativo” centralizado en Génova para controlar la escalada dialéctica de sus dirigentes contra Marruecos. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró hace unos días que si ella “fuera presidenta, rompería relaciones” con el país africano. Desde la dirección del PP consideran esta posición una “opinión” de Ayuso, pero Feijóo ha enviado un mensaje a sus barones para reclamarles que eviten “sobreactuaciones”. Horas después, la propia Ayuso acusó al Gobierno de “traición”, mientras el expresidente José María Aznar relacionaba la situación en Ceuta con la quiebra en las relaciones con Israel .

elDiario.eselDiario.es•elDiario.es11 sept

Rodríguez avanza que el Gobierno "actualizará" el plan anticrisis aunque con "idéntico espíritu"

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el decreto con medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania se "actualizará", aunque ha señalado que en el fondo el "espíritu es idéntico: amortiguar los daños de la guera de Putin a la economía española". En una entrevista en La Hora de la 1 , la portavoz ha explicado que las medidas se prorrogarán aunque el decreto que se apruebe no será exactamente el mismo porque tal vez sea "preciso" realizar algunos ajustes o ampliar alguna cuestión para dar la respuesta oportuna". En cuanto a los apoyos, Rodríguez espera que el PP de Feijóo, "si quiere ser distinto al de Casado", apoye el nuevo decreto. "Esperamos del principal partido de la oposición que estemos junto en lo que es relevante para el país", ha advertido. FOTO: Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE/ Emilio Naranjo Ver vídeo

RTVERTVE6 jun 2022

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Juan Bravo (PP): "La propuesta de Feijóo debe ser admitida"

Juan Bravo, viceconsejero de Economía del Partido Popular, ha defendido en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que las propuestas que de su grupo enviará mañana al Gobierno, afirmando que están hechas "desde la sensatez", y ha recordado que Sánchez "adquirió un compromiso con los presidentes autonómicos de hacer una bajada de impuestos", así que cree que "la propuesta de Feijóo debería ser admitiva" . Además, ha explicado que "no sólo se trata de bajar los impuestos", también de "un análisis de la eficiencia en el gasto público y una mejora en la gestión de los Fondos Europeos" y ha defendido que otros organismos, como el Banco de España, también avalan parte de las propuestas del Partido Popular referidas a la bajada de impuestos. Además, ha pedido al Gobierno que de ejemplo , ya que igual que pide sacrificio a las eléctricas, "hay margen" para que utilice el dinero que está recaudando por la subida de los precios. Respecto a las próxima convocatoria electoral en Andalucía, Bravo, que tambien es consejero de Hacienda en la Junta de Andalucía, ha negado saber la fecha exacta, aunque ha dejado clara "la importancia de tener Presupuestos, y para ello sería necesario elecciones antes de julio", pero, en cualquier caso, "es una decisión que debe tomar el Presidente ". Escuchar Audio

RTVERTVE21 abr 2022