Las alegaciones de Andalucía al nuevo modelo de financiación desnudan el choque de intereses con otros barones del PP
El Gobierno de Moreno entra en el debate "técnico" de la reforma del sistema de financiación y presenta las primeras contrapropuestas a la fórmula del Ministerio de Hacienda, en detrimento de Castilla y León, Galicia o Aragón. Una de ellas —acercar lo máximo población real y ajustada— ya era una reivindicación de Montero, que cifró en 200.000 los andaluces que se quedaban fuera del reparto con el actual modelo Hacienda saca adelante la reforma de la financiación autonómica con Catalunya y Canarias y la ausencia de Madrid El Partido Popular era reticente a entrar de lleno en el debate “técnico” de la reforma del sistema de financiación autonómica , pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, porque suponía evidenciar la falta de consenso entre sus once gobiernos autonómicos sobre una propuesta de modelo alternativo. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trató la semana pasada de impedir que el debate territorial saltara de pantalla, arengando al resto de presidentes autonómicos del PP a dar plantón al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde iba a votarse la reforma, forzando así al Ministerio de Hacienda a suspender el encuentro e impedir que la tramitación de la propuesta avanzara por el camino pedregoso hacia el Congreso. El llamamiento al boicot de Ayuso no fue escuchado por sus compañeros. En el Gobierno de Juanma Moreno afean a la presidenta madrileña que, con este bandazo “ineficaz”, desviara el foco de la “derrota política” del Gobierno ese día, que logró sacar adelante su reforma con el voto en contra del 87% de las comunidades, solo con el apoyo de Cataluña y Canarias. Andalucía comparte la estrategia de confrontación de Díaz Ayuso contra el Gobierno de Sánchez —mandato unívoco de Génova— pero el estilo de Juanma Moreno no es la “deslealtad institucional”, mascullan en su entorno. La consejera andaluza de Hacienda y vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, acudió al encuentro con el ministro Arcadi España para trasladarle su 'no' rotundo a la propuesta de reforma, insistiendo en que “es un traje a medida para el independentismo catalán, pactado bilateralmente con ERC de espaldas al resto de comunidades”. De los 21.000 millones adicionales que Hacienda prevé añadir a la caja común, Andalucía recibiría 4.846 millones más de los que ahora ingresa (23% del total), una cifra sensiblemente superior a la destinada a Cataluña (4.686 millones), y superior a la reclamación aprobada por el Parlamento andaluz en 2018 con los votos de PSOE y PP. La Junta rechaza el nuevo modelo porque, según sus cálculos, bajaría varios escalones en financiación por habitante (siendo la comunidad más poblada) y siempre por debajo de la media nacional. “Andalucía recibiría 244 euros menos por habitante ajustado que Cataluña, una diferencia que se eleva a 418 euros respecto a Cantabria, 248 euros frente a Madrid y 223 euros respecto a Baleares”, advierten desde la consejería. Pero antes de entrar en la reunión, la Junta de Andalucía había dejado por escrito sus alegaciones técnicas a la propuesta de reforma del modelo de financiación, y esas primeras alegaciones son interesantes porque dan un paso adelante en el debate: trascienden el discurso machacón esgrimido hasta ahora por Juanma Moreno, más allá del “pecado original” del pacto preferente para Cataluña, y desnudan que Andalucía sí tiene una propuesta alternativa. Una de esas contrapropuestas del Gobierno de Moreno entronca precisamente con las reivindicaciones que María Jesús Montero, la exministra de Hacienda responsable de la reforma del modelo, hizo como consejera andaluza del ramo en 2018, cuando llevó al Parlamento el primer rediseño formal del modelo de financiación autonómica, aprobado por la Cámara con el voto sorpresivo y sorprendente de Juanma Moreno, entonces líder de la oposición y líder del PP andaluz con poco predicamento en su propio partido. Decía entonces la exministra —y luego vino a reafirmarlo Moreno ya como primer presidente andaluz del PP— que Andalucía necesitaba urgentemente estrechar el desfase existente entre su población de derecho (la real, la empadronada) y la población ajustada (recalculada a partir de elementos de corrección, como el número de personas mayores o de nacidos; la dispersión poblacional, etc. que influyen en el gasto de los servicios). En Andalucía, como en la Comunidad Valenciana, el problema actual de infrafinanciación no emana solo del actual modelo, sino de esa brecha entre la población real y la ajustada. En el caso andaluz, en 2018, Montero puso cifra a ese desfase: 220.000 andaluces que no computaban para el Estado en términos de reparto financiero, es decir 220.000 andaluces “que contribuyen al Estado con sus impuestos sin recibir nada a cambio”, dijo entonces. El primer consejero de Hacienda de Moreno, Juan Bravo, hoy vicesecretario general del PP y portavoz de Hacienda en el Congreso, hizo suya esa misma premisa y actualizó la cifra en 2021: 197.879 andaluces, calculando que serían necesarios 556 millones de euros para corregir ese desequilibrio entre la población real y la ajustada. Esto, que siempre se ha dicho en voz alta en Andalucía, encontraba la complicidad de otros territorios infrafinanciados, como Valencia, Murcia y Castilla La Mancha, con cuyos presidentes Moreno firmó sendos acuerdos bilaterales para pedir al Gobierno una reforma del modelo. En esos acuerdos, firmados entonces por barones del PSOE y del PP, se anticipaban las contrapropuestas que la Junta ha trasladado por escrito al Ministerio de Hacienda, casi seis años después. Esas propuestas ya chocaban de frente con las reivindicaciones dispares de otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Aragón o Extremadura, que tienen su agujero financiero localizado en otros factores, como la despoblación o la dispersión de sus habitantes. Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta, abanderó en el norte de España otro frente común de estas comunidades con singularidades comunes, y una propuesta de reforma del modelo contraria a los intereses de Andalucía. Moreno también firmaría un pacto con Feijóo para exigir al Gobierno la reforma del modelo, pero el documento no pasaría de ahí, sin ahondar en reclamaciones específicas sobre la población ajustada. Las alegaciones que Andalucía envió al Ministerio de Hacienda hace unos días insisten en sus reivindicaciones pero, por primera vez, introducen por escrito un planteamiento que confronta con los intereses de esas otras comunidades hoy gobernadas por el PP: “en ningún caso se debe de aceptar una propuesta de población ajustada que implique una desviación de más del 1% respecto a su población de derecho”, ha trasladado la Consejería andaluza de Hacienda al Ministerio, descubriendo por primera vez una alternativa concreta. El ministro España se congratula de que la Junta de Andalucía haya entrado, al fin, en un debate de números, y anticipa que esta propuesta golpea de frente las expectativas de una mejor financiación para Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura, todas en manos del PP. El 1% de la población real de Andalucía, según los datos del INE actualizados a 1 de julio de 2026, son 87.780 personas, un desvío notablemente inferior al que calculó Bravo en 2021, y que admitiría implícitamente un recorte del 50% de los recursos adicionales que se reclamaron entonces (esos 556 millones de euros). El informe de la Cámara de Cuentas Las alegaciones de la Junta tienen importancia política, primero porque meten al Gobierno de Moreno de lleno en un debate de cifras y cálculos sobre población y sobre el coste de sus servicios públicos, es decir, sobre la arquitectura misma del Estado. De esto va la película. Y la Junta ha entrado en esta película —que hoy dirige el Gobierno de Sánchez— porque arrastra desde hace años un problemón gordo que no tiene Ayuso en Madrid: una “infrafinanciación” que deja a la comunidad más poblada de España entre 4.000 y 5.000 millones por debajo de lo que le correspondería para costear eficientemente sus servicios públicos: sanidad, educación, dependencia... La “infrafinanciación” de Andalucía con el actual modelo de reparto de fondos, caduco desde 2014, es un consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento, suscrito así en un documento aprobado en 2018, poco antes de que el PSOE perdiese el poder tras 37 años ininterrumpidos gobernando. Esta semana, la Cámara de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización sobre los resultados para Andalucía del sistema de financiación de las comunidades de régimen común, insistiendo en que “los recursos del Fondo de Garantía” de servicios públicos fundamentales “solo cubrieron el 78,48% del gasto liquidado, generando una insuficiencia de 4.333,15 millones de euros anuales” en esta comunidad. “En términos per cápita, el déficit de financiación de los servicios esenciales para Andalucía se mantuvo de forma estructural a lo largo de toda la serie, aunque con una tendencia descendente: desde 971,07 euros por habitante en 2009 hasta 560,73 euros en 2023, con una media anual de 514,53 euros por habitante”, se puede leer también en el documento. El órgano de fiscalización de la Junta de Andalucía denuncia que ese déficit de recursos tiene que ver con una mala ponderación de variables de la población ajustada, que hace que el cálculo de gasto en sanidad, educación y servicios sociales no sea correcto. Es decir, que hay un desajuste notorio entre el número de habitantes que necesitan y demandan esos servicios públicos y la capacidad de estos para dar respuesta a todos. La Cámara de Cuentas también censura, en consonancia con la tesis del Gobierno de Moreno, “el diseño y reparto” de los mecanismos complementarios de financiación: Fondo de Suficiencia Global y Fondos de Convergencia, que considera “limitados”. Pero también cuestiona la política fiscal de Moreno —esa bajada masiva de impuestos, bandera del PP en las últimas tres elecciones andaluzas— que ha mermado los ingresos de la Junta para sostener los servicios públicos por debajo de la media nacional. “La capacidad tributaria normativa de Andalucía se sitúa por debajo de la media de las comunidades de régimen común durante todo el período analizado, con un índice medio per cápita de 82 sobre una media de referencia de 100”. “Todas las comunidades autónomas de régimen común, con una única excepción, presentan un índice de capacidad superior al de Andalucía, que ocupa así la penúltima posición del conjunto”, reza el documento. A Moreno le interesa hablar seriamente de la reforma del modelo de financiación, más allá de discutir que el marco inicial de debate lo ha construido el PSOE a imagen y semejanza de Cataluña, a partir de un pacto bilateral con sus socios de ERC. Y en ese debate técnico, Andalucía ha empezado a concretar sus contrapropuestas al modelo originalmente diseñado por Montero, hoy jefa de la oposición en el Parlamento regional.
elDiario.es•Daniel Cela13 sept
