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Congreso convalida el decreto de ayudas a La Palma y flexibilidad para CCAA con superávit

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    El Congreso convalida el decreto ley con ayudas fiscales a La Palma, con Vox y Junts en contra

    El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley que incluye medidas fiscales y financieras para la isla de La Palma, a consecuencia de los daños provocados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en 2021, con los únicos votos en contra de Vox y Junts. Como todo decreto ley, el texto estaba en vigor después de su aprobación en Consejo de Ministros, esto es el 8 de septiembre. Sin embargo, el Congreso tenía que decidir en un plazo de treinta días, tal como dicta la Constitución, si lo convalidaba o lo derogaba. Finalmente, la Cámara Baja ha aprobado la convalidación del texto, con el único rechazo de los de Santiago Abascal y Carles Puigdemont. De su lado, Esquerra Republicana, los diputados de Compromís Alberto Ibáñez y Águeda Micó (Sumar y Grupo Mixto, respectivamente) y el exdiputado de Vox ahora adscrito en el Grupo Mixto, se han abstenido. El resto del hemiciclo ha votado a favor del texto, que incluye una habilitación específica a la Comunidad autónoma de Canarias para que pueda destinar 100 millones del superávit de 2025 a financiar ayudas destinadas a las personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica en la citada isla. Asimismo, entre las medidas fiscales destinadas a paliar los daños registrados en La Palma, se ampliará al período impositivo 2026 la deducción del 60% en el IRPF a los contribuyentes residentes en dicha isla. INVERSIONES EN VIVIENDA A su vez, el decreto habilita a las comunidades autónomas para poder utilizar el superávit presupuestario del 2025 que tengan para financiar inversiones sostenibles en 2026 y 2027 y dedicar esos recursos a políticas como las relacionadas con la vivienda. En segundo lugar, se permitirá a las comunidades autónomas con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% --a cierre de 2025-- destinar esos superávit presupuestarios de ejercicios anteriores, a inversiones que se ejecutarían en los años 2026, 2027 y 2028 y que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto --en lugar de destinar esos recursos a reducir deuda, como marca ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria--. Según los cálculos de Hacienda, ocho comunidades se van a beneficiar de estas medidas que supone movilizar casi 4.000 millones de euros para inversiones en sus territorios: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia. Las inversiones financieramente sostenibles (IFS) son aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las Comunidades Autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

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    Congreso convalida el decreto de ayudas a La Palma y flexibilidad para CCAA con superávit

    Madrid, 23 sep (EFE).- El Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto ley que amplía las ayudas a la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas que cerraron 2025 con superávit dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles sin incumplir la regla de gasto. El decreto se ha convalidado con 300 votos a favor al incorporar el apoyo del PP, 38 en contra (Vox y Junts) y 10 abstenciones (ERC, la diputada de Compromís Águeda Micó, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith) y ahora se tramitará como proyecto de ley. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado en su intervención para defender el texto que este decreto muestra el "compromiso del Estado con el estado del bienestar y con el estado de las autonomías" porque "así se construye una mejor España, con hechos y no solo con palabras". El PNV ha mostrado su apoyo al decreto porque ofrece ayudas a La Palma y porque atiende una reivindicación del grupo, la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan utilizar su superávit para invertir, aunque ha matizado que es necesario revisar las reglas fiscales. También lo ha avalado Coalición Canaria, porque permite a "las comunidades autónomas que han hecho una buena gestión" dedicar su superávit a cuestiones "absolutamente urgentes para la población", y Podemos, porque apoya "todo lo que sea para el bien de la población de La Palma". En cambio, Junts ha mostrado su oposición a la norma porque Cataluña no podrá beneficiarse de las medidas de flexibilidad al no cumplir los requisitos, ya que cerró 2025 con déficit y su deuda supera el 12,4 % del PIB, y Vox ha cargado contra la "mezquindad" de mezclar las ayudas de La Palma con otras que, a su juicio, solo pretenden mantener el Gobierno. El PP, que ha acabado votando a favor, ha criticado que las ayudas para La Palma llegan tarde y que la flexibilidad para el uso del superávit autonómico no se basa en criterios técnicos, sino en qué regiones se quieren beneficiar. Este decreto permite a las regiones que cerraron el pasado año con superávit dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles, incluidas políticas de vivienda, a lo largo de 2026 y 2027 sin incumplir la regla de gasto. Además, aquellas que cerraron 2025 con una deuda inferior al 12,4 % del PIB podrán destinar el superávit de ejercicios anteriores a inversiones que no computarán a efectos de regla de gasto en lugar de a reducir la deuda. Estas medidas beneficiarán a ocho comunidades autónomas -Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia-, que podrán movilizar casi 4.000 millones de euros en inversiones en su territorio, según el Gobierno. El decreto ley también contempla medidas para la isla de La Palma, afectada en 2021 por la erupción del volcán, entre las que se incluye la ampliación a 2026 de la deducción del 60 % en el IRPF para los residentes o de políticas para autónomos. Asimismo, se incluye una habilitación específica para que Canarias pueda destinar 100 millones del superávit de 2025 a financiar ayudas destinadas a las personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica en la citada isla. EFE

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