Marbella acaba con décadas de irregularidades con su nuevo plan urbano
Dieciocho mil viviendas construidas al margen de la ley. Un Ayuntamiento disuelto por corrupción. Dos planes urbanísticos anulados por los tribunales en menos de veinte años. Pero, después de la tormenta, como dice el dicho popular, viene la calma. Y parece que está ha llegado a Marbella después de mucho tiempo. La ciudad ha aprobado el documento que pondrá fin a las irregularidades en urbanismo , promovidas por el exalcalde Jesús Gil. Lo que a primera vista parece un trámite más de un pleno municipal, en realidad se encargará de poner la fecha de caducidad definitiva a una de las páginas más oscuras del urbanismo español. El Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde definitiva a su nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el primero de Andalucía adaptado a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA). La votación salió adelante con el apoyo del equipo de Gobierno del PP, de OSP y de VOX, además de l a abstención del PSOE . El documento sustituye al planeamiento de 1986, vigente durante casi cuatro décadas. Este seguía activo en la ciudad a pesar de los numerosos intentos que se promovieron desde la Alcaldía para poder renovarlo de una vez por todas. En los años noventa comenzó esa tortura para Marbella, la cual tiene nombres y apellidos. Jesús Gil, alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, llevó al extremo la idea de que el suelo era la principal riqueza que tenía el municipio . El Ayuntamiento que se encargaba de dirigir aprobó en 1998, en un pleno celebrado de madrugada , un nuevo plan general que ampliaba de forma masiva la edificabilidad que estaba permitida en Marbella en ese entonces y esquivaba de forma drástica las limitaciones del PGOU de 1986. Bajo ese paraguas ilegal se levantaron, según distintas estimaciones de medios de comunicación y de las propias fuentes municipales, entre 18.000 y 30.000 viviendas sin licencia válida, y muchas de ellas sobre suelos reservados para colegios, centros de salud, parques o una estación de autobuses. Esto supuso una tortura no solo para los marbellís, sino también para aquellos que se querían mover de nuevos a la ciudad. En ese entramado no solo destaca una personalidad, anteriormente mencionada. Ese chanchullo y ese juego sucio con la vivienda no habría sido posible sin Juan Antonio Roca, responsable de urbanismo durante la etapa de Gil. Este llegó a construir una red de decenas de sociedades instrumentales para blanquear el dinero de las comisiones urbanísticas. La operación policial que destapó esa trama, bautizada como 'Malaya', tomó una drástica medida para atajar el problema de raíz. En 2006 disolvió el Ayuntamiento de Marbella. Fue un hecho novedoso e impactante, que llegó a medios nacionales y que sembró los precedentes en democracia española. Además, buena parte del equipo de Gobierno acabaron detenidos, y una gestora nombrada por el Estado se hizo cargo de la Alcaldía durante los meses siguientes. El plan urbanístico de 1998 fue finalmente declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, lo que devolvió la vigencia al PGOU de 1986, un documento pensado para una ciudad muy distinta a la que hoy existe con otras necesidades. Un nuevo intento de regularizar en 2010 las construcciones irregulares que seguían sucediendo tampoco prosperó. El Tribunal Supremo lo anuló en 2015 porque entendió que «institucionalizaba la propia irregularidad en lugar de corregirla«. Ya acostumbrada a ello, Marbella volvió a depender de la norma de 1986. Y por fin ahora llega el nuevo PGOM aprobado esta semana. Según ha explicado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el nuevo documento «abre una nueva etapa» y busca ordenar el crecimiento del municipio «con un marco jurídico moderno». Este hecho deja atrás definitivamente el planeamiento heredado de los años ochenta y que mantenía atado al municipio a una norma ilegal. El plan amplía el suelo urbano, reconocido por el Ayuntamiento, de los 40 millones de metros cuadrados del documento anterior a 53 millones, e incorpora previsiones para la construcción de vivienda pública, infraestructuras como colegios u hospitales, equipamientos como parques y zonas verdes. Uno de los elementos más destacados del nuevo plan, y que nunca se contempló en el heredado de los años noventa, es «la reserva de un 20% de la edificabilidad en las nuevas actuaciones para vivienda protegida o a precio tasado», con el objetivo declarado de dar respuesta a la vivienda, sobre todo a familias, jóvenes y trabajadores del municipio. La alcaldesa ha subrayado también el componente de «seguridad jurídica del documento», cerca de 18.000 viviendas quedaron fuera de la ley urbanística por la compleja evolución del planeamiento municipal. El nuevo marco pretende ofrecer una base normativa para resolver los problemas de quienes han heredado estas dificultades. El documento reserva además espacio para futuras infraestructuras de movilidad , incluso una posible conexión ferroviaria, nuevas conexiones viarias y una ampliación de los carriles bici y aparcamientos, además de corredores naturales que conecten con las montañas de la localidad. La aprobación definitiva ha llegado tras superar todos los informes sectoriales requeridos, incluido el visto bueno de la Junta de Andalucía. Treinta años después de que el urbanismo fuese pura corrupción en Marbella, llega un plan general aprobado por la Junta de Andalucía y que ofrece estabilidad, lo que necesita ahora el Ayuntamiento tras sus anteriores intentos fracasados.
