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El plantón de los titulares de Interior, Exteriores y Defensa en agosto derivó en una disputa que los de Feijóo llevaron al Supremo y al TC. El PP hurga en las "contradicciones" del Consejo de Ministros tras la desclasificación de los papeles del CNI
El Confidencial•Ana Belén Ramos19 sept
El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha pedido este sábado al Ministerio de Justicia que frene la extradición a Estados Unidos del multimillonario estadounidense y activista propalestino James 'Fergie' Chambers, encarcelado en Madrid desde julio tras su detención en Ibiza y al que la Administración Donald Trump reclama por un presunto apoyo económico al grupo terrorista Hamás. La defensa de Chambers, dirigida por el abogado Baltasar Garzón, niega que el dinero se destinara a Hamás y sostiene que su defendido financió proyectos humanitarios y sociales, incluidos programas de ayuda en Gaza. Santiago ha hecho esta solicitud al Ministerio que dirige Félix Bolaños, en una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE recogida por Europa Press, teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros decidirá el próximo martes si autoriza o no esa extradición. Otros partidos como Podemos o el BNG se han opuesto también a la extradición. El diputado de Sumar sostiene que el Gobierno debe oponerse a ese traslado y que así se lo ha planteado ya al PSOE en el seno del Gobierno de coalición, pero ha lamentado que, hasta la fecha, "desgraciadamente" la posición del Ministerio de Justicia no sea la misma que la de su partido. Enrique Santiago considera que lo que está ocurriendo con el activista propalestino es "una persecución política" en términos jurídicos y que la solicitud de extradición expedida por Estados Unidos "no reúne los requisitos legales". "NO SE PUEDE CRIMINALIZAR LA SOLIDARIDAD" Por tanto, el representante de IU ha dicho esperar que de aquí al martes Justicia deje claro su criterio y que éste sea "a favor de la defensa de la solidaridad". "No se puede es criminalizar la solidaridad", ha añadido. Santiago ha querido dejar claro que a su partido no le sirve que se justifique que el procedimiento de extradición tiene que continuar para que Fergie Chambers pueda defenderse ante los tribunales "cuando no ha cometido ningún tipo de delito". "Es inaceptable que se haya privado la libertad de esta persona por una requisitoria absolutamente 'fake' de Estados Unidos", ha concluido.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este jueves que dará la batalla, "igual que la darán el resto de ministros" de Sumar, para que haya una candidatura de izquierdas fuerte para las elecciones generales. También ha enfatizado que comparte el mensaje sobre la prioridad de unir a las izquierdas, como ha reivindicado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Así lo ha dicho en declaraciones a periodistas en El Prat de Llobregat (Barcelona) junto al eurodiputado de los Comuns Jaume Asens al preguntársele por si se ve como candidato de Sumar para los próximos comicios, una vez que ayer no descartó esa posibilidad y que estará en el papel que decidan sus compañeros. Urtasun ha apuntado que el interés por las candidaturas se debe a "que hay un interés importante en que haya una candidatura fuerte" en el espacio de la izquierda para las próximas elecciones, y ha afirmado que esa candidatura estará. "Lo que dije ayer es que yo daré esta batalla igual que la darán el resto de compañeros míos en el Consejo de Ministros, igual que el conjunto de hombres y mujeres de este espacio político que somos", ha sostenido. Así, ha dicho estar de acuerdo con las palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y ha agregado: "Soy del equipo de unir a las izquierdas y de hacerlas trabajar juntas que, por otra parte, es lo que nos está pidiendo la gente". Las palabras del republicano llegan después de que el exlíder de Podemos Pablo Iglesias cuestionara el papel de Urtasun como referente electoral para evitar el llamamiento al voto útil al PSOE, al opinar que "bien podría formar parte de una lista del PSC".
La iniciativa, validada en el Consejo de Ministros encabezado por Luis Abinader y Raquel Peña, debe ser remitida al Congreso antes del 1 de octubre para su discusión legislativa
El Ejecutivo elevó en julio las indemnizaciones por residencia en Baleares y las equiparó con las de Canarias; Función Pública espera abordar esta revisión "en los próximosmeses" El plus por residencia en Balears para empleados públicos estatales aumentará a entre 105 y 697 euros al mes El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López , ha confirmado este jueves que el Ejecutivo actualizará las indemnizaciones por razón de servicio a todos los empleados públicos estatales, después de elevar en julio el plus de residencia a los funcionarios del Estado en Baleares . Durante la jornada “La contraofensiva de los servicios públicos”, organizada en Madrid por la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), el ministro ha explicado que la actualización de los complementos se abordará “en los próximos meses”. En julio, el Consejo de Ministros ratificó un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF y elevó las indemnizaciones por residencia en Baleares (100% en Mallorca, más de 300% en el resto de las islas), igualando a las de Canarias, dentro de un acuerdo más amplio para revisar tanto las indemnizaciones por residencia e insularidad como las compensaciones por razón de servicio. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha resaltado que este acuerdo “no solo mejoró las condiciones laborales de los empleados públicos”, sino que “buscó reforzar la calidad del servicio que tienen que tener los ciudadanos”, e insistió en que el sindicato seguirá “dando la batalla” por los servicios públicos frente a lo que calificó de amenazas del autoritarismo y la ultraderecha. El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, ha reclamado continuar desarrollando este acuerdo y ha advertido que los servicios públicos afrontan en los próximos años un relevo generacional de gran magnitud. Palazzo ha indicado que se esperan en torno a medio millón de jubilaciones en el sector en los próximos cinco años y cerca de un millón en la próxima década, lo que exige “renovar las plantillas” y “dotarlas de formación suficiente”. Al respecto, el ministro ha confirmado que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) está diseñando ya las bases de un plan de competencias digitales con foco en la inteligencia artificial, cuyos detalles el Gobierno prevé compartir “muy pronto”.
elDiario.es•EFE17 septNigrán (Pontevedra), 17 sep (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, espera que el Consejo de Ministros autorice este año el proyecto del grupo de automoción chino SAIC, propietario de marcas como MG, en Ferrol (La Coruña). Después de participar en la inauguración oficial de un centro tecnológico de la compañía auxiliar de automoción Borgwarner en Nigrán (Pontevedra), Rueda ha sido cuestionado sobre los plazos para la llegada de SAIC, que no ha podido concretar porque no dependen, ha dicho, de la Xunta. El titular del Ejecutivo gallego ha explicado que el desembarco de la multinacional china en España es un trabajo "conjunto" de la Xunta y el Gobierno de España y ambos están "haciendo" su parte con una colaboración "estrecha" porque es una cuestión que interesa "muchísimo" a Galicia, pero también al país en su conjunto. Al tratarse de una inversión "muy importante de una compañía extranjera", ha precisado Rueda, el Consejo de Ministros tiene que autorizarla y supone un "procedimiento complejo" que requiere aportar "mucha documentación". El mandatario gallego espera que "esa autorización pueda estar dada este año" para poder "empezar a construir y producir cuanto antes". El 1 de junio de 2026, la Xunta comunicó que SAIC había optado por Ferrolterra, en Galicia, para instalar su primer centro industrial y logístico en Europa vinculado a MG. El proyecto contempla una inversión inicial de 200 millones de euros, instalaciones en el puerto exterior de Ferrol y en As Pontes, una capacidad prevista de hasta 120.000 vehículos al año y la creación de unos 2.300 empleos en una primera fase. Está previsto que las obras se inicien en 2027 y que la planta pueda estar operativa antes de que termine 2028. La Xunta ha declarado esta iniciativa como proyecto industrial estratégico para agilizar la tramitación. EFE
Madrid, 17 sep (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado este jueves que el Ejecutivo actualizará las indemnizaciones por razón de servicio a todos los empleados públicos estatales, después de elevar en julio el plus de residencia a los funcionarios del Estado en Baleares. Durante la jornada "La contraofensiva de los servicios públicos", organizada en Madrid por la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), el ministro ha explicado que la actualización de los complementos se abordará "en los próximos meses". En julio, el Consejo de Ministros ratificó un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF y elevó las indemnizaciones por residencia en Baleares (100 % en Mallorca, más de 300 % en el resto de las islas), igualando a las de Canarias, dentro de un acuerdo más amplio para revisar tanto las indemnizaciones por residencia e insularidad como las compensaciones por razón de servicio. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha resaltado que este acuerdo "no solo mejoró las condiciones laborales de los empleados públicos", sino que "buscó reforzar la calidad del servicio que tienen que tener los ciudadanos", e insistió en que el sindicato seguirá "dando la batalla" por los servicios públicos frente a lo que calificó de amenazas del autoritarismo y la ultraderecha. El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, ha reclamado continuar desarrollando este acuerdo y ha advertido que los servicios públicos afrontan en los próximos años un relevo generacional de gran magnitud. Palazzo ha indicado que se esperan en torno a medio millón de jubilaciones en el sector en los próximos cinco años y cerca de un millón en la próxima década, lo que exige "renovar las plantillas" y "dotarlas de formación suficiente". Al respecto, el ministro ha confirmado que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) está diseñando ya las bases de un plan de competencias digitales con foco en la inteligencia artificial, cuyos detalles el Gobierno prevé compartir "muy pronto". EFE (foto) (vídeo)
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, habló este miércoles con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, para informarles del paquete de medidas que adoptará el Gobierno para europeizar las dos ciudades autónomas y percibió "sintonía" en ambos. Así lo ha trasladado el ministro en declaraciones a la prensa antes de la jornada 'Diálogos para la seguridad' organizada por 'El País', explicando que quería compartir con ellos las medidas antes de que se presente "de manera formal" a la UE el paquete, que llevó este martes al Consejo de Ministros tras los contactos mantenidos la semana pasada en Bruselas con varios comisarios europeos, y en el que trabajan distintos ministerios. En concreto, se solicitará "formalmente la presencia permanente con un asiento para Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones, su entrada definitiva en la Unión Aduanera" de ambas ciudades teniendo en cuenta las especificidades tanto geográficas como fiscales", así como "una presencia institucional permanente de FRONTEX y un paquete financiero y político que reconozca la especificidad geográfica por su localización en África". El ministro ha insistido especialmente en este punto, subrayando que Ceuta y Melilla constituyen "la frontera más desigual del planeta" y defendiendo la necesidad de que se reconozca esta especificidad igual que se reconoce la de la frontera oriental. "La frontera sur presenta unos desafíos, especialmente en presión migratoria, que no plantea ninguna otra", ha incidido. Así las cosas, ha señalado que encontró "sintonía en ambos". "Estuvieron de acuerdo en lo que les planteaba y lo que yo pido ahora es unidad en torno a Ceuta y Melilla de todas las fuerzas políticas para que este camino, que a priori no plantea grandes dificultades en Bruselas, se pueda realizar lo antes posible". Por otra parte, en relación con la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la instalación de un campamento para los migrantes que entraron a finales de julio en el Puerto de Ceuta, Albares ha sostenido que "si a cada solución se plantea un problema, no vamos a conseguir o vamos a alargar excesivamente que vuelva la normalidad a Ceuta". "Yo creo que a cada problema una solución, no a cada solución un problema", ha remarcado, asegurando que su deseo es que la situación en la ciudad autónoma "se resuelva lo antes posible".
Madrid, 17 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la necesidad de anticiparse a la expansión de los centros de datos con una regulación que establezca requisitos de eficiencia energética e hídrica y vincule el aumento de su demanda eléctrica a capacidad renovable adicional. “Nuestro objetivo debe ser comerciar con bytes, no con vatios”, afirma Sánchez en un artículo de opinión publicado este jueves por Bloomberg, en el que aboga por que estas infraestructuras crezcan en consonancia con la capacidad del sistema eléctrico. El jefe del Ejecutivo se refiere así al proyecto de real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital aplicables a estas instalaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió el trámite de audiencia e información pública el 27 de agosto por la vía de urgencia. El plazo de alegaciones concluyó el 10 de septiembre y la tramitación se encuentra ahora en la fase de análisis de los comentarios y elaboración de los informes normativos, antes de su aprobación en Consejo de Ministros. El borrador afecta a los centros con una potencia de acceso igual o superior a un megavatio, incluidos los nuevos desarrollos y aquellos que cuentan con permisos pero aún no se han conectado a la red. Exige cubrir el 80 % de su consumo energético total con nueva generación renovable, mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo. En su artículo, Sánchez explica que la propuesta parte del principio de que el acceso a la red es "un activo estratégico escaso" y no debería quedar bloqueado por iniciativas sin credibilidad, viabilidad o una contribución significativa a la economía y la sociedad. El marco introduce normas de eficiencia energética e hídrica y obligará a los centros de datos a divulgar indicadores clave de rendimiento para evaluar y comparar su uso de recursos y desalentar el desperdicio. “Cualquier aumento de la demanda eléctrica debe ir acompañado también de capacidad renovable adicional”, señala. Los nuevos grandes consumidores, en su opinión, no deberían competir con la demanda existente ni propiciar una mayor dependencia de los combustibles fósiles, sino ayudar a impulsar la inversión en la transición energética. Según explica en su artículo, la regulación también combina salvaguardias sobre el control de los datos y la gestión de las infraestructuras con incentivos para ampliar el sector tecnológico europeo y reforzar la soberanía del continente. Sobre España, Sánchez sostiene que aún está lejos de afrontar las presiones que experimentan otros países, aunque la situación económica y la capacidad renovable españolas han despertado un elevado interés inversor que hará que las necesidades energéticas de estas instalaciones superen las expectativas. Las estimaciones actuales de demanda eléctrica para capacidad de computación llegan hasta los 4 gigavatios para 2030, pero las solicitudes y los permisos concedidos superan varias veces esa cifra, según el responsable del Ejecutivo español. Aunque muchos proyectos probablemente no se materialicen, el presidente advierte: “Nos estamos acercando a un punto de inflexión y debemos actuar para anticiparnos”. Así, argumenta que regular de forma preventiva resulta más eficaz que intervenir como reacción a los problemas. Como ejemplo, cita que los centros de datos supusieron el 21 % del consumo eléctrico de Irlanda en 2023 y podrían alcanzar el 32 % este año. También menciona estudios que relacionan estas infraestructuras con aumentos de temperatura en su entorno y del precio de las viviendas cercanas. “El objetivo no es ralentizar el crecimiento ni limitar la innovación”, concluye, sino garantizar que ambos sean económicamente sostenibles y justos desde el punto de vista ambiental y social. EFECOM
Lima, 16 sep (EFE).- El pleno de la Cámara de Senadores ratificó este miércoles en el cargo al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, un experimentado funcionario con 20 años en el puesto y a quien se atribuye la disciplina fiscal y la estabilidad monetaria en el país. Los senadores aprobaron el informe que recomienda la ratificación de Velarde con 40 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, tras un debate en el pleno. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informaron al Senado sobre la designación de Velarde, uno de los primeros cargos en ser confirmados por la gobernante, tras su asunción de mando el pasado 28 de julio. El informe aprobado por los legisladores señala que Velarde, de 74 años, cumple con los requisitos legales y constitucionales y su trayectoria y capacidad técnica permiten proyectar una conducción adecuada del banco emisor para preservar la estabilidad monetaria en el quinquenio 2026-2031. Velarde, economista peruano con estudios de posgrado en la Universidad de Brown (Estados Unidos) y el Instituto de Economía Mundial de Kiel (Alemania), fue presidente del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) en 2018-2019. Asimismo, fue distinguido como Banquero Central de las Américas en 2020 y Banquero Central del Año en 2015, entre otros premios y reconocimientos. Durante el debate, el senador Roger Astucuri, del partido Cívico Obras, dijo que la ratificación de Velarde "no será un cheque en blanco" y que ejercerá su función de control para que el BCRP sea transparente e independiente. A su vez, el senador Humberto Morales, del partido izquierdista Juntos por el Perú, declaró que la evaluación se pasó por "agua tibia" y que primó la supuesta vinculación de Velarde con las empresas privadas, a raíz del respaldo unánime que recibió de los gremios empresariales del país. En tanto, la senadora fujimorista Patricia Juárez destacó que bajo la conducción de Velarde en el BCRP el Perú ha tenido una inflación baja en los últimos años. EFE
París, 16 sep (EFE).- Francia prolongará hasta el 31 de diciembre las ayudas dirigidas a los sectores más afectados por el fuerte aumento de los precios de los carburantes, anunció este miércoles el Gobierno, mientras el presidente Emmanuel Macron pidió reforzar el abastecimiento y contener los precios. El primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió en concreto a sus ministros mantener las ayudas para pescadores, agricultores y empresas de construcción. De manera que, para los pescadores, la subvención al combustible pasará de 25 a 35 céntimos por litro, mientras que el sector de la construcción mantendrá una ayuda de 20 céntimos y los agricultores una de 15 céntimos. La decisión llega después de protestas y bloqueos de depósitos de combustible protagonizados por pescadores, y el aumento de la preocupación ciudadana por el poder adquisitivo y el abastecimiento de las estaciones de suministro. En el Consejo de Ministros de hoy, Macron reclamó una "total movilización" del Ejecutivo para garantizar el abastecimiento y controlar los precios, según la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon. El Ejecutivo estudia además flexibilizar algunas normas europeas para facilitar la actividad de las refinerías. Alrededor de un 10 % de las estaciones de servicio afrontan dificultades de suministro de al menos un carburante, según el Gobierno, que ha señalado que la mayoría pertenecen a la red de TotalEnergies.
Madrid, 16 sep (EFE).- Los sindicatos docentes han expresado su malestar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes por el calendario que plantean para bajar las ratios en todas las etapas educativas, sobre todo en la Formación Profesional Básica donde no empezarían a implantarse hasta dentro de tres cursos, en 2029-2030. El Ministerio de Educación ha presentado este miércoles a los principales sindicatos docentes: UGT, CCOO, CSIF, ANPE y STES-Intersindical el nuevo decreto que quiere llevar al Consejo de Ministros para reducir el número de alumnos en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Una norma que supone reformar el decreto de 2010 que rige los criterios y requisitos mínimos de los centros de enseñanza de segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria pero que también incluye la mejora de las ratios de 0 a 3 años, de Bachillerato y de Formación Profesional. Este decreto no necesita pasar por el Parlamento y coincide en su negociación con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que baja las ratios en Primaria y Secundaria y reduce la jornada docente. Los sindicatos avisan de que tanto el calendario de implantación para reducir las ratios en Primaria (22 frente a los 25 actuales) como en Secundaria (25 alumnos frente a los 30 actuales) debe adelantarse. En primer ciclo de Educación Infantil las nuevas ratios empezarían el próximo curso pero también de forma progresiva hasta 2029-2030. La propuesta es de un máximo de 4 bebés por educadora para las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años, mientras que para el ciclo de 3 a 6 años, establece 20 alumnos (frente a los 25 actuales). En cuanto al ciclo de Bachillerato, contempla un tope de 30 alumnos (frente a los 35 actuales). En los grados medio y superior de Formación Profesional se fija en 25 alumnos por profesor, para 2028-2029 de forma gradual, aunque los sindicatos sobre todo critican que en la FP Básica, con un máximo de 15 alumnos por aula, empiece a establecerse dentro de tres años. "No lo entendemos en absoluto. El Ministerio está sobreestimando un impacto que no es tan grande", señalan fuentes de CCOO a EFE que inciden en que el grado básico de FP ya tiene una ratio de media no muy alto y además va por territorios: "Son bajadas muy puntuales dentro del sistema de FP", recuerdan. Desde ANPE también se recalca que el calendario de aplicación debe adelantarse, mientras STES-Intersindical pone el foco en el proyecto de ley de ratios del Congreso, ya que si no es aprobada, la parte que introduce el decreto sobre reducción de alumnos en Primaria y Secundaria "quedaría anulada". EFE
El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley con 309 millones de euros en medidas urgentes de carácter social y económico para apoyar a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes que aconteció a finales de julio, con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el voto a favor del resto del hemiciclo, incluido el PP. Aunque el decreto ley estaba en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, en este caso desde el pasado 2 de septiembre, la propuesta tenía que convalidarse en el Congreso, tal y como dicta la Constitución. Pese a las críticas de partidos como el PP, PNV, Junts o EH Bildu a la gestión del Gobierno en la crisis, el decreto ha encontrado un respaldo mayoritario para salir adelante. El paquete de medidas comprende 309 millones de euros --más 50 millones en avales-- en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y la ayuda a empresas y trabajadores. 118 MILLONES A LA ACOGIDA DE MENORES El importe total se desglosa en diversas partidas, siendo la más cuantiosa la de acogida de menores y atención humanitaria, dotada con 118 millones de euros. Además, la seguridad recibirá un refuerzo de 90 millones de euros y se dedicarán 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. Por último, los servicios esenciales, como sanidad, educación, Justicia o distribución de agua, recibirán 21 millones de euros. En cuanto a las medidas para apoyar el tejido empresarial, el paquete de 80 millones incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, para llegar a los 2.500 autónomos y 1.500 empresas de Ceuta. Así, los autónomos recibirán 5.000 euros y las empresas podrán embolsarse entre 1.000 y 150.000 euros en función de su facturación. Estas ayudas podrán solicitarse a partir del 14 de septiembre a través de la página web de la Agencia Tributaria y el Gobierno espera que los pagos comiencen a principios de octubre. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que ya se han registrado 633 solicitudes de ayudas económicas y se espera que se empiecen a pagar el 6 de octubre. A estos 36,6 millones se añadirán otros 14 millones de euros para el pequeño comercio y el sector turístico, que se canalizarán a través de la Cámara de Comercio. Entre las medidas previstas se incluyen bonos al consumo y descuentos para reducir el coste del transporte a los no residentes y fomentar la llegada de viajeros a la ciudad. Asimismo, el paquete incluye un millón de euros para el 'Plan Ceuta Exporta' que pondrá en marcha el Icex y otro millón de euros para una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Además, el Gobierno habilitará una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros para garantizar que "siga fluyendo y en buenas condiciones" el crédito y la financiación al tejido empresarial. PROMOCIÓN DE CEUTA COMO DESTINO TURÍSTICO La norma también prevé medidas en el ámbito de la promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Para ello, a través del Instituto de Turismo de España (Turespaña), se pondrá en marcha un plan extraordinario de promoción y recuperación de imagen de la ciudad de Ceuta, orientado a mercados internacionales seleccionados. En materia laboral, el Gobierno plantea una exención del 100% en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad y tengan que recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), además de prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los autónomos y la posibilidad de aplazar los pagos a la Seguridad Social a un interés del 0,5%. En concreto, se regula una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos con domicilio de residencia o actividad en Ceuta, cuya actividad hubiese cesado total o parcialmente, ya sea de manera temporal o definitiva, a raíz de la reducción de la demanda y de la alteración de la actividad provocadas por la entrada masiva e irregular de inmigrantes, aunque vinculada a la reducción de los ingresos mensuales. La duración máxima de esta prestación será de cuatro meses, periodo durante el cual se prevé que continúen manifestándose las consecuencias económicas más intensas. En lo que respecta a los ERTE, se introduce un régimen específico de fuerza mayor que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, ampliándose el ámbito de aplicación para las suspensiones totales o parciales de la actividad laboral y las reducciones de jornada que puedan guardar una relación directa o indirecta con la situación de Ceuta. Las empresas de la ciudad afectadas por estos ERTE podrán beneficiarse de una exención del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta, respecto de las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 correspondientes a los trabajadores y períodos afectados por la suspensión o reducción de jornada. Asimismo, la norma eleva del 50% al 75%, de manera permanente, la bonificación de las aportaciones empresariales correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal que presten servicios en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También se incorporan nuevos sectores beneficiarios de esta medida, como el de la construcción. El impacto presupuestario de estas bonificaciones será de 36,6 millones de euros anuales por cada una de las dos ciudades autónomas. Al mismo tiempo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinará 650.000 euros en subvenciones para financiar programas de formación de ámbito territorial en Ceuta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. BONIFICACIONES FISCALES Además de las bonificaciones a la contratación, el decreto otras medidas de carácter permanente, entre ellas el aumento del 50% al 60% de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades residentes y la mejora de las posibilidades de deducción de determinados gastos para los autónomos, como los de "difícil justificación". Estas dos medidas estructurales se extenderán también a Melilla --con unos importes prácticamente idénticos--, lo que supondrá un apoyo presupuestario adicional de unos 100 millones de euros anuales para los empresarios de ambas ciudades autónomas. El decreto contempla medidas de apoyo al puerto de Ceuta por valor de 4,25 millones de euros anuales durante cinco años, entre 2027 y 2031. En el ámbito de los servicios esenciales, el plan contempla el refuerzo de los recursos sanitarios con 100 nuevos profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para la atención primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros. Igualmente, se destinarán 3,2 millones a la seguridad de los centros docentes y actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa, mientras que otros 4,5 millones servirán para reforzar jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios y financiar la asistencia jurídica gratuita en Ceuta. El paquete incluye otra una subvención de 2 millones a la ciudad de Ceuta, que se suma a los más de 7 millones de euros aprobados para la planta desalinizadora. En materia de seguridad, los 90 millones de euros previstos incluyen un incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y de 8 millones para la Guardia Civil. Otros 74 millones se destinarán al refuerzo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
Ocho años de olvido inversor y, de repente, 900 millones de euros sobre la mesa. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente , aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros esa cifra para ampliar el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, además de la incorporación de siete nuevos trenes de alta capacidad para la red de Cercanías con valor de 66,7 millones de euros. El detalle, que nadie ha mencionado y que el Gobierno prefiere no subrayar, es que el dinero no se tocará hasta que las urnas no se hayan cerrado por completo . De esta forma, Puente riega de millones el bastión de Juanma Moreno, pero no sabremos quién lo pagará después de las... Ver Más
Roma, 16 sep (EFE).- El Gobierno de Italia aprobó este miércoles eximir en 2027 del impuesto de circulación a las motocicletas y a los turismos de hasta 80 kilovatios (kW) de potencia -unos 109 caballos (CV)-, con el límite de un solo vehículo por ciudadano. La medida beneficiará a un colectivo que abarca a más del 70 % del parque automovilístico italiano. La disposición fue acordada en el Consejo de Ministros dentro de un proyecto de decreto-ley de medidas urgentes para mitigar los efectos del incremento continuado en el precio de los combustibles. La primera ministra, Giorgia Meloni, detalló en rueda de prensa que la exención alcanzará a más de 13,2 millones de coches y a 1,1 millones de motocicletas, sumando casi 14,5 millones de vehículos en total. Entre los modelos más vendidos en el mercado italiano que podrán acogerse a este beneficio figuran el Fiat Panda, el Dacia Sandero, el Citroën C3, el Toyota Yaris, el Renault Clio y la versión de acceso del Jeep Avenger. La exención se aplicará a los pagos con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027 para motores de gasolina, diésel e híbridos que no superen los 80 kW (108,8 CV), dejando fuera a los modelos de gama alta. Si un contribuyente posee varios vehículos que cumplan el requisito técnico, la ley asignará automáticamente la exención al coche de menor potencia o, en su defecto, al de cuota tributaria más baja, exigiendo además que el vehículo esté debidamente asegurado. Meloni defendió el plan como "una medida estructural" frente a intervenciones temporales en los carburantes, las cuales calificó de costosas y poco focalizadas, apostando por "concentrar los recursos en quienes más lo necesitan". De forma complementaria, el Ejecutivo prorrogó los descuentos directos al repostaje para mitigar los precios en autopistas, que actualmente alcanzan los 2,326 euros por litro para el diésel y 2,22 euros para la gasolina, según los últimos datos del Ministerio de Empresas de italia. "Prevemos durante una semana más la reducción de los impuestos especiales sobre el diésel en 10 céntimos por litro, que considerando el IVA significa una rebaja de unos 12,2 céntimos", explicó Meloni. Posteriormente, se aplicará un descuento menor de 5 céntimos (unos 6 céntimos con IVA) hasta el 5 de octubre. A partir de esa fecha, entrará en funcionamiento el sistema de "impuestos especiales móviles". EFE
El Consejo de Ministros celebrado ayer en Madrid aprobó el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena. Únete al canal de WhastApp de AeroTendencias.com De los cerca de 13.000 millones de […] La entrada El Gobierno proyecta invertir 13.000 millones en los aeropuertos de Aena entre 2027 y 2031 se publicó primero en Aerotendencias .
Aerotendencias•Jose Fernandez16 septMadrid, 16 sep (EFE).- La ponencia del Tribunal Constitucional avala el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, cuestionado por el Senado, que permite a ministros franceses asistir a reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa al no ver “ninguna contradicción con la Constitución“. Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la noticia adelantada por El Español de que el magistrado conservador Ricardo Enríquez entiende que el tratado firmado por los presidentes francés, Emmanuel Macron, y español, Pedro Sánchez, en Barcelona en enero de 2023 tiene encaje con la carta magna. En síntesis, la ponencia, que será examinada en el próximo pleno del día 22, considera que no hay elemento alguno que haga sospechar la inconstitucionalidad del tratado ya que en el cruce de cartas entre España y Francia aclararon que la reunión será separada y aparte del consejo de ministros El Senado aprobó el pasado 9 de julio con los votos a favor de PP y Vox plantear ante el TC esta cuestión, previa a la ratificación del tratado, al entender que entra en contradicción con hasta siete puntos de la Constitución. El PP ya presentó en febrero de 2025 un recurso contra el tratado ante el Constitucional, que no entró a resolverlo puesto que aún no había sido aprobado por el Congreso, algo que sucedió el pasado 18 de junio cuando Junts y Podemos dieron su sí a la propuesta. En concreto, el tribunal debe evaluar el encaje constitucional del artículo 2.4 del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, que dispone que "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra, al menos una vez cada tres meses y por rotación". Posteriormente los dos ejecutivos suscribieron una interpretación para indicar que los ministros foráneos participarían "en los márgenes" y en reuniones formalmente separadas. EFE
El tribunal debatirá la próxima semana si la asistencia al Consejo de Ministros de un miembro del Gobierno francés es constitucional, un aspecto recogido en el acuerdo entre ambos países
Berlín, 16 sep (EFE).- Los Ministerios del Interior y de Justicia de Alemania presentaron este miércoles un plan de diez puntos para una mejor protección frente al terrorismo yihadista que contempla, entre otras medidas, reforzar la vigilancia e imponer penas más severas. "Nuestro objetivo ahora era reforzar la vigilancia, restringir la libertad de movimiento e imponer penas más severas", declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa conjunta con la titular de Justicia, Stefanie Hubig. Así, el plan, cuyos puntos clave fueron aprobados este miércoles en el Consejo de Ministros, busca velar por que los autores de este tipo de ataques, sobre todo aquellas personas clasificadas como potencialmente peligrosas, sean sometidos a una vigilancia más estricta, que se traduce también en un mayor uso de las tobilleras electrónicas, indicó el ministro. Además, el plan contempla tipificar como delito grave los ataques con arma blanca, que hasta ahora se consideraban una falta si no hay lesiones físicas graves, de manera que en el futuro podrán ser castigadas con penas más severas, es decir, con un castigo mínimo de un año de cárcel. El objetivo es lograr también una mayor vigilancia en el ámbito de los datos, es decir, permitir una mejor protección mediante el almacenamiento de direcciones IP y la recopilación y conservación de datos de conexión en el marco de la prevención de riesgos, tanto por parte de las autoridades federales como, en un futuro, de las regionales. Estas medidas son una respuesta directa al atentado islamista radical de julio pasado en el céntrico parque Tiergarten de Berlín durante el Día del Orgullo LGTBI, en el que murió una mujer y 31 personas resultaron heridas en un atropello masivo, pero van dirigidas contra cualquier forma de terrorismo, subrayó Dobrindt. Además, el plan contempla reforzar la legislación relativa a la difusión de material propagandístico del Estado Islámico (EI), que deberá ser sancionado de forma sistemática, para lo cual se ampliará el tipo delictivo que tipifica como delito el uso de símbolos de organizaciones terroristas, indicó, por su parte, la titular de Justicia. También se creará un nuevo tipo de delito para combatir la recaudación de donativos con fines terroristas, que hasta ahora no podían ser sancionados si no se había manifestado esa intención, añadió. Por otra parte, a la hora de dictar sentencias con libertad condicional, se deberán tener más en cuenta los intereses de seguridad de la sociedad en general, señaló Hubig, y agregó que en el futuro se exigirá expresamente que los tribunales justifiquen la aplicación del derecho penal juvenil para las personas entre los 18 y los 21 años. El paquete de medidas también prevé reforzar la prevención y fomentar programas en ese ámbito, como "pilar fundamental en la lucha contra la intolerancia y la violencia extremista", añadió. "Lo mejor es reconducir a las personas por el buen camino o mantenerlas en el buen camino (...) La mejor forma de velar por la seguridad de la población es alejar a los jóvenes del camino hacia el extremismo", concluyó. EFE (foto)
Madrid, 16 sep (EFE).- El Ministerio de Educación se reúne este miércoles con los sindicatos docentes para acelerar el decreto que bajará las ratios en las escuelas infantiles de 0 a 3 años y el número de alumnos por aula en los ciclos de Formación Profesional (FP), aunque propone retrasar hasta el curso 2029-2030 la ratio de 15 estudiantes por clase en la FP Básica. Educación retoma la mesa negociadora para presentar el real decreto definitivo que propone al Consejo de Ministros y que modificará el decreto que rige los criterios y requisitos mínimos de los centros de enseñanza de segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria y mejora las ratios de 0 a 3 años, bachillerato y Formación Profesional. Una ley que no necesita ser tramitada por el Parlamento y que una vez que entre en vigor en el BOE el Gobierno tiene un plazo de seis meses para su modificación. Según el borrador de este último decreto al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio propone bajar el número de alumnos de la FP de grado básico a un máximo de 15 por docente, frente a los 20 actuales, y que este tope se haya alcanzado en el curso 2029-2030, un año después de su propuesta inicial. En cuanto a los grados medio y superior de FP fija en 25 el número máximo de alumnos por profesor para el curso 2028-2029. También contempla un tope de 30 alumnos (frente a los 35 actuales en bachillerato), a conseguir en 2029-2030, en primero de Bachillerato y al curso siguiente en segundo. En Educación Infantil sitúa un máximo de 4 bebés por educadora para las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años, a partir del próximo curso, 2027-2028 y hasta el 2029-2030, mientras que para el ciclo de 3 a 6 años, establece 20 alumnos (frente a los 25 actuales) también de la misma forma progresiva. El decreto, que también recoge la bajada de ratios en primaria y secundaria regula los espacios en los centros y en las escuelas infantiles y señala que debe haber "espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo". Los centros que ofrecen el primer ciclo de la educación infantil deberán contar con un mínimo de tres unidades, un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar. Las aulas destinadas a niños y niñas menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño y tendrán una sala polivalente de 30 metros cuadrados que podrá ser usada de comedor y un patio de juegos con una superficie nunca inferior a 75 metros cuadrados. En segundo ciclo de infantil, las características son similares pero con un patio de juegos con una superficie nunca inferior a 150 metros cuadrados para cada seis unidades o fracción y con horario de uso diferenciado en el caso de que se escolaricen alumnos de otras etapas educativas. La norma se refiere al ámbito rural y señala que los centros de educación infantil y primaria que atiendan a poblaciones de especiales características sociodemográficas o escolares quedan exceptuados de los requisitos sobre el número de unidades con que deben contar los centros. "Para estos centros se entenderá por unidad escolar la agrupación de alumnos atendidos conjunta y simultáneamente por un profesor de manera ordinaria, independientemente del nivel al que pertenezcan", propone. También se centra en los riesgos climáticos que presentan los centros educativos e incluye un artículo nuevo sobre atención a la salud, protección y bienestar, que señala que todos los centros, "en el marco de su autonomía organizativa, deberán disponer procedimientos específicos de actuación para su activación ante fenómenos de temperaturas extremas o riesgos climáticos". EFE