El Congreso convalida el decreto ley con ayudas fiscales a La Palma, con Vox y Junts en contra
El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley que incluye medidas fiscales y financieras para la isla de La Palma, a consecuencia de los daños provocados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en 2021, con los únicos votos en contra de Vox y Junts. Como todo decreto ley, el texto estaba en vigor después de su aprobación en Consejo de Ministros, esto es el 8 de septiembre. Sin embargo, el Congreso tenía que decidir en un plazo de treinta días, tal como dicta la Constitución, si lo convalidaba o lo derogaba. Finalmente, la Cámara Baja ha aprobado la convalidación del texto, con el único rechazo de los de Santiago Abascal y Carles Puigdemont. De su lado, Esquerra Republicana, los diputados de Compromís Alberto Ibáñez y Águeda Micó (Sumar y Grupo Mixto, respectivamente) y el exdiputado de Vox ahora adscrito en el Grupo Mixto, se han abstenido. El resto del hemiciclo ha votado a favor del texto, que incluye una habilitación específica a la Comunidad autónoma de Canarias para que pueda destinar 100 millones del superávit de 2025 a financiar ayudas destinadas a las personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica en la citada isla. Asimismo, entre las medidas fiscales destinadas a paliar los daños registrados en La Palma, se ampliará al período impositivo 2026 la deducción del 60% en el IRPF a los contribuyentes residentes en dicha isla. INVERSIONES EN VIVIENDA A su vez, el decreto habilita a las comunidades autónomas para poder utilizar el superávit presupuestario del 2025 que tengan para financiar inversiones sostenibles en 2026 y 2027 y dedicar esos recursos a políticas como las relacionadas con la vivienda. En segundo lugar, se permitirá a las comunidades autónomas con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% --a cierre de 2025-- destinar esos superávit presupuestarios de ejercicios anteriores, a inversiones que se ejecutarían en los años 2026, 2027 y 2028 y que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto --en lugar de destinar esos recursos a reducir deuda, como marca ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria--. Según los cálculos de Hacienda, ocho comunidades se van a beneficiar de estas medidas que supone movilizar casi 4.000 millones de euros para inversiones en sus territorios: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia. Las inversiones financieramente sostenibles (IFS) son aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las Comunidades Autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
