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4 fuentesSeguimiento desde 22 sept, 09:31

Greenpeace, sobre el juicio a 11 activistas en Valencia: Fue una protesta pacífica

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Cobertura cronológica

  1. Hoy
  2. Seguimientohace 4 h

    Un jefe de Información de la Guardia Civil reconoce que la acción de Greenpeace fue "totalmente" pacífica y no causó daños

    El testigo relata que una de las dársenas quedó "totalmemente" bloqueada y dice que el despliegue ecologista en el puerto de Sagunt para bloquear un barco gasero estuvo "muy bien" coordinado El activismo climático afronta un juicio histórico: “Que sirva para que en el futuro no sufran este calvario” El juicio contra 11 activistas de Greenpeace en el que la Fiscalía pide cinco años de prisión por un presunto delito de desórdenes públicos a consecuencia de una acción pacífica contra un barco gasero en el Puerto de Sagunt el 26 de octubre de 2021 ha arrancado con una certeza compartida por todos los testigos: todo fue pacífico. La discusión se ha centrado en el eventual riesgo que supuso el despliegue de las lanchas y del buque Esperanza de Greenpeace. El guardia civil instructor del expediente, jefe del Grupo de Información, ha relatado ante la titular de la Plaza número 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València que el instituto armado fue avisado el día de autos de que se estaba desarrollando una “acción activista” de Greenpeace. Las primeras cuatro zodiacs de la organización se dedicaron a la “navegación rápida alrededor del buque, zigzagueando” y a hacer algunas pintadas en el buque gasero. Sin embargo, a juicio del testigo, fue “claramente” una “maniobra de distracción” que despistó al personal de la Guardia Civil y permitió al buque de Greenpeace echar el ancla en la dársena dos para impedir la entrada del barco gasero. “Se colocan de tal forma que es imposible entrar y maniobrar en la dársena”, ha relatado. Aquella dársena quedó “totalmente” bloqueada, interrumpiendo la actividad del puerto, según ha apostillado. El testigo ha declarado que el capitán del buque Esperanza , de Greenpeace, fue requerido varias veces para que depusiera su actitud, sin éxito. Una vez autorizado el abordaje, los efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la unidad de élite de la Guardia Civil, procedieron a “reventar” la puerta de entrada al puente de mando. “Ni el capitán ni nadie de la tripulación colaboraron, la actitud fue totalmente pasiva”, ha dicho. Un “peligro para la navegación” “La acción tengo que reconocer que está muy bien coordinada”, ha manifestado el testigo. El uniformado también ha aludido a un “peligro para la navegación”, aunque nada más allá: “A la vista de los hechos, no hay un peligro manifiesto de que explotara o de una fuga de gas, eso no se produce”. El jefe de Información ha declarado que la actitud de los activistas fue “totalmente pacífica”, lo cual ha dicho que es de “agradecer”. “La resistencia sigue siendo resistencia”, ha apostillado. También ha reconocido, en la línea del anterior testigo, que “no se constata ningún riesgo concreto”. Sin embargo, ha tildado de “negligentes y temerarias” las maniobras de las zodiacs de Greenpeace, aunque ha descartado que pretendieran embestir a las embarcaciones de la Guardia Civil. Por otro lado, el patrón de la embarcación Río Júcar de la Guardia Civil ha explicado en su declaración que el Servicio Marítimo del instituto armado tenía localizado con días de antelación al buque de Greenpeace y, al estar prevista la entrada del gasero en el Puerto de Sagunt, se les ordenó patrullar por la zona “por si podía haber algún altercado o algo”. El agente ha dicho que los activistas mantenían una “actitud tranquila”. “No tenían una actitud violenta, pero no había intención [por parte de los activistas] de atender nuestros requerimientos. No fueron nada violentos, pero es verdad que ellos seguían con su objetivo”, ha resumido el guardia civil. También ha descartado que los activistas mantuvieran una actitud “hostil” hacia la autoridad. El agemnte ha descrito un “pequeño” incidente: el accidente de una de las zodiacs que “no claculó bien” y chocó con el ancla de la embarcación d ela Guardia Civil, venciendo la consola de mando para patronear la lancha y estrellándose finalmente contra el muelle. “Vinieron a pedirnos perdón porque había sido un accidente sin más intención, en ningún momento lo percibimos como un atentado a la autoridad”, ha afirmado. Un “incremento del riesgo”, según el testigo de la regasificadora El representante legal de la planta regasificadora de la infraestructura portuaria también ha reconocido que no hubo daños a consecuencia de la acción reivindicativa de la organización ecologista, y ha aludido a un mero riesgo “hipotético”, tal como ha destacado uno de los dos abogados que ejerce la defensa de los encausados. “No hubo daño, pero sí incremento del riesgo”, ha afirmado ante una sala repleta de un público solidario con los acusados, que incluía a observadores de Amnistía Internacional. El testigo, que presenció los hechos, ha explicado que al tratarse de una infraestructura crítica la planta tiene la obligación de avisar a organismos tales como la Guardia Civil o el Ministerio de Transición Ecológica en escenarios como el de la protesta de Greenpeace, que bloqueó el acceso del buque gasero en protesta contra los combustibles fósiles. El representante legal de la planta regasificadora también ha manifestado que en ningún momento se interrumpió la entrada de gas, al haber existencias para abastecer la demanda durante la protesta, que duró unas 12 horas. “Una cosa es el daño y otra es el riesgo, no se materializó el daño, pero eso no quita el riesgo, el riesgo existe”, ha afirmado el hombre, que ha declarado por videoconferencia. El testigo, en definitiva, ha descrito una “situación potencialmente peligrosa” vinculada a las maniobras para sacar el buque gasero de popa hacia la zona de fondeo de mercancías peligrosas.

    elDiario.eselDiario.esLucas Marco
  3. Infobae
    Seguimientohace 6 h

    Comienza el juicio contra 11 activistas de Greenpeace que se enfrentan a 5 años de prisión

    València, 23 sep (EFE).- El juicio a once activistas de Greenpeace por una protesta en el Puerto de Sagunto (Valencia) contra un buque cargado de gas, para los que el Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel, ha comenzado pasadas las 10.20 horas de este miércoles con la esperanza de los ecologistas en un cambio en las conclusiones de la Fiscalía. Los hechos por los que se les acusa del delito de desórdenes públicos agravados, ocurrieron en octubre de 2021, cuando el barco 'Esperanza' de Greenpeace entró en el puerto para "denunciar y tratar de frenar" la llegada del buque Merchant, procedente de Estados Unidos, con 138.000 metros cúbicos de gas licuado. Los activistas se anclaron junto a la planta de regasificación para impedir la entrada del barco y pintaron en un lado del buque el lema "NO + GAS", mientras un escalador se encaramó al ancla del barco para ejercer una resistencia pasiva y permaneció en el lugar doce horas, según el relato de la organización ecologista. La abogada de Greenpeace, Inés Díez, ha señalado que esperan que este juicio acredite "que los hechos se pueden encuadrar dentro del derecho a la protesta y que, en todo caso, podría haber sido constitutivo de una infracción administrativa, pero nunca penal". "Estamos expectantes, nerviosos también, después de un periodo tan largo de tiempo se va a celebrar el procedimiento", ha asegurado la responsable del área jurídica de la organización a EFE antes de entrar a la Ciudad de la Justicia de València, donde se celebra el juicio. Para Felipe Pimentel, uno de los activistas encausados, "es absurdo pedir cinco años para una protesta pacífica" y ha calificado este procedimiento como "desproporcionado, preocupante" y como "una mordaza al activismo mundial". "Estoy ansioso, pero estoy confiado en la justicia española", ha expresado el activista a EFE, quien ha apuntado que ellos tienen "mucha suerte" gracias al equipo de abogados de Greenpeace, pero "hay muchos movimientos y organizaciones que no tienen lo mismo", ha lamentado. Díez ha insistido en que la petición de cinco años de prisión para los activistas se trata de "la solicitud de pena más alta por derecho a la protesta que se ha pedido en Europa" y ha añadido: "Esperamos que el Ministerio Fiscal modifique sus conclusiones y esperamos que la sentencia sea absolutoria". La abogada de Greenpeace ha explicado que no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía porque entienden que "no procede, porque son inocentes" y ha advertido que esta sentencia puede sentar precedentes para que, en el futuro, estos hechos "nunca puedan ser llevados por la vía penal". Asimismo, Díez ha hecho hincapié en el retraso que sufren los juzgados españoles y ha lamentado que cinco años, en la vida de estas personas, supone "un tiempo largo" y un "procedimiento arduo" para los once activistas, que son de "ocho nacionalidades y culturas distintas". EFE (Foto) (Vídeo) (Audio)

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  4. Ayer
  5. Seguimiento22 sept, 09:57

    Greenpeace, sobre el juicio a 11 activistas: "Fue una protesta pacífica, es una persecución"

    La organización ecologista critica la "corriente global de represión para intimidar, disuadir y castigar a quienes cuestionan los intereses de las grandes industrias contaminantes" El activismo climático afronta un juicio histórico: “Que sirva para que en el futuro no sufran este calvario” Greenpeace ha asegurado que la protesta en el puerto de Sagunto contra un buque cargado de gas en 2021, por la que están encausados once activistas, fue pacífica y ha lamentado que el juicio que se celebra este miércoles en València es el resultado de “una persecución al activismo para incriminar hechos que se encuadran dentro del derecho a la protesta”. “Protestar no es un delito, es una herramienta imprescindible de progreso social y de salud democrática”, ha señalado la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, quien ha defendido que la acción para impedir la entrada de un buque estadounidense cargado de gas en Sagunto fue “pacífica, transparente, pública y estrictamente no violenta”. La abogada de Greenpeace, Inés Díez, ha afirmado en una rueda de prensa este martes, a bordo del rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace en el Puerto de València, que los once activistas “nunca alteraron la paz social”, que es lo que castiga el delito de desórdenes públicos al que se enfrentan, y tampoco provocaron daños personales ni materiales, por lo que ha insistido en que el procedimiento “siempre debió ser administrativo, no penal”. Sin embargo, la Fiscalía solicita para ellos cinco años de cárcel por un delito de desórdenes públicos agravados , algo que desde Greenpeace califican como un “empecinamiento del Ministerio Fiscal”, una “persecución a organizaciones activistas” y una “corriente global de represión para intimidar, disuadir y castigar a quienes cuestionan los intereses de las grandes industrias contaminantes”.

    elDiario.eselDiario.esEFE
  6. Infobae
    Primera noticia22 sept, 09:31

    Greenpeace, sobre el juicio a 11 activistas en Valencia: Fue una protesta pacífica

    Valencia, 22 sep (EFE).- Greenpeace ha asegurado que la protesta en el puerto de Sagunto (Valencia) contra un buque cargado de gas en 2021, por la que están encausados once activistas, fue pacífica y ha lamentado que el juicio que se celebra este miércoles en Valencia es el resultado de "una persecución al activismo para incriminar hechos que se encuadran dentro del derecho a la protesta". "Protestar no es un delito, es una herramienta imprescindible de progreso social y de salud democrática", ha señalado la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, quien ha defendido que la acción para impedir la entrada de un buque estadounidense cargado de gas en Sagunto fue "pacífica, transparente, pública y estrictamente no violenta". La abogada de Greenpeace, Inés Díez, ha afirmado en una rueda de prensa este martes, a bordo del rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace en el Puerto de Valencia, que los once activistas "nunca alteraron la paz social", que es lo que castiga el delito de desórdenes públicos al que se enfrentan, y tampoco provocaron daños personales ni materiales, por lo que ha insistido en que el procedimiento "siempre debió ser administrativo, no penal". Sin embargo, la Fiscalía solicita para ellos cinco años de cárcel por un delito de desórdenes públicos agravados, algo que desde Greenpeace califican como un "empecinamiento del Ministerio Fiscal", una "persecución a organizaciones activistas" y una "corriente global de represión para intimidar, disuadir y castigar a quienes cuestionan los intereses de las grandes industrias contaminantes". EFE (Foto) (Vídeo) (Audio)

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