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Zapatero subraya que la UDEF se extralimitó y pide anular su informe sobre Bolivia

Madrid, 14 sep (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Audiencia Nacional que extraiga del procedimiento en el que se le investiga un informe de la UDEF sobre su mediación ante el Gobierno de Bolivia, pues es consecuencia de una intromisión ilegítima en su intimidad y una investigación general sobre su vida. El escrito de Zapatero, al que ha tenido acceso EFE este lunes, es un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras la negativa del juez José Luis Calama a reconsiderar su decisión sobre la investigación de la UDEF. El expresidente del Gobierno, investigado por presunto tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra, argumenta que las sospechas sobre Bolivia (y el posible cobro de 200.000 euros por influir ante las autoridades de ese país en beneficio de un grupo empresarial) son fruto de información obtenida en los registros, pero que se encontraba fuera del perímetro de la causa. A su juicio, que una unidad policial haga un volcado masivo de la información intervenida y decida "analizarla de cualquier modo y sin perímetro alguno", supone una "prohibida 'inquisitio generalis'". "El investigado que ha sufrido las consecuencias de esa incautación masiva se enfrentará a una investigación general, allá hasta donde temporalmente alcancen los datos", afirma. Según el recurso, la UDEF, sin autorización judicial, hizo uso de la información de inteligencia financiera "omnicomprensiva" de la actividad personal y profesional de Zapatero y analizó de manera completa los movimientos en su cuenta del Banco Santander, detallando 174 transferencias de once pagadores, es decir, todos los movimientos producidos en un periodo de cinco años. Y todo ello a pesar de que la gran mayoría de esos movimientos no tiene que ver con la empresa Análisis Relevante o Julio Martínez, que era el objeto entonces de la investigación, sino que eran "ingresos por otras actividades respecto de las que no se reflejan indicios delictivos", entre ellos los importes recibidos de Focus Social relacionados con Bolivia. "La inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas", sostiene el recurso, que concluye que "se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado". Por ello, pide que se saque del procedimiento el informe de la UDEF sobre la esas transferencias de Focus Social Research por proceder "de una investigación general" no autorizada judicialmente, y tratarse de "una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía ex ante sospecha alguna". EFE

InfobaeInfobaeNewsroom Infobae14 sept

El CIS aumenta la ventaja del PSOE sobre el PP a 5,5 puntos pese a la crisis en Ceuta

Los socialistas logran un 31% de los votos, solo tres décimas menos que en julio; el PP, un 25,5%, 1,6 puntos por debajo que el último estudio; Vox, un 16,6%; Sumar, un 5,7%, y Podemos, el 3,7%, según el barómetro de septiembre del instituto que dirige José Félix Tezanos El barómetro anterior - El CIS hunde la ventaja del PSOE sobre el PP a cuatro puntos tras el estallido de los casos de Zapatero y Leire Díez El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y apenas sufre desgaste respecto a julio, cuando se publicó el último estudio con estimación de voto del instituto demoscópico. Los socialistas se mantienen en primera posición y solo pierden tres décimas, y eso que entre medias se produjo la entrada masiva en Ceuta del pasado 30 de julio y la crisis humanitaria sin precedentes que sigue asolando a la ciudad autónoma. Es más, el instituto que dirige José Félix Tezanos amplía la ventaja del PSOE sobre el PP, que no conseguiría capitalizar el desgaste del Ejecutivo por Ceuta. Ahora los socialistas se situarían 5,5 puntos por encima del PP, frente a los 4,2 que sacaban a los populares en julio. En junio, no obstante, la ventaja del PSOE era de más de 11 puntos. El Barómetro de septiembre , hecho público este lunes, da el 31% de los votos a los socialistas, solo tres décimas menos que en julio. El PP, sin embargo, es el partido que más cae y pasa del 27,1% de julio al 25,5%, 1,6 puntos menos. Vox crece, pero no logra hacerse con todo lo que pierde el PP. Pasa del 15,8% de julio a un 16,6%. Sumar sigue cayendo y del 6,4% se queda ahora con un 5,7%, y Podemos crece del 2,8% de julio al 3,7%. La encuesta se realizó a través de 4.042 encuestas entre el 1 y el 4 de septiembre.

elDiario.eselDiario.esIñigo Aduriz, Ainhoa Díez14 sept

Dirigentes del PSOE no quieren a Zapatero en sus actos de campaña

«Por supuesto, yo voy a contar con José Luis [Rodríguez Zapatero] como he contado siempre en las campañas». Esta frase de Pedro Sánchez, durante una entrevista el pasado miércoles en TVE, generó cierto revuelo en un PSOE que se asoma con demasiado vértigo al abismo electoral de 2027. En el Gobierno son conscientes de que no pueden soltar la mano del expresidente, como demanda ya un sector cada vez más creciente del PSOE , porque hacerlo, asumir que hay algo irregular en su actuación en Plus Ultra, supondría tanto como apuntar a los resortes de la Administración que pudo pulsar para conseguir sus objetivos. Esto es, orientaría las sospechas hacia la SEPI que gestionó el expediente del préstamo a la... Ver Más

ABCABC(abc)14 sept

El dinero italiano se hace fuerte en España

En las dos últimas décadas, compañías italianas han ido realizando adquisiciones en España de una manera silenciosa en sectores que jugarán un papel clave cuando avance la integración empresarial en la Unión Europea y cada país recuente sus tarjetas del Monopoly. La empresa española solo podrá enseñar Portugal Planas: “Nos encantaría que el adquiriente de Deoleo sea una entidad española” Empresas italianas siguen tomando posiciones en sectores estratégicos españoles (energía, telecos, prensa, agroalimentación o finanzas), mientras las compañías locales siguen lejos del mercado transalpino. La competición entre España e Italia es un divertimento en todas las disciplinas, desde las deportivas a las económicas. José Luis Rodríguez Zapatero llegó a decir en diciembre de 2007 que habíamos superado a Italia en PIB per cápita por primera vez en la historia moderna. Meses después, en julio de 2008, España ganaría la Eurocopa de fútbol. La Roja eliminó a penaltis a L´Azzurra en cuartos de final y el entonces presidente de España se lanzó a hablar del “sorpasso” a Italia y su nuevo objetivo, alcanzar a Francia. La realidad es que a la vuelta de aquel verano quebró Lehman Brothers y la crisis financiera saltó de Estados Unidos a Europa, y España fue uno de los países más afectados por el enorme endeudamiento acumulado, especialmente en el sector inmobiliario. La bonanza fue tan efímera que casi pareció un espejismo estadístico. Veinte años después, el PIB per capita de España está 34.210 euros y el de Italia en 38.310. Pero hay algo que es difícil encontrar en las estadísticas más frecuentes y que se palpa cuando se viaja. Italia tiene polígonos industriales en cualquier lado, con un tejido de empresas mucho más amplio y rico que el español, y las familias cuentan con un fondo de armario más profundo que aquí; se nota en que acumulan más patrimonio. La Encuesta Financiera de las Familias que elabora el Banco de España dice que la riqueza neta media de las familias ronda 345.000 euros, cien mil euros menos que en Italia. Además, en el país vecino hay una mayor concentración de dinero, ya que el 10% de las familias, los ricos, acumula el 60,6% de esa riqueza, frente a un 52,9% en España. El hecho de que haya más empresas y más familias ricas explica el enorme peso que Italia está cogiendo en España, además de que seguramente son mucho más osados. En las dos últimas décadas, compañías italianas han ido realizando adquisiciones en España de una manera silenciosa, hasta el punto de ser hoy claves en sectores tan estratégicos como energía, telecomunicaciones, infraestructuras, medios de comunicación o servicios financieros. Con el añadido, de que si se mira la incursión de empresas hispanas en el país de la bota lo que se encuentra es un páramo. Los protagonistas de este asalto son familias ricas, como los Benetton, Berlusconi, Bonomi o Agnelli, pero también al propio Estado. Este proceso de compras no para. La semana pasada, la empresa del juego italiana Lottomatica y la española Cirsa acordaron su fusión, que en la práctica significa que la italiana se hace con el control de la compañía con sede en Terrassa (Barcelona). Es una operación que ha saltado en el radar porque ambas cotizan en Bolsa, con un valor agregado de unos 8.500 millones de euros, lo que obliga a ser transparentes. Al tiempo, Deoleo, el principal grupo español del sector del aceite, está a punto de caer también bajo manos italianas. El grupo transalpino Coricelli habría presentado la mejor oferta , alrededor de 500 millones de euros, para hacerse con el control de la empresa que envasa el Aceite Carbonell y Hojiblanca, en España, y Bertolli o Carapelli en Italia. Los actuales dueños de Deoleo, los fondos CVC y Alchemy, carecen de sentimiento patrio y venderán al mejor postor, pese a que el aceite sea clave para la región más grande de España, Andalucía . En realidad la toma de control de Cirsa y, eventualmente, de Deoleo, son una anécdota dentro del despliegue de intereses que Italia ha realizado en España. La operación más grande y estratégica realizada desde aquel país ha sido la compra del viejo monopolio eléctrico (Endesa) por Enel , holding público italiano que conserva el 70%. Esta operación supuso una inversión de 36.000 millones de euros entre 2007 y 2009, que ya ha recuperado en su totalidad con la venta de negocios en Latinoamérica y los dividendos que ha cobrado de la filial española. También son muy llamativas, y poco conocidas para el gran público, las inversiones en medios de comunicación. La familia Berlusconi, cuyo progenitor, Silvio Berlusconi, llegó a ser primer ministro de Italia, controla Mediaset (Telecinco, Cuatro y otros canales menores) a través del holding MediaForEurope , con intereses en compañías audiovisuales en diversos países. Igualmente, el empresario italiano Urbano Cairo se ha hecho con la propiedad del grupo editorial Unedisa, propietario de periódicos tan relevantes como El Mundo, Expansión o Marca. Dos grupos con enorme fuerza en la creación de opinión en España. La familia italiana Benetton también ha apostado fuerte por España. Sociedades controladas por ellos como Mundys y Edizione son accionistas clave de grandes empresas como la compañía de autopistas Abertis (que la controla al 50% con la española ACS) y Cellnex (10,25%), propietaria de torres de telefonía por toda Europa, así como de la señal de televisión en España. En la industria del automóvil aparece también uno de los apellidos más ilustres del empresariado italiano: los Agnelli. Aquellos que en su día adquirieron Pegaso para convertirla en Iveco, son actualmente los mayores accionistas de Stellantis. John Elkan, nieto de Gianni Agnelli, preside este holding que integra marcas como Chrysler, Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, entre otras, y cuenta con plantas de producción muy relevantes en Vigo y Zaragoza. Mientras todo esto sucedía, las empresas españolas no han conseguido hacerse hueco allí. Lo intentaron BBVA, con la Banca Nazionale del Lavoro, que acabó en manos de los franceses de BNP; el Santander con el banco SanPaolo, y Telefónica con Telecom Italia. No hubo forma y manera. Tanto rechazo a los grandes financieros españoles no impidió que se instalara aquí con fuerza la aseguradora Generali, Reale Mutua o el banco Mediolanum. Estas posiciones de Italia en España jugarán un papel clave cuando avance la integración empresarial dentro de los grandes países de la Unión Europea y cada país recuente sus tarjetas del Monopoly. La empresa española solo podrá enseñar Portugal.

elDiario.eselDiario.esAurelio Medel Vicente13 sept

El relato de los delatores de Zapatero no aclara de momento qué papel jugó en el rescate

La instrucción se centrará en las decenas de diligencias pendientes a partir del indicio de los cobros sospechosos del expresidente, quien podría acabar en el banquillo incluso sin llegarse a conocer sobre quién influyó, en qué consistió su actuación o cuánto cobró por ello El expresidente de Plus Ultra admite que abonó 530.000 euros por la supuesta mediación del “Grupo Zapatero”: “Ante la duda, yo pagaba” El 19 de mayo, la trepidante actualidad de los tribunales tenía reservado un nuevo e inesperado giro. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero era la primera de un expresidente del Gobierno en democracia e implicaba una apresurada revisión de la figura que lideró el país durante ocho años de la historia reciente de España. Los datos que comenzaban a trascender colocaban a Zapatero como líder de una trama dedicada al cobro de comisiones a cambio de ejercer su influencia. La vía era Análisis Relevante, una consultora propiedad de su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez. Ahora, cuando se cumplen cuatro meses desde que estallara el caso, y tras las declaraciones de tres investigados que en julio señalaron por escrito a Zapatero como líder de la trama, la acusación por tráfico de influencias contra él queda estancada a la espera del resultado que arrojen las decenas y decenas de diligencias pendientes. Cuatro meses después, el indicio más sólido contra el expresidente sigue siendo el sospechoso origen de las abultadas cantidades que recibió él y su entorno . Ninguno de los tres aspirantes a colaborar con la justicia ha podido aclarar qué gestión concreta pudo realizar el expresidente Zapatero para que la compañía aérea Plus Ultra lograra el rescate público de 53 millones de euros. Ninguno de los tres ha facilitado, tampoco, nombre de funcionario público alguno sobre el que Zapatero pudiera haber ejercido presión o cuánto dinero cobró por ello el expresidente. El tráfico de influencias es el delito principal que se investiga en esta causa más allá del blanqueo de capitales o del delito contra la Hacienda Pública por el hallazgo casual de unas joyas en la caja fuerte del expresidente. Está recogido en el Código Penal, en sus artículos 428 a 431, y castiga a quien influye en una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su posición o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero. Ni el empresario y comisionista Julio Martínez Martínez, ni los exdirectivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han podido aclarar al juez sobre quién pudo ejercer influencia Zapatero, ni siquiera qué gestiones pudo realizar para lograr ese rescate. No obstante, sí que señalaron al expresidente como la persona que debía lograrlo. Más allá de lo que dijeron en sus escritos de 20 de julio, cuando el suelo se movió bajo los pies de Zapatero, ninguno los tres imputados han aportado una sola novedad relevante a sus ofertas de colaboración, coinciden distintas fuentes presentes en las declaraciones. Las acusaciones confían en que su testimonio sea solo un punto de arranque y que en el futuro puedan aportar indicios más sólidos a la tesis contra el expresidente del Gobierno. La figura de Víctor de Aldama, el empresario y comisionista del caso Koldo, es el referente de colaboración que impulsó la Fiscalía Anticorrupción, pero las aportaciones de los imputados junto a Zapatero no han alcanzado las que hizo contra el exministro Ábalos y Koldo García el acusado junto a estos. En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que él se autoinculpó en delitos graves mientras que ellos no han sido lo suficientemente claros para fijar su propia responsabilidad en los hechos. La pregunta es si, con lo que se conoce hasta ahora, es posible procesar a Zapatero por tráfico de influencias. Y la respuesta genérica es que sí. Algunas fuentes entienden que tanto el juez como Anticorrupción consideran que ya le tienen ubicado como la persona que está en el inicio del asunto, la llamada del expresidente con un directivo de la aerolínea y que, de hecho, hubo un resultado, el rescate público, y un beneficio a cambio de la mediación, el 1% de la ayuda recibida, 530.000 euros. En un estadio muy temprano del procedimiento, las fuentes del caso creen que solo la “probabilidad” de que Zapatero haya cometido tráfico de influencias le puede llevar al banquillo, pero que en un eventual juicio los indicios se deberían transformar en pruebas. En cualquier caso, añaden, hay multitud de diligencias por practicar (análisis de cuentas bancarias, de teléfonos y ordenadores intervenidos...) y eso puede contribuir a la acusación de tráfico de influencias o, al contrario, desvirtuarla. De un lado existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avalaría una eventual condena a Rodríguez Zapatero por el delito de tráfico de influencias en el sentido de una posible condena sin necesidad de que quedara claro que ejerciera presión sobre un funcionario concreto. Es la sentencia del 'Caso Palau', un asunto en el que se juzgó a los máximos responsables del Palau de la Música de Barcelona por desviar 23 millones de euros de la institución. La resolución, ponencia del magistrado Andrés Palomo y fechada en 2019, explicaba que existía “prueba suficiente para tener acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias” y eso a pesar de que no se concretó sobre qué funcionario se ejerció presión. “Las comisiones a cambio de obra pública adjudicada se pactaban con el tesorero de CDC, partido entonces hegemónico en la Comunidad Autónoma (Cataluña), quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba”, explicaba. Palomo ponía el foco en que “en entornos y territorios con un partido hegemónico en un periodo prolongado” se produce la denominada “colonización de la Administración y politización de su funcionamiento”, algo que a su juicio favorecía el tráfico de influencias. Así, explicaba que en ese tipo de situaciones “se relativiza la concreción del funcionario efectivamente influenciado dado el prevalimiento consustancial a cualquier indicación de un dirigente e incluso la fungibilidad -capacidad de depurar al díscolo- de los funcionarios susceptibles de influenciar” habida cuenta que podrían ocupar sus puestos de forma discrecional. Las declaraciones En cualquier caso, aterrizando en las declaraciones del caso Zapatero, el primero en declarar fue Julio Martínez Martínez. Durante más de tres horas de declaración, no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate, tampoco cuánto habría cobrado por ello, según explicaron fuentes presentes en la comparecencia, de la que hasta la fecha no ha habido ni siquiera transcripción. En la previa a esa declaración, la defensa de 'Julito' –como le conocía coloquialmente el expresidente– envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de cuánto cobró el 'Grupo Zapatero' por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del expresidente y del ex director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”. En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr la ayuda pública, y atribuía al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añadiendo que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Pero él se ponía de lado, reiteró en sede judicial que él no tenía ni tiene contactos para haber logrado el rescate. Además, ante el juez explicó que él era una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le llegó a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario confirmó que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor. 'Julito' confirmó además que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primero a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021. Las declaraciones de los exdirectivos de Plus Ultra, que se han producido a principios de este mes de septiembre, volvían sobre el mismo eje. Martínez Sola indicó ante Calama que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir. El expresidente de la compañía, según las fuentes presentes en el interrogatorio, habría reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público. Martínez Sola explicaba en el escrito remitido al juez José Luis Calama que si bien en un inicio se abonó la comisión a través de un pago con la sociedad Idella Consulenza, finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato, pero “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explicaba. Ante el juez, Martínez Sola confirmó además cómo se iniciaron los contactos con Zapatero: recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, le explicó que necesitaban financiación y quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, y explicó que con Zapatero no se habló de cantidades, pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero. En el caso Zapatero hay un encargo (la obtención de un rescate público para Plus Ultra), hay un resultado (la compañía aérea obtiene 53 millones de dinero público) y hay un beneficio (una comisión de 530.000 euros). Pero en el aire sigue la incógnita de si el expresidente presionó a un funcionario en ese proceso prevaliéndose de su ascendencia. Una ascendencia que, fuentes jurídicas, le colocaba en el máximo nivel de influencia.

elDiario.eselDiario.esJavier Lillo, Pedro Águeda11 sept