El Tribunal Supremo sale al rescate de Feijóo
'Política para supervivientes' es una carta semanal de Iñigo Sáenz de Ugarte exclusiva para socios y socias de elDiario.es con historias sobre política nacional. Si tú también lo quieres leer y recibir cada domingo en tu buzón, hazte socio, hazte socia de elDiario.es Anda como un bulo, nada como un bulo, grazna como un bulo, pero no, no es un pato, son cuatro jueces del Tribunal Supremo. Círculos esotéricos de la derecha llevan unos años dudando de la integridad de los procesos electorales españoles. Casi en cada cita con las urnas salen algunos colgaos invocando el nombre de Indra para alentar sospechas sin base. 180.942 españoles formaron parte de las mesas electorales en los últimos comicios de 2023. Son la mejor garantía de un sistema que ha funcionado como una seda desde 1977. Uno de esos funambulistas del embuste es un magistrado del Supremo que forma parte de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha suspendido el derecho al voto de los nuevos españoles a los que la Ley de Memoria Democrática de 2022 concedió la nacionalidad por ser hijos o nietos de exiliados del franquismo. En su etapa de fiscal, Antonio Narváez estuvo en la cena que mantuvieron unos cincuenta fiscales conservadores con Alberto Núñez Feijóo en 2023, una cita que el líder del PP intentó mantener en secreto. Además de expresar en el acto su ferviente deseo de que Feijóo llegara a Moncloa, Narváez hizo una mención de pasada a Indra, la empresa que tiene un papel importante en la gestión informática de los procesos electorales, cuando describió “el deterioro de las instituciones” causado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es un jurista de plena confianza del PP. Fue elegido miembro del Tribunal Constitucional entre 2014 y 2023 a propuesta de ese partido. Y de ahí directo al Tribunal Supremo para seguir con su inestimable trabajo. Si algunos de vosotros tiene la tentación de criticar a los miembros de esa Sala o de dudar de la imparcialidad del juez Narváez, que sepáis que eso no le gusta a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. En su discurso en la apertura del año judicial de esta semana, dijo que era de “extraordinaria gravedad” acusar a los jueces de actuar por razones políticas. Es más, afirmó que esa imputación “puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”. Evidentemente, Perelló no se atrevió a mencionar las encuestas que revelan la caída en la reputación de la justicia entre los ciudadanos. El 53% de los españoles opina que los jueces no son independientes en España, según una encuesta de El Periódico publicada en julio. El 65% cree que en España existe lawfare (decisiones judiciales aprobadas con intención política), según otro sondeo de El País, también de julio. Sólo el 23% está convencido de que los jueces son imparciales. Otra encuesta de este diario afirma que el 47,8% considera que la justicia no actúa de forma imparcial, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales realizan su trabajo de forma objetiva. “Hay jueces que están haciendo política”, suscribe un 58% de los encuestados por La Vanguardia. Perelló prefirió continuar tan ricamente en su burbuja judicial al afirmar en su discurso que los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales. Así que los que digan que no que sepan que están imputando un delito y que se atengan a las consecuencias. Con su decisión, el Tribunal Supremo ha suscrito por entero las sospechas manifestadas por el PP y Vox sobre la decisión de otorgar la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Por si quieren votar, claro, que es un derecho que tienen todos los españoles gracias al sufragio universal. “Lo que hay detrás es ingeniería electoral. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, va a ver si fabricando votantes le salen”, dijo Feijóo en junio. Feijóo en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Habrá quien piense que la aprobación de la ley de 2022 suscitó en su momento una fuerte confrontación política. Pues no fue así. Ha sido en los últimos meses cuando se han lanzado estas acusaciones. Y todo ha saltado porque la Junta Electoral Central se negó a intervenir al no tener competencias para impedir el derecho al voto de esos españoles. Después de un recurso de Vox y del grupo ultraderechista Iustitia Europa, el Supremo decidió que desde luego que ellos iban a entrar en escena. Feijóo lo había dejado claro. Esto no se puede permitir. El auto, del que el ponente no es otro que Narváez, retrata a sus responsables sin rubor. Decreta que existe “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. ¿Objetividad? La pluma de Narváez no se para ahí. Sostiene que concederles el derecho al voto a esos hijos y nietos de exiliados puede afectar al “resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral”. Es decir, los españoles pata negra. Imagina que esa gente de fuera está formada por españoles postizos que votan a los partidos equivocados. El Supremo no puede tolerar algo así. Se trata de una medida cautelar a la espera de que la Sala adopte el criterio definitivo. El contenido del auto hace pensar que tienen la decisión tomada. Es muy posible que los jueces creen una nueva categoría, la de españoles sin derecho al voto. No lo busquéis en la Constitución, porque no aparece en ningún lado. Su artículo 68 dice: “Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos”. 333.696 personas nacionalizadas por la ley de nietos figuran ya inscritas en el censo, según datos del Gobierno hasta el 31 de mayo. Otros 238.065 han solicitado su inclusión. Es indudable que la ley que concedió la nacionalidad a esas personas fue muy generosa. Se hizo así con la intención de reparar una deuda histórica. Fue una decisión del legislativo que los jueces no pueden anular. El motivo de la discordia es una instrucción emitida por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022 para fijar los criterios con que se iba a llevar a la práctica. Se estableció que son exiliadas las personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El criterio es similar a otro aprobado en 2008. Se elegían esas fechas con la intención de que hubiera un criterio objetivo fácil de comprobar. A estas alturas, no es fácil para muchos de ellos ofrecer pruebas documentales oficiales de que sus padres o abuelos corrían el riesgo de sufrir persecución política, a menos que por ejemplo hubieran ingresado en prisión. Algunos alegan que un gran número de exiliados se fueron a vivir a Latinoamérica por razones económicas. La represión tenía una doble vertiente, política y económica. Muchos fueron depurados y perdieron sus puestos de trabajo en la Administración o empresas. Para los conocidos como “desafectos al régimen”, resultaba muy difícil encontrar trabajo en una dictadura que adoptó como misión vigilar y castigar a los perdedores de la guerra. Para los amantes de las sorpresas jurídicas: la instrucción mencionada no forma parte del procedimiento estudiado en el Supremo, ya que no ha sido “impugnada” por el recurso, como recuerda la magistrada que ha firmado un voto discrepante con la mayoría. La única decisión impugnada es la de la Junta Electoral Central. Los cuatro jueces del Supremo deciden que, como la Junta no ha intervenido en el fondo del asunto, eso les faculta a ellos para hacerlo. Feijóo dio la voz de alarma, Vox presentó el recurso y el Tribunal Supremo salió al rescate. Todo perfecto a ojos de Perelló. Negros y árabes, no gracias Ayuso en su discurso en la Asamblea de Madrid el 11 de septiembre. A Isabel Díaz Ayuso le gusta decir que Madrid es una ciudad abierta a todos, que aquí no se discrimina a nadie. Eso era antes de la crisis de Ceuta y de que el PP radicalizara su discurso contra la inmigración para estar como mínimo a la altura de Vox. Aunque las imágenes y los titulares tienden a centrarse en los extranjeros que llegan a la costa sur del país, la inmensa mayoría de los inmigrantes que viven en España llegaron por otros lugares muy conocidos, pero que no se mencionan con tanta frecuencia. Los aeropuertos, en especial los de Madrid y Barcelona. En un discurso en la Asamblea de Madrid el viernes, Ayuso hizo una distinción de estilo claramente racista: “Los hispanos no vienen en patera. Aquí caben. Aquí los que no caben son los delincuentes, los que quieren desguazar la economía de Madrid, aquellos que asaltan fronteras y aquellos que infunden inseguridad”. ¿Los latinoamericanos son buenos porque no llegan en patera? ¿Los que no son latinoamericanos son todos unos delincuentes?
elDiario.es•Iñigo Sáenz de Ugarte13 sept
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